Categoría: Estrategia

En 2001 Bush anunció que Estados Unidos se retiraba del histórico Tratado sobre Misiles Antibalísticos (ABM) de 1972, que prohibía (con algunas excepciones) el despliegue de sistemas de defensa antimisiles diseñados para derribar los misiles balísticos intercontinentales (ICBM) del adversario.

El Tratado ABM consolidó la doctrina de la Guerra Fría de Destrucción Mutua Asegurada: ninguna parte que poseyera armas nucleares las utilizaría contra otra potencia nuclear porque hacerlo conduciría a su propia desaparición, a través de represalias nucleares garantizadas.

La doctrina de la Destrucción Mutua Asegurada allanó el camino para los acuerdos posteriores de control de armamentos, desde las Conversaciones sobre Reducción de Armas Estratégicas (SALT) hasta el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) y los posteriores Tratados de Reducción de Armas Estratégicas (Start).

Putin condenó la decisión estadounidense de retirarse del Tratado ABM. En aquel momento, tanto los arsenales nucleares estratégicos estadounidenses como los rusos estaban sujetos a las limitaciones impuestas por el tratado Start de 1991. Los esfuerzos para reducir aún más las armas nucleares estadounidenses y rusas se emprendieron en virtud del Start II.

Pero la Guerra Fría no acabó con el desmantelamiento la URSS. Al abandonar el Tratado ABM, Estados Unidos lo anuló, y lo mismo ocurrió con el tratado Start III. El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Ofensivas (SORT), firmado en 2002, comprometía a Estados Unidos y Rusia a realizar reducciones adicionales a las previstas en el Start I, pero no contenía ningún mecanismo de verificación o cumplimiento.

El tratado Start I expiró en 2009 y el SORT en 2012. El nuevo tratado Start pretendía sustituir a ambos.

La defensa antimisiles

El punto de discordia es la defensa antimisiles. Bajo la presidencia de Putin, Rusia se negó a firmar ningún nuevo tratado sustantivo de control de armamento (el SORT era más informal que un tratado en cuanto a estructura y sustancia) que no abordara la defensa antimisiles.

Pero en 2008 Dmitry Medvedev sustituyó a Putin, que se convirtió en Primer Ministro.

Mientras el gobierno de Bush intentaba negociar un tratado de seguimiento del Start I, que pronto expiraría, Medvedev era reacio a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos que no incluyera limitaciones a la defensa antimisiles, que el presidente Bush no aceptaba.

Al final, el problema de negociar un nuevo tratado quedó en manos de Obama, que tomó posesión de su cargo en 2009.

En su primera reunión, celebrada en Londres a finales de marzo de 2009, Medvedev y Obama emitieron una declaración en la que acordaban “proseguir las reducciones verificables de nuestros arsenales ofensivos estratégicos en un proceso escalonado, empezando por la sustitución del Programa de Reducción de Armas Estratégicas”.

En cuanto a la defensa antimisiles, Medvedev y Obama acordaron tratarla como una cuestión aparte. “Aun reconociendo que persisten las diferencias sobre los objetivos del despliegue de medios de defensa antimisiles en Europa”, dice el comunicado, “hemos debatido nuevas oportunidades de cooperación internacional mutua en el ámbito de la defensa antimisiles”.

Aunque el nuevo tratado Start que negociaron Rusia y Estados Unidos se centraba en la reducción de los arsenales nucleares ofensivos, se suponía que iría seguido de un esfuerzo por parte de Estados Unidos para abordar la preocupación de Rusia por la defensa antimisiles.

Así se reflejó en el intercambio de declaraciones unilaterales no vinculantes adjuntas al nuevo tratado Start. La declaración de Rusia sobre Defensa Antimisiles establece que el nuevo tratado Start “sólo puede ser efectivo y viable” en condiciones en las que no se produzca una mejora cualitativa o cuantitativa de las capacidades del sistema de defensa antimisiles estadounidense.

