El Gobierno encabezado por Javier Milei creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad con el fin de poder usar esas nuevas herramientas tecnológicas para combatir el delito, lo que incluye monitorear redes sociales, aplicaciones y sitios de internet.
El Parlamento polaco acaba de aprobar una ley que autoriza a la policía a utilizar sus armas de fuego sin riesgo de ser procesados penalmente. La ley, que aún está pendiente de promulgación presidencial, marca un punto de inflexión en el enfoque de la represión en Europa.
El rearme y la guerra van de la mano del reforzamiento de los privilegios de la policía, que se extienden a los guardias fronterizos, así como a los militares. Tienen patente de corso. Nadie les puede exigir responsabilidades penales en caso de uso de armas o de la fuerza directa, incluso en violación de las normas establecidas.
La ley la han justificado por la necesidad de proteger la seguridad y las crecientes tensiones en la frontera polaco-bielorrusa, donde incidentes violentos, incluido el asesinato de un soldado polaco, han desatado la histeria política y mediática.
Polonia es miembro de la OTAN y de la Unión Europea y acusa a Moscú de facilitar el paso ilegal de miles de inmigrantes africanos a Europa, utilizando la frontera polaco-bielorrusa como punto de entrada.
No es nada nuevo, porque esos movimientos migratorios ya existían en los años ochenta del siglo pasado, cuando Polonia pertenecía al Pacto de Varsovia y los emigrantes llegaban en tránsito hacia la República Democrática Alemana (que a su vez querían trasladarse a otro lado del Telón de Acero).
Lo mismo que España, Polonia cree que la solución es cerrar las fronteras, levantar vallas más altas y poner al ejército a patrullar las lindes. Como eso nunca ha servido de nada en ninguna frontera del mundo, el gobierno de Varsovia carga contra Bielorrusia, que tiene el mismo problema, acusando a Minsk de “provocaciones constantes”.
La “licencia para matar” que ha aprobado el Parlamento polaco forma parte de esa ola de histerismo por reafirmar la soberanía territorial y la identidad nacional de que hacen gala en Europa los partidos más reaccionarios y xenófobos.
No obstante, la ley va a deparar muchas sorpresas en el futuro porque si la guardia de fronteras mata a discreción a los emigrantes que cruzan sin papeles, nadie va a reclamar, pero si ocurre lo mismo en las calles de cualquier ciudad, va a ser difícil tapar boca a las víctimas del “gatillo fácil”.
La nueva ley es tan disparatada que hasta el Consejo de Europa, a través de su Comisario de Derechos Humanos, Michael O’Flaherty, ha lanzado un aviso sobre las posibles consecuencias de la “licencia para matar”. En Bruselas temen que cree un marco jurídico y político propicio a la impunidad.
A partir de hoy, cuando se celebre la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, en París la vigilancia policial será máxima. Con la ayuda de la inteligencia artificial, se implementarán las nuevas tecnologías con el pretexto de la seguridad.
La vigilancia masiva se mantendrá hasta marzo del año que viene para poder completar el experimento y extraer conclusiones. El gobierno y las empresas dedicadas al control necesitan ampliar el radio de acción de los nuevos sistemas.
El año pasado se instalaron 60.000 videocámaras en las calles de Francia. En total ya hay más de 90.000, sin contar las instaladas en los comercios, bancos y aparcamientos.
Desde la semana pasada los desplazamientos por lsa calles París están restringidos. Los peatones, ciclistas, automovilistas y motoristas deben presentar un código QR para cruzar determinados puentes y acceder a zonas específicas.
Es el comienzo de la era de la vigilancia masiva. Las nuevas técnicas conectan los modelos inteligentes de aprendizaje automático a un sistema de cámaras de vigilancia, a través de aplicaciones informáticas integradas.
En los lugares públicos y más frecuentados, las nuevas técnicas permitirán un análisis automático de las imágenes que, a su vez, mejora las aplicaciones de videovigilancia en las cámaras ya instaladas.
Francia ha sido el primer miembro de la Unión Europea en legalizar la videovigilancia algorítmica y aprobar una ley que la regula con el pretexto de los Juegos Olímpicos. Algunos diputados presentaron la videovigilancia algorítmica como la solución misma al problema de la seguridad.
Desde entonces, la policía ha emitido las dos primeras órdenes para experimentar las nuevas técnicas: el 5 de marzo durante el concierto del grupo musical Depeche Mode y dos semanas después un partido de baloncesto.
