El sábado la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica (ARMH) entregó a las familias los restos de los guerrilleros gallegos José María Castelo Mosquera, Manuel Pena Camino, Vicente Peña Tarrasa y Manuela Teiga en un acto que tuvo lugar en el Auditorio de Bembibre (Valle del Dubra, A Coruña). «Esta ceremonia, además de ser emocionante y solemne, sirve de altavoz. Es importante que la gente sea consciente que lo que sucedió aquí», reivindica Carmen García-Rodeja, portavoz de la ARMH.
Y para saber que pasó, hay que retrotraerse a los años de represión que siguieron al golpe de Estado franquista. Muchos tuvieron que huir al monte para evitar la muerte y allí se organizaron en grupos, como el destacamento “Manolo Bello”, al que pertenecieron los guerrilleros. «No eran bandidos ni forajidos, luchaban por la legitimidad democrática refrendada por las urnas en febrero de 1936, pero la historia les ha condenado a ocupar el lugar que el régimen quiso en el imaginario colectivo», lamenta García-Rodeja. Por eso, la labor de la ARMH no solo consiste en remover la tierra de fosas y cunetas, sino que resucitan también la memoria que había quedado sepultada.
A finales de la Guerra Civil, los montes de León y Galicia resguardaban a 20.000 hombres relacionados con la guerrilla. Castelo Mosquera -jefe del Destacamento- Pena Tarrasa y Pena Camino formaron parte de la IV Agrupación del Ejército Guerrillero de Galicia, pioneros en la resistencia antifranquista. «El triunfo fascista en tierras gallegas durante los primeros días de la Guerra Civil les hizo huir a Zas, una parroquia situada al este del concello coruñés de Negreira. Allí encontraron refugio en casa de Carmen Teiga», cuenta García-Rodeja.
El 5 de marzo de 1949, varios guardias civiles rodearon la vivienda y se produjo un tiroteo en el falleció Carmen Temprano Salorio, que mantenía una relación con Castelo Mosquera. Fue enterrada en las cercanías del cementerio de Aro y sus restos fueron recuperados por miembros de su familia, que residen actualmente en Estados Unidos.
Los demás lograron huir a caballo, pero por poco tiempo. Terminaron siendo cercados unas horas después, en el kilómetro 23 de la carretera entre Portomouro y Santa Comba. «Allí se produjo un nuevo enfrentamiento donde tres guerrilleros fueron abatidos, junto con Manuela Teiga, sobrina de la dueña de la casa de apoyo. Manuel Ramiro Souto fue el único superviviente. Murió tres años más tarde en otro choque contra la Guardia Civil de Mesía», señala la portavoz de ARMH.
«Algunos vecinos recuerdan todavía que los guardias no quisieron velarlos aquella noche en el cementerio y pronto se corrió la voz. Habían visto el cadáver de Manuela Teiga, una niña muy joven, conocida por todo el pueblo», narra Carmen García-Rodeja. Este episodio, que aún se conserva como parte de la memoria colectiva de la zona, sirvió para poner un punto de partida a la exhumación.
La denuncia de un familiar de los guerrilleros hizo que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica iniciara los trámites. «En el caso de estos guerrilleros, la búsqueda fue relativamente sencilla. En aquella época, se premiaba que la Guardia Civil persiguiera y erradicase a cualquier sospechoso de haber luchado en el bando republicano; así que dejaron registros de las ejecuciones. Con esa documentación, no tardamos en encontrar las sepulturas», recuerda la portavoz de ARMH.
El 24 de octubre de 2016 comenzaron los trabajos de recuperación de los restos bajo la dirección del arqueólogo René Pacheco, Marco Antonio González Carrera y la colaboración de un grupo de voluntarios.
El sábado se devolvieron a sus familiares. «Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que haya recuperado las cenizas de mi padre. Espero que nunca vuelvan a dar un golpe de estado o se produzca otra guerra «, dice emocionada Antía Peña Díaz.
«Ahora es cuando comienza el duelo. Los familiares han arrastrado una pena sumergida durante 70 años y este acto les da la oportunidad de celebrar el entierro que nunca fue. Esa es la razón de que hagan replicar las campanas y algunos vengan de negro», explica García-Rodeja.
La ARMH, sin embargo, no termina aquí con su lucha. «El tabú persiste. En los pueblos que vivieron el horror de esos días, todavía se limitan a referirse a los guerrilleros que fueron ejecutados como ‘gente que murió en la guerra’, como si hubiesen caído en el campo de batalla», indica García-Rodeja.
Pero no sólo ellos sufrieron la represión. También la población civil que les daba apoyo fueron encarcelados. Entre ellos, destaca la desaparición de Erundino Vieto Baña, de la parroquia de Lañas. Hoy los suyos siguen buscándole. «La muerte acabó con tu vida, pero tus sueños y recuerdos se mantienen vivos», enuncia Xosé Tosar Fernández (11 años), familiar de Vieito, en un homenaje.
