Categoría: Represión

Un juez de vigilancia pentenciaria francés ordenó el viernes la libertad condicional del libanés Georges Ibrahim Abdallah, encarcelado desde hace 40 años por complicidad en la ejecución de dos diplomáticos estadounidenses e israelíes, que posteriormente fueron reconocidos como pertenecientes al espionaje en sus respectivos países.

La liberación es bajo la condición de abandonar el territorio francés y no regresar. La Fiscalía especial antiterrorista ha anunciado que va a recurrir la orden judicial, por lo que la liberación quedará en suspenso.

La ejecución de los dos espías se produjo cuando Israel estaba en la anterior guerra con Líbano, una invasión que provocó la muerte de 18.000 combatientes y civiles árabes y culminó en la matanza de los campos de refugiados de Sabra y Chatila.

Militante comunista libanés, Abdallah fue acusado de complicidad en ambas ejecuciones y, a pesar de sus negativas, fue condenado en 1984 a cadena perpetua por un tribunal especial encargado de juzgar los casos de terrorismo.

Todo el juicio fue un montaje. Primero los jueces franceses violaron la norma “non bis in idem”, ya que Abdallah fue juzgado dos veces por los mismos hechos. Luego su abogado confesó que lo había traicionado y que trabajaba para los servicios secretos franceses.

A pesar de ello. los tribunales franceses se negaron a revisar el juicio. Abdallah no era un terrorista sino un comunista libanés que luchaba para defender a su país contra una invasión israelí respaldada por Estados Unidos.

La propaganda mediática lo presentó como un “terrorista propalestino”, término utilizado por los intoxicadores contra quienes luchan contra Israel.

Debía haber sido liberado en 1999. El tribunal de vigilancia penitenciaria lo anunció varias veces, que fue sistemáticamente anulada por los tribunales superiores, tras los correspondientes recursos de la fiscalía.

El punto culminante se alcanzó cuando se pronunció su liberación con la condición de que el ministro del Interior dictara una orden de expulsión. Entonces era Manuel Valls quien estaba al frente y se negó a aprobar la expulsión.

Una militante británica de Acción Palestina, Francesca Nadin, está encarcelada desde el 29 de junio, en espera de juicio por “conspiración para cometer actos criminales” tras su participación en protestas contra dos grandes bancos, Barclays y JP Morgan, conocidos por invertir en Elbit Systems, el mayor productor de armas de Israel, que desempeña un papel clave en la fabricación de misiles y aviones de combate utilizados en las acciones genocidas de Israel.

Antes de su detención, Nadin, acompañada por otros tres militantes, conmemoró el 76 aniversario de la Nakba ocupando las instalaciones de Teledyne Defence & Space en Shipley, Bradford. El grupo subió al tejado y destruyó partes de la fábrica de armas estadounidense, interrumpiendo la producción de misiles y aviones de combate F-35 de Israel.

El caso de Nadin es parte de un movimiento creciente en Reino Unido, ya que ella es una de los 16 presos políticos de Acción Palestina actualmente encarcelados por su militancia. A pesar de estar tras las rejas, Nadin compartió un mensaje de resistencia y solidaridad, expresando gratitud por el apoyo recibido.

Nadin habló desde su celda y enfatizó la importancia de la resistencia. “Si bien no puedo estar con vosotros en persona, estos muros no pueden silenciar la fuerza de nuestro apoyo. Cartas de personas que nunca he conocido me recuerdan todos los días que mi sacrificio tiene significado”, dijo. “Estoy orgullosa de representar nuestro movimiento y se lo agradezco de todo corazón”.

Sus reflexiones desde la prisión arrojan luz sobre los desafíos que tienen los cómplices europeos de la masacre de Gaza, destacando el racismo y las divisiones que enfrentó. Destacó la diferencia entre el racismo en prisión y problemas sociales más amplios alimentados por los políticos y los medios.

“El racismo tiene sus raíces en el pasado colonial de Reino Unido. La ignorancia lo mantiene vivo”, dice. “Necesitamos crear conciencia, de lo contrario el ciclo de odio continuará”.

En prisión, Nadin ha conocido de primera mano la naturaleza represiva del sistema judicial británico. Algunos jueces incluso han admitido que utilizan la cárcel para disuadir futuras iniciativas de protesta.

A pesar de trato recibido en la cárcel, Nadin se mantiene firme y dice que las tácticas utilizadas contra los solidarios sólo revelan el impacto de sus acciones, que han ejercido presión sobre empresas como Barclays y Elbit Systems.

“Nos castigan porque tienen miedo”, afirma. “Nuestras acciones les están costando caro: Barclays está bajo una inmensa presión, Elbit Systems está siendo derrocado y Scotiabank está sufriendo reacciones adversas por su complicidad con Israel”.

Para Nadin, de 38 años de edad, la lucha va más allá de Palestina. Dice que se trata de defender el derecho a manifestarse y la libertad de expresión. “Debemos denunciar las injusticias en todo el mundo”, insistió. “Ya sea en prisión o fuera, seguiré luchando, como todos nosotros, sin miedo, unidos, con la justicia y el amor en el corazón”.

—http://www.presos.org.es/index.php/2024/11/16/paperclip-la-operacion-secreta-con-la-que-estados-unidos-recluto-a-cientificos-nazis-criminales-de-guerra-y-borro-su-atroz-pasado/

La policía británica ha detenido a un profesor judío israelí, Haim Bresheeth, en aplicación de la ley antiterrorista por hablar en favor de Gaza durante una manifestación de solidaridad con Palestina el 1 de noviembre en Londres.

