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El British Council, una organización gubernamental británica, está llevando a cabo actividades de espionaje en beneficio de la OTAN en Jerson, según un comunicado publicado por el FSB, el secreto secreto ruso (*).

Como hemos afirmado aquí tantas veces, los países de la OTAN están implicados hasta el tuétano en la Guerra de Ucrania, lo cual, además, no es nada sorprendente porque es su guerra; no la de Ucrania.

Dentro de la OTAN, Reino Unido es uno de los puntales, siendo los promotores de la rusofobia y la campaña de intoxicación, en general. La Operación Novichok fue el punto de viraje del cambio en las relaciones entre Occidente y Rusia.

El gobierno británico también fue el primero en firmar un acuerdo de cooperación militar con Ucrania a principios de año, seguido por Alemania y Francia, que deben encargarse de remediar la imposible incorporación de Ucrania a la OTAN.

Reino Unido no sólo envía misiles y adiestradores al frente ucraniano, sino que también se ocupa del espionaje. El FSB ha destapado las actividades del British Council en Jerson, que, a través de organizaciones subsidiarias, lleva a cabo actividades de inteligencia en interés del gobierno de Kiev.

Los objetivos declarados oficialmente del British Council son desarrollar la cooperación en educación, cultura y artes entre Reino Unido y otros países. Pero, en realidad, estas actividades son sólo una tapadera para el trabajo de los servicios de inteligencia británicos.

Una organización extranjera, dice el FSB, utilizó a refugiados ucranianos que viven en Reino Unido para obtener información de inteligencia de carácter político-militar a través de los vínculos existentes en la región de Jerson.

Bajo la apariencia de cooperación cultural, un país busca forjar vínculos personales e institucionales en otro país, que le permitirán obtener información de una naturaleza completamente diferente.

Desde mediados de la década de 2000 el British Council está en la mira del FSB. En 2004 el Ministerio de Interior ruso acusó a la organización de fraude fiscal, ya que no pagaba impuestos en Rusia por las sumas recibidas por los cursos de inglés que impartía.

En 2007 el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso exigió que las sucursales del British Council fueran retiradas de los consulados y les prohibió ampararse en la inmunidad diplomática.

La actividad de esta organización se vio interrumpida en Rusia en 2018, tras el montaje Skripal orquestado por Reino Unido.

Tras el asunto de espionaje descubierto en la región de Kherson gracias a un ciudadano ruso que, tras ser contactado, finalmente se puso en contacto con los servicios rusos, el FSB inicia una verificación general de la actividad de esta organización en la región y de las personas que colaboraron en ella. El FSB publicó en los medios, por ejemplo, información sobre Svetlana Volochina, miembro de esta organización, e instó a los residentes de Kherson a proporcionar información sobre las fuerzas militares.

(*) http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439924%40fsbMessage.html

La semana pasada Joshua Schulte fue condenado a 40 años de prisión por filtrar “Vault 7” en 2017, considerado como el mayor robo de información clasificada en la historia de la CIA.

Schulte, ingeniero informático, fue encarcelado en 2018 por sus revelaciones sobre las actividades de ciberespionaje de la central. Entre las filtraciones está la intrusión en los teléfonos personales, así como la transformación de televisores conectados en dispositivos de escucha.

La sentencia, dictada por un tribunal de Manhattan, afirma que los secretos de la CIA acabaron en WikiLeaks, la web creada por Julian Assange, que también está en una cárcel en Londres desde hace diez años por motivos similares, aunque no ha sido juzgado.

Tras las rejas, Schulte intentó destapar más planes secretos, e incluso había creado un archivo que contenía imágenes de abusos sexuales contra niños.

El juez añadió al procedimiento una carta del actual cabecilla de la CIA, David Samuel Cohen, destacando el daño excepcionalmente grave causado a la seguridad nacional.

Al fiscal, David Williams Denton, la condena le parece poco; pidió la cadena perpetua.

Schulte ya fue juzgado en 2020, pero el veredicto fracasó porque los jurados no pudieron llegar a un acuerdo. En 2022 fue declarado culpable de la filtración de datos clasificados como secretos de defensa.

—https://abcnews.go.com/Technology/wireStory/cia-computer-engineer-gets-40-years-prison-giving-106879525

El artículo 702 de la ley FISA (“Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera”) ha sido prorrogado por unos meses. La ley permite a las centrales estadounidenses de espionaje (FBI, CIA, NSA) el acceso masivo a los datos personales de los extranjeros: correos electrónicos, mensajes y llamadas. El Congreso ha pospuesto la reforma de la ley durante cuatro meses más.

La ley expiraba el 31 de diciembre y ahora será aplicable hasta el 19 de abril del año que viene. Permite espiar a cualquier persona que no sea ciudadano estadounidense, fuera de las fronteras estadounidenses y sin la supervisión de un juez, lo que va en contra de las normas europeas.

Originalmente la sección 702 de la ley fue aprobada en 2008 por el gobierno de Bush con el pretexto de siempre: la lucha contra el terrorismo, la seguridad nacional…

Como es característico, también aseguraron que no se trata de un acceso masivo e indiscriminado, sino selectivo.

La ley permite a las centrales de inteligencia estadounidenses acceder a los teléfonos, mensajes, correos electrónicos o copias de seguridad en la nube de personas que no son estadounidenses y residen en el extranjero.

Los datos deben ser proporcionados por “proveedores de comunicaciones electrónicas” estadounidenses, a petición de los servicios secretos. En consecuencia, todos los servicios que proporcionan conexión a internet, como cafeterías, espacios de coworking, hoteles, empresas, pero también centros de datos ubicados en el extranjero y en los que una filial sea estadounidense, deben cumplir las órdenes de los servicios de inteligencia.

Varios “asuntillos oscuros” han demostrado que también permite espiar a muchos estadounidenses, que es lo único que importa en Estados Unidos. El espionaje y la vigilancia del mundo son posibles porque las grandes empresas tecnológicas son estadounidenses y el pasado mes de marzo publicaron una carta pidiendo no tener que compartir más “los datos personales de sus usuarios con agencias de inteligencia”.

Apple, Alphabet (Google, YouTube) y Meta (Facebook, Instagram) querían condicionar la entrega de datos a una autorización judicial, lo que significa que podría entablarse un procedimiento legal y, por lo tanto, habría algunas garantías. También pidieron compartir públicamente la frecuencia con la que se les solicita información al amparo de la ley y qué tipo de datos se espera que proporcionen.

Los organismos que defienden el derecho a la intimidad enviaron otro mensaje al Congreso, instando a los diputados a no renovar la ley. Según ellos, el FBI habría accedido, a través de ella, a las comunicaciones “de decenas de miles de militantes, activistas, 19.000 donantes a una campaña del Congreso, periodistas y miembros del Congreso de Estados Unidos”.

En 2020 la ley estuvo en el punto de mira del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que anuló el acuerdo transatlántico sobre datos personales entre Europa y Estados Unidos (“Escudo de Intimidad”). Al permitir el acceso masivo e indiscriminado a los datos personales de los europeos, los ciudadanos europeos no se benefician de “garantías suficientes”, explicó el Tribunal Europeo.

El TJUE pidió a los estadounidenses que cambiaran su ley para