Categoría: Unión Europea

Aproximadamente mil millones de personas en el mundo viven sin ninguna clase de papeles. No tienen ningún documentos que los identifiquen. Pero dentro de poco todos seremos sin papeles. Tendremos que comprar un móvil y contratar una conexión a internet para poder movernos. El pasaporte digital se acerca poco a poco. La Comisión Europea ha propuesto desmaterializar los documentos de identidad, con el pretexto de ahorrar tiempo en las fronteras y las aduanas.

Hay un paso intermedio antes de llegar a la identificación virtual: el sello digital. Los documentos incorporaránn un microchip electrónico para identificar a sus titulares mediante lectores autorizados, gracias a los datos que almacenan.

La iniciativa de la Unión Europea, presentada el 8 de octubre, tiene como objetivo establecer un marco común para el uso de verificadores de viajes digitales. El pasaporte será el móvil. Los viajeros del espacio Schengen y, en general, aquellos con pasaporte biométrico, podrán utilizar una aplicación para cruzar las fronteras más rápidamente… si todo va bien, si aún le queda batería o si no le han robado el dispositivo, o si no se lo han pirateado…

La pandemia aceleró el proceso de digitalización de los documentos personales y profesionales. Ahora la Comisión Europea ha invertido 46 millones de euros del Programa Europa Digital en cuatro proyectos piloto a gran escala para probar la identidad digital en una serie de usos cotidianos, como el permiso de conducción móvil, la sanidad, los pagos y la educación y las certificados profesionales.

El objetivo es reforzar el control policial sobre la población europea y sus desplazamientos. Cada movimiento quedará registrado, lo que vuelve sobre la desaparición del derecho a la intimidad y la protección de los datos porque todo lo que está grabado en algún soporte informático se puede piratear, suplantar y difundir a los cuatro vientos.

La Comisión Europea promete -como corresponde- que eso no va ocurrir, pero es falso: cualquier digitalización conlleva un riesgo de fuga y apropiación indebida de datos.

La digitalización levanta algunas barreras y cierra otras pero, sobre todo, discrimina entre los viajeros digitales, los que sólo tienen papeles y los que no tienen nada de eso.

El último paso es insertar microchips bajo la piel de las personas. Con el ganado ya se hace.

Para frenar la emigración procedente de África, en octubre de 2015 la Unión Europea creó el Fondo Fiduciario de Emergencia (FFE). El principal objetivo del fondo es abordar las causas de la inestabilidad, el desplazamiento forzado y la migración procedente de África.

Con un presupuesto de 5.000 millones de euros, el fondo tiene como objetivo mejorar la estabilidad, la gestión de la migración y las perspectivas económicas, así como fortalecer la resiliencia de las comunidades vulnerables.

Abarca tres regiones geográficas: el Sahel y el lago Chad, el Cuerno de África y el norte de África, alcanzando a 27 países. A finales de 2023 se habían comprometido 4.500 millones de euros.

En un informe publicado el 25 de septiembre, el Tribunal de Cuentas Europeo lamenta el despilfarro del dinero (*): proyectos mal orientados, mala gestión… Es muy difícil cuantificar el alcance de los proyectos realmente realizados.

En 2018 se llevó a cabo una primera auditoría de los fondos del FFE que ya había planteado este problema, así como la focalización de los proyectos.

El Tribunal de Cuentas considera que la estrategia de financiación es demasiado general e insuficientemente centrada. Los proyectos a veces son inadecuados para responder a las prioridades más urgentes. Los informes de investigación, aunque útiles, no influyeron suficientemente en la selección de los proyectos financiados, que el informe consideraba demasiado numerosos.

El FFE ha puesto en marcha numerosos proyectos, como la gestión de los retornos y la reintegración de los emigrantes, así como acciones a favor de la estabilización en países en crisis como Gambia y Etiopía.

