«Se trata de un buen compromiso entre libertad y seguridad», ha defendido el secretario general de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, Peter Tauber, aunque ha admitido que la aplicación concreta de la ley estará sometida a ciertas lagunas. «Por ejemplo, no es el Estado el que almacena los datos, sino las compañías telefónicas», ha explicado.
La ley contempla que las compañías deberán esperar el plazo establecido para borrarlos y garantizar el acceso a los datos en cualquier investigación respaldada por un juez y en el curso de una investigación por delitos graves. Son considerados delitos graves como asesinato, homicidio, pornografía infantil o soborno.
Hace cinco años, los argumentos de la sentencia del Tribunal Constitucional fueron que «no es lícito el almacenaje de datos de forma masiva y durante medio año sin sospecha concreta». Los magistrados consideraron que el almacenaje de datos violaba la privacidad garantizada en la ley de telecomunicaciones y que a través de esos datos pueden ser elaborados perfiles de desplazamiento y personalidad y se puede llegar a conclusiones que afectan la esfera íntima de las personas.
Asimismo, los jueces del Constitucional alemán determinaron que las empresas de telecomunicaciones no son capaces de garantizar la seguridad de los datos que están obligadas a conservar y concluyeron que el almacenamiento de datos constituye «una injerencia mayor con una dimensión desconocida hasta ahora para el orden jurídico».
«Los plazos de almacenamiento son en esta reforma de aquel proyecto inicial considerablemente menores y el acceso a los datos más difícil», ha señalado el promotor de la norma y ministro de Justicia, el socialdemócrata Heiko Maas. «Posiblemente una ley como esta no habría visto la luz en Alemania si estuviese gobernando solamente un partido en lugar de una gran coalición», se ha quejado el parlamentario de Los Verdes Hans-Christian Ströbele.