Además, la declaración añade que cualquier mejora de las capacidades de defensa antimisiles de Estados Unidos que diera lugar a una amenaza para el potencial de fuerza nuclear estratégica de Rusia, se consideraría uno de los “acontecimientos extraordinarios” mencionados en el artículo XIV del tratado y podría llevar a Rusia a ejercer su derecho a retirarse del tratado.

Por su parte, Estados Unidos emitió su propio comunicado en el que afirmaba que la defensa antimisiles estadounidense “no pretende afectar al equilibrio estratégico con Rusia”, al tiempo que declaraba su intención de “seguir mejorando y desplegando sus sistemas de defensa antimisiles para defenderse de ataques limitados”.

Putin no acepta el acuerdo alcanzado entre Medvedev y Obama

Putin no aceptó el acuerdo alcanzado entre Medvedev y Obama. Según Rose Gottemoeller, la negociadora estadounidense del nuevo tratado, estuvo a punto de impedir las conversaciones cuando, en diciembre de 2009, volvió a plantear la cuestión de la defensa antimisiles.

Putin viajó a Vladivostok, donde pronunció un discurso en el que denunció el tratado como “totalmente inadecuado”, criticando a los equipos negociadores estadounidense y ruso por “centrarse únicamente en limitar las fuerzas estratégicas ofensivas”, señalando que “no limitan la defensa antimisiles”. El tratado es una pérdida de tiempo, dijo. “Deberíamos abandonar las negociaciones”. Según Gottemoeller, Medvedev se enfrentó a Putin y le dijo: “No, continuaremos estas negociaciones y las llevaremos a buen puerto”.

Anatoly Antonov era el negociador ruso del nuevo tratado Start y siguió las instrucciones del Kremlin de elaborar un tratado centrado en la reducción de las armas estratégicas ofensivas, dando por sentado que Estados Unidos cumpliría su palabra cuando se tratara de entablar negociaciones significativas sobre la defensa antimisiles.

Sin embargo, menos de un año después de la entrada en vigor del nuevo tratado, Estados Unidos demostró que no tenía intención de cumplir sus promesas. En una entrevista concedida al periódico ruso Kommersant, Antonov dijo que las conversaciones con la OTAN sobre un sistema de defensa antimisiles propuesto en Europa Occidental habían llegado a “un punto muerto”, añadiendo que las propuestas de la OTAN eran “vagas” y que la prometida participación de Rusia en el sistema propuesto “ni siquiera es objeto de discusión”.

Antonov advirtió entonces que la “falta de buena fe” de Estados Unidos en materia de defensa antimisiles podría llevar a Rusia a retirarse por completo del nuevo tratado Start.

Estados Unidos ofreció a Rusia que observara la prueba de un interceptor de misiles estadounidense, pero la oferta nunca llegó a buen puerto, y Estados Unidos restó importancia a la capacidad del misil SM-3 para interceptar misiles rusos, señalando que carecía del alcance necesario para ser eficaz contra misiles rusos.

Siguen las promesas y la política de buenas palabras

Ellen Tauscher, Subsecretaria de Estado para el Control de Armamentos y la Seguridad Internacional, ofreció entonces a Antonov garantías por escrito de que el sistema Aegis Ashore Mk 41, que utilizaba el interceptor de misiles SM-3, no estaba dirigido contra Rusia. Sin embargo, declaró: “No podemos ofrecer compromisos jurídicamente vinculantes, ni podemos aceptar limitaciones en la defensa antimisiles, que necesariamente debe seguir el ritmo de la amenaza cambiante”.

Estados Unidos pasó inmediatamente de las palabras a los hechos: en 2015 comenzó a probar el interceptor SM-3 Block IIA contra objetivos de misiles balísticos intercontinentales. En realidad, el SM-3 tenía alcance para derribar misiles rusos de alcance intermedio e intercontinental. Esos misiles se iban a estacionar en las bases construidas por la OTAN en Polonia y Rumanía, que estaban más cerca de la frontera con Rusia de lo que nunca habían estado las fuerzas de la OTAN.