Por ejemplo, un proyecto en Etiopía tenía como objetivo apoyar la reintegración de los nacionales que regresaban de Europa. Sin embargo, el principal flujo migratorio desde Etiopía son los inmigrantes que se dirigen a Arabia saudí y no a Europa. El proyecto, inicialmente centrado en los inmigrantes que regresaban de Europa, tuvo que modificarse para incluir a los que regresaban de los Estados del Golfo. Menos del 10 por cien del número previsto de personas que regresaban de Europa se beneficiaron en última instancia de la asistencia de reintegración.

A menudo los proyectos se lanzan sin mucho fundamento. Un proyecto en Etiopía perforó pozos con éxito gracias a un preciso estudio hidrológico realizado durante un proyecto anterior. Por otro lado, en un proyecto similar en Kenia, la falta de un estudio de este tipo provocó el fracaso de la perforación de dos pozos. Esto resalta la importancia de utilizar datos precisos e investigaciones en la planificación de proyectos.

El sistema de seguimiento creado por el FFE para recoger información sobre los proyectos financiados es criticado por su falta de precisión. El informe señala que los limitados datos disponibles no demuestran que el FFE logre abordar las causas profundas de la emigración. Por lo tanto, no hay datos suficientes para demostrar el vínculo entre el apoyo del FFE a África y la capacidad de las autoridades libias en términos de gestión de fronteras y emigración.

Por ejemplo, un proyecto de estación de radio en la región del Sahel se utilizó principalmente para transmitir música. Este proyecto no sirvió para nada. No contribuyó a la prevención de conflictos ni a resultados concretos en términos de estabilización.

Debido a la falta de control, a menudo las ayudas se conceden varias veces y sin ningún resultado. Fespués de haber recibido dos veces pollos, alimentos, medicinas y equipos, con el objetivo de crear una empresa, un beneficiario gambiano lo había vendido todo. Así, el informe identifica numerosos ejemplos de proyectos insustanciales.

Los planes más eficaces para reducir la emigración y el desplazamiento forzado no se han identificado claramente debido a la falta de un seguimiento riguroso.

Desde 2020 se ha incorporado en algunos proyectos el principio médico de “no perjudicar”: la cooperación para el desarrollo no debe causar daños inaceptables, pero este enfoque sigue infravalorado, especialmente en lo que respecta a proyectos que afectan a zonas de conflicto o inestables.

(*) https://www.eca.europa.eu/es/publications/sr-2024-17

Es un síntoma de los tiempos: donde Europa se hunde, China despega. Audi/Volkswagen va a cerrar su fábrica en Bruselas y la empresa china Nio la quiere comprar. El holding alemán tiene tres días para tomar una decisión, que vencen hoy.

La fábrica de Audi/Volkswagen en Bélgica cerrará cuando finalice la producción del Q8 e-tron el próximo año, y 3.000 trabajadores perderán sus empleos, pero las líneas de producción podrían pasar a manos del fabricante chino Nio, que ha mostrado interés en comprar la fábrica.

A la empresa china no le queda más remedio que producir en Europa para que sus precios no se vean gravados por los aranceles impuestos a sus modelos en el Viejo Continente.

Los representantes de Nio han visitado la fábrica y actualmente están estudiando la oferta. Sólo tendrían hasta hoy para hacer su propuesta a Audi y al grupo Volkswagen.

Actualmente, Nio comercializa sus coches en Alemania, Noruega, Países Bajos, Suecia y Dinamarca. Bélgica estaría en sus planes. Incluso si sus coches se venden a precios inmejorables en Europa, los aranceles de la Unión Europea son un obstáculo importante. Invertir en Europa se ha vuelto más sensato. Entre los competidores, BYD, otra fábrica china, abrirá una fábrica en Hungría el año que viene.

Nio quiere entrar en Europa con una nueva concepción del coche eléctrico. La empresa china ofrece estaciones de intercambio de baterías (más comúnmente llamadas “battery swap”), un sistema que permite evitar perder tiempo conectado a una estación de carga.