Desde el año 2000, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha localizado a más de 1.400 víctimas del franquismo. Solo en Galicia, su trabajo suma 18 fosas y un total de 53 cuerpos recuperados.
La semana pasada en la aldea de Staro Gracko se recordó que hace 19 años tuvo lugar una brutal masacre contra 14 campesinos, mujeres y niños serbios. Los asesinos aún no han sido encontrados.
El Comité Parlamentario Serbio para Kosovo y Metohija ha creado una base de datos única que contiene toda la información sobre los crímenes cometidos por miembros de UÇK (Ejército de Liberación de Kosovo), independientemente de la filiación nacional de las víctimas.
En cooperación con la Fiscalía Especial, inicialmente se creó un grupo de trabajo del comité Kosovo-Metohija que recogió hechos y pruebas de los crímenes cometidos por UÇK entre 1998 y 2000, durante y después de la guerra de Kosovo. Los documentos confirmaban que habían cometidos crímenes e identificaron a los posibles sospechosos.
El presidente del comité, Milovan Drecun, dijo que por primera vez se había reunido toda la información en poder de los servicios de seguridad y las instituciones públicas de Serbia.
Drecun informó de los resultados de la investigación a Miroslav Jenca, Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos de la ONU, que sólo podrá publicar el documento una vez que las acusaciones se hayan notificado a los miembros del UÇK por cometer masacres, limpieza étnica y otros crímenes de guerra.
Entre las acusaciones figuran la masacre de Klecka, donde fueron asesinados 22 civiles serbios, los asesinatos de los sacerdotes ortodoxos Khariton y Stephen en Prizren y el asesinato de campesinos serbios en la aldea de Staro Gracko.
Ayer el Consejo Democrático Sirio (CDS) anunció que ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Damasco para poner fin a ocho años de guerra en el país, según informa la edición árabe de la cadena Russia Today.
El CDS es el ala política de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), integradas principalmente por kurdos. Apoyadas por Estados Unidos, estas fuerzas controlan actualmente el 27 por ciento del territorio de Siria en el norte y el nordeste del país.
Una delegación del CDS se trasladó el jueves a Damasco para formalizar el acuerdo con el gobierno, que consiste en formar comités que “trazarán una hoja de ruta hacia una Siria democrática y descentralizada”.
La delegación kurda visitó Damasco por primera vez después de que el Presidente sirio declarara en mayo que las Fuerzas Democráticas Sirias debían sentarse a la mesa de diálogo antes de que el ejército sirio se viera obligado a recurrir a la fuerza.
Los kurdos aceptaron la oferta cuando sus aliados de Washington rechazaron apoyarles en las ciudades de Manbij y Afrin, en el norte de Siria.
Los kurdos se declararon entonces dispuestos a confiar el control de la rivera oriental del Éufrates al gobierno sirio.
Las negociaciones de Damasco con las fuerzas kurdas plantea nuevos inbterrogantes para la política de los imperialistas en Siria, donde las tropas del Pentágono se ha desplegado en gran medida en zonas controladas por los kurdos.
La presencia estadounidense al este del Éufrates, una región de importancia estratégica por su riqueza petrolífera, se está reforzando con el apoyo de Turquía.
Estados Unidos ha creado más de diez bases militares en Siria para apoyar a los yihadistas en la guerra que mantienen desde 2011 contra el gobierno sirio.
El viernes la cadena australiana ABC informó de una reunión al máximo nivel en la Casa Blanca, presidida por John Bolton, consejero de seguridad, para atacar las instalaciones nucleares iraníes el próximo mes de agosto, aprovechando las vacaciones de verano.
Ayer la CNN aseguró que el gobierno de Trump baraja las diversas opciones militares necesarias para mantener la seguridad del tráfico marítimo en Oriente Medio.
Pero si se emprenden acciones militares, serán llevadas a cabo por los aliados regionales de Estados Unidos, como los saudíes, y no por fuerzas estadounidenses.
El ejército estadounidense ya está ayudando a la coalición saudí a preparar objetivos para sus ataques aéreos en su ofensiva contra Yemen.
Pero mientras Estados Unidos envía regularmente barcos y aviones para ayudar a sus aliados, cualquier esfuerzo militar a largo plazo requeriría la participación de otras naciones, dicen en Washington.
Esta semana el comandante de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, Joseph Votel, visitó la región para reunirse con sus homólogos y organizar una reunión de oficiales para discutir el ataque, aunque no han trascendido más detalles de las conversaciones.
Entre Estados Unidos e Irán el tono sube por momentos. El presidente iraní Hassan Rohani ha advertido -una vez más- que Irán podría cerrar el estratégico estrecho de Hormuz, que controla el Golfo y a través del cual pasa el 30 por ciento del petróleo mundial en tránsito por mar.
El viernes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, afirmó que Estados Unidos está decidido a mantener abiertas las rutas marítimas internacionales, y si los iraníes detuvieran el tráfico en la región, “obviamente sería necesaria la intervención internacional, porque la economía mundial depende de esta energía”, advirtió.