Wintics, una de las cuatro empresas a las que el Ministerio del Interior ha adjudicado un contrato de 4 millones de euros para desarrollar las técnícas de vigilancia masiva, ha comparado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas con las “sombras chinas”. Intentaba tranquilizar a los defensores de los derechos fundamentales: las cámaras sólo detectan la silueta y la forma de personas u objetos.
Sin embargo, estas técnicas no son neutrales. Los datos y las elecciones de situaciones introducidas en los algoritmos “son obra de profesionales imbuidos de prejuicios de clase, que crean situaciones discriminatorias. Así, determinadas categorías de personas se verían más afectadas por su situación, como los mendigos, los manifestantes, los discapacitados, los músicos callejeros…
Los algoritmos expresan las normas dominantes y las discriminan del resto. Detectan diferentes personas que caminan de una forma diferente, o se mueven o gesticulan de forma diferente.
La eficacia real de estas técnicas es más que dudosa. En abril el Senado francés publicó un informe en el marco de una misión de seguimiento, explicando que la vigilancia masiva no será óptima para los Juegos Olímpicos y que los objetivos fijados en materia de seguridad no se podrán alcanzar. Por lo tanto, se desplegarán medios adicionales para compensar el fracaso de los anteriores.
El lunes de la semana pasada, después de una misión, las tropas llegaron al campamento militar instalado en el Bosque de Vincennes, muy cerca de París. El campamento, formado por barracas prefabricadas y camastros para dormir, se está construyendo en el este de París para albergar a 4.500 soldados asignados a la seguridad de los Juegos Olímpicos.
Para transformar los Juegos Olímpicos en una Conferencia Mundial de Seguridad, Macron aceptó el envío de miles de tropas, sin olvidar los miles de policías y gendarmes, flanqueados por sus colegas de todo el mundo: españoles, qataríes, británicos…
Las olimpiadas están sirviendo para ensayar otro estado de sitio, con 44.000 puestos de la policía que impiden los movimientos por la ciudad. la capital francesa es inhabitable. Los vecinos y los turistas huyen de los controles policiales en las calles, y las tiendas, los cafés y los restaurantes están vacíos.
“Agentes del Shin Bet, los servicios de seguridad interior israelíes, garantizarán la seguridad de los 88 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de París”, anunció el periódico británico The Telegraph, citando a un antiguo miembro del Shin Bet. Operarán en coordinación con la policía francesa.
Si conocemos su propensión a organizar ataques de bandera falsa, es más problemática la presencia de policías israelíes, con el pretexto de proteger a los 88 atletas israelíes que peligran en París.
Los que realmente necesitan protección son los palestinos, que no pueden ni mostrar su bandera en las olimpiadas.
Si querían comprar una entrada para asistir a las celebraciones del viernes, busquen bien en su billetera a ver si logran reunir 3.850 euros por cada asistente. En cualquier otro caso, enciendan la televisión.
Muchos de los soldados franceses enviados a Ucrania ya han muerto. Sus restos han sido repatriados discretamente. Han comprado el silencio de los familiares con importantes indemnizaciones: tres años de sueldo.
Esta semana las movilizaciones de Bangladesh han dejado al menos 115 muertos. La policía ha reaccionado brutalmente, empezando esta mañana a disparar con munición real en la capital, Dacca.
Las protestas fueron en gran medida pacíficas hasta el lunes, cuando los estudiantes, especialmente los de la Universidad de Dacca fueron brutalmente atacados por una milicia de matones del partido gobernante armados con barras de hierro, ladrillos y palos. El jueves y viernes han sido los días más mortíferos.
Ayer miles de manifestantes irrumpieron en una prisión en Narsingdi, en el centro de Bangladesh, liberaron a cientos de reclusos y le prendieron fuego a la cárcel. Por la noche sitiaron una comisaría de policía en Rangpur y tres de ellos murieron. Los hospitales y la policía informaron esta mañana de 10 muertes adicionales tras los enfrentamientos del día anterior y de otras 105 muertes desde el martes.
Cientos de miles de personas se enfrentaron ayer con la policía en Dacca. “Al menos 150 policías han sido ingresados en el hospital. Otros 150 recibieron primeros auxilios”, dijo el portavoz de la policía, añadiendo que a dos de ellos los mataron a golpes. “Los manifestantes han prendido fuego a numerosas comisarías de policía” y “muchas oficinas gubernamentales fueron incendiadas y destrozadas”.