Con su sistema, Nio apunta a un tiempo de parada de menos de tres minutos y a la capacidad de satisfacer hasta 480 clientes por día en la misma estación. En China, Nio ya cuenta con más de 2.450.

—https://www.tijd.be/ondernemen/auto/chinees-nio-kandidaat-overnemer-voor-audi-brussels-fabriek/10565046.html

La superproducción es una de las lacras más importantes del capitalismo y conduce al despilfarro y la destrucción de las fuerzas productivas. En el campo, supone el despoblamiento y la destrucción de cultivos y grandes áreas rurales.

Durante décadas la Unión Europea trató de paliar el problema con la Política Agraria Común, es decir, imponiendo aranceles y subvencionando la producción agrícola y ganadera. Esa política se ha agotado y los agricultores se movilizan por toda Europa, desde Polonia hasta España.

La superproducción destruye los agricultores y los cultivos. No es un fenómeno espontáneo sino dirigido y financiado desde Bruselas para frenar la caída de la cuota de ganancia. El miércoles el gobierno francés presentó para su aprobación una campaña de arranque de vides con un presupuesto previsto de 120 millones de euros. El bloqueo a China ha reducido el consumo y el sector vitivinícola ha entrado en una profunda crisis.

“Francia ha notificado hoy a la Comisión un plan para reducir definitivamente el potencial vitícola”, escribió el Ministerio en un comunicado de prensa. El plan es la “primera parte de la respuesta a las dificultades estructurales que enfrenta el sector”, afectado por la superproducción de vino.

“El sistema notificado propone financiar el arranque de vides para perpetuar la actividad de las explotaciones vitivinícolas, con un importe de hasta 4.000 euros por hectárea, para un presupuesto previsto de 120 millones de euros”, confiesa el Ministerio.

La subvención permitiría compensar el arranque de al menos 30.000 hectáreas, de las casi 800.000 hectáreas de viñedo exstentes en Francia.

A finales de enero, el ministro de Agricultura, Marc Fesneau, reservó 150 millones de euros para dos años, que podría abarcar “hasta 100.000 hectáreas”. Al mismo tiempo, el gobierno aumentó el “fondo de emergencia” a 80 millones de euros para los viticultores de las regiones en crisis.

El nuevo plan de destrucción debe ahora ser validado por la Comisión Europea antes de que Francia entregue el dinero. “La ayuda se concedería a los agricultores que abandonen, en las superficies así arrancadas, la producción de autorizaciones de replantación, y que renuncien también a movilizarse o solicitar, durante las seis campañas vitícolas de 2024 a 2029 inclusive, nuevas autorizaciones de plantación”, según el comunicado de prensa.

Francia, actualmente primer productor mundial de vino (48 millones de hectolitros en 2023), no puede exportar ni vender toda su producción. Para Burdeos, el primer viñedo con denominación de origen controlada de Francia con 103.000 hectáreas, la Comisión Europea ya validó en noviembre del año pasado un plan de destrucción de 8.000 hectáreas, que podría incluir 1.500 hectáreas adicionales hasta el próximo invierno.

Es un decrecimiento involuntario. Pero, como decimos, no sólo se destruyen los cultivos, sino también a los cultivadores y con su desaparición llega el despoblamiento de amplias zonas rurales que antes eran muy prósperas.

Mientras aumenta la tensión entre Bruselas y Pekín, ayer el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, pidió a la Unión Europea encontrar una solución negociada con China. “Queremos evitar una guerra comercial con una espiral de aranceles, que en última instancia perjudica a ambas partes”, afirmó Habeck en un comunicado tras su reunión en Berlín con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao. Este último deberá viajar mañana a Bruselas para convencer al comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, de que renuncie a la subida de aranceles de la Unión Europea.

Berlín y otros gobiernos europeos temen la guerra comercial. La petición de Habeck recuerda a la de Pedro Sánchez. Queremos “una Unión Europea y una China abierta al mundo, más allá de las realidades geopolíticas y geoeconómicas”, insistió al inaugurar un Foro Económico China-España la semana pasada. “Por eso contamos con un diálogo honesto para gestionar las tensiones existentes, que en gran medida se derivan del anuncio de la imposición de derechos de aduana a los vehículos eléctricos chinos”, añadió en referencia a la guerra comercial desatada por Bruselas desde el verano pasado.