Putin tenía razón frente a Medvedev. Lo mismo que en los Acuerdos de Minsk, no había engaño ni mala fe. Estados Unidos nunca se ata las manos con ningún acuerdo internacional, y menos con Rusia. Sin embargo, también Putin cedió finalmente, como cuenta Gottemoeller: “Putin, desde que se firmó el tratado, ha adoptado una postura muy positiva en esta cuestión. Desde que el tratado entró en vigor, lo ha calificado públicamente en repetidas ocasiones como el ‘patrón oro’ de los tratados nucleares y lo ha apoyado… Sé que está comprometido con el tratado y con los esfuerzos que se están realizando ahora mismo en este diálogo de estabilidad estratégica para lanzar nuevas negociaciones”.

Sin embargo, Putin siguió preocupado por la amenaza de la defensa antimisiles estadounidense. El 1 de marzo de 2018 pronunció un discurso ante la Duma: “Quiero decir a todos aquellos que han alimentado la carrera armamentística durante los últimos 15 años, han buscado ventajas unilaterales sobre Rusia y han introducido sanciones ilegales destinadas a contener el desarrollo de nuestro país: todo lo que queríais evitar con vuestras políticas ya ha sucedido. Han fracasado en su intento de contener a Rusia”.

Putin se refería al desarrollo de varias armas estratégicas rusas nuevas, como el ICBM pesado Sarmat y el vehículo hipersónico Avangard, que eran la respuesta directa a la retirada de Estados Unidos del Tratado ABM. Putin añadió que Rusia había advertido a Estados Unidos de que tomaría tales medidas en 2004. “Nadie nos escuchó entonces”, dijo Putin. “Así que escúchennos ahora”.

Una de las personas que escuchaba era Gottemoeller. “La gente está preocupada por […] los llamados nuevos sistemas de armas exóticas que el presidente Putin desplegó en marzo de 2018”, dijo en 2021. “Ya están bajo los límites del nuevo tratado Start, el llamado [ICBM] pesado Sarmat y también el Avangard, que es su primer vehículo planeador hipersónico de alcance estratégico que se están preparando para desplegar. Ya han dicho que lo incluirán en el nuevo tratado Start”.

Cualquier futuro acuerdo de control de armamento buscaría limitaciones para estos sistemas, añadió Gottemoeller. Es la ley del embudo: lo ancho para mí y lo estrecho para los demás.

Tras la pandemia, la Guerra de Ucrania

En febrero de 2021 el nuevo tratado Start se prorrogó por cinco años más, aunque los rusos esperaban que las divergencias se pudieran resolver utilizando a la Comisión Consultiva Bilateral, exigida por el tratado, que se reúne dos veces al año para dirimir las disputas sobre la interpretación de las cláusulas.

A principios de 2020, con la pandemia, ambas partes acordaron suspender las inspecciones in situ y las reuniones de la Comisión Consultiva Bilateral. A mediados de año los negociadores estadounidenses y rusos empezaron a discutir la creación de protocolos conjuntos que pudieran implementar tanto las inspecciones como las consultas de la Comisión, a pesar de la pandemia.

Pero entonces comenzó la Guerra de Ucrania y, con ella, las sanciones, que prohibían a los aviones rusos sobrevolar el territorio de Estados Unidos e imponían restricciones de visado a los rusos que transitaran por la Unión Europea o Reino Unido de camino a Estados Unidos. Las sanciones también prohibieron el envío de equipos de inspección de armamento a Estados Unidos utilizando los protocolos de inspección de corto plazo del nuevo tratado Start, que tienen plazos estrictos de aplicación.

