Categoría: Represión

Seguimos con el desplome de la libertad de expresión en Europa. Próximamente Bruselas anunciará las conclusiones finales de su investigación contra Elon Musk y la red social X/Twitter por violar la Ley de Servicios Digitales (DSA).

La detención de Pavel Durov en París es, pues, un instrumento de presión contra Musk. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar…

Como venimos explicando, las grandes potencias necesitan controlar las redes sociales, que están en manos de poderosos monopolios tecnológicos.

La guerra entre el multimillonario estadounidense y la Comisión Europea arreció este verano. El 12 de julio Bruselas publicó las conclusiones preliminares de su investigación. En aquel documento, los secuaces de Ursula von der Leyen consideron que X/Twitter infringe la ley porque engaña a sus usuarios.

Musk respondió lanzando una nueva aplicación de inteligencia artificial de generación de imágenes que no gustó en Bruselas porque no estaba censurada. También aprovecharon que el Pisuerga pasa por Valladolid. Dijeron que X/Twitter había exacerbado la campaña racista en Reino Unido. Por sin, en el colmo de la perversidad, Musk organizó una entrevista con Trump, retransmitida en directo desde su plataforma.

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, un Torquemada posmoderno, le amenazó abiertamente, aunque la Comisión no le siguió el juego.

Para que vean el tono, Musk le respodió diciéndole al inquisidor “Vas a echar la cabeza hacia atrás y te la vas a meter en el culo“, una frase extraída de la película “Tropic Thunder, ¡una guerra muy perra!”.

La guerra abierta entre la Unión Europea y los grandes monopolios tecnológicos acabará con una multa a Musk que puede ascender hasta el 6 por cien de los ingresos de la plataforma y podría llegar a ser aún más elevada si la red social sigue negándose a cumplir las normas europeas.

Teóricamente la Comisión Europea también podría prohibir la plataforma en Europa, pero eso es algo que no va a ocurrir porque X/Twitter no es TikTok, Musk cuenta con el apoyo del Pentágono y las comunicaciones militares de la OTAN en Ucrania dependen de él.

Como suele ocurrir en estos casos, la coartada es la desinformación que prolifera por las cuentas de X/Twitter y que la tropa que encabeza Ursula von der Layen no puede consentir porque la Comisión Europea es un organismo democrático amante de la verdad, por encima de todo (a diferencia de Musk).

El pulso entre un monopolio internacional y un organismo público pone de relieve la privatización de la censura y, en definitiva, de la represión política. Brasil marca un camino. El Tribunal Supremo pidió a la red social que eliminara algunas cuentas en nombre de la “lucha contra la desinformación”, o sea, de la censura. La plataforma se negó y decidió cerrar su organización en el país para evitar que sus delegados fueran perseguidos por los jueces.

Los europeos, que se creen adalides de las libertades, no pueden admitir la censura pública, pero se van acostumbrando, poco a poco, a la privada, al cierre de cuentas en las redes sociales y a la imposibilidad de expresarse y difundir sus opiniones.

El mejor ejemplo de ello es la autocensura, de tal manera que los usuarios saben que determinados contenidos sólo se pueden difundir en ciertas redes sociales por medios indirectos, crípticos.

Pero, sin duda, el gran pastel de X/Twitter son sus 45 millones de usuarios en la Unión Europea. Es una gigantesca base de datos que Bruselas quiere tener a su alcance en todo momento para ponerla en manos de las diferentes policías para engrosar los archivos y catalogar a cada uno de los ciudadanos europeos por sus opiniones sociales y políticas.

En los tiempos del imperialismo el mercado “libre” es una entelequia. España ha prohibido la venta de Talgo a una empresa húngara por razones de “seguridad nacional”. Estados Unidos prohibió TikTok por el mismo motivo. China prohibió Google y Youtube. Rusia prohibe Meta/Facebook, a la que considera como una organización “extremista”.

Son sólo algunos ejemplos, pero se podrían poner muchos más. Esta misma mañana el Tribunal Supremo de Brasil le ha concedido un plazo de 24 horas a Elon Musk para nombrar un representante legal para la red social X/Twitter en el país, bajo la amenaza de prohibirla en caso contrario (*).