“Abajo el dictador”, corearon los manifestantes esta semana durante varios desfiles en Dakar, una extensa ciudad de 20 millones de habitantes donde el jueves la multitud enfurecidaa prendió fuego a varios edificios gubernamentales. Al menos una persona resultó herida entre los miles de manifestantes reunidos esta mañana en el distrito de Rampura para protestar contra el toque de queda impuesto la víspera. Este último entró en vigor esta noche y permanecerá vigente al menos hasta la mañana del domingo.
La oficina de la primera ministra pidió al ejército que desplegara tropas después de que la policía nuevamente no lograra controlar los disturbios. «El ejército ha sido desplegado en todo el país para controlar los disturbios del orden público”, afirmó el portavoz de las fuerzas armadas, Shahdat Hossain.
El levantamiento no tiene precedentes en la historia reciente de Bangladesh. Durante una década, todos los movimientos de protesta se han paralizado rápidamente con el primer despliegue de los antidisturbios. Esta vez, después de los primeros ataques a las universidades el lunes, los estudiantes regresaron a las calles en cantidades aún mayores. Quieren un sistema abierto de acceso a los empleos gubernamentales, codiciados en un país donde el desempleo juvenil es muy alto. A partir de ahora ya no se trata sólo de cuotas. Los manifestantes se oponen al uso brutal de la fuerza por parte de la policía. Los estudiantes han anunciado que no van a permitir que sus compañeros mueran por nada.
Un portavoz de Estudiantes contra la Discriminación, el principal grupo que organiza las protestas, dijo que dos de sus dirigentes habían sido detenidos ayer. Un dirigente del Partido Nacionalista de Bangladesh, el principal partido de la oposición, también ha sido detenido esta mañana.
Los tiroteos policiales son la causa de más de la mitad de las muertes registradas desde principios de esta semana, según fuentes hospitalarias. El gobierno ha cortado la conexión a internet, una medida que sigue vigente, lo que dificulta gravemente las comunicaciones dentro y fuera de Bangladesh. Los sitios web públicos siguen siendo inaccesibles y los principales periódicos, incluidos el Dhaka Tribune y el Daily Star, no han podido actualizar sus perfiles en las redes sociales desde el jueves. Bangladesh Television, la emisora púbica, también permanece desconectada después de que los manifestantes quemaran su sede en Dacca el mismo día.
Desde principios de julio, las manifestaciones han sido casi diarias. Su objetivo es conseguir el fin de las cuotas de contratación en la función pública. Las cuotas reservan más de la mitad de los puestos para grupos privilegiados. La discriminación beneficia a los niños de los grupos progubernamentales que apoyan a la primera ministra, Sheikh Hasina, que ganó sus cuartas elecciones consecutivas en enero, tras una votación sin oposición real.
Desde las primeras muertes del martes, los manifestantes han comenzado a exigir la dimisión de la primera ministra Sheikh Hasina, que permanece en el poder desde hace 15 años. Su gobierno está acusado de asesinar sumariamente a los militantes de la oposición.
Ha cancelado sus viajes al extranjero. Hasina debía abandonar el país mañana para realizar una gira diplomática, pero se echó atrás después de la última semana de movilizaciones. Canceló sus visitas a España y Brasil debido a la situación insurreccional.
La libertad de expresión es una especie en vías de extinción en Europa. Giulia Cortese, una periodista italiana que se burló en internet de la pequeña estatura de la primera ministra Giorgia Meloni, ha sido condenada a pagar 5.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
Meloni, que mide 163 centímetros, asumió el cargo en octubre de 2022. Desde entonces ha llevado a varios periodistas a los tribunales.
Cortese llamó “mujercita” a la dirigente fascista en una publicación en las redes sociales en octubre de 2021, y añadió: “No me asustas. Además, mides 4 pies de altura”.
El comentario fue una respuesta al anuncio de Meloni en Facebook de que había demandado a Cortese por publicar una foto manipulada de la Primera Ministra sentada frente a una fotografía de Benito Mussolini. Meloni, dirigente del partido fascista Fratelli d’Italia, estaba en la oposición en aquel momento.
Sin embargo, el procedimiento relativo a la comparación con Mussolini fracasó porque no constituía un delito, ha declarado Cortese esta mañana.
La periodista confirmó que el tribunal de Milán le había condenado a pagar 5.000 euros a Meloni por difamación. “El gobierno italiano tiene un grave problema con la libertad de expresión y la disidencia periodística”, comentó Cortese.
Meloni también demandó con éxito al periodista y escritor Roberto Saviano por difamación. En diciembre de 2020 el autor del libro “Gomorra” sobre la mafia de Nápoles la llamó “bastarda” en la televisión por su línea dura con los inmigrantes.