Mattis también reiteró que el Pentágono continuará cooperando con Bahrein, Kuwait, Arabia saudí y los Emiratos Árabes Unidos para contrarrestar la influencia de Irán en la región. https://french.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=27965&cid=347
«A volver, vamos a volver», era el grito de campaña de los simpatizantes de la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2015 cuando Mauricio Macri, contra pronóstico, el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires triunfaba en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas.
La afirmación que acabamos de hacer de «contra pronóstico», es relativa, porque la salida del gobierno kirchnerista se venía fraguando desde hacía tiempo, en un contexto en el cual altos funcionarios del Frente para la Victoria hicieron caso omiso de las múltiples alertas que se venían manifestando ya desde noviembre de 2011, tras el rotundo triunfo de Cristina Fernández en primera vuelta, con el 54% de los votos. Quienes se encargaban de analizar esas alertas, hoy ocupan puestos importantes en el gobierno de Macri, caracterizado por nombrar en su equipo a ex CEO’s de empresas multinacionales.
El contexto
El año 2010 fue un año de intensa movilización política en la Argentina. El año del bicentenario se desarrollaba en un incremento de la popularidad del gobierno kirchnerista por dos materias clave: el incremento del poder adquisitivo de las clases medias (contra la tendencia mundial de empobrecimiento por la crisis de 2008) y la consolidación de América Latina como bloque regional que disputaba la hegemonía de los EEUU en el subcontinente. Era el período en que Néstor Kirchner, presidente de la Nación de 2003 a 2007 pasaba a ser titular de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), que tenía como misión desplazar en la toma de decisiones a la tristemente célebre Organización de Estados Americanos (OEA), avalista de invasiones y golpes de Estado en la historia latinoamericana.
Cristina Kirchner incorporaba con diversas medidas sociales a millones de personas al consumo de productos y servicios hasta entonces vedados a las clases populares, y las costas argentinas se poblaban de negros y grasas, en terminología de la derecha. Entre tanto, se generaba una enorme expectación durante ese año por la aplicación parcial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley de Medios que abría el principio del fin de la hegemonía mediática del Grupo Clarín, asociado a la Embajada de EEUU. Para colmo, la repentina muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, conmocionó al país, dando el definitivo espaldarazo a la victoria de Cristina a finales de 2011.
Los pasos que parecían darse apuntaban a cambios profundos en el lugar que iba a tener Argentina hacia fuera y hacia dentro del país. El pueblo argentino es tradicionalmente ajeno a los conflictos y bloques de poder que se disputan el globo. También suele ver desde la lejanía su ubicación en esos juegos, lo que suele conllevar que sean otros quienes decidan dicho lugar. Ha sido durante el gobierno kirchnerista que se empezó a hablar, un poco, de política internacional y de toma de decisiones, pero en general con bastante superficialidad.
El incidente del Globemaster de EEUU abre la escena
Un extraño incidente en el aeropuerto internacional de Ezeiza de Buenos Aires puso sobre la mesa la bicefalía que existió en el gobierno argentino en el año 2011, donde se disputaban el espacio político dos almas. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) intervenía a principios de febrero de ese año un avión de la Fuerza Aérea de EEUU que traía al país un «curso de capacitación» para la Policía Federal Argentina junto con armas y drogas no declaradas; estas últimas eran sedantes y sueros a aplicar en interrogatorios y bajo metodologías prohibidas en el país. El citado curso había sido convenido por el Ministro de Justicia Seguridad y Derechos Humanos Julio Alak tiempo atrás, pero la creación en 2010 del Ministerio de Seguridad como cartera autónoma complicó las cosas.
Este ministerio de nueva creación sería dirigido por Nilda Garré, militante del Frente Grande e histórica de la izquierda peronista que había tenido un protagonista rol en la depuración de las Fuerzas Armadas argentinas de quienes habían tenido participación en la última dictadura militar. Su nombramiento se precipitó por la muerte del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra a manos de un grupo parapolicial con vínculos con la Policía Federal, mientras participaba de una protesta de trabajadores ferroviarios en las vías del Ferrocarril Roca, que conecta Buenos Aires con La Plata. La conclusión y el mandato de Cristina Kirchner parecía evidente: para evitar una maniobra de desestabilización había que depurar las Fuerzas de Seguridad.
El incidente diplomático del Globemaster se desató pocas semanas después de su toma de posesión, y la fuerza policial que intervino en aquel operativo de análisis del material incautado a los EEUU, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), no era cualquiera. La PSA es una policía de nueva creación que vino a sustituir durante el gobierno de Néstor Kirchner a la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), dependiente de la Fuerza Aérea, y cuyo primer director, Marcelo Saín, se propuso dos premisas: «que ni la DEA [la agencia antidroga norteamericana] ni el FBI pongan un pie acá«. Lo que encontró la PSA en aquella maleta eran armas y drogas difícilmente compatibles con un esquema de seguridad democrática. La cosa era tan grave que los marines que custodiaban aquel bulto se pasaron seis horas sentados sobre ella para que los funcionarios argentinos no pudieran abrirla, hasta que tras diversas gestiones diplomáticas, se accedió a la maleta.