Los medios están empeñados en señalar con el dedo a países, como China, pero las prohibiciones de TikTok, por ejemplo, proceden de países como Bélgica, Canadá, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Taiwán…

Pavel Durov, el dueño de Telegram, era conocido en todo el mundo por su negativa a cooperar con la policía, y ésa es una de las razones de su éxito. El objetivo de su detención es obligarle a llegar a un acuerdo de colaboración, es decir, a convertir Telegram en un apéndice de la policía.

El dueño de la red social llegó a Paris procedente de Bakú, donde coincidió con la visita a Putin, a la que nos referimos en otra entrada. Algunas fuentes afirmaron que ambos se entrevistaron en la residencia del Presidente azerbaiyano Ilham Aliyev, durante la cena, pero no hubo confirmación oficial. El lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no se habían reunido.

No obstante, la inteligencia estadounidense cree que Durov tiene un acuerdo con el Kremlin, lo que ha dado lugar a una ola de aspavientos histéricos parecida a la de TikTok. Menudean las invocaciones acerca de la “seguridad nacional”, que es algo que sirve para cualquier cosa, como antiguamente lo fue el “terrorismo”.

Además, como también dijimos ayer, algunas de las comunicaciones de los departamentos militares rusos (y ucranianos) pasan por Telegram, por lo que Durov podría entregar el acceso a los movimientos del ejército ruso.

Una característica de Telegram es que el historial de los canales se almacena en servidores en la nube, mientras que los que están protegidos por cifrado de extremo a extremo no se almacenan en ningún lugar, excepto en la memoria del terminal que utilice el usuario. Si un usuario conversa desde un móvil, no podrá seguir la misma conversación desde un ordenador.

Para que un tercero pueda acceder a los canales de comunicación cifrados, es necesario no sólo conocer los números de teléfono a los que están vinculadas las cuentas, sino también acceder al propio dispositivo. Mientras tanto, la información del usuario seguirá siendo confidencial.

La detención de Durov no tiene precedentes, salvo la de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, en Canadá en 2018. Pero antes de Durov, ningún propietario de una red social había sido condenado por no hacer el papel censor que corresponde a los jueces y la policía.

Uno de los casos más famosos fue la detención de Alexander Vinnik en 2022 mientras estaba de vacaciones en Grecia, seguido de su extradición a Estados Unidos. Vinnik fue un operador ruso de criptomonedas de 2011 a 2017 que se confesó culpable de lavado de dinero negro.

Los caciques de los grandes monopolios tecnológicos y los especuladores en criptomonedas se han puesto nerviosos. La cotización de la criptomoneda “ton” asociada a Telegram cayó un 23 por cien cuando se anunció la detención de Durov. El miedo es que su colapso arrastre al resto de criptomonedas.

La presión de las grandes potencias capitalistas sobre los monopolios tecnológicos arrecia. La represión política y el control social requieren transparencia, es decir, acabar con el derecho a la intimidad de las personas. A veces los Estados tienen problemas para identificar y catalogar a ciertas categorías de ciudadanos.

Por lo tanto, no es sólo la libertad de expresión. Necesitan controlar las plataformas digitales para controlar masivamente a sus usuarios, lo que dicen y lo que piensan. El número total de usuarios de Telegram es de casi mil millones de personas, una octava parte de la población mundial. Ningún Estado puede ignorar una plataforma tan vasta de comunicación y para justificar la represión presentan a las redes sociales como si fueran Sodoma y Gomorra: fraudes, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, pedofilia…

La manera de presionar a Durov para controlar Telegram es cortar su fuente de financiación. Todas las plataformas de criptomonedas tienen una espada de Damocles sobre sus cabezas. Se enfrentan a entre 10 y 20 años de prisión si no colaboran con Estados Unidos y transmiten la información necesaria.

Ni siquiera el mercado de criptomonedas escapa a los principios más elementales del capitalismo monopolista de Estado. El neoliberalismo es un fantasma que no ha existido nunca.

(*) https://www.nytimes.com/2024/08/28/technology/brazil-x-ban-elon-musk.html

Cuando el Primer Ministro Tony Blair presentó la Ley contra el Terrorismo de 2000 (antes del 11 de septiembre), yo trabajaba en los Tribunales Reales de Justicia. Si mal no recuerdo, los abogados hablaban de ello, preocupados por su lenguaje vago y descuidado, su evidente autoritarismo y su capacidad de abuso.