Bresheeth está acusado de participar en un “discurso de odio” por parte de la policía de Londres, tras exigir la expulsión de la embajadora de Israel en Reino Unido, Tzipi Hotovely.

Bresheeth es cineasta, fotógrafo e investigador cinematográfico en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de Londres.

En enero, la embajadora Hotovely afirmó en un programa de radio de Reino Unido que “cada mezquita, cada escuela, cada casa” en Gaza tenía acceso a un túnel subterráneo utilizado por Hamas. Cuando se le preguntó si esto significaba destruir todos los edificios en Gaza, Hotovely respondió: “¿Tienen otra solución?”

El profesor es el fundador de la Red Judía para Palestina, una ONG con sede en Reino Unido que organizó la protesta del 1 de noviembre.

En un vídeo que muestra la detención de Bresheeth, se puede escuchar a un policía decir: “Hoy usted pronunció un discurso […] por lo que se le detiene en aplicación de la ley de 2000 sobre terrorismo por pronunciar discursos de odio”.

Entonces Bresheeth le responde: “¿Discurso de odio? ¿Pronuncié un discurso de odio?” El universitario le pregunta entonces si se ha equivocado, si el supuesto discurso de odio no tuvo lugar realmente durante la manifestación. El policía continúa con la detención sin responderle. “No entiendo por qué me detiene”, insiste el profesor.

Se puede escuchar a los solidarios que rodean a Bresheeth acusando a la policía de “antisemitismo” y pidiéndoles que aclaren lo que dijo, lo que consideran como “discurso de odio”.

La Red Judía para Palestina dijo que el detenido quería que “todos supieran que se encontraba bien, en comparación con lo que están pasando los palestinos”.

Muchos periodistas que se oponen al genocidio israelí en Gaza están siendo detenidos y sus viviendas registradas en los últimos meses en aplicación de la leye antiterrorista.

—http://www.presos.org.es/index.php/2024/11/08/declaracion-de-georges-abdallah-40-anos-preso-politico-en-francia-alemania-torturas-en-la-mayor-prision-de-baviera-palestina-libre-la-historia-no-perdonara-a-los-indiferentes

El 28 de octubre el Ministerio francés de Interior publicó un informe (1) reconociendo el uso ilegal de la aplicación informática Briefcam, de origen israelí, entre 2015 y 2023. Esta herramienta permite el reconocimiento facial y es uno de los ataques más graves a la intimidad en los últimos años.

La policía reconoce el uso del reconocimiento facial “fuera del marco legal”, al menos una vez durante los últimos ocho años. Esta “implementación única” se remonta al verano del año pasado, cuando varios municipios franceses se enfrentaban a levantamientos violentos desencadenados por la muerte de Nahel Merzouk, asesinada a quemarropa por un agente de policía durante un control en la carretera.

“En este contexto excepcional se activó la función de reconocimiento facial […] integrando en Briefcam fotografías de personas sospechosas por los investigadores de haber participado en los disturbios”. No informaron a ningún juez de ello, como era su obligación. Dos personas surgieron del análisis automático de rostros realizado por la aplicación, antes de que la investigación policial las exculpara.

Su método de investigación, intrusivo e ilegal, nunca fue mencionado en el atestado.

Ese único ejemplo de uso ilegal basta para demostrar que, pulsando un botón, la policía puede proceder a un reconocimiento facial utilizando imágenes filmadas en espacios públicos.

El anterior ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, nunca lo reconoció, pero era la típica mentira de un ministro europeo.

En una investigación de Disclose, un policía admitió que el reconocimiento facial se utiliza activamente: ”Cualquier policía cuyo departamento esté equipado puede solicitar el uso de Briefcam, transmitiendo un vídeo o una foto”, al margen del control judicial (2).

La policía francesa reconoce que el reconocimiento facial es algo rutinario y cifra en 563 los casos entre 2015 y 2023. El programa no conserva ningún archivo informático de los datos utilizados después del procesamiento y no existe ningún registro sistemático y continuo por parte de la policía que permita tener una visión acabada de su aplicación.

El 1 de enero de este año la marca de cámaras fotográficas Canon, propietaria de Briefcam, eliminó la opción en las versiones de sus aplicaciones.

El Ministerio del Interior intenta encubrir el uso ilegal de Briefcam por parte de la policía, que durante ocho años recurrió habitualmente a la aplicación israelí, aunque nunca lo mencionó en los atestados que presentaba a los jueces.

(1) https://s3.documentcloud.org/documents/25259929/rapport-du-ministere-de-linterieur-sur-lutilisation-du-logiciel-de-reconnaissance-faciale-briefcam.pdf
(2) https://disclose.ngo/fr/article/la-police-nationale-utilise-illegalement-un-logiciel-israelien-de-reconnaissance-faciale

El poder es control político, que se ejerce sobre las personas y también sobre las cosas, como forma de controlar a las personas. Dicho control es cada vez más estricto y se impone con una batería de pretextos cada vez más amplia, que van desde la identidad hasta la sanidad.

Ciertos países, como Kuwait, sirven de conejillos de Indias para ensayar las nuevas formas de control social. El país del Golfo acaba de implementar un registro biométrico para todos sus ciudadanos y residentes que viven en su territorio. Quien llegue tarde corre el riesgo de que le congelen su cuenta bancaria y le suspendan su documento de identidad. En otras palabras, puede quedar socialmente incapacitado.

