El expresidente de la Comunidad de Madrid –hoy preso en Soto del Real– se lo estaba diciendo por teléfono (pinchado) a Eduardo Zaplana –exministro de Aznar– y justo antes había detallado cuál era el primer paso a dar: “Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Y… yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío… serio y bueno”. Dicho y hecho.

Ciertamente, Manuel Moix había sido hasta entonces más que bueno… para Ignacio González. Y tan específicamente para él como que cuando ocupaba el cargo de fiscal superior de Madrid archivó en 2009 la denuncia –sobre el pelotazo en el campo de golf del Canal– que habría destapado la trama del caso Lezo y que Moix desestimó sin practicar ni la más sencilla y rutinaria comprobación en Hacienda que solicitaban los denunciantes (Parque Sí en Chamberí), tal como ha revelado InfoLibre.

Moix no hizo averiguación ninguna –pues habría destapado de inmediato que el hermano, Pablo hoy también preso, y el cuñado, imputado y en libertad tras pagar 100.000 euros de fianza– se estaban forrando como comisionistas de ese absurdo proyecto urbano que está hoy ante la Justicia. Pero el hoy fiscal jefe Anticorrupción no se cortó en afirmar por escrito que no existía “ni indicio, ni rastro, ni la más leve sospecha” de irregularidad por parte de González. Vaya, “un tío… serio y bueno”.

Así que ése debió ser uno de los méritos de la carrera de Moix que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, valoraría cuando decidió imponerlo al frente de Anticorrupción por encima de media docena de candidatos mucho más cualificados en ese campo. Y sin duda también estimaría Maza valiosas otras decisiones de Moix como fiscal superior de Madrid, desde la de ponerse del lado del empresario Miguel Ángel Flores y del Ayuntamiento de Ana Botella en el caso del Madrid Arena (donde perecieron cinco chicas), hasta la de tratar de impedir la divulgación de los correos de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, que han sido muy esclarecedores en los casos de las tarjetas black y de las preferentes.

Un asalto en todos los frentes

Seis meses después de aquella conversación telefónica intervenida por los fiscales que investigaban el caso Lezo, Maza se decidió por el candidato preferido por el imputado González como el más idóneo para poner orden en Anticorrupción. Porque en cuanto Mariano Rajoy logró formar gobierno tras las elecciones del 20-D, el revalidado ministro Catalá desencadenó un asalto a la Fiscalía en todos los frentes para frenar las investigaciones de las tramas de corrupción política.

Primero destituyó a Consuelo Madrigal –quien se oponía a la designación de Moix y consideraba mucho más idóneo a Alejandro Luzón– y colocó en su puesto a Maza –involucrado en el montaje jurídico de Schola Iuris organizado por el comisario Villarejo–, quien no sólo cumplió enseguida los deseos de Ignacio González sino que hizo cambios cruciales en la jefatura de las dos Salas más importantes: en Anticorrupción puso a Moix y en la Audiencia Nacional, a Jesús Alonso, sustituyendo a Javier Zaragoza, quien la dirigía desde 2006.

Y resulta que Jesús Alonso también tiene relación con Zaplana: el exministro de Aznar acudió a su toma de posesión como teniente fiscal de la Audiencia Nacional, el 22 de abril de 2013, según varios testigos de aquella ceremonia, cuyas fotos oficiales evitaron la imagen del dirigente del PP. Incluso, relatan, “hubo varios fiscales que no se quisieron sentar cerca de Zaplana” entre el reducido público que acudió al acto.

El motivo es que el exministro de Trabajo aparece también en las grabaciones del caso Naseiro (entonces tesorero del PP), en 1990, trama de corrupción descubierta en Valencia y en la que se acreditaba la financiación paralela de los partidos políticos, que se repartían proporcionalmente a su representación parlamentaria las comisiones (del 3% o 5%) y las donaciones de grandes empresas.

Estas fiscalías tan sensibles (Anticorrupción y Audiencia Nacional) figuran también en la conversación interceptada en el caso Lezo entre Ignacio González y el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique Arnaldo Alcubillas, cuando hablan de la posible destitución de Madrigal como fiscal general: “Se la van a follar”, llega a decir González tras hablarlo con el magistrado y también exvocal Enrique López.