La reacción de Garré a este incidente (supervisado minuto a minuto por Cristina Kirchner) fue rescindir los convenios de colaboración de las cuatro fuerzas federales, PSA, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería Nacional con las agencias de EEUU, principalmente el FBI y la DEA. Pero sin embargo, esta medida drástica no fue del todo cumplida, ya que las policías provinciales siguieron contaminadas por la influencia de las agencias policiales de EEUU, con quienes compartían información, seguimientos y de quienes adquirían material policial.
«Vamos por todo»
Con estos antecedentes y con los editoriales de los diarios resaltando esta frase que Cristina Kirchner realizaba en febrero de 2012 en el homenaje a los 200 años de la bandera nacional en la ciudad de Rosario, los medios del monopolio mediático alertaban de una «chavización» del gobierno argentino. Y los hechos parecían darles la razón.
El déficit de la balanza energética nacional, en aquel momento controlada en exclusiva por entidades privadas, motivó en abril de ese año el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que intervenía la ex empresa estatal YPF, en manos de la española Repsol, y la posterior nacionalización del 51% de las acciones.
La escenografía de cómo se desarrollaron los acontecimientos fue electrizante. Por un lado, grupos de militantes y simpatizantes del kirchnerismo poblaron aquellos días tanto la Plaza de Mayo como la Plaza de los Dos Congresos, mientras que el Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido acudía acompañado de su escolta de la Policía Federal y varios miembros de su equipo al lujoso edificio del barrio de Puerto Madero para echar personalmente a los ejecutivos españoles. Para colmo, el gobierno español de Mariano Rajoy levantaba la defensa de Repsol como una cuestión de Estado (a pesar no ser una empresa española) y abría una crisis diplomática sin precedentes.
Además, a diferentes episodios del enfrentamiento del gobierno nacional con los factores de poder tradicionales se sumaba la iniciativa presidencial de retomar el histórico reclamo por la soberanía argentina en el archipiélago de Malvinas. Es decir, el país se polarizaba y se generaba un debate nacional sobre aspectos clave de la economía donde empezaron a discutirse, tímidamente, la distribución de la riqueza, el sistema de transportes, derechos civiles, el modelo productivo, etc.
Los camioneros entran al plató
El sindicato de camioneros, conducido por el histórico dirigente de la CGT Hugo Moyano, había sido hasta este momento un aliado imprescindible del kirchnerismo. Se trataba de un gremio que creció al costado del crecimiento económico general, ya que el aumento de la producción interna y la amplia demanda vino acompañada de enormes inversiones en transporte por carretera.
Moyano es uno de esos dirigentes sindicales que se mueve entre el obrerismo y la mafia. Lidera un conglomerado gremial con inversiones en el transporte por carretera, salud o el turismo que podía verse afectado por otro problema que acuciaba al comercio interior: los sobrecostes del transporte por camión.
El gremio de camioneros es una rama de la CGT que fue amamantada por los Estados Unidos a partir de la caída de Juan Domingo Perón en 1955. En aquél entonces, el sistema de transporte argentino estaba basado en la política autárquica del peronismo y con un fuerte desarrollo del ferrocarril como transporte de cargas y pasajeros barato para un país de enormes dimensiones. En 1956, los EEUU se veían en el problema de dar salida a la industria militar de posguerra, viendo en la fabricación de coches y camiones una alternativa de reconversión de su maquinaria de guerra, necesitando crear mercados compradores de todos sus excedentes de producción.
Desalojado y perseguido el peronismo, Argentina adopta a partir de los años 60 un plan ideado por el general norteamericano Thomas Larkin para incorporar paulatinamente el camión y hacer desaparecer el ferrocarril. Por esta razón histórica, el gremio de camioneros ha estado vinculado, al igual que en Chile o Brasil, a las peores políticas y represiones en la historia argentina. El mismo Hugo Moyano fue en los 70 miembro de la Triple A en Bahía Blanca, participando de los operativos donde fueron asesinados y agredidos varios militantes de la izquierda peronista, según el testimonio del ex militante del PST Carlos Petroni.
Los trailers bloquean las refinerías de YPF
En junio de 2012, tras varias amenazas y tira y aflojas de la CGT con el gobierno argentino, Hugo Moyano hace un sorprendente anuncio desde los estudios del canal TN, vinculado al grupo Clarín. Convoca a un paro nacional al que se adherirían los principales gremios del transporte, además del sindicato de camioneros, en lucha por un difuso horizonte salarial que no se concreta pero que viene cargado de reproches políticos hacia el gobierno de Cristina Kirchner.
El 19 de junio de 2012, piquetes alineados con Moyano empiezan a bloquear las refinerías de YPF en lo que viene a ser el primer paro nacional contra la flamante empresa nacional. Es la reacción de un gremio estratégico a una decisión de amplia popularidad. El objetivo era crear un clima de desabastecimiento y generar pánico entre las clases medias porteñas y cordobesas, que demandaran un cambio de gobierno con recetas de mano dura.