Hubo una incredulidad general de que Blair, que es abogado, como por supuesto lo es su esposa, y su ministro del Interior, Jack Straw, que también es abogado y antiguo asesor de Barbara Castle, una de las figuras más veneradas de la historia moderna del Partido Laborista, introduciría una legislación como ésa.

Mirando hacia atrás y pensando en aquellos tiempos, es sorprendente lo ingenuos que éramos.

Aquí estamos y esta terrible ley ahora se está utilizando contra periodistas, y se está utilizando de una manera que viola los derechos humanos básicos.

Lo terrible es que al mismo tiempo el gobierno de Blair –con un amplio apoyo de la comunidad jurídica– aprobó la Ley de Derechos Humanos de 1998, que incorporó el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) al derecho británico. La Ley de Derechos Humanos se promulgó en 1998 pero no entró en vigor hasta el 2 de octubre de 2000.

En aquel momento, todo el mundo jurídico pensaba que la Ley de Derechos Humanos de 1998 era, con diferencia, la ley más importante y que tendría muchas más consecuencias que la Ley contra el Terrorismo de 2000.

De hecho, recuerdo muy bien que circularon todo tipo de garantías de que no había motivo de preocupación porque la Ley contra el Terrorismo de 2000 sería restringida y su vaga redacción se interpretaría con referencia al CEDH y la Ley de Derechos Humanos de 1998.

Ocurrió todo lo contrario. Lejos de que la Ley de Derechos Humanos de 1998 mitigara los efectos de la Ley contra el Terrorismo de 2000, es la Ley contra el Terrorismo de 2000 la que tiene prioridad sobre el CEDH y la Ley de Derechos Humanos de 1998, como el caso Medhurst demuestra (*).

Nada de eso habría sucedido sin un cambio radical en toda la cultura jurídica y política de Reino Unido, que ha ocurrido desde que se promulgaron estas dos leyes.

No quiero idealizar el pasado, pero la transición al autoritarismo y la continua represión de la libertad de expresión y del periodismo, que ha tenido lugar desde el año 2000, todavía me parece sorprendente y, hasta cierto punto, inexplicable.

Los procesamientos de Julian Assange y el antiguo diplomático británico Craig Murray (encarcelado por por desacato al tribunal) y el uso indebido de la Ley contra el Terrorismo de 2000 para acosar a periodistas, incluido Murray, ilustran esto (**).

Lo que lo ilustra aún más es que todo ocurre prácticamente sin protestas. Los medios de comunicación británicos guardan actualmente un silencio sepulcral sobre el arresto de Medhurst, mientras que si algo así hubiera sucedido en el año 2000 o antes, habría muestras de indignación.

Es este brutal giro autoritario en la cultura jurídica y política británica –y la ausencia de cualquier resistencia a él– lo que me sorprende. Obviamente, sus orígenes se encuentran en Estados Unidos, pero la escala con la que ahora está arrasando todo Occidente es asombrosa.

He oído que en Alemania la situación es aún peor, y a personas como el ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis se les ha impedido entrar al país.

Aquí en Gran Bretaña rechazamos las libertades por las que la gente alguna vez luchó, por ejemplo en el siglo XVIII, como Wilkes (***). Es más, lo hacemos sin murmurar. La libertad muere silenciosamente.

En cuanto a los detalles del caso Medhurst, diría dos cosas:

1. Creo que el objetivo es intimidar y silenciar a Medhurst y lograr que Google elimine su canal de YouTube, en lugar de demandarlo. Incluso considerando el clima actual, no puedo creer que las autoridades británicas vayan a tomar medidas.

Si hacen algo así, entonces las cosas serán aún más oscuras de lo que pensaba. Dicho esto, si estoy en lo cierto, actuar para intimidar y silenciar a un periodista, privándolo así de su medio de vida, ya es bastante repugnante.

1. Del relato de Medhurst se desprende claramente que la policía actuaba bajo instrucciones y estrecha vigilancia. Por lo que dice, parece que la policía estuvo constantemente controlando y recibiendo instrucciones durante su detención y arresto.