El 20 de agosto Bruselas anunció su decisión de imponer un recargo de hasta el 35,3 por cien durante cinco años a los coches eléctricos procedentes de China, incluidos los del fabricante estadounidense Tesla, que tiene una fábrica en Shanghai. La Unión Europea acusa a Pekín de haber distorsionado la competencia al subvencionar masivamente a los fabricantes en su territorio, permitiéndoles ofrecer precios más bajos. Para los europeos se trata de frenar las importaciones de vehículos eléctricos chinos, sin bloquearlas completamente como ocurre en Estados Unidos con su recargo superior al 100 por cien.

Los nuevos aranceles se suman al estándar del 10 por cien impuesto por la Unión Europea a las importaciones de automóviles. Se dice que el recargo más alto entre las empresas que cooperan en la investigación de la Unión Europea es del 20,7 por cien. Se espera que el arancel se aplique a algunos productores chinos como Chery, Great Wall Motor Co y NIO, así como a una serie de empresas conjuntas entre chinos y europeos.

Los nuevos aranceles se aplicarán desde ahora hasta finales de octubre durante cinco años, sujetos a nuevas modificaciones y, sobre todo, a la aprobación de los Estados europeos, muy divididos al respecto. Luego sustituirán los impuestos provisionales decididos a principios de julio. China y las empresas afectadas tuvieron diez días para presentar sus observaciones, que la Comisión tuvo en cuenta para revisar su propuesta, que aún debe someterse a la votación de los 27 países de la Unión Europea. Los aranceles se implementarán a menos que una mayoría cualificada de 15 miembros de la Unión Europea que representan el 65 por cien de la población de la Unión se oponga.

Pero dentro de Europa, varios países, entre ellos Alemania, pero también Hungría y Suecia, están intentando frenar a Bruselas en sus decisiones. En julio China anunció que estaba investigando prácticas comerciales de la Unión Europea consideradas desleales en relación con ciertos productos lácteos, el día después de que Bruselas confirmara impuestos más altos sobre los vehículos eléctricos chinos importados.

“El Ministerio de Comercio ha decidido abrir una investigación antidumping sobre determinados productos lácteos importados de la Unión Europea a partir del 21 de agosto de 2024”, dijo en un comunicado. Abarca productos como el queso fresco y la cuajada, el queso azul, así como determinadas leches y cremas”, indicó el Ministerio de Comercio. El procedimiento debería durar un año y posiblemente podría ampliarse seis meses más. China podría entonces decidir imponer recargos a estos productos para proteger su mercado, si demuestra que las prácticas de la Unión Europea son desleales y perjudican la competencia.

En enero Pekín ya anunció que estaba investigando una supuesta infracción de la competencia por parte de bebidas espirituosas de vino, como el coñac, importadas de la Unión Europea y, en particular, de Francia, lo que había dado impulso a la investigación desde Bruselas. En junio también inició una investigación antidumping sobre las importaciones de carne de cerdo y productos porcinos de la Unión Europea, productos producidos principalmente en España, Francia, Países Bajos y Dinamarca.

Durante mucho tiempo Suecia presumió de ser una tierra de acogida para refugiados y emigrantes. Ahora ha dado un giro radical a su política migratoria, en sintonía con otros países europeos. El ministro de Emigración, Johan Forssell, lo ve como un paso crucial en la “reorientación de la política migratoria” del país.

El gobierno sueco de Ulf Kristersson acaba de anunciar una medida de choque: ofrecer hasta 30.000 euros por persona para animar a los inmigrantes a abandonar voluntariamente el país. Esta iniciativa, prevista para 2026, supone un aumento espectacular respecto a la actual gratificación de retorno, que tiene un límite de 879 euros para un adulto.