Enrique Arnaldo revela en su conversación con González que el gobierno va a “mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, que son la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. La gente de la Nacional sí que pretende que salga Zaragoza, que es uno de los elementos más principales. Esta operación, que yo sepa, está preparada. Es una garantía que siga Rafael [Catalá] porque ya lo conoce”, según reveló El Español. Todo ello se confirmó después en la realidad de las acciones ejecutadas por el ministro y su fiscal general.

El fiscal general toma el mando de todos los casos

Aunque casi más importante –y mucho menos conocida– fue la decisión de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, que depende directamente del fiscal general del Estado y constituye su principal organismo de control del conjunto del Ministerio Público, de impartir órdenes a todos los fiscales de España para que, a partir de ahora, los casos que afecten a aforados –políticos con cargos electos– sean dirigidos por dicha Secretaría

Una orden paralela y sospechosamente similar a la que dictó Moix nada más llegar a la jefatura de Anticorrupción: él sería a partir de ese instante el único portavoz en todas las causas de corrupción política, y las supervisaría personalmente una a una, para que ninguna actuación ni imputación se hiciese sin su censura previa. Hasta ese momento, y durante los 13 años en los que Antonio Salinas fue fiscal jefe (hasta su jubilación), eran los fiscales los que informaban a la prensa, con mejor o peor acierto, y los que tomaban las decisiones operativas en el día a día de las investigaciones con bastante autonomía.

A partir de la toma de posesión de Maza, el caos se ha instaurado en el Ministerio Público. Como explica Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, hasta la llegada de Maza, la Fiscalía se basaba en la confianza en los profesionales, que asumían su responsabilidad, con un jefe que se limitaba a coordinar sus trabajos. En cambio, el modelo que se pretende imponer ahora concentra todo el poder en una sola mano, sin que el Estatuto Orgánico vigente prevea contrapesos ante los excesos de poder más allá de requerir que un jefe entregue las órdenes por escrito.

Para García Ortiz, que ha pedido abordar la crisis en Anticorrupción en el Consejo Fiscal que se celebra este miércoles y jueves, el segundo modelo que se pretende imponer se basa en el control absoluto:

“Cada paso debe ser supervisado y visado y existe un control absoluto por parte de la jefatura y por la escala jerárquica. El cambio hacia un modelo más jerarquizado es el que provoca el choque. Se pretende concentrar el poder de la Fiscalía en una mano y sin contrapesos”.


‘Lo que ocurre es la quiebra total del Estado de Derecho’

Al mismo tiempo, fuentes fiscales subrayan: “Estamos absolutamente perplejos ante el grado de penetración de la corrupción” que evidencia el caso Lezo.

“Corrupción siempre ha existido. Lo más grave es que el sistema judicial sea contaminado, como ocurre aquí, porque es la quiebra total del Estado de Derecho”, añaden estas fuentes de la Fiscalía. Y alertan: “Pasa al igual que en los Estados fallidos, donde existe una simbiosis entre corrupción, poder político, económico y penetración en la Justicia”, informa Julia Pérez.

Las conversaciones interceptadas en la Operación Lezo y los pasos dados por Moix en ese mismo sentido en sus primeros 53 días de mandato son claros indicios de que “el gobierno está interesado en acotar las investigaciones de las tramas de corrupción”, interpreta otra fuente fiscal, alarmada por la deriva en Anticorrupción y muy crítica con las directrices de Moix.

Al mismo tiempo, en la Fiscalía se está desarrollando una dura confrontación interna sobre el modelo de Ministerio Público del futuro, ahora que el ministro Catalá ha anunciado la intención del gobierno del PP de traspasar la instrucción de las causas penales de los jueces a los fiscales. ¿Qué confianza se podrá tener en la independencia de ese nuevo método de investigación judicial, cuando el Ejecutivo está precisamente apretando las tuercas desde la jerarquía de los fiscales?

Así que la primera orden autoritaria de Moix –quien también anunció su intención de poner freno a excesos, como que en los registros la Policía se lleve todo tipo de documentos y pruebas más allá de lo indicado en la orden o que sean los agentes los que digan a los fiscales en sus escritos los delitos de los imputados– generó la primera crisis interna en Anticorrupción.