Sería interesante saber quién y cuál era la cadena de mando. Quizás en tiempos mejores lo sepamos.

—Alexander Mercouris https://consortiumnews.com/fr/2024/08/22/letter-from-london-on-the-uk-terrorism-act/

(*) El periodista Richard Medhurst fue detenido el 19 de este mes de agosto y siempre coinciden dos detalles comunes: la detención se produjo en el aeropuerto y la policía britáńica le aplicó la ley antiterrorista

(**) Además de Murray, el periodista Kit Klarenberg también fue detenido en Reino Unido y la policía también le aplicó la ley antiterrorista

(***) John Wilkes fue un periodista y diputado británico de mediados del siglo XVIII, que se caracterizó por su defensa de los derechos fundamentales y sobre todo de la libertad de expresión.

A partir de la semana que viene Portugal se unirá a otros cuatro países europeos en la prueba piloto del Pasaporte Europeo de Vacunas. El documento es un instrumento de control social que reunirá todos los datos de vacunación de las personas en un mismo soporte.

El pasaporte estará disponible en varios formatos, incluidas tarjetas impresas, copias enviadas por correo y versiones digitales para móviles.

Ya está en marcha el proyecto Euvabeco que, por esta vez, no recurre a África como campo de experimentación. El conejillo de Indias es Portugal, junto con Suecia, Francia, Bélgica, Alemania, Grecia, Letonia, Luxemburgo y Polonia. Pero, a los efectos del experimento, solo participan Letonia, Grecia, Bélgica, Alemania y Portugal.

Lo que siempre fue algo coyuntural, se transforma en permanente. Lo que era excepcional se convierte en normal. Lo que era íntimo se pone a la vista de todo el mundo (literalmente).

Este método de almacenar y compartir datos, en lugar de depender únicamente de los sistemas de salud pública, fue posible gracias a la Red Mundial de Certificación de Salud Digital (GDHCN), desarrollado durante la pandemia de “covid” para la Unión Europea.

No obstante, los planes para crear un pasaporte de vacunación, analógico o digital, ya estaban en marcha antes de la pandemia de 2020, e incluso antes que las vacunas, como ya explicamos en una entrada publicada en 2021.

Ahora el GDHCN está en manos de la Organización Mundial de la Salud y, por lo tanto, al alcance de empresas privadas y fundaciones oscuras, aunque se presenta a la inversa: no como una base de datos centralizada sino como un instrumento para que las personas puedan acceder a sus propios datos.

El ensayo en Europa es otro paso después de la reciente ampliación de la vigilancia introducida por la reforma del RSI (Reglamento Sanitario Internacional), que facilita los confinamienntos recurrentes para imponer la vacunación obligatoria como una forma de asegurar un mercado estable para las empresas farmacéuticas que fabrican las vacunas de última tecnología.

Uno de los planes de Euvabeco es imponer el pasaporte de vacunas en todo el mundo y se publicarán en 2026, ampliando el experimento más allá de esta fase piloto y reforzando los mecanismos de control social con el pretexto de la sanidad pública.

Además Euvabeco planea poner en marcha otras herramientas innovadoras: un sistema de decisión clínica que proporciona recomendaciones de vacunación, una herramienta de detección para identificar “a las poblaciones vulnerables”, un prospecto electrónico de información del producto (e-PIL) para permitir la transferencia de vacunas entre países sin tener que reenvasarlas, y una herramienta de modelado y pronóstico para evaluar el impacto de las intervenciones de salud pública.

El fundador de Telegram, Pavel Durov, fue detenido en el aeropuerto de Le Bourget, en París, el sábado alrededor de las 20:00 horas. París ha sentado “un precedente mundial” al detener a Durov, afirma el periódico francés Le Monde.

El montaje policial es interesante porque han recurrido a la Oficina del Menor que dirige una joven comisaria, Gabrielle Hazan, con ganas de ascender y ponerse medallas.

La Oficina es un departamento de la policía judicial francesa especializada en la represión de la violencia contra los niños y adolescentes. Abrió una investigación para incluir a Durov en el Archivo de Personas Buscadas.