El gobierno kuwaití tiene una forma muy cruda de alentar a las personas eque viven en su país a cumplir con sus mandatos. Todos los kuwaitíes han debido someterse al registro biométrico antes del 1 de octubre y todos los residentes deberán hacerlo antes del 31 de diciembre. En caso contrario, se exponen a sanciones bancarias y administrativas.

El sistema de registro biométrico comenzó a implementarse en Kuwait en mayo del año pasado. Inicialmente solo afectaba a los viajeros que llegaban al país: ciudadanos y residentes que regresaban o visitantes extranjeros. A partir del 1 de marzo se amplió a toda la población adulta, fijándose como fecha límite el 1 de junio, aunque luego se retrasó.

“El Estado se ha comprometido a recopilar datos biométricos para abordar cuestiones relacionadas con la doble nacionalidad y fortalecer las medidas de seguridad. Además, detectará automáticamente a personas que utilicen pasaportes fraudulentos para ingresar en el país”, explica Biometric Update (1).

Según Gulf News, el gobierno kuwaití tiene intención de colaborar con terceros, incluida la Interpol y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (del que Kuwait forma parte junto con Arabia saudí, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein), para establecer un red de seguridad (2).

El castigo es la primera consecuencia de la desobediencia. “El incumplimiento de esta medida de seguridad dará lugar a restricciones de determinados servicios ministeriales, incluida la renovación de los permisos de residencia y de los permisos de viaje”, afirma Biometric Update.

Pero las personas son desobedientes a este tipo de controles. A principios de septiembre 175.000 ciudadanos y 800.000 residentes aún no habían registrado sus datos biométricos. A medida que se acercaba la fecha límite para los ciudadanos, el gobierno decidió utilizar amenazas adicionales para obligar a los recién llegados y recalcitrantes a pasar por el aro.

“Quienes no cumplan con los plazos de registro biométrico serán suspendidos de los servicios públicos. El Banco Central del país también planea implementar restricciones graduales en las cuentas bancarias de las personas que no cumplan con los requisitos de registro de datos biométricos”, advierte Biometric Update.

El Banco Central de Kuwait ordenó a los bancos que cumplan la decisión ministerial, según el periódico Times Kuwait, que especifica las cuatro etapas del sistema de control. En primer lugar, el envío de un mensaje de alerta a todos los clientes recalcitrantes antes del 30 de septiembre, seguido del cierre de todos los canales electrónicos (acceso a cuentas en línea y transferencias en línea) a partir del 1 de octubre, luego la desactivación de las tarjetas bancarias y, finalmente, la congelación total de las cuentas corrientes (3).

Times Kuwait también señala que “las restricciones bancarias no se limitarían únicamente a los saldos. La prohibición se extenderá a todas las cuentas mantenidas por los clientes en los mercados financieros, incluidas acciones, fondos, carteras y otros activos administrados por terceros, ya sea en el sector público o en el privado. Eso significa que todos los fondos provenientes de la venta de acciones, bienes raíces u otras transacciones comerciales se transferirán a cuentas congeladas por el banco”.

En cambio, “los pagos adeudados por los clientes seguirán deduciéndose durante el período restringido para pagar a los acreedores, incluidos los prestamistas y la hacienda pública”.

El 30 de septiembre, fecha límite de registro para los ciudadanos, Arab Times Kuwait informó que casi 60.000 kuwaitíes aún no habían completado su registro biométrico. A partir del 1 de octubre fueron bloqueados sus canales electrónicos y sistemas de pago en línea. Desde el 15 de octubre, las tarjetas bancarias de quienes aún no se han sometido están desactivadas, obligándolos a acudir a una sucursal para retirar dinero. A partir del 1 de noviembre sus cuentas serán completamente inaccesibles (4).

Además de las sanciones bancarias y administrativas, incluida la retirada de su documento de identidad tradicional, los reacios también corren el riesgo de ser objeto de una investigación destinada a determinar las razones por las que se niegan a obedecer.

A principios de octubre el Departamento General de Seguridad informó que un ciudadano kuwaití abandonó voluntariamente el Aeropuerto Internacional de Kuwait, después de negarse a completar su registro biométrico, que es obligatorio para ingresar en el país.

(1) https://www.biometricupdate.com/202403/kuwait-to-share-biometrics-with-interpol-gulf-countries-for-regional-security-network
(2) https://gulfnews.com/world/gulf/kuwait/unified-gcc-biometric-fingerprint-linkage-under-way-1.101830662
(3) https://timeskuwait.com/banks-ready-for-biometric-fingerprint-deadline-account-restrictions-loom/
(4) https://www.arabtimesonline.com/news/urgent-biometric-fingerprint-centers-open-until-midnight-today-to-meet-final-deadline/

Mañana sabremos si al preso político más viejo de Europa, el comunista libanés George Ibrahim Abdallah, le conceden la libertad condicional después de penar 40 años en las cárceles francesas.

Nunca se había conocido un caso así. Debería haber salido de prisión en 1999, pero los jueces posmodernos, incluso los franceses, tienen una contabilidad muy creativa. Se sabe cuándo entras, pero nunca cuándo sales.

La situación es tan vergonzosa que hasta Le Monde, el periódico prestigioso por antonomasia, se ha visto obligado -¡por fín!- a escribir un reportaje al respecto y, como siempre, más que la realidad misma, lo que nos gusta es ver cómo la cuentan los plumíferos.