En junio del año pasado Estados Unidos declaró unilateralmente que la moratoria de las inspecciones impuesta por la pandemia ya no estaba en vigor. El 8 de agosto intentó enviar a Rusia un equipo de inspección con poca antelación para realizar las tareas de inspección exigidas por el tratado. Rusia rechazó la entrada del equipo y acusó a Estados Unidos de intentar obtener una ventaja unilateral realizando inspecciones in situ cuando Rusia no podía hacerlo. Era una vuelta a la ley del embudo. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó que “no existen obstáculos similares a la llegada de inspectores estadounidenses a Rusia”.

Las inspecciones entraron en un punto muerto. Los diplomáticos de ambas partes iniciaron consultas para convocar una reunión de la Comisión Consultiva y finalmente pudieron acordar la fecha del 29 de noviembre del año pasado en El Cairo. Sin embargo, cuatro días antes de la fecha prevista, Rusia anunció la cancelación de la reunión.

En declaraciones al periódico Kommersant, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Ryabkov, dijo que la Guerra de Ucrania estaba en el centro de la decisión. “Existe, por supuesto, el efecto de lo que está sucediendo en Ucrania y sus alrededores”, dijo Ryabkov. “No lo voy a negar. El control de armamentos y el diálogo en este ámbito no pueden ser inmunes a lo que ocurre a su alrededor.

Rusia: una concesión detrás de otra

A principios de este año el Departamento de Estado envió un informe al Congreso sobre el cumplimiento por parte de Rusia del nuevo tratado Start, en el que acusaba a Rusia de violarlo, al negar a los inspectores estadounidenses el acceso a emplazamientos en el interior de Rusia.

Rusia, dijo un portavoz del Departamento de Estado, “no está cumpliendo con su obligación en virtud del nuevo tratado Start de facilitar las actividades de inspección en su territorio”, señalando que “la negativa de Rusia a facilitar las actividades de inspección impide a Estados Unidos ejercer importantes derechos en virtud del tratado y amenaza la viabilidad del control de armas nucleares ruso-estadounidense”.

En su discurso de 21 de febrero del año pasado Putin destacó el papel de Estados Unidos y la OTAN en facilitar el uso por parte de Ucrania de aviones no tripulados de la era soviética para llevar a cabo un ataque contra una base cerca de Engels (Rusia), que albergaba los activos aéreos estratégicos de Rusia, incluidos bombarderos con capacidad nuclear. También dijo que acababa de firmar las órdenes para que los sistemas Sarmat y Avangard estuvieran operativos y, como tales, inspeccionables en virtud del nuevo tratado Start.

“Estados Unidos y la OTAN están diciendo directamente que su objetivo es infligir una derrota estratégica a Rusia”, declaró Putin. “¿Van a inspeccionar nuestras instalaciones de defensa, incluidas las más nuevas, como si no hubiera pasado nada? ¿De verdad creen que les dejaremos entrar así fácilmente?”

Rose Gottemoeller comentó que Estados Unidos “no va a cambiar su política hacia Ucrania porque él [Putin] esté enfadado por el nuevo tratado Start. Eso no va a ocurrir”.

La posición de Putin se basa en principios y nace de la retirada de Estados Unidos del tratado ABM. Estados Unidos, y Gottemoeller personalmente, se aprovecharon de las concesiones realizadas por Medvedev sobre la defensa antimisiles durante las negociaciones del nuevo tratado Start y, evidentemente, no están dispuestos a cumplir con las garantías ofrecidas a Rusia.

Las concesiones de Medvedev llevaron a Rusia a desplegar nuevas clases de armas nucleares estratégicas -el Sarmat y el Avangard- para derrotar a los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses, incluidos los desplegados en Europa.

Estados Unidos pretende apoyarse en el nuevo tratado Start para acceder a los nuevos sistemas de armas rusos, al tiempo que niega a Rusia sus derechos recíprocos de inspección en virtud del tratado.

El nuevo tratado Start permanecerá en el limbo durante un futuro indefinido y expira en febrero de 2026. Eso significa que existe la posibilidad de que el control de armamento entre Estados Unidos y Rusia haya acabado.