Naturalmente a la comisaria nunca se le hubiera ocurrido orquestar un montaje tan espectacular. Ella se ha limitado a cumplir órdenes y su Oficina es la coartada perfecta porque ¿quién puede oponerse a la lucha heroica de la policía francesa contra la pedofilia?

El caso Assange, que empezó como si fuera una acusación de violación de dos mujeres, ha creado escuela.

En el caso de Telegram, el montaje tiene por objeto crear la imagen de un red oscura, dominada por el crimen organizado, que aprovecha el cifrado de los mensajes, a diferencia de otras redes sociales, como las de Meta/Facebook.

El cifrado de una red social protege a los usuarios, que tienen un derecho a la intimidad, nominalmente tutelado por países, como los europeos, que presumen de ello a cada paso.

El anonimato de internet no es otra cosa que una extensión del derecho a la intimidad.

En Reino Unido han aprobado una ley que prohíbe el cifrado de puntos finales y, bajo amenaza de cárcel, la Regulation of Investigatory Powers Act obliga a entregar las claves, por ejemplo del cifrado de datos de un disco, a petición de la policía. En Australia también existe una ley parecida, así como en otros países.

Pero el cifrado es una entelequia porque cualquier policía, incluso la francesa, está suficientemente capacitada para quitar el velo de los mensajes, aunque sea una tarea más laboriosa. El verdadero problema es que Telegram se ha negado a censurar los contenidos, como otras redes sociales.

Tampoco informa a la policía sobre los usuarios. Como dice el periódico Le Monde, esta red social destaca por su “falta de colaboración”.

Es obvio que la tarea de una red social, cualquiera que sea, no es la de censurar o prohibir las publicaciones, como tampoco lo es de Correos o Telefónica.

Antes los intoxicadores europeos aplaudían a Durov porque era un campeón en la defensa de la libertad de expresión. Se negó a colaborar con la policía rusa y trasladó la sede de Telegram a Dubai. Pero ahora Francia ha ido mucho más allá: le ha detenido, algo a lo Rusia nunca se atrevió.

Son muy malos tiempos para la libertad de expresión.

En los Estados imperialistas, siempre que hay una guerra hay un estado de guerra. A la lucha contra el enemigo exterior le acompaña la lucha contra el enemigo interior, que es la población propia. Se acaba la zanahoria y llega el palo y tentetieso, el fin de las libertades fundamentales y las porras de la policía.

Ese es exactamente el panorama que se está viendo en las calles de Europa, con la manifestaciones de solidaridad con Palestina.

En previsión de que en el futuro las protestas populares vayan a más, Alemania prepara la ley marcial, fortalece la legislación antiterrorista y liquida los últimos restos de los derechos constitucionales, como el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

El artículo 13 de la Constitución alemana protege el domicilio y el derecho a la intimidad, excepto en casos de “peligro inminente”. Además, los registros solo están permitidos si la policía informa explícitamente al interesado de las sospechas concretas en su contra y del objetivo del registro. El periódico Der Spiegel revela que eso está a punto de finalizar (*).

El proyecto de ley que prepara el gobierno pasa por encima de estos derechos, expande las facultades de la policía y legaliza la “patada en la puerta”. La policía podrá entrar secretamente en los hogares, así como espiar las comunicaciones y piratear los ordenadores y móviles.

Es la legalización del fascismo, que la fiscalía y los medios justifican con la entelequia del “terrorismo islamista”, es decir, los atentados de bandera falsa que los propios servicios secretos occidentales han impulsado.

(*) https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bka-entwurf-geheime-durchsuchungen-von-wohnungen-sollen-erlaubt-werden-a-97798e70-d025-4815-82a3-55ebb6d3ecb4

Hemos venido insistiendo aquí en que una de las carencias más importantes de los ejércitos occidentales, y especialmente de los europeos, es la falta de reclutas. Hay mucho patrioterismo de boquilla, pero nadie quiere ir a filas, y mucho menos a una guerra.

Los Estados occidentales tienen claro que el remedio está en reclutar emigrantes, sobre todo si no tienen papeles porque siempre son más baratos. Les quieren ofrecer un pasaporte a cambio de servir como carne de cañón.