Le Monde construye su historia a partir de Louis Caprioli, un antiguo policía de la DST, el contraespionaje francés de los ochenta. Era el cabecilla de la “lucha antiterrorista” y el tiempo no le impide seguir con sus montajes y ficciones, aunque ya no tenga que acudir a los tribunales, sino a los micrófonos de los medios.

El caso es singular desde el primer momento, cuando el 24 de octubre de 1984 Abdallah se presentó en la comisaría de policía de Lyon para pedir protección: creía que le perseguían los asesinos del Mosad para matarle. “Éramos nosotros”, dice Caprioli, que considera culpable a Abdallah porque en una de sus viviendas “encontramos el arma que había sido utilizada para matar a un oficial estadounidense [Charles Ray, oficial de la CIA] y a otro israelí [Yacov Barsimentov, del Mosad]”, dice el madero.

Inicialmente a Abdallah sólo le acusaron de tenencia de armas y documentación falsa, pero Estados Unidos e Israel presionaron a los jueces y no descansaron hasta que lograron una cadena perpetua por vías más que rocambolescas.

Veamos: poco después de la detención de Abdallah, la organización a la que pertenecía, las FARL (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Líbano), secuestraron al director del centro cultural francés en Trípoli (Líbano) y exigieron su liberación.

Como la pena de Abdallah no era muy elevada, cuatro años de cárcel, el entonces jefe de la DST, Yves Bonnet, intentó negociar su liberación con los servicios secretos argelinos. Fue en aquel mismo momento cuando el arma apareció milagrosamente en la vivienda de Abdallah.

Los esbirros de Caprioli registraron dos veces la vivienda de Abdallah. Al principio no vieron nada, pero cuando volveron por segunda vez “descubrimos una maleta y el arma homicida en su interior”. Pero también un pequeño frasco de ‘tipp-ex’, un líquido blanco que servía de borrador en la época de las máquinas de escribir. En el frasco encontraron una huella dactilar de Abdallah.

Otro olvido de este manipulador: en la maleta milagrosa había un diario fechado en una época en la que Abdallah ya estaba en prisión.

Así de chapuceras son las “pruebas” en los juicios políticos amañados por policías de la catadura de Caprioli, que los periódicos serios y rigurosos, como Le Monde, dan por buenas, lo mismo que los fiscales y los jueces. Si los franceses aún se escandalizan por el caso Dreyfus, lo que espera con el de Abdallah es aún más esclarecedor del rumbo que toman los montajes represivos en la vieja Europa.

A la organización a la que pertenecía Abdallah, las FARL (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Líbano) le imputaron la muerte de dos técnicos en desactivación de explosivos que murieron en agosto de 1982 cuando intentaban desactivar una bomba colocada en el centro de París. A Abdallah también le acusaron del doble crimen, en el que ni él ni las FARL habían tenido ninguna participación.

En 1985 y 1986, el ejército israelí había invadido Líbano y, los atentados menudearon por Europa, en solidaridad con la resistencia libanesa. Entonces Abdallah estaba encerrado en la cárcel y Caprioli sus secuaces señalaron con el dedo a los amigos de Abdallah. Decía que con los atentados pretendían liberar a su jefe.

Acompañado de algunos policías y del juez Marsaud, Caprioli fue a la prisión para hacerle confesar que, en efecto, él ordenaba los atentados desde la cárcel. Es paradógico porque, si hubiera confesado su intervención, ya estaría en la calle.

Después de una campaña brutal de intoxicación en su contra, hoy todos los medios franceses, incluido el juez Marsaud, reconocen que Abdallah no tenía nada que ver con los atentados por los que fue condenado, ni por la ola de explosiones que hubo en Francia en aquella época (*).

Las pistas conducen hasta Irán, que quería castigar a Francia por su apoyo, mediante la venta de armas, a Irak, que entonces estaba en guerra contra Teherán. Además, Irán pretendía recuperar su acceso a la planta de enriquecimiento de uranio Eurodif. Tras la caída del Sha en 1979, Francia había suspendido la participación de Irán en Eurodif.

‘Lo matamos y así no tendremos que hablar más de ello’

Pero quien manda en el caso Abdallah no es Francia sino Estados Unidos, que es tanto como decir Israel.

En 1986 el ministro del Interior francés envió a un emisario de la DGSE, la inteligencia exterior francesa, a Washington para reunirse con el gran padrino de la CIA, William Casey, para que autorizara la liberación de Abdallah. Le explicaron que el problema es que la CIA no perdona. Una de las víctimas del doble atentado de 1982, Charles Ray, también era de la CIA.

Luego fue Casey el que viajó personalmente a París. Cenó con el ministro francés de Seguridad, Robert Pandraud y le llegó a enseñar el tenedor como amenaza.“Si Francia no condena a Abdallah a cadena perpetua, las cosas irán mal entre nuestros dos países, habrá una ruptura diplomática. Será un gran escándalo”.

Pandraud le propone otra solución: “Lo haremos más sencillo: liberaremos a Abdallah y lo enviaremos a Oriente Medio. Luego lo liquidaremos y así no hablaremos más de ello”.

Las presiones americanas sobre Francia aparecen en un documento desclasificado de la CIA fechado en noviembre de 1986 que menciona “las presiones ejercidas por el gobierno estadounidense para que Abdallah no sea liberado”. Mientras tanto “las FARL podrían empezar a atacar los intereses americanos debido a la frustración provocada por el papel desempeñado por parte de Estados Unidos al mantener a Abdallah en prisión”.