Moyano contaba al principio con el apoyo de los sindicatos ferroviarios (UTA y La Fraternidad), que serían los que permitirían inclinar la balanza, pero la escasa popularidad del paro hizo que se bajaran de la huelga, fracturándose la CGT en dos escisiones.
Prefectura y Gendarmería Nacional se amotinan
Hasta el mes de octubre de 2012, las fuerzas de seguridad federales tenían un amplio control y capacidad de autoorganización en el manejo de fondos. De hecho, un jefe policial podía inclusive decidir sobre los sueldos de sus subordinados con bastante discrecionalidad. La cuestión es que el último día hábil del mes de septiembre, prefectos y gendarmes se encontraron que la liquidación de sus haberes contenía drásticas reducciones inexplicables, y con el paso de las horas la cosa empezaba a calentarse.
El diario La Nación, el histórico medio de la oligarquía nacional, publicaba una catarata de noticias que advertía de la extensión de un amotinamiento de personal de las fuerzas de seguridad al interior del país, y al Ministerio de Seguridad llegaban faxes de destacamentos de todo el interior que se sumaban al amotinamiento. Para colmo (y sin que les afectara esta reducción salarial), la Policía Bonaerense, que no dependía del Estado sino del gobierno provincial, iba a realizar protestas parecidas «en solidaridad con los compañeros».
La dirigente trotskysta Vilma Ripoll, que se acercó al Edificio Guardacostas (situado a 500 metros de la Casa Rosada, sede de la Presidencia) a solidarizarse con los «compañeros prefectos» fue agredida y expulsada de la toma al grito de «zurda de mierda».
Y puntualicemos algo. La Gendarmería Nacional estaba dirigida en ese momento por el que fuera oficial de enlace en los 90 del dispositivo Gendarmería-DEA para la lucha antidroga, Hector Schenone, amigo de la embajada de EEUU y uno de los asistentes a los «cursos» que la agencia norteamericana hacía a las policías latinoamericanas en aquella infame década.
Una liquidación salarial indebida en un cuerpo de estas características era evidente que iba a sublevar a la tropa. Se hizo una liquidación errónea de los sueldos con el único fin de promover un amotinamiento que impusiera condiciones políticas al gobierno de Cristina Kirchner y que desplazara a la «vieja montonera» Nilda Garré. Y lo consiguieron.
Si bien Nilda Garré siguió siendo titular durante un tiempo más del Ministerio de Seguridad, la toma de decisiones se desplazó a un político de un perfil muy distinto, el médico militar Sergio Berni, quien desde marzo ya había sido nombrado Secretario de Seguridad. Berni fue un ex militar que participó y simpatizó con el movimiento militar carapintada, que en los años 80 había protagonizado varias sublevaciones en protesta contra los juicios por los crímenes que el propio Ejército había protagonizado durante la última dictadura. Lo vendieron como un «político duro y pragmático», pero lo cierto es que tras su pose fascistoide se encubría un rediseño de la política de seguridad que restablecía la autonomía que las fuerzas policiales habían perdido con la gestión de Garré, algo que los EEUU venían demandando insistentemente.
Era la victoria más importante de la Estación de la CIA en Buenos Aires.
La agitación callejera
Curiosamente, días antes de esta asonada policial, el fiscal federal Luís Horacio Comparatore abría una investigación preliminar donde advertía que se estaban produciendo tanto en Capital Federal como en el conurbano bonaersense una serie de episodios que podrían deberse a un «plan de desestabilización». Comparatore cruzó varios datos de caos organizado en hospitales públicos y de delincuencia callejera que se habrían producido con connivencia policial.
«Nuestra modesta experiencia es que siempre cuando se empiezan a movilizar las aguas, es porque hay un viento que sopla de algún lado. Es mucha casualidad que de golpe estando la Presidenta en el exterior, (aparezcan) los cacerolazos…«, afirmó entonces el fiscal a varios medios de comunicación. Incluso varios dirigentes políticos del kirchnerismo fueron escrachados en sus domicilios por grupos de la derecha.
Parecía un guión preestablecido, que culminaría con una gigantesca movilización el 8 de noviembre de 2012, que todas las radios y medios de comunicación del Grupo Clarín se encargaron de agitar. Al año siguiente, los organizadores de aquellas protestas reconocieron que recibían financiación de la American Task Force Argentina, el lobby de fondos buitre de EEUU en el país, perjudicados por la política económica proteccionista de Cristina Kirchner.
Epílogo
El año concluía con imágenes que siempre han tenido un impacto emocional en la sociedad argentina: los saqueos de supermercados. San Fernando, Zárate y Bariloche eran epicentros de una violencia inusitada que tuvo un saldo de 11 muertos, entre ellos un policía, por disparos tanto de fuerzas de seguridad como seguridad privada.
En un país donde el consumo se encontraba en niveles récord, asociar los saqueos a la pobreza parecía un despropósito, independientemente de la simpatía o antipatía que el lector pueda tener con el kirchnerismo.