Un ejército de emigrantes tiene una gran ventaja: se puede utilizar contra la población propia si necesitan imponer la ley marcial, que es otra medida que está en los planes. Ejercerán de verdugos, como siempre ha ocurrido. A lo largo de la historia los gobiernos siempre han preferido utilizar mercenarios extranjeros para reprimir a sus propios ciudadanos.

Un número creciente de emigrantes legales se están alistando en el ejército de Estados Unidos, que busca activamente reclutas de este perfil, ofreciendo una vía rápida para obtener la ciudadanía. Unos emigrantes ayudan a otros a rellenar los formularios de alistamiento a quienes no dominan el inglés (*).

En la actualidad hay 30.000 migrantes sirviendo activamente en el ejército de Estados Unidos. Durante la primera mitad del año pasado se incorporaron cerca de 2.900 emigrantes, frente a unos 2.200 durante el mismo periodo del año anterior.

Además, el ejército puede contratar a extranjeros en actividades en el exterior, es decir, fuera de Estados Unidos, como las bases militares, por ejemplo.

Desde hace diez años también hay planes para reclutar a emigrantes sin papeles que llegaron a Estados Unidos siendo niños o que nacieron dentro del territorio, pero no tienen documentos porque sus padres siguen ilegales.

(*) https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2023-06-13/fuerzas-armadas-de-eeuu-reclutan-a-migrantes-y-les-ofrecen-via-para-naturalizarse

Tras una semana de disturbios y caos en Belfast, la capital de Irlanda del norte, el sábado tuvo lugar una manifestación antirracista que reunió a casi 15.000 personas.

Ese mismo día, a 110 kilómetros de Belfast, se produjeron altercados en Derry. Los republicanos irlandeses que se resisten a la anexión británica se enfrentaron con la policía.

Los enfrentamientos persistieron durante varias horas tras una marcha de unionistas protestantes que afirmaban su adhesión a la corona británica en la misma ciudad donde son mayoría los católicos partidarios de la reunificación con la República de Irlanda.

Una cincuentena de jóvenes comenzaron a atacar colectivamente a la policía con fuegos artificiales, cócteles molotov y otros proyectiles.

A pesar del acuerdo de paz de 1998 que puso fin a treinta años de choques en Irlanda del norte, las tensiones surgen con frecuencia, especialmente durante las marchas protestantes de verano, que se convierten en verdaderas provocaciones.

En los últimos días, se han formulado acusaciones contra grupos paramilitares unionistas de alimentar los disturbios fascistas que estallaron en Reino Unido tras el asesinato de tres niñas pequeñas.

Aunque Inglaterra ha recuperado cierta tranquilidad, Belfast ha sido esta semana escenario de incidentes racistas.

Tres detenidos en el campo de concentración de Guantánamo, acusados ​​de planear los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y que fueron torturados en las mazmorras clandestinos de la CIA, han aceptado declararse culpables de conspiración y asesinato.

Los tres detenidos, incluido Jalid Sheij Mohammed, al que acusan de los ataques de 2001 que mataron a casi 3.000 personas, aceptaron declararse culpables a cambio de garantías de los fiscales de que no enfrentarían la pena de muerte.

El chanchullo le da el capetazo a unos procedimientos legales que han estado guardando polvo durante años en discusiones previas al juicio sobre si las pruebas obtenidas de los acusados ​​mediante tortura eran admisibles ante el tribunal.

En la carta los fiscales dicen que los tres hombres, detenidos en Guantánamo desde 2006, podrían declararse culpables la próxima semana, según Clive Stafford Smith, un abogado que ha representado a los detenidos de Guantánamo. El acuerdo permitiría a Estados Unidos “dar un paso más para poner fin a un momento muy trágico en la historia de Estados Unidos y a una respuesta terrible y bárbara”.

“Una de las principales motivaciones de este acuerdo es que se considera un quid pro quo por el hecho de que personas como Jalid Sheij Mohammed hayan sido torturadas de maneras indescriptibles”, dijo el abogado.

Los torturadores le hicieron la bañera 183 veces.

Mohammed, un ciudadano paquistaní de 59 años, fue capturado en Rawalpindi en 2003 y luego recluido en mazmorras secretas de la CIA en Afganistán y Polonia, donde fue sometido a 183 ahogamientos simulados y sometido a otras formas de tortura y abusos, antes de ser trasladado a Guantánamo en 2006.