(*) https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/secrets-d-info/secrets-d-info-du-samedi-22-juin-2024-7526241

Los suizos rechazaron el proyecto de identidad digital en un referéndum convocado en 2021, en plena pandemia, y ahora los medios anuncian a bombo y platillo su implementación.

En 2021 el proyecto fue rechazado por el 64 por cien de los votos a causa de la gestión privada y la centralización de datos. Para justificar la manipulación, los medios reinterpretan el significado de los votos: el rechazo se debía únicamente a que la tecnología de identidad digital la gestionaban empresas privadas, en lugar del propio Estado.

La manipulación fue anunciada en noviembre del año pasado por el Consejo Federal. Para tranquilizar la mala conciencia, Berna declaró que dicha identidad digital sería “gratuita, opcional, fácil de utilizar y enteramente en manos del Estado”.

Cualquier persona que tenga un documento de identidad o pasaporte suizo o un permiso de residencia para extranjeros puede solicitar un documento de identidad electrónico, en línea o a través del servicio de pasaportes. Posibilidad solicitada durante el procedimiento de consulta.

Será posible utilizarlo en Internet, por ejemplo, para solicitar un extracto de antecedentes penales, un permiso de conducción o un certificado de residencia. Pero también en el mundo físico a través de una aplicación de teléfono inteligente para demostrar la edad al comprar alcohol.

El Consejo Federal ha aprendido la lección de 2021, declaró a los medios de comunicación en Berna Elisabeth Baume-Schneider, consejera federal encargada de Justicia. “La ley ha sido repensada de la A a la Z, en particular en las cuestiones esenciales de seguridad y protección de datos”, añadió.

Pero, más allá del argumento del respeto a la intimidad y la seguridad de los datos, quienes se oponen a estos nuevos métodos de identificación también ven otros riesgos. La concentración de herramientas digitales en torno a la identificación electrónica es la clave para el establecimiento de una forma de vigilancia y gobierno mundial, que acabará con las libertades públicas.

El 30 de abril de este año se publicó en el Diario Oficial el reglamento europeo sobre identidad digital que “obliga a los Estados miembros a desarrollar al menos una aplicación móvil que permita a los ciudadanos europeos almacenar y utilizar datos vinculados a su identidad”.

Un primer intento de implementar un sistema de este tipo en Reino Unido se denominó “GOV.UK Verify”. Ante la falta de adopción por parte de los británicos y las numerosas críticas recibidas, el sistema fue finalmente abandonado en abril del año pasado. El gobierno relanzó inmediatamente un nuevo proyecto, esta vez llamado “One Login For Government”.

El 16 de abril la policía entró en las oficinas de Google en Nueva York y California para detener a varios trabajadores que protestaban por un contrato de computación en la nube de 1.200 millones de dólares firmado con el gobierno israelí llamado Proyecto Nimbus. Desde 2021 los trabajadores de las dos empresas rechazan el acuerdo y las protestas se han intensificado desde la reanudación de la guerra de Israel contra Gaza.

Los trabajadores dicen que el contrato convierte a las empresas en cómplices de las guerras de Israel y del trato ilegal e inhumano del gobierno de Tel Aviv a los palestinos. Google insistió en que el proyecto no estaba destinado a trabajos militares y no estaba relacionado con armas o inteligencia, mientras que Amazon no discutió públicamente su alcance.

Pero los documentos públicos y declaraciones de dirigentes israelíes y trabajadores de Google y Amazon muestran que el ejército israelí ha desempeñado un papel central en el Proyecto Nimbus desde su inicio, dando forma al diseño del mismo y, al mismo tiempo, siendo uno de sus usuarios más importantes. Los altos dirigentes israelíes saben que el acuerdo con Google y Amazon proporciona una infraestructura importante para el ejército sionista.

En febrero, en una conferencia dedicada al Proyecto Nimbus, los medios israelíes citaron al director del ciberespacio de Israel, Gaby Portnoy, quien atribuyó al contrato el mérito de ayudar en las matanzas de palestinos. “Están sucediendo cosas fenomenales en la batalla gracias a la nube pública Nimbus, cosas que favorecen la victoria”, dijo Portnoy. “No daré detalles”.

Las declaraciones de Portnoy contradicen las de Google a los medios, que han tratado de restar importancia a los vínculos militares del Proyecto Nimbus. “Este trabajo no está destinado a armas o trabajos de inteligencia altamente sensibles, clasificados o relacionados con el ejército”, dijo la portavoz de Google, Anna Kowalczyk. “El contrato Nimbus implica tareas realizadas en nuestra nube comercial por los ministerios del gobierno israelí, quienes aceptan cumplir con nuestros términos de servicio y reglas de uso aprobados”.

Los contratos de Google prohíben a los clientes realizar “actividades de alto riesgo”, definidas como situaciones en las que “el uso o la falla de los Servicios podrían causar razonablemente la muerte, daños corporales, daños ambientales o daños a la propiedad (como la creación u operación de instalaciones nucleares, aire control de tráfico, sistemas de soporte vital o armamento).

La afirmación de Portnoy se suma a informes los recientes que confirman los vínculos militares establecidos desde hace mucho tiempo en virtud del contrato Nimbus. Un documento interno de Google dice que el Ministerio de Defensa israelí tiene su propia “zona de actividad” dentro de la infraestructura del Proyecto Nimbus de la empresa y dos empresas públicas israelíes de armas utilizan los servicios en la nube de Google y Amazon como parte del Proyecto Nimbus.