Un informe encargado por el gobierno desaconsejó el aumento de la gratificación, estimando que sería ineficaz en vista de su coste y que correría el riesgo de ralentizar los esfuerzos de integración de los inmigrantes ya presentes en el territorio. Sin embargo, el gobierno persiste, con la esperanza de desprenderse de cientos de miles de inmigrantes que están desempleados desde hace mucho tiempo o dependen de la asistencia social.

En 2015, en el punto álgido de la crisis migratoria europea, Suecia acogió a 160.000 solicitantes de asilo, la tasa per cápita más alta de la Unión Europea. Esta afluencia masiva, sin embargo, marcó un punto de inflexión, e incluso llevó al gobierno socialdemócrata de la época a admitir que el país ya no podía mantener su “política de puertas abiertas”.

Hoy, con una coalición reaccionaria apoyada por los neonazis, Suecia está endureciendo considerablemente su política migratoria. Más allá de aumentar la gratificación de retorno, el gobierno planea facilitar la deportación de inmigrantes si consumen drogas, tienen vínculos con bandas criminales o si “amenazan los valores fundamentales suecos”. Estas medidas se suman a otras restricciones que ya existen, como limitar la reunificación familiar y aumentar el nivel del salario mínimo necesario para obtener un permiso de trabajo.

El viraje refleja una tendencia más amplia en Europa, donde muchos países están endureciendo las condiciones de acceso a refugiados y emigrantes. Suecia se encuentra a la vanguardia de este enfoque restrictivo.

Europa envejece a un ritmo alarmante y se enfrenta a un déficit de mano de obra que no tiene precedentes. Esta tendencia, junto con una disminución de la tasa de natalidad, ha creado una flagrante escasez de fuerza de trabajo en muchos sectores clave de la economía. Los países europeos están obligados a tragarse su xenofobia y contratar trabajadores inmigrantes.

Uno de los países más xenófobos, Alemania, ha tomado la delantera. El jueves firmó un convenio histórico con Kenia para llevar 250.000 trabajadores kenianos a suelo alemán, lo que no es más que un remedio tibio porque necesita dos millones de emigrantes.

Esta iniciativa, saludada por el Canciller Olaf Scholz como “un acuerdo muy importante”, pretende colmar el déficit de fuerza de trabajo que lastra a la mayor economía de Europa.

El presidente de Kenia, William Ruto, expresó entusiasmo por el traslado y destacó el potencial de sinergia entre la tecnología alemana y la mano de obra keniata. Esta asociación, que va más allá de un simple acuerdo migratorio, promete forjar vínculos duraderos entre los dos países, promoviendo intercambios culturales y profesionales.

Sin embargo, esta iniciativa plantea cuestiones cruciales sobre el equilibrio entre las necesidades de los países de origen y las de los países de acogida. La “fuga de cerebros”, un fenómeno bien conocido en los países en desarrollo, podría privar a Kenia de talentos esenciales para su propio crecimiento económico. Sin embargo, los partidarios del convenio argumentan que las habilidades adquiridas en Alemania podrían, en última instancia, beneficiar a Kenia a través de transferencias de conocimientos e inversiones de los emigrantes.

El convenio entre Alemania y Kenia es parte de una tendencia más amplia de “migración elegida”, un enfoque adoptado por un número creciente de países europeos que tiene como objetivo atraer perfiles específicos de trabajadores para satisfacer las necesidades del mercado laboral, manteniendo al mismo tiempo un estricto control sobre los flujos migratorios.

La iniciativa alemana podría servir como modelo para otros países europeos que enfrentan el mismo problema de déficit de mano de obra. Para que este modelo sea sostenible, será necesario tener en cuenta los intereses a largo plazo de los países de origen, tal vez incluyendo programas de formación profesional y desarrollo que beneficiarían a las economías africanas.

Los xenófobos deberían dejar de votar por los grupos de la “extrema derecha” para decantarse por partidos que, como los laboristas británicos, lo hacen mejor y sin tanto ruido.