Sus coacusados, que también aceptaron declararse culpables, son Walid Bin Attash, ciudadano yemení de 46 años, y Mustafa Al Hawsawi, ciudadano saudí de 55 años.

A Attash le acusan de entrenar a algunos de los secuestradores involucrados en los ataques del 11 de septiembre de 2001, en los que aviones de pasajeros se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, y otro avión que se estrelló en Pensilvania.

A Hawsawi le acusan de financiar el complot. Tanto Attash como Hawsawi fueron capturados en Pakistán en 2003 y posteriormente retenidos en mazmorras clandestinas de la CIA y en Guantánamo.

A principios de este año un tribunal lituano ordenó al gobierno del país pagar una compensación a Hawsawi, dictaminando que el gobierno debería haber sabido que sería sometido a torturas en el centro de detención que la CIA tenía en el país.

Un informe del Comité de Inteligencia del Senado de 2014 sobre las torturas de la CIA encontró que Hawsawi estaba entre los detenidos sometidos a “técnicas de interrogatorio mejoradas, a pesar de dudas y preguntas sobre su conocimiento de las amenazas terroristas y la ubicación de altos dirigentes de Al Qaeda”.

El informe dice que Hawsawi fue sometido a exámenes rectales realizados “con una fuerza tan excesiva” que sufrió lesiones graves y problemas de salud continuos.

Como parte del acuerdo, los fiscales dijeron que los tres hombres también acordaron responder las preguntas planteadas por las familias de las víctimas del 11 de septiembre “sobre sus roles y razones para cometer los ataques del 11 de septiembre”.

El acuerdo, sin embargo, fue criticado por varios grupos que representan a los supervivientes y a las familias de las víctimas del ataque, que acusaron a Arabia saudí de estar implicada en los ataques del 11 de septiembre.

“Instamos al gobierno a garantizar que estos acuerdos no impidan información crítica que podría arrojar luz sobre el papel de Arabia saudí en los ataques del 11 de septiembre. Nuestra búsqueda de justicia no flaqueará hasta que se revele toda la verdad y se haga justicia para las víctimas y sus familias”, dijo Brett Eagleson, presidente de Justicia del 11 de septiembre, en un comunicado.

15 de los 19 secuestradores eran ciudadanos saudíes. El miércoles los abogados de Arabia saudí pidieron a un tribunal de Manhattan que desestimara un caso en el que las familias de las víctimas acusan a los diplomáticos saudíes en Estados Unidos de apoyar a algunos de los secuestradores del 11 de septiembre.

Otros dos detenidos de Guantánamo también fueron acusados ​​de participar los ataques. El año pasado un juez militar dictaminó que Ramzi Bin Al Shibh, un ciudadano yemení de 52 años detenido en Guantánamo, no era mentalmente apto para ser juzgado después de que sus abogados argumentaran que se había vuelto “loco” por las torturas e interrogatorios de la CIA.

Los abogados del quinto acusado, Ammar Al Baluchi, ciudadano kuwaití de 46 años, argumentaron que las torturas infligidas por la CIA le habían causado daños cerebrales tras ser utilizado como “material didáctico” por los verdugos.

30 detenidos siguen encarcelados en el campo de concentración de Guantánamo, sin acusación, sin juicio y sin defensa.

Aún no está claro dónde cumplirán Khalid Sheikh Mohammed, Attash y Hawsawi lo que se espera que sean condenas a cadena perpetua.

El abogado Stafford Smith afirmó que la oferta de los fiscales de llegar a acuerdos refleja los continuos fracasos y la “desmesurada inutilidad” del sistema de Guantánamo. “La idea de que un grupo de fiscales pudiera crear un sistema que redujera radicalmente los derechos de la defensa era estúpida e inmoral”, dijo, “con el resultado de que aquí estamos, 23 años después, y no ha habido ni habrá un solo juicio decente de nadie implicado en el 11-S”.

—https://www.theinteldrop.org/2024/08/02/guantanamo-detainees-agree-to-plead-guilty-to-israels-attack-on-9-11-after-over-2-decades-of-torture-and-rape-by-us-marines/