El origen del Proyecto Nimbus

El Proyecto Nimbus comenzó en 2019 como una importante actualización tecnológica para el gobierno israelí. Encabezado por el Ministerio de Finanzas, el proyecto no tenía una fecha de finalización específica y pedía que el gobierno eligiera proveedores de nube preferidos que construirían nuevos centros para almacenar datos de forma segura en Israel. Al igual que otros clientes de la nube, el gobierno israelí podría utilizar Google para el almacenamiento de datos y utilizar sus herramientas integradas para el aprendizaje automático, el análisis de datos y el desarrollo de aplicaciones.

Un primer indicio de la participación del ejército israelí en el Proyecto Nimbus apareció en junio de 2020: “Me complace anunciar que el Ministerio de Defensa (en nombre del ejército israelí) ha decidido asociarse con el centro de computación en la nube y, al hacerlo, hacerlo más grande y más atractivo”, escribió Shahar Bracha, director general de la Agencia Digital Nacional de Israel, sugiriendo que los militares serían uno de los principales usuarios de los servicios.

Durante el proceso de licitación de tres años, muchos otros documentos y declaraciones públicas fueron explícitos sobre la estrecha participación del ejército israelí en Nimbus y su papel esperado como usuario. “El Proyecto Nimbus es un proyecto para proporcionar servicios de nube pública al gobierno, el Ministerio de Defensa y el ejército israelí”, se lee en una declaración proporcionada por el Ministerio de Finanzas israelí en 2022. “Los órganos de seguridad pertinentes han sido socios en este proyecto desdel primer día y todavía lo son por derecho propio”.

La participación del ejército israelí incluía tener voz y voto en la elección de las empresas que ganarían el contrato de Nimbus. Un informe de auditoría de 2021 de la Auditoría del Estado de Israel afirma que el ejército se unió al proyecto “para permitir la transferencia de sistemas desclasificados a la nube pública” y señala que “el Ministerio de Defensa y el ejército israelí son elementos cruciales del equipo que trabaja en la licitación, tanto en el pliego de condiciones como en la evaluación de los resultados”.

Al final, Google y Amazon ganaron los contratos del Proyecto Nimbus, superando a Microsoft y Oracle. Un comunicado de prensa en inglés fechado el 20 de mayo de 2021, en el que felicitaba a las empresas y anunciaba que “el gobierno israelí se está trasladando a la nube”, aclaró que el proyecto Nimbus estaba destinado a servir “al gobierno, los servicios de seguridad y otras entidades”.

Google y Amazon no pueden elegir las instituciones con las que trabajan y un abogado del Ministerio de Finanzas israelí admitió que el contrato prohibía a las empresas “negar servicios a entidades gubernamentales en particular”.

Varias declaraciones y documentos del gobierno israelí publicados desde 2022 confirman la participación continua del ejército israelí en el Proyecto Nimbus, aunque no proporcionan detalles sobre las herramientas utilizadas. Por ejemplo, un documento oficial publicado el 15 de junio de 2022, que describe el alcance del proyecto, afirma que “el Ministerio de Defensa y el ejército israelí” obtendrán un “mercado digital” exclusivo para los servicios a los que podrán acceder en el marco del proyecto Nimbus.

En julio de 2022 The Intercept informó sobre los materiales de formación y vídeos proporcionados a los usuarios de Nimbus dentro del gobierno israelí que revelaban algunas de las tecnologías específicas de Google a las que el contrato brindaba acceso. Estas incluyen prestaciones de inteligencia artificial, como reconocimiento facial, seguimiento de objetos, análisis de sentimientos y otras tareas complejas.

Las páginas oficiales del gobierno de Tel Aviv presentan la misma descripción repetitiva del proyecto Nimbus. El contrato se describe como un “proyecto emblemático de gran escala y plurianual”, llevado a cabo por la Administración de Contrataciones Públicas dentro de la División de Contabilidad General del Ministerio de Hacienda, en colaboración con la Unidad Nacional Digital, la Oficina Jurídica del Ministerio de Finanzas, la Unidad Nacional Cibernética, la División de Presupuesto, el Ministerio de Defensa y el Ejército israelí. Esta declaración aparece en una de las páginas principales del Proyecto Nimbus del gobierno, en un comunicado de prensa sin fecha, en un documento de estrategia en la nube para 2022 y en un comunicado de prensa de enero del año pasado.

También se publicó una versión de la declaración en un documento de política de Amazon Nimbus de enero del año pasado, y en la página de la “Cumbre Nimbus” de 2024, un acto privado que reúne a trabajadores de tecnología de Amazon, Google y decenas de otras empresas que han desempeñado un papel en la modernización de la infraestructura tecnológica de Israel en los últimos años.

Los lazos estrechos de las tecnológicas con Israel

El ejército israelí sigue estrechamente involucrado en el Proyecto Nimbus y las dos empresas estadounidenses de computación en la nube que trabajan en él. En junio del año pasado, Omri Nezer, jefe de la Unidad de Infraestructura Tecnológica de la Administración de Contratación Pública de Israel, publicó un resumen de una conferencia sobre computación en la nube organizada por el gobierno israelí. Escribió que su objetivo era reunir a personas de “diferentes oficinas gubernamentales como parte del Proyecto Nimbus”.

El artículo de Nezer menciona una mesa redonda a la que asistieron “un representante del ejército israelí” y el jefe de ingeniería informática de Rafael Advanced Defense Systems, una empresa de armamento creada originalmente como una empresa de investigación y desarrollo para el ejército israelí. Rafael e Israel Aerospace Industries, dos fabricantes de armas respaldados por el gobierno israelí, son “clientes obligatorios” de Google y Amazon en el marco del Proyecto Nimbus. El portavoz de Amazon, Duncan Neasham, dice que Rafael “no está obligado a utilizar Amazon Web Services (AWS) o Google sólo para servicios en la nube” y “también puede utilizar los servicios de otros proveedores de nube”.