Aunque Estados Unidos y Rusia se habían comprometido previamente a firmar un tratado que sustituyera al nuevo tratado Start, la Guerra de Ucrania representa un obstáculo casi insuperable para cualquiera que pretenda tener dicho tratado listo para su firma y ratificación antes de que expire el anterior.

Existe la posibilidad de que, dentro de dos años, Estados Unidos y Rusia se encuentren sin ningún mecanismo verificable para hacer frente a los temores e incertidumbres que rodean a los respectivos arsenales nucleares de ambas partes, por lo que es posible que ambos se enzarcen en una carrera armamentista desenfrenada, alimentada por la ignorancia de lo que hace el otro, que muy bien podría conducir a malentendidos y errores de cálculo de consecuencias incalculables.

La joya de la corona de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, el caza F-35, lleva años plagado de averías y sobrecostes. Sin embargo, el Congreso sigue encargando nuevas unidades. Esta chapuza ilustra el peso del complejo militar-industrial en la política estadounidense.

El poder adquirido por las empresas armamentísticas, entre ellas Lockheed Martin, explica el consenso bipartidista que prefiere financiar las armas a instaurar una mínima protección social.

El pasado mes de diciembre, unas espectaculares imágenes del accidente de un avión Lockheed Martin F-35B en una base de las Fuerzas Aéreas en Fort Worth, Texas, circularon por internet. En el vídeo, de 37 segundos de duración, se ve cómo el avión planea sobre una pista, aterriza, rebota y la rueda de morro se desprende, lo que hace que el avión caiga de morro y empiece a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Incapaz de recuperar el control de la aeronave, el piloto acabó eyectándose, pero sufrió heridas graves. Este trágico accidente es sólo el último de una larga serie de choques de F-35. El año pasado se registraron otros dos, uno de ellos en octubre en una base de las Fuerzas Aéreas en Utah.

Si las imágenes se hicieron virales fue por la desconcertante y absurda forma en que se produjo el accidente: el F-35 parece más un avión de papel lanzado por la brisa que una pieza tecnológica de 100 millones de dólares. Además, el F-35 se ha convertido en un símbolo de las equivocadas prioridades políticas de Estados Unidos: la prisa, tanto de republicanos como de demócratas, por financiar herramientas de guerra en lugar de hacer otras cosas socialmente más productivas con fondos públicos, como desarrollar viviendas asequibles, abordar la desigualdad, introducir bajas por maternidad y guarderías… Visto así, los fracasos del F-35 se convierten en un espejo de la eterna incapacidad de Estados Unidos para mirar hacia dentro en lugar de hacia fuera para resolver sus problemas.

Las innovaciones bélicas son necesarias para satisfacer la ansiedad sobre la “competencia” con China, así como sobre el futuro de la supremacía estadounidense.

“Nos hemos gastado 1,7 billones de dólares en el F-35”, tuiteó el comentarista Kyle Kulinski en respuesta al accidente. No es cierto; ésta cifra es el coste total previsto para 66 años, por lo que todavía no es real. Pero una cifra tan elevada -equivalente al importe del proyecto de ley de gastos aprobado recientemente por el Congreso para mantener en funcionamiento el gobierno federal el próximo año y al total de la deuda estudiantil en forma de préstamos federales- dice mucho de la mala gestión financiera del Pentágono. Sin embargo, el F-35 no puede resumirse en su exorbitante coste. Su historia es emblemática del complejo militar- industrial estadounidense.

Los traficantes de armas mandan más que los diputados

La saga del F-35 comenzó hace más de veinte años. Tras la Guerra Fría, las fuerzas aéreas querían sustituir los cazas F-16, que se habían quedado obsoletos. Tras recibir ofertas competitivas de Lockheed y Boeing, el Pentágono hizo un pedido a Lockheed de un nuevo caza en 2001. El F-35 debutó en 2006. Pero en los más de 15 años transcurridos desde que el F-35 salió de la cadena de producción, han surgido un problema tras otro: el peso del avión, su informática e incluso su capacidad para maniobrar correctamente. En 2015, después de más de una década de inversión, cuando todavía se esperaba que el avión costara menos de un billón de dólares, el F-16 seguía rindiendo mejor.