El año 2012 fue un año de imposición de condicionantes que forjaron el futuro del gobierno argentino, y sus dirigentes no quisieron darse cuenta.
Una nota para concluir: El Brigadier Mayor (R) del Ejército de los Estados Unidos Richard
Goetze, uno de los especialistas estadounidenses en Seguridad Nacional,
Guerra No Convencional y Operaciones de Información, fue uno de los asesores contratados por el ministro de defensa Arturo Puricelli en octubre de 2012 para entrenar a tres docenas de funcionarios civiles de su cartera que versaba sobre la necesidad de emplear a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, algo prohibido en Argentina precisamente por la experiencia de la dictadura militar y por la UNASUR, pero claro, el empleado norteamericano fue agregado militar en la Argentina durante los peores años del terrorismo de Estado.
Durante el año 2012, la agregaduría de defensa de la Embajada norteamercana en Buenos Aires era dirigida por el coronel Patrick D.
Hall, quien estaba asignado en Caracas cuando el presidente Hugo
Chávez denunció la injerencia militar estadounidense en la política de
su país y que condujo al posterior golpe dirigido por Pedro Carmona Estanga en abril de 2002.
En Argentina no hizo falta llegar a tanto. Fueron los extraños compañeros de cama que hay en el peronismo los que contribuyeron a que los años venideros impusieran un giro a la derecha del kirchnerismo que terminó como tenía que terminar.
El martes Angela Merkel mantuvo en Berlín una reunión secreta con el Ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov y el Jefe de Estado Mayor ruso Valery Gerasimov.
A la reunión también asistió el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas.
Según Merkel, la reunión se centró en las guerras de Oriente Medio, particularmente en Siria, y en la de Ucrania. Sin embargo, los partidos de la oposición alemana no están convencidos de ello. Quieren saber por qué no se anunció la reunión y lo que se habló en ella.
La presencia de Guerasimov en la reunión da muchas pistas porque no estaba presente el Shoigu, su jefe, el ministro de Defensa. Además, Guerasimov tiene prohibida la entrada en la Unión Europea a causa de las sanciones impuestas en 2014 por la situación en Crimea, pero no es ninguna novedad constatar que muchas de esas sanciones se las saltan “a la torera” en cuanto lo necesitan.
Por eso los diputados que las aprobaron se sienten ninguneados, sobre todo los más “progres”. El diputado verde Omid Nouripour dijo al periódico Bild que era difícil de creer que Alemania se saltara la prohibición y que su partido llevará el asunto al Parlamento.
Previamente, Lavrov y Guerasimov estuvieron en Israel para una reunión, que tampoco su anunció previamente, con el dirigente sionista Benjamín Netanyahu, durante la cual discutieron sobre Siria, según un comunicado emitido en Moscú.
El contenido de todas estas conversaciones no se sabe, pero se puede sospechar. Coinciden en el tiempo con otra reunión parecida del Presidente francés Macron y la cumbre entre Trump y Putin.
Para la Unión Europea, Rusia se ha convertido en la válvula de escape para sus crecientes tensiones con Estados Unidos. Si hasta hace poco se hablaba del aislamiento de Rusia, ahora es el Viejo Continente el que no quiere quedar fuera de juego.
La campaña del “novichok” promete acabar de la peor manera posible para quienes la diseñaron. La última perla es que Julia Skripal, envenenada en marzo en la ciudad de Salisbury, quiere regresar a su país, Rusia, tan pronto como mejore la salud de su padre, según manifestó el jueves su prima Viktoria.
La costra política británica y sus corifeos en los medios de comunicación ingleses ya no saben dónde esconder la vergüenza. Si fue Rusia quien envenenó a Julia Skripal y a su padre, ¿por qué quiere regresar a su país?
“Dijo que estaba bien y que ya tenía conexión a internet. Se irá a casa cuando su padre esté mejor”, dijo la prima Viktoria. La conversación entre los primos tuvo lugar el pasado martes, cuando la madre del espía celebraba su 90 cumpleaños.
“Estaba muy contenta de saber que Serguei estaba bien”, dijo Viktoria, explicando que, según Julia, su padre todavía tenía un tubo de respiración conectado a su tráquea.
El 4 de marzo de este año, Julia y Sergei Skripal aparecieron inconscientes en un centro comercial en Salisbury con síntomas de intoxicación. El gobierno británico y sus corifeos mediáticos acusaron a Rusia de estar en el origen del envenenamiento.
El gobierno británico nunca proporcionó ninguna prueba, pero a los periodistas eso no les importó en absoluto y hasta la fecha nadie ha rectificado… salvo una de las víctimas, Julia, a la que no le importa volver con quienes están acusados de envenenarla.
Según Gary Aitkenhead, jefe del centro de investigación militar británico en Porton Down, los especialistas no pudieron identificar la fuente del agente nervioso, pero las muestras obtenidas fueron identificadas como una sustancia tóxica similar a la sustancia A-234 conocida como “novichok”.