Las instituciones de seguridad siguen siendo una parte importante del Proyecto Nimbus. En una publicación de 2023 etiquetada como #nimbus, Omri Holzman, jefe del equipo de defensa de Amazon Web Services, resumió un evento reciente organizado por AWS para clientes de defensa. “Tuvimos participantes de todas las organizaciones de seguridad de Israel”, escribió Omri Holzman, sin especificar de cuáles se trataba. “AWS se centra en la comunidad de Seguridad Nacional (NatSec), que tiene necesidades y requisitos únicos”.

Google presentó recientemente su modelo Gemini AI a la policía israelí y a dirigentes de seguridad nacional, la pieza central de los intentos de la empresa de búsqueda de competir con ChatGPT de OpenAI. En marzo Shay Mor, director y jefe del sector público y defensa de Google Cloud Israel, dijo que recientemente había presentado información sobre sus “proyectos revolucionarios Nimbus” a instituciones como la policía de Israel, la Agencia Digital Nacional de Israel y la Agencia Nacional de Israel.

“Fue un honor y un placer presentar nuestra tecnología Gemini y algunos de nuestros innovadores proyectos Nimbus a la policía de Israel, la Agencia Digital Nacional de Israel, el Ministerio de Educación y la Dirección Nacional Cibernética de Israel hoy en el evento Nimbus”. Mor publicó, refiriéndose al evento en el que Portnoy, jefe de la Dirección del Ciberespacio, dijo que Nimbus contribuyó a la lucha contra Hamas. Mor no especificó cómo el ejército israelí o los aparatos de seguridad podrían usar la inteligencia artificial de Google, pero la empresa dijo que Gemini podría ayudar a sus clientes a escribir códigos, analizar datos o identificar problemas de seguridad.

En sus propios comentarios sobre el acto, Portnoy sugirió que el Proyecto Nimbus tenía como objetivo fortalecer los vínculos de Amazon y Google con el aparato de seguridad de Israel. Dijo que las empresas eran “socios de trabajo” en un nuevo proyecto que creaba “un marco para la defensa nacional” con herramientas de seguridad basadas en la nube. Portnoy comparó el proyecto con el sistema de defensa antimisiles de Israel, llamándolo la “Cúpula de Hierro del ciberespacio”.

Crecen las protestas de los trabajadores

No es la primera vez que un acuerdo sobre la nube vinculado al ejército provoca protestas. Las recientes manifestaciones contra el Proyecto Nimbus lo atestiguan, especialmente en el seno de Google. Un antiguo trabajador de Google que fue despedido junto con varias docenas después de protestar contra el Proyecto Nimbus en abril dijo que años de intentar llevar a la empresa en una dirección más ética los había dejado exhaustos. “Me convencí de que, en el fondo, no se puede confiar en lo que dicen”, afirma. Protestaron en 2018 contra el Proyecto Maven, un contrato ahora extinto del Pentágono en el que los algoritmos de Google analizaban imágenes de vigilancia de drones, el trabajo de Google con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en 2019 y el Proyecto Nimbus que comenzará en 2021 con el grupo “No Tech for Apartheid”. “No tengo confianza en esa gente”.

La primera batalla importante contra el Proyecto Nimbus tuvo lugar en octubre de 2021, cuando una coalición de trabajadores de Google y Amazon publicó una carta abierta denunciando el contrato. “No Tech for Apartheid” también se formó explícitamente en respuesta al Proyecto Nimbus casi al mismo tiempo. Muchos de los que se unieron a estos primeros esfuerzos de organización también participaron en “No Tech for ICE”, un movimiento encabezado por trabajadores tecnológicos formado en 2019 para oponerse a que sus empresas trabajaran para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ariel Koren, quien en ese momento era gerente de proyectos en Google y ayudó a redactar la carta abierta, dice que su jefe le dijo a principios de noviembre de 2021 que tenía que trasladarse a Sao Paulo, Brasil, dentro de los 17 días hábiles bajo pena de multa o despido. Dimitió en marzo de 2022. Semanas después, un grupo de trabajadores organizaron protestas frente a las oficinas de Google y Amazon en Nueva York, Seattle y Durham, Carolina del norte, para expresar su solidaridad con Koren y la cancelación del Proyecto Nimbus.

Entonces las manifestaciones se multiplicaron. Emaan Haseem, un antiguo ingeniero de Google Cloud, fue despedido en abril junto con otros 48 trabajadores después de viajar de Seattle a San Francisco para participar en una sentada masiva en la oficina del director de Google Cloud, Thomas Kurian. Dice que “No Tech for Apartheid” forma parte del movimiento BDS (Boicot, Sanciones y Desinversiones), que presiona a Israel para poner fin a la ocupación de los territorios palestinos.

La oposición a las acciones militares de Israel en Gaza y Cisjordania es un pilar central de “No Tech for Apartheid”. El Proyecto Nimbus “es un contrato que destaca sobre todo para cualquiera que tenga los ojos pegados al genocidio que se está produciendo actualmente en Gaza”.