Sin embargo, los problemas que afectan al F-35 no son una anomalía. El F-35 es el típico producto de la forma en que funciona el sistema de defensa estadounidense, el proceso de adquisición a grandes monopolios y la relación público-privada entre el ejército, los contratistas de defensa y el Congreso. Un sistema que se puso en marcha al principio de la Guerra Fría.

Las historias sobre los fallos de funcionamiento del F-35, los sobrecostes para solucionar esos problemas y las audiencias del Congreso que reprenden -con cierta ligereza, cuando no simpatía- al Pentágono y a los ejecutivos de los contratistas de defensa por esos retrasos y gastos excesivos, recuerdan al C-5A Galaxy. Ejemplo paradigmático del “despilfarro” del ejército estadounidense en la Guerra Fría, el C-5A tenía el tamaño de un campo de fútbol. No era un caza avanzado como el F-35, sino un avión de transporte diseñado para mover 90 toneladas de carga. Lockheed Martin consiguió el contrato para el C-5A en los primeros meses de la guerra de Vietnam en 1965, un contrato de 3.000 millones de dólares que se convirtió en un gasto de 9.000 millones para el gobierno federal a principios de los años setenta. El C-5A tenía grietas en las alas y finalmente resultó ser incapaz de cumplir su propósito, pues sólo conseguía transportar aproximadamente la mitad de la carga para la que había sido diseñado. Lockheed gastó millones más para solucionar los problemas, pero no consiguió nada.

Cuando salvaron al traficante de armas de la quiebra

Debido a su ineficacia y coste, las Fuerzas Aéreas redujeron sus pedidos del C-5A en 1970, dejando a Lockheed en un aprieto. En 1971 los sobrecostes del C-5A, así como los del avión comercial L-1011 TriStar, llevaron a Lockheed al borde de la quiebra. En la primavera de 1971, los bancos privados dejaron de conceder préstamos a Lockheed y era probable que la empresa quebrara.

Sólo el gobierno podía salvarla. La empresa solicitó al Congreso un rescate en forma de garantías de préstamo por un total de 250 millones de dólares. Si no obtenía esos fondos, Lockheed se hundiría y se llevaría consigo entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo en treinta y cuatro estados de Estados Unidos, por no hablar de su importancia para la seguridad nacional estadounidense. La petición de Lockheed era, pues, un ultimátum al Congreso. Lockheed se convirtió así en una de las primeras empresas “demasiado grandes para quebrar”.

Tras un polémico y reñido debate en el Senado -que tuvo lugar en el momento álgido de la oposición pública a la guerra de Vietnam-, se aprobaron las garantías de préstamo solicitadas por Lockheed. El Congreso no quería perder su inversión en el avión, ni quería recortar puestos de trabajo mientras la economía entraba en recesión y aumentaba la inflación. Así que el C-5A continuó operando en los conflictos provocados por Estados Unidos, siendo finalmente reequipado y modernizado al C-5B y luego al C-5C. Ahora vuela como C-5M.

Al igual que con el C-5A, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos están revisando su compromiso con el F-35 y considerando la posibilidad de reducir sus compras previstas de este avión. ¿Es posible, entonces, que el F-35 sea el sucesor del C-5A en el sentido de que sus sobrecostes lleven a Lockheed a la insolvencia (una vez más), y obliguen a un examen minucioso e incluso a una reevaluación del complejo militar-industrial? Por desgracia, esto parece muy poco probable.

