La prensa no fabrica la realidad pero fabrica la imagen de la realidad, que es casi tan importante como la realidad misma. Por eso a los medios les llaman así: son intermediarios entre la realidad y nosotros. Con la colaboración de la oposición domesticada, fueron los medios los que fabricaron la imagen de España como una país democrático, y así continuamos.

España es un país democrático porque es lo que vende la prensa, una simulación que en aquella época se llamó “parlamento de papel”, lo cual es bastante indicativo por sí mismo.

El libro de Santos analiza las relaciones entre el gobierno y la prensa entre los años 1978 y 1982, poniendo de manifiesto que los diarios se prestaron “a un constante mercadeo” con el gobierno de turno, explica Santos. La prensa no sólo vende sino que se vende. Todo es un comercio. La realidad se publica o se oculta a cambio de un precio, que entonces se llamaba “fondo de reptiles”.

Para su obra Santos se ha basado en los documentos del llamado archivo Aguirre, en referencia a Ignacio Aguirre, secretario de Estado para la Información en el Gobierno presidido por Leopoldo Calvo Sotelo desde finales de febrero de 1981 hasta diciembre de 1982.

El archivo contiene los documentos generados durante su gestión, así como la de sus predecesores: Manuel Ortiz, Josep Meliá y Rosa Posada.

“En Moncloa había una obsesión enfermiza por lo que se escribía en los diarios y en hacer un seguimiento exhaustivo de todo”, escribe Santos. El archivo “contiene todo tipo de maldades, pero sobre todo se pone de manifiesto la obsesión del poder por controlar a la prensa en aquella época y cómo se prestaban a ello no pocos editores y periodistas… a cambio de dinero para sus respectivos diarios”.

Los secretarios de Estado organizan la manipulación de la prensa “para controlarla”. Así, aparecen “listas negras” de periodistas, según variaos notas del archivo, en la que se define que la redacción del desaparecido diario Pueblo estaba formada “en un 80 por ciento por rojos y socialistas”, o quienes eran “izquierdistas” en el también desaparecido Informaciones.

En 1972 la indemnización por el cierre del diario Madrid y el derribo de su sede debía ser lo suficientemente baja como para impedir su salida de nuevo a los kioscos.

El dinero para controlar la prensa pone en primer plano al capital financiero y, ante todo, a los March, los banqueros del franquismo desde el 18 de julio de 1936. Tras la salida de los bancos del capital del diario Informaciones, la Banca March se ofreció para seguir poniendo “al servicio del Gobierno”.

Algunos documentos demuestran que el gobierno ayudó al diario ABC frente a El País. También se relata de qué forma se abandonan a su suerte o se cierran periódicos de la entonces cadena pública para evitar que cayesen en manos de redacciones “izquierdistas”.

Los documentos también demuestran que en 1981 durante el golpe de Estado del 23-F el director del ABC en Sevilla se presentó en el gobierno militar para ponerse a las órdenes de los golpistas.

En el archivo consta un mensaje del editor de ABC, Luca de Tena, al secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, en la que le indica que ha censurado la publicación de una determinada información, que adjunta para que se vea la trascendencia del hecho. La información no es otra que una crónica de su corresponsal en Nueva York, José María Carrascal, en la que se hace eco de tres informaciones aparecidas en el New York Times críticas con el presidente del gobierno Adolfo Suárez.

En aquella época ABC tenía una deuda de 850 millones de pesetas que, en otros documentos de la secretaría de Estado para la Información se recomienda al gobierno que se facilite su eliminación.

En otros documentos, manuscritos, el conde de Godó, editor de La Vanguardia, también declara abiertamente que está al “servicio” del Gobierno.

“El trasfondo es, ni más ni menos, que obtener recursos públicos, en subvenciones y publicidad institucional”, dice Santos.

Ningún periódico se escapa a los chanchullos. En un mensaje manuscrito de Martín Prieto, subdirector de El País al secretario de Estado le dice que “después de la entrevista de ayer”, en alusión a un encuentro entre el secretario de Estado y el director del periódico Juan Luis Cebrián, nuestros editoriales serán mejores”.

Otro capítulo llamativo es la relación del gobierno con el diario abertzale Egin, cerrado años después por Garzón. Una carta del jefe de la Casa del Rey, el general Sabino Fernández Campo, le plantea al secretario de Estado Manuel Ortiz, en nombre del rey, “qué se puede hacer” para impedir las informaciones publicadas por el diario vasco.

Una de las estrategias, según una carta de Marcelino Oreja, delegado del Gobierno en el País Vasco, dirigida a Aguirre sugiere una presión económica dado que este diario no pagaba los servicios de la agencia EFE o el teléfono, además de los impuestos de rigor.

La solución llegó de la mano de Garzón, que cerró el periódico de un plumazo. A donde no llega el gobierno llegó al superjuez de la Audiencia Nacional.

Pues bien, a todos esos chanchullos es lo que le llaman “prensa libre”.