—https://www.wired.com/story/amazon-google-project-nimbus-israel-idf/

En el otoño de 1968 el periodista Earl Caldwell regresaba a la sede del New York Times después de un reportaje en California. No llevaba en su escritorio más de cinco minutos cuando una recepcionista le dijo que había dos hombres en la oficina que querían hablar con él. Eran del FBI.

Los policías querían saber más sobre un artículo que Caldwell acababa de escribir sobre el armamento de los Panteras Negras. Recientemente la redacción había asignado a Caldwell a cubrir a los Panteras Negras para el New York Times. Era su primer artículo sobre el movimiento político. Los policías le dijeron que querían más información sobre las armas sobre las que había escrito y más información sobre los Panteras en general.

El preriodista les dijo que todo lo que necesitaban saber estaba en el reportaje. Un año y medio después recibió una citación para comparecer ante un gran jurado y testificar sobre todo lo que sabía sobre los Panteras Negras, incluidas sus fuentes confidenciales.

En ese momento de su carrera, Caldwell ya era el pionero de los periodistas negros. Fue el único reportero que estuvo en Memphis cuando Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968. Ocurrió durante la primera misión de Caldwell con él. Fue también la primera vez que el New York Times enviaba a un reportero negro para cubrir las conferencias del defensor de los derechos de los negros.

“Le dije a mi editor que no quería estar en el sur”, recuerda Caldwell, por los prejuicios y la violencia raciales, “pero tampoco quería dejar pasar la oportunidad de cubrir a King. Fue surrealista estar allí y ver cómo se desarrollaba todo aquello”.

Después del asesinato de King, Caldwell pasó a cubrir los disturbios raciales que se estaban produciendo en todo el país para el New York Times. Fue durante aquella época cuando empezó a cubrir a los Panteras Negras, centrándose en San Francisco. Pasó más de un año informando sobre la organización en California.

“Los Panteras Negras eran realmente buenos difundiendo su mensaje”, dice Caldwell. “Me dieron un buen acceso porque querían que la gente supiera de qué iban”. Cubrió una amplia gama de historias sobre ellos, incluido su trabajo de divulgación, enfrentamientos con los antidisturbios y con otros movimientos negros.

“Realmente me llevé bien con ellos y estaba orgulloso de las historias que pude contar”, dice.

A medida que la cobertura de Caldwell sobre los Panteras Negras se hizo más intensa, también creció el interés del FBI en su trabajo. La policía siguió solicitando reuniones con él, con vistas a obtener información sobre el movimiento. Intentaron persuadirlo de que los Panteras Negras eran peligrosos.

Los derechos siempre se enredan en los pleitos

Caldwell se mantuvo firme y se negó. El New York Times contrató a un bufete de abogados para defender la publicación de las noticias, pero pronto se preocupó por la posición del bufete en la defensa de la libertad de expresión, ya que se dio cuenta de que los abogados querían entregar parte de la información al FBI. Caldwell dice que no había forma de que se convirtiera en un soplón de la policía. “Va en contra de todo lo que uno defiende en el periodismo”, dijo.

Cuando Caldwell recibió la citación del FBI, consultó con otros periodistas negros y finalmente buscó el asesoramiento del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, que lo puso en contacto con el abogado Anthony Amsterdam. Por su propia voluntad, se negó a comparecer ante el gran jurado, y Amsterdam compareció en su lugar. Argumentó que no debía comparecer y que la Primera Enmienda protege las fuentes y la información, así como la elaboración del reportaje. Amsterdam también defendió la importancia del trabajo de los periodistas negros y “cómo podríamos traer una respuesta y contarle a Estados Unidos sobre estas preguntas que eran tan importantes en ese momento”, recordó Caldwell.

El caso llegó al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, que falló a favor de Caldwell y acordó que no tenía que compartir su información confidencial con la policía. Sin embargo, fue una victoria efímera, ya que el gobierno apeló ante el Tribunal Supremo, que lo abordó junto con otros dos casos similares sobre el derecho a la libertad de expresión en febrero de 1972.

Los otros dos casos involucraban a Paul Pappas, un reportero de televisión de Massachusetts que también cubría a los Panteras Negras y que también había rechazado una citación para informar sobre ellos a la policía, y a Paul Branzburg, un reportero del Louisville Courier Journal que había estado informando sobre el cultivo de hachís. En su reportaje Branzburg entrevistaba a personas que lo cultivaban, pero sin revelar su identidad. Al igual que Caldwell y Pappas, se negó a informar a la policía después de que lo llamaran a comparecer ante un gran jurado.

¿Deben los periodistas hacer el trabajo de la policía?

El 29 de junio de 1972 en la sentencia del caso Branzburg, el Tribunal Supremo falló contra de los periodistas porque era inapropiado “conceder a los periodistas un privilegio testimonial del que no gozan otros ciudadanos”. Pero los jueces estaban divididos 5 contra 4 sobre la resolución, y ​​los que disentían argumentaban que la policía no tiene derecho a utilizar a los periodistas para que hagan un trabajo que les corresponde a ellos.

La sentencia significaba que Caldwell podía ir a la cárcel, pero el gobierno había conseguido lo que quería. No lo volvió a perseguir. El periodista continuó trabajando en el New York Times, cubriendo el juicio de Angela Davis en 1970, los “asesinatos de niños en Atlanta” y la campaña presidencial del reverendo Jesse Jackson en 1984. En 1979 se convirtió en el primer periodista negro en tener su propia columna en un periódico importante, tras pasarse al New York Daily News.

Tras la sentencia se desató un movimiento de protestas en todo Estados Unidos para proteger el derecho de los periodistas al secreto profesional.