Quienes desean recortar y reformar el presupuesto de defensa y cancelar programas como el F-35 -por no hablar de desmilitarizar la economía estadounidense- se enfrentan a varios obstáculos. El más obvio es el argumento del empleo, la afirmación de que detener el F-35 enviará a los estadounidenses directamente al paro. La producción del avión C-5A había afectado principalmente a los trabajadores de un puñado de estados: Georgia, California y Wisconsin. Las piezas del F-35, en cambio, se fabrican en cuarenta y cinco estados y Puerto Rico. Incluyendo a los diversos subcontratistas que trabajan en el F-35, da un total de unos 300.000 puestos de trabajo. Es cierto que no es una cifra enorme comparada con los 163 millones de estadounidenses en activo. Pero la dispersión de los puestos de trabajo por todo el país frena una campaña de movilizaciones contra este tipo de despilfarro militar.

Las ventas de F-35 a países extranjeros también son fundamentales para la forma en que Estados Unidos lleva a cabo su actividad diplomática. Estados Unidos ha autorizado la venta de F-35 a países como Polonia y está considerando la posibilidad de venderlos a Turquía para contener la influencia rusa en ese país. Estas ventas -y la perspectiva de más- han cobrado aún más importancia para los intereses de la política exterior estadounidense desde el inicio de la Guerra de Ucrania en febrero del año pasado. Además, la explosión del comercio mundial de armas desde la década de 1970 ha convertido al F-35 en una herramienta central para la construcción de alianzas, que son claves para sostener su hegemonía.

La privatización de la industria de defensa

Luego está el papel que desempeñan los contratistas de defensa en la economía. En un artículo de 2019 para el New York Times, la periodista Valerie Insinna reveló que Lockheed Martin ejerció su influencia -directa pero discreta- sobre el futuro presupuesto del F-35, y que el proceso de contratación permitió a Lockheed gestionar libremente un producto gubernamental. En cierto modo, los zorros vigilaban el gallinero. Uno de los factores que ha desviado continuamente el rumbo del programa F-35 es el nivel de control que Lockheed tiene sobre el programa. La empresa produce no sólo el propio F-35, sino también el equipo de entrenamiento para pilotos y técnicos de mantenimiento, el sistema logístico del avión y su equipo de apoyo, como carros y plataformas. Lockheed también gestiona la cadena de suministro y es responsable de gran parte del mantenimiento del avión.

Esto da a Lockheed un poder significativo sobre casi todas las partes de la empresa del F-35.

“Después de mis primeros 90 días, tuve la impresión de que el gobierno no estaba a cargo del programa”, dijo el teniente de la Fuerza Aérea Christopher Bogdan, quien asumió la supervisión del programa en diciembre de 2012. Parecía “que todas las decisiones importantes, ya fueran técnicas, sobre el calendario o contractuales, las tomaba realmente Lockheed Martin, y el departamento gubernamental a cargo del programa se limitaba a observar”. El F-35 de Lockheed, a diferencia del C-5A, se está produciendo en un momento en que la industria de defensa se ha ido privatizando cada vez más desde la década de 1970. La privatización de las fuerzas armadas en las últimas décadas fue un proyecto político decidido tanto por rígidas posiciones ideológicas a favor de la empresa privada como por la búsqueda interesada de mayores beneficios mediante la absorción de recursos y funciones gubernamentales.

Si a esto añadimos el actual clima de política exterior, en el que el temor a una guerra con China hace cundir el pánico entre los estadounidenses, los cazas F-35 se convierten en herramientas necesarias para desplegar en caso de que los chinos decidan invadir Taiwán. Los oficiales de las Fuerzas Aéreas también se aferran al potencial del F-35, más que a sus capacidades actuales, creyendo que las deficiencias del F-35 pueden corregirse a su debido tiempo.

Estos diversos ingredientes son una receta perfecta para el continuo despilfarro del dinero de los contribuyentes. Pero desde el punto de vista de Lockheed, esta receta es un éxito. Porque mientras el F-35 es objeto de burlas en internet, Lockheed también se mofa de su abultada cuenta bancaria.