Londres siempre ha dicho que sólo Rusia era capaz de producir tal toxina, sin embargo, más tarde se reveló que muchos otros estados, incluyendo la República Checa y el propio Reino Unido son capaces de producir el veneno.
La filtración a Wikileaks de 30.000 correos electrónicos de la secretaria de Estado Hillary Clinton forma parte integrante del montaje del “Candidato Manchú” orquestado en 2016 por determinadas fuerzas políticas en Washington para oponerse a la política experior que quiso implementar el nuevo gobierno de Trump.
Lo mismo que la intrusión en los servidores del Partido Demócrata, según la campaña de intoxicación fue un ataque de Rusia para impedir que Clinton llegara a la Casa Blanca.
A mediados de este mes Peter Strozk, el policía del FBI que investiga este caso, fue interrogado en la Cámara de Representantes de Washington y confirmó lo que los congresistas querían oir: los rusos espiaron los correos electrónicos de Clinton, a pesar de que en la audiencia Louis Gohmert, representante por Texas le dijo que el país “extranjero” implicado en el espionaje a Clinton “no está vinculado a Rusia”.
A Strozk los congresistas le dijeron muchas cosas, como que la filtración era una grave chapuza, una violación de las normas de seguridad por parte de Clinton, que se estaba tratando de camuflar con el consabido escándalo ruso. En plena campaña electoral no se podía decir que la candidata había creado un enorme agujero de seguridad.
Menos cuatro de ellos, los 30.000 correos estaban dirigidos “en abierto” a direcciones que no estaban en la lista de distribución, según el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia, Chuck McCullough, lo cual no excluye la averiguación de los “extranjeros” que los capturaron. ¿Quiénes fueron?
Parece que fue una operación de piratería de China, que penetró en el sistema informático desprotegido de la secretaria de Estado y capturó el tráfico de su correo electrónico, miles de mensajes. El Inspector General de la comunidad de inteligencia informó de ello a Strozk cuando le encargaron la investigación del escándalo, pero decidió ignorarlo.
China, pues, ocupa un segundo plano en las preocupaciones de Washington. Strozk y los demás (FBI, CIA, NSA) sabían desde el primer momento quién había capturado los correos, pero se callaron porque necesitaban seguir con la farsa rusa para bloquear las relaciones entre Trump y Puntin.
Durante dos días de audiencia a puerta cerrada Page reveló detalles del encubrimiento que de la filtración ha venido haciendo el FBI, por lo que Strzok y sus jefes (James Comey, Andrew McCabe, Bill Priestap) han sido acusados de ocultar información, mientras el grueso de los parlamentarios y los principales medios de comunicación siguen atacando continuamente a Rusia.
Al día siguiente de la cumbre de Helsinki entre Trump y Putin se produjo otra muestra del clima imperante en Washington contra Trump. El general de cuatro estrellas de la Fuerza Aérea que dirigió tanto a la CIA como a la NSA, Michael Hayden, dijo lo siguiente:
“Entre bastidores, secciones del ejército activo, espías de la CIA y ex jefes de importantes agencias de inteligencia estadounidenses discuten qué hacer con Donald Trump. Si los militares lanzaran un golpe de estado contra Trump, no hay duda de que los dirigentes del Partido Demócrata se unirían detrás de una junta estadounidense”.
Las presiones han sido tan fuertes que Trump ha tenido que dar otro paso hacia atrás: desmentir, aclarar, matizar… En Washington el golpe de Estado no se ha detenido a lo largo de estos dos años. Más bien da la impresión de que va ganando terreno.
Campesinos que habían osado enfrentarse al feudalismo de los señoritos dando vida al sueño de la reforma agraria. José Herrera Petere: “La carne y la sangre viva, el trabajo, el sudor, las lágrimas y el hambre, salían al encuentro de la bisutería, las barras de carmín, los polvos, el colorete, las rentas artificiales, las trampas, la hipocresía”. República y al fin la tierra para quien la trabaja. Pacíficos jornaleros, a lomos de burros y pertrechados de azadas, dispararon a la tierra con sus arados en 280 pueblos, comenzando a labrar más de 3.000 fincas. Los terratenientes y sus caciques jamás les perdonaron aquella insolencia, el propósito de vivir dignamente, sin servidumbre ni amos.
El Ejército de África, el general Yagüe, las columnas de Asensio y Castejón se dirigieron a Badajoz, importante porque representaba el faro de la reforma agraria republicana. Pero Badajoz no se rendía, yunteros, lavanderas, ferroviarios, costureras, albañiles, maestras, mecánicos, criadas, médicos… decidieron resistir, defender la República. Durante días Badajoz padeció el bombardeo aéreo incesante y los obuses sembrando el terror, las columnas sublevadas habían puesto el cerco. Las milicias populares defendían la ciudad pero no llegaba artillería ni aviación de Madrid. La ciudad tenía sus horas contadas. A los republicanos les sobraba corazón, pero les faltaban municiones. La defensa heroica sucumbió. Badajoz cayó, empezó la escabechina, la carnicería más monstruosa que se pueda imaginar.