Moix provoca una crisis tras otra con sus interferencias

La segunda decisión de Moix creó su primera crisis mediática: ordenó a las fiscales del caso Púnica que no instaran la imputación del presidente de Murcia ahora dimitido, Pedro Antonio Sánchez, del PP. Pero el juez del caso en la Audiencia (Eloy Velasco) envió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia sobre su implicación en ese caso de corrupción y el político conservador acabó dimitiendo, pues además acabó siendo imputado en otra causa (el caso Auditorio) en la región.

Cabe preguntarse, ¿prometió Sánchez dimitir si llegaba a ser imputado porque confiaba en que el gobierno impediría su imputación? Al fin y al cabo, sabía que la Fiscalía iba a oponerse a que fuera investigado mucho antes de que eso se anunciase. ¿Se lo filtró el gobierno, igual que alguien del Ejecutivo le filtró a Ignacio González que sus teléfonos estaban intervenidos?

La tercera crisis provocada por Moix arrancó con la celebración de una Junta de Fiscales de Anticorrupción por una petición inusual: los fiscales del caso Lezo se acogieron al artículo 27 del Estatuto Orgánico, que prevé que el superior entregue una orden por escrito en caso de discrepancia. Moix convocó la Junta y perdió por mayoría abrumadora: 21 de los 24 fiscales presentes se opusieron a su criterio.

El pulso comenzó cuando Moix intentó frenar un registro concreto en el Canal de Isabel II –de donde manaba el dinero de la trama Lezo– para evitar que se incautara documentación de la compra de la empresa Inassa, en 2001, y otras operaciones de la época porque afectan a la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid, algo que podría acabar con un nuevo caso en la Audiencia contra otro altísimo dirigente del PP.

La orden de Moix de “desvincular cronológicamente” este registro por “falta de conexión directa” con el caso Lezo fue contestada por los dos fiscales encargados del caso: Carlos Iañez y Carmen García Cerdá (esta última fiscal en Púnica). Ambos expusieron en la Junta que el debate sobre la “conexidad” de los documentos en este registro ya se había resuelto gracias a un dictamen de la Audiencia Nacional y Moix tuvo que dar marcha atrás.

Pero además, Moix impuso que se retirase la imputación del delito de “organización criminal” tanto contra el expresidente de la Comunidad de Madrid como al resto de investigados en la Operación Lezo, así que los fiscales no pudieron incluirlo en sus acusaciones a los detenidos, y sólo se ha sostenido esa acusación porque así lo ha decidido el juez Velasco.

La cuarta crisis mediática surgió con el inesperado relevo de los fiscales del caso 3% de corrupción en Catalunya, José Grinda y Fernando Bermejo, en el caso de supuesta financiación ilegal de CDC que se investiga en un juzgado de El Vendrell.

Luego llegó la quinta crisis, con la filtración a la Cadena Ser de que había pedido la cabeza de Carlos Iañez, fiscal principal de Lezo. Ante el escándalo mediático, Moix se apresuró a desmentirlo y la Fiscalía difundió como prueba que se había renovado a Iañez en su comisión de servicio, ya que tiene su plaza en Granada. Ahora bien, aquella renovación se produjo el 6 de abril, días antes de la Junta de Fiscales y de que, tras perderla, Moix intentara vengarse de Iañez.

El origen de este enésimo escándalo fue la discusión que se produjo en el despacho de Moix previa a la convocatoria de la Junta de Fiscales. Iañez, indignado por las continuas intromisiones obstruccionistas del fiscal jefe –quien nada más tomar posesión ya trató de anular las escuchas telefónicas de la Operación Lezo–, le espetó a Moix que si él era un problema, se volvía a Granada. Y exigió orden por escrito y reunión de la Junta de Fiscales.

‘Espero tu dimisión, en tres días, sobre mi mesa’

Después, cuando Iañez fue a recoger la orden escrita del fiscal jefe de que no se incautara documentación de la compra de la empresa Inassa, Moix le dijo que si lo dejaba ahí y no recogía la orden, no habría medidas disciplinarias contra él y seguiría en el caso Lezo. Iañez le respondió que insistía en ampararse en el artículo 27, que quería la orden escrita y, en el calor de la discusión, dijo a su superior que estaba cansado: “Esto es insostenible; si es un problema me voy para mi casa”.