En Europa los muros son cada vez más altos. A partir del mes de abril de año que viene los europeos que quieran viajar a Reino Unido tendrán que sacar una autorización electrónica para poder entrar en el pais, que les costará 10 libras esterlinas y afectará a todos los viajeros, incluidos los menores.

Tal y como estaba previsto, Reino Unido generalizará la obligación para los visitantes extranjeros de presentar una autorización electrónica para entrar en el territorio. Además de los europeos otras 83 países distintos tendrán que presentar la nueva autorización.

Si alguien creyó que la xenofobia se dirigía sólo contra los africanos o los moros, se equivocó. Fuera de nuestro propio país, todos somos africanos y moros. Después de los viajeros de Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia saudí, Omán y Bahréin, los viajeros de otros países se verán afectados a partir del 2 de abril del año que viene.

Se llama ETA (Electronic Travel Autorisation) y es similar a la ESTA estadounidense, será accesible a través de un formulario en línea (*).

Será obligatorio para todos los viajeros, incluidos menores y bebés, incluso si se encuentran en tránsito en el país.

Tendrá una vigencia de dos años y permitirá varios viajes de una duración máxima de seis meses.

Está dirigido a visitantes que “no necesitan visado para entrar en Reino Unido para estancias cortas, o que no tienen estatus migratorio británico antes de su viaje”.

Esra vez vez el pretexto es que el documento permitirá agilizar la entrada al país ya que el viajero no tendrá que presentar su pasaporte en la frontera. Sin embargo, es otra medida más de control policial, ya que integrará en particular datos personales y biométricos, como las huellas dactilares.

Esta carga burocrática obstaculizará aún más el turismo en Reino Unido, que se está reduciendo tras el Brexit y la pandemia. El país atrajo 38 millones de visitantes el año pasado, frente a 41 millones en 2019.

Este año la caída del turismo representará una merma de ingresos de 2.800 millones de libras esterlinas (3.300 millones de euros).

(*) https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta

A lo largo de la historia la política migratoria de los países europeos ha evolucionado de manera muy significativa en muchos aspectos, pero ahora mismo e puede resumir en lo siguiente: como eso que llaman “extrema derecha” está creciendo en número de votos, vamos a hacer lo mismo que ellos y quizá así nuestros votos también aumenten.

Ya no hace falta que la “extrema derecha” gane unas elecciones para imponer restricciones a la emigración porque lo hacen los “demócratas” y los “centristas”, como los que forman el gobierno de coalición alemán, por ejemplo, que ha anunciado la ampliación de los controles a todas sus fronteras terrestres.

No se trata de una nueva política de Bruselas, sino de Berlín, es decir, que también afecta a otros países de la Unión Europea. Las fronteras de Alemania con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca estarán ahora sujetas a controles temporales, que se suman a los ya vigentes con Polonia, República Checa, Austria y Suiza.

La decisión entrará en vigor la semana que viene por un período de seis meses. El espacio Schengen ha pasado al olvido con el pretexto del “terrorismo islamista”.

Portugal restringe la concesión de visados ​​de trabajo

Lo mismo que Francia, Portugal es otro caso de colonialismo de ida y vuelta. Ahora los colonizados han dejado de ser portugueses; ya no interesan y ha llegado el momento de cerrar el grifo.

Conocido alguna vez por su política abierta hacia los trabajadores extranjeros, Portugal ha reducido la concesión de visados de trabajo en un 24 por cien en los últimos meses. Es una ruptura con la estrategia anterior, que pretendía estimular la economía atrayendo mano de obra internacional cualificada.

El gobierno portugués ha puesto en marcha un plan de acción migratoria, imponiendo normas más estrictas a los candidatos a la inmigración profesional. El Primer Ministro ha expresado claramente su deseo de poner fin a determinados mecanismos considerados demasiado permisivos. Esta nueva política se traduce concretamente en la obligación para los extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea de tener un contrato de trabajo antes incluso de presentar una solicitud de visado.