En octubre un tribunal le impuso una multa de 1.000 euros, aunque Meloni había solicitado 75.000 euros en concepto de indemnización.
En 2021 Meloni también demandó a dos periodistas del diario Domani por un artículo en el que afirmaba que había intentado utilizar su influencia para obtener, en nombre de un miembro de su partido, el suministro de mascarillas al sistema sanitario italiano.
Los enfrentamientos en Bangladesh entre la policía y los estudiantes, que se manifiestan contra los enchufes en el servicio público, han dejado 32 muertos, entre ellos un periodista.
Esta mañana cientos de manifestantes arrollaron a los antidisturbios, que les disparaban balas de goma, y les persiguieron hasta la sede de la cadena pública de televisión BTV en Dacar, la capital, donde se habían refugiado.
A continuación, la multitud enfurecida prendió fuego al edificio de recepción del canal y a decenas de vehículos aparcados fuera. Un responsable de la cadena dijo que pudieron evacuarlo. “El fuego continúa (…) Nuestra transmisión ha sido interrumpida por el momento”, añadió.
La primera ministra Sheikh Hasina condenó el asesinato de manifestantes ayer en un discurso televisado y prometió que los responsables serían castigados. No fue suficiente. La violencia aumentó cuando la policía volvió a intentar dispersar las protestas con balas de goma y botes de gases lacrimógenos.
“Primero exigimos que el primer ministro nos pida disculpas”, dijo una manifestante de 18 años. “En segundo lugar, se debe hacer justicia para nuestros hermanos asesinados”, añadió.
Al menos 25 personas, entre ellas un periodista, han sido asesinadas hoy por la policía, además de las siete muertes reportadas a principios de la semana, según un recuento hospitalario. Además, hay cientos de heridos.
Las armas policiales “no letales” son la causa de más de dos tercios de las muertes, según las descripciones facilitadas por los hospitales.
A lo largo del día han estallado nuevos enfrentamientos en varias ciudades de Bangladesh cuando los antidisturbios cargaron contra los manifestantes, que iniciaron una nueva ronda de cortes de carreteras y autopistas.
Esta mañana los helicópteros han rescatado a 60 policías atrapados en el tejado de un campus universitario, escenario de violentos enfrentamientos en la capital.
Los restos de tres estudiantes y un conductor fueron trasladados a un hospital de Dacar. “Fueron heridos por balas de goma”, dijo el subdirector del hospital Moitri, Mahfuz Ara Begum. “Aquí también están siendo tratados más de 150 estudiantes. La mayoría de ellos recibieron el impacto de balas de goma en los ojos”, añadió.
“Tenemos siete muertes aquí”, dijo un responsable del hospital Uttara Crescent de Dacar. “Los dos primeros eran estudiantes con heridas de bala de goma. Los otros cinco tenían heridas de bala”, dijo.
Otros mil manifestantes fueron tratados en el hospital por heridas sufridas durante los enfrentamientos con la policía, dijo el sanitario, añadiendo que muchas de ellas resultaron heridas por balas de goma.
Didar Malekin, del medio de comunicación en línea Dacar Times, dijo que Mehedi Hasan, uno de sus reporteros, fue asesinado mientras cubría los enfrentamientos en Dacar.
Otros hospitales informaron de otras 14 muertes esta mañana, incluidas 10 en Dacar, dos en la ciudad portuaria de Chittagong y dos en ciudades vecinas.
Las protestas casi diarias exigen el fin del sistema de cuotas que beneficia a los hijos de los grupos que apoyan a Sheikh Hasina, de 76 años, que ha gobernado el país desde 2009.
Mubashar Hasan, un experto en Bangladesh de la Universidad de Oslo en Noruega, dijo que las protestas se habían convertido en descontento contra el régimen. “Protestan contra el carácter represivo del Estado”, afirmó. “Los manifestantes cuestionan la dirección de Hasina, acusándola de aferrarse al poder por la fuerza”, añadió. “Los estudiantes en realidad la llaman dictadora”.
La población ha informado hoy de cortes en el acceso a internet en todo el país, dos días después de que censuraran Facebook, la principal plataforma en la que se organizan las protestas.
El viceministro de Telecomunicaciones, Zunaid Ahmed Palak, dijo que el gobierno había ordenado el corte del acceso a internet para evitar “rumores, mentiras y desinformación”.