Finalmente, se celebró la Junta de Fiscales y se incautó la documentación de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II y de la cual se desviaron 23 millones de euros en una sola operación. Pero el martes, 25 de abril, cuando Iañez acudió al despacho de Moix a recoger su permiso para viajar a Granada durante el puente de mayo, el fiscal jefe de Anticorrupción le dijo al entregársela: “Espero que cumplas tu palabra y tenga dentro de tres días tu dimisión encima de la mesa”.

Iañez le respondió, sorprendido, que aquello lo había dicho en un calentón, pero que no tenía intención de dimitir cuando invocó el artículo 27 del Estatuto; máxime cuando la mayoría de sus compañeros le había apoyado.

La sexta crisis llegó muy poco después. Como Grinda y Bermejo se habían acogido, a su vez, a otro artículo del Estatuto (el 23) para que el fiscal general tuviera que consultar con el Consejo Fiscal antes de apartarlos del caso 3% en Catalunya, Moix inició los trámites para que fueran investigados por supuestas coacciones a un imputado, sin siquiera escucharlos antes para contrastar los hechos, como era su obligación. Más todavía: según se ha sabido después, el fiscal jefe incluso interrogó al imputado (Rafael Pallardó) para recabar su versión y reforzar su actuación contra los dos fiscales, algo insólito por parte de quien tiene el deber de amparar a sus subordinados y que no tiene precedentes en la Fiscalía.

Pero no es ésa la única causa en la que Moix ha actuado por su cuenta, sin informar a sus subordinados y dando toda la apariencia de que está intrigando con los imputados en contra de los fiscales anticorrupción: incluso antes de reunirse en secreto con Pallardó, el fiscal jefe recibió en su despacho a los hermanos Ramon e Higini Cierco, propietarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA) e investigados por presunto blanqueo de capitales en su entidad filial Banco Madrid. Una vez más, Moix lo hizo a espaldas de los fiscales que llevan el caso (Grinda y Rosa).

La guinda de todo este pasteleo es que Pallardó y los hermanos Cierco comparten el mismo abogado: Javier Iglesias, cercano al PP y en cuyo despacho citó el comisario Villarejo a Josep Pujol Ferrusola para intimidarlo en el marco de la Operación Cataluña de la brigada política de Interior montada por el exministro Fernández Díaz. Y, para rizar el rizo, resulta que los Cierco han denunciado al director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, y al excomisario Marcelino Martín Blas –exjefe de Asuntos Internos enfrentado con esa brigada política–, acusándoles, de coaccionarles para que dieran datos bancarios sobre la familia Pujol. ¡Y apoyan su acusación en informes policiales internos sin firmar que acaba de atribuirse, ante notario, el propio comisario Villarejo!

Todas estas crisis –sin la menor duda provocadas por maniobras del fiscal jefe Anticorrupción y que en la práctica obstaculizan investigaciones sobre casos de corrupción política– tienen que ser abordadas en el Consejo Fiscal este miércoles y jueves. Una sesión doble que constituirá de hecho una séptima crisis y que abrirá la vía hacia la octava maravilla de esta nueva era en la Fiscalía: las comparecencias ante el Congreso de los Diputados de Catalá y de Maza, el próximo 10 de mayo, para dar explicaciones –si es que existe alguna lógica– de tanto despropósito.

Porque, en su huida hacia delante, Moix cometió otra torpeza, que en realidad es un presunto delito: admitió públicamente al ser entrevistado en la Ser que se había colocado un micrófono oculto en el despacho de Ignacio González, hecho que estaba protegido por el secreto del sumario y que compromete la causa, ya que la defensa del expresidente de la CAM variará sin duda su estrategia en base a la revelación del fiscal jefe. Por eso el Código Penal castiga la “revelación de secretos”.

Pero aún más grave es que el juez Alejandro Abascal ordenó esa acción insólita de entrar por la noche en el despacho del hoy encarcelado para colocar el micro escondido precisamente porque los imputados habían sido advertidos de que estaban siendo investigados (por “una juez amiga de la casa”, dicen en una grabación) y el propio González utilizaba un móvil encriptado, al saber que había sido intervenido por orden judicial.

Hay actuaciones discutibles, pero esta cadena de hechos es incontrovertible: el gobierno ha metido mano en la Fiscalía y pretende estrangularla en una estratagema desesperada por evitar que la corrupción de los más altos dirigentes del PP haga estallar el partido en pedazos.

¿Cómo tiene Rajoy el descaro de exigir a los demás que respeten la independencia judicial?