Sin embargo, en los primeros ocho meses de este año los visados de trabajo han aumentado un 15 por cien en comparación con el mismo período del año pasado.

Ya no bastan los pasaportes, ni tampoco los visados. Hacen falta permisos de residencia, permisos de trabajo y cuentas corrientes bien surtidas. Son maneras progresivas de estrechar el control policial sobre los emigrantes.

En la misma medida en que el control se estrecha y se pretende más riguroso, aumenta el número de extranjeros en situación irregular y a medida que aumenta ese número, hay más fuerza de trabajo en condiciones de semiesclavitud.

Antes los esclavos dependían de sus amos y ahora dependen de sus papeles, y hay muchos tipos de papeles, o de falta de papeles. Lo mejor es siempre llevar siempre algún papel encima, aunque sea falso o esté caducado.

La Unión Europea se formó en torno a la energía y la industria pesada. Inicialmente se llamó “Comunidad Europea del Carbón y del Acero” y, en marzo de 1957 al mismo tiempo que se firmó el Tratado de Roma, se firmó también el que creaba la Comunidad Europea de la Energía Atómica, llamada “Euratom”.

El objetivo era construir una industria nuclear próspera a escala continental. En 2011 el accidente de Fukushima cambió las tornas, especialmente en Alemania, donde las centrales nucleares se cerraron progresivamente. Sólo Francia siguió la senda trazada por Euratom. Durante estos años la energía nuclear ha estado ausente de los discursos y los textos oficiales de Bruselas.

Las normas que rigen el fondo europeo para la “transición energética”, destinado a apoyar a territorios en la eliminación gradual del carbón, como Polonia y Estonia, por ejemplo, excluyen explícitamente el apoyo a la energía nuclear, y lo mismo ocurre con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El GreenDeal, el pacto verde que fija objetivos climáticos de la Unión Europea para 2030 y 2050, o incluso RepowerUE, un plan de urgencia elaborado para aislar a Europa de Rusia y, al mismo tiempo, descarbonizar el suministro energético del Viejo Continente, no hablan de la energía nuclear.

Ahora el tono ha vuelto a cambiar, por la crisis de la energía de 2021 y las sanciones a Rusia. A finales del paado mes de agosto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que es necesario hacer más en el ámbito de la energía nuclear y anunció que va a nombrar un Comisario de Energía partidario de reabrir y construir más reactores.

A dia de hoy no hay ninguna otra aternativa a las energías convencionales que la nuclear, y las políticas verdes con las que Von der Leyen llegó a Bruselas (Agenda 2030) han fracasado, una por una, a pesar del gigantesco despilfarro de dinero.

Von der Leyen había hecho de la energía nuclear un tabú, pero el pasado mes de marzo acudió a la cumbre nuclear europea organizada en Bruselas. Luego en Praga, en un discurso, afirmó que la Unión Europea necesitaba más energía nuclear. “Necesitamos hacer más para producir nuestra propia energía, más energías renovables, más energía nuclear y más eficacia”, dijo el 30 de agosto.

Es un desaire a su país, Alemania, que cerró sus últimas centrales atómicas a finales del año pasado. Según el diario Die Welt, Von der Leyen debería asignar la cartera de Energía a Jozef Síkela, actual ministro checo de Industria y Comercio y un ferviente partidario de la energía nuclear, que planea construir en su país varios pequeños reactores modulares (SMR) y otros cuatro más de alta potencia.

Francia ha ganado la batalla, así como los grandes monopolios energéticos. La energía nuclear se ha integrado en la reforma del mercado eléctrico para que pueda beneficiarse de subvenciones públicas o su reconocimiento como tecnología estratégica en la regulación para una industria de “cero emisiones”.

De momento, en este punto Bruselas deja las manos libres a las diferentes opciones energéticas de cada país miembro. La próxima semana, cuando se publique el listado de comisarios, se reanudarán los trabajos del grupo parlamentario sobre energía nuclear.