Paralelamente a la represión policial, manifestantes y estudiantes aliados con la gobernante Liga Awami de la Primera Ministra también se enfrentaron en las calles con ladrillos y palos de bambú.
Amnistía Internacional dijo que las pruebas en vídeo de los enfrentamientos de esta semana muestran que los antidisturbios de Bangladesh utilizaron la fuerza de manera ilegal.
En un comunicado de prensa el FBI ha anunciado que ha pirateado el móvil de Thomas Matthew Crooks, el hombre que intentó asesinar a Trump durante un mitin en Pensilvania. La intrusión tuvo lugar en la sede del FBI en Quantico, Virginia, porque los policías que enviaron al escenario no pudieron desbloquearlo.
Además, los policías que investigan el intento de asesinato han registrado la casa del pistolero, encontrando varios dispositivos electrónicos.
Las policías pueden revisar un teléfono y descargar su contenido con las aplicaciones informáticas que tienen y a través de los repetidores. Es posible rastrear todos los movimientos del tirador, enumerar a las personas con las que entró en contacto y consultar todas sus búsquedas en línea.
Para acceder a los dispositivos electrónicos de la población, el FBI tiene una variedad de herramientas a su disposición, en particular Cellebrite, una aplicación diseñada para desbloquear y extraer datos de los teléfonos.
Forma parte de las herramientas de extracción de dispositivos móviles (MDTF, Mobile Device Forensics Tools). Lo mismo que Pegasus, Cellebrite es una empresa israelí fundada en 1999 que se ha consolidado como uno de los principales actores en el campo de las aplicaciones forenses digitales.
Otra herramienta de extracción de datos es GrayKey, diseñada por la empresa Grayshift. La aplicación desbloquea los iPhone, aunque también funciona en teléfonos Android. Se vende entre 15.000 y 30.000 dólares.
El FBI no es la única institución represiva que se beneficia de este tipo de aplicaciones informáticas. Más de 2.000 aparatos policiales de Estados Unidos tienen acceso a herramientas de extracción de datos privados.
La situación ha cambiado desde el tiroteo de San Bernardino en diciembre de 2015. La masacre, perpetrada por dos individuos, dejó 14 muertos y 22 heridos. Tras el tiroteo, el FBI recuperó el iPhone de Syed Rizwan Farook, uno de los pistoleros. El dispositivo estaba protegido por un código de bloqueo y el FBI no pudo acceder a los datos almacenados en el dispasitivo.
El FBI pidió ayuda a Apple para desbloquear el móvil y la empresa se negó, alegando el derecho a la intimidad y la confidencialidad. El caso llegó a los tribunales. Un juez ordenó a Apple que brindara asistencia técnica al FBI para desbloquear el iPhone. La multinacional impugnó la decisión, diciendo que equivaldría a introducir una puerta trasera en iOS que podría ser explotada por instituciones públicas y piratas informáticos.
Finalmente, en marzo de 2016 el FBI logró desbloquear el móvil sin la ayuda de Apple. La ayuda se la prestó una pequeña empresa llamada Azimuth Security, especializada en apoyar a la policía a penetrar en los móviles.
Tras la represión masiva en las calles de Nueva Caledonia, donde cientos de manifestantes fueron detenidos por la policía francesa, la metrópoli se dispone a descabezar el movimiento. Es el comienzo de una represión mucho más selectiva.
Varios dirigentes independentistas de la colonia, entre ellos Christian Tein, han sido detenidos y esta noche los han trasladado en avión a la metrópoli para ser encarcelados preventivamente, anunciaron ayer sus abogados.
La decisión la ha tomado un juez de libertades y detención llamado a pronunciarse sobre la suerte de 7 de los 11 detenidos el miércoles, entre ellos Tein, considerado como el dirigente de la Unidad de Coordinación de la Acción en el Campo (CCAT).
El fiscal Yves Dupas confirmó la decisión, sin proporcionar más detalles, tras las comparecencias a puerta cerrada ante el juez en Numea, capital del archipiélago francés del Pacífico Sur.
Los cargos tampoco se han aclarado. La investigación se centra en particular en las acusaciones de asociación de malhechores, robo a mano armada por parte de una banda organizada e instigación para cometer asesinatos de personas que ostentan cargos públicos.
Tein va a ser encarcelado en Mulhouse, al este de Francia, según su abogado.
Otra acusada, Brenda Wanabo, responsable de comunicación de la CCAT, será encarcelada en Dijon, según su abogado, Thomas Gruet. Madre de tres hijos, el menor de los cuales tiene 4 años, esta dirigente kanaka será separada de su familia.