Los republicanos detenidos en la Catedral de San Juan fueron fusilados en los altares. Los arrestados por toda la ciudad congregados en la plaza del Ayuntamiento fueron ametrallados por grupos, a centenares, pero el genocidio no había hecho más que empezar: Mutilación, castración de cadáveres, ametrallamientos colectivos, saqueo indiscriminado, violaciones, degüellos. Yagüe ordenó el encierro de los prisioneros en la plaza de toros. Se entregaron invitaciones para acudir al festejo, se instalaron focos para iluminar. En los tendidos señoritos, falangistas, terratenientes, señoritas cristianas, devotas de la alta sociedad, monjas, frailes, aguardaban impacientes la orgía de sangre que se avecinaba.
Jorge Pinto, terrateniente de Olivenza hacía bailar a las mujeres antes de matarlas. El sargento moro Muley vestido de torero usaba la bayoneta como estoque contra la cara y cuello de los prisioneros. La gente de ley y orden daba olés y aplausos cuando los prisioneros eran banderilleados. El miliciano Juan Gallardo Bermejo le arrebató la bayoneta a uno de los legionarios-torero y lo mató. Se retiraron de la arena moros y legionarios y comenzó un ametrallamiento masivo. No más de 2 o 3 personas sobrevivieron de más de 4.000; se llenaron las fosas comunes. Texto de Julián Zugazagoitia: “Cientos de prisioneros atraillados como perros de caza, eran empujados al ruedo para blanco de las ametralladoras que los destruían con ráfagas implacables”.
El periodista Jay Allen, del Chicago Tribune contó 1.200 asesinados solo el día 15, entre ellos el alcalde de Badajoz, Sinforiano Madroñero y el diputado socialista Nicolás de Pablo. El día 25 publicó: “Les llevan al ruedo, hay ametralladoras esperándoles, la sangre subía un palmo del suelo… 1.800 hombres- mujeres también- fueron abatidos en 12 horas”. Jacques Berthet, corresponsal del Journal de Genève (actual Le Temps): “Alrededor de 1.200 personas han sido fusiladas, las aceras de la Comandancia Militar empapadas de sangre, arrestos, ejecuciones en masa en la Plaza de Toros”. Le Populaire: “17 de agosto. continúan las ejecuciones en masa en Badajoz, sobrepasando los 1.500, entre ellos militares republicanos, el coronel Cantero, el comandante Alonso, el capitán Almendro, el teniente Vega, suboficiales, soldados. Mario Neves, Diario de Lisboa: “En las avenidas principales, larga hilera de cadáveres insepultos, los legionarios y los moros encargados de las ejecuciones quieren que sirvan de ejemplo”. Yagüe lo confirmó al corresponsal del New York Herald, John Whitaker: ”Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Que iba a llevar 4.000 prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar contrarreloj? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez? En el libro “La columna de la muerte” Francisco Espinosa documenta 1.389 ejecuciones, y constata hasta 3.800. Según Paul Preston podrían ser 2.500.
La victoria final del bando sublevado y la desaparición de todos los archivos municipales y provinciales relacionados con los sucesos de Badajoz han hecho que estos jamás hayan sido llevados ante un tribunal. El partido popular, heredero directo de la dictadura, ha destinado cero euros, en sus cinco legislaturas, a todo lo relacionado con la memoria histórica. En España 140.000 personas siguen actualmente “desaparecidas”. http://kaosenlared.net/badajoz-agosto-de-1936-cuando-el-diablo-sonrio-a-yague/
En Alemania en los seis primeros meses del año Youtube, Twitter y Facebook han censurado decenas de miles de contenidos en cumplimiento de la nueva ley contra la difusión de mensajes de odio, donde los propios usuarios juegan a ser chivatos y confidentes.
Los monopolios informáticos han publicado hoy sus datos del primer semestre de aplicación de la reforma legal que les obliga a analizar los contenidos que sean denunciados por los usuarios y, si es preciso, retirarlos en menos de 24 horas.
Afortunadamente cerca del 82 por cientos de los soplos de los usuarios no fueron consideradas pertinentes por los monopolios, pero no hay que desesperar; todo a su debido tiempo.
Según sus propios registros, Youtube recibió 214.827 quejas, la mayoría, más de un tercio, por “odio o extremismo político”, y bloqueó 58.297 contenidos, un 27 por ciento del total.
Facebook confesó haber recibido 886 denuncias sobre 1.704 contenidos, de los que 362 fueron bloqueados, un 21 por ciento, principalmente por difamación y delitos de odio.
Twitter, por su parte, recibió 264.816 quejas que resultaron en 28.645 contenidos bloqueados, un 11 por ciento, en la mayor parte de los casos por delitos de incitación al odio racial, difamación y empleo de símbolos inconstitucionales.
Según el diario Süddeutsche Zeitung, las diferencias entre el número de denuncias en las distintas redes sociales tienen que ver con la dificultad para denunciar en Facebook y relaciona la baja tasa de bloqueo en Twitter con la naturaleza de esta red, eminentemente política. Más información:
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