En cuanto a Frederique Muliava, jefa de gabinete del presidente del Congreso de Nueva Caledonia, Roch Wamytan, será encarcelada en Riom, según su abogada.
Son algunos de los cabezas de turco que van a pagar los platos rotos de las movilizaciones del pasado mes de mayo. “Si se tratara de convertirlos en mártires de la causa independentista, no lo haríamos de otra manera”, comentó el abogado de otro acusado, Gilles Joredie.
Las órdenes de prisión se producen seis semanas después del inicio del levantamiento que sacudió al archipiélago, el más grave desde la de los años ochenta del siglo pasado.
Impulsados por la votación de un proyecto de ley constitucional destinado a alterar el censo electoral caledonio para las elecciones provinciales previstas para finales de este año, los disturbios dejaron nueve muertos, centenares de heridos y daños considerables, con un coste estimado en 1.500 millones de euros, según al último informe.
El levantamiento fue un éxito total. El proyecto de ley que encendió la pólvora fue “suspendido” el 12 de junio por Macron, aprovechado la disolución de la Asamblea Nacional.
En 2004 el Pentágono nombró a la general Janis Karpinski, comandante de la 800 Brigada de la Policía Militar, al frente de las prisiones militares en Irak, entre ellas la de Abu Ghraib. Era una oficial experta en operaciones de inteligencia. Había servido en las fuerzas especiales.
Pareció encantada de ejercer de carcelera y concedió una entrevista al St. Petersburg Times. Dijo que para muchos detenidos de Abu Ghraib, “las condiciones de vida son ahora mejores en prisión que en casa. En un momento temimos que no quisieran irse”.
Un mes después fue amonestada y suspendida de su cargo porque se inició una investigación sobre las cárceles militares, que concluyó con un informe de 53 páginas, que acabó en manos de los medios de comunicación.
Según el informe, entre octubre y diciembre de 2003 en Abu Ghraib se produjeron numerosos casos de “abuso criminal sádico, flagrante y sin sentido”. Fueron perpetrados por soldados de la 372 Compañía de la Policía Militar, así como por miembros de la inteligencia estadounidense:
“Romper lámparas químicas y arrojar líquido fosfórico a los detenidos; arrojar agua fría sobre detenidos desnudos; golpear a los reclusos con una escoba y una silla; amenazar a los reclusos varones con violarlos; autorizar a un guardia de la policía militar a coser la herida de un detenido que había resultado lesionado tras ser golpeado contra la pared de su celda; sodomizar a un recluso con una lámpara química y posiblemente un palo de escoba, y utilizar perros de trabajo militares para asustar e intimidar a los detenidos amenazándolos con atacarlos y, en un caso, morder a un recluso”.
La chusma militar estadounidense encargada de las cárceles estaba tan convencida de su impunidad que no había escondido sus torturas; las había fotografiado, incluso. Pero las fotos y vídeos tomados por los torturadores no se incluyeron en el informe debido a su “naturaleza extremadamente sensible”.
Varias fotografías fueron transmitidas por la cadena CBS. Muestran a la chusma uniformada burlándose de prisioneros desnudos que son obligados a adoptar posturas humillantes.
En una de las fotos más conocidas, la soldado Lynndie England, con un cigarrillo en la boca, hace un gesto con el pulgar hacia arriba y señala los genitales de un joven detenido, desnudo, salvo por una bolsa de arena en la cabeza, mientras se masturba.
También muestran a otros tres prisioneros desnudos y encapuchados con las manos cruzadas reflexivamente sobre los genitales. Un quinto prisionero tiene las manos a los costados.
En otra foto, la torturadora está del brazo de otro soldado, Charles A. Graner. Ambos sonríen y levantan el pulgar detrás de un grupo de unos siete detenidos desnudos, con las rodillas dobladas, apilados torpemente uno encima del otro en forma de pirámide. Otra foto muestra a un grupo de prisioneros desnudos, todavía apilados en una pirámide
Cerca dellos está Graner, sonriendo, con los brazos cruzados. Delante de él hay una mujer soldado, inclinada hacia delante, que también sonríe. Luego hay otro grupo de cuerpos encapuchados, con una mujer soldado parada al frente, tomando fotografías.
Otra fotografía muestra a un prisionero arrodillado, desnudo, sin capucha, con la cabeza momentáneamente apartada de la cámara, posando de tal manera que da la impresión de que está practicando sexo oral a otro prisionero, desnudo y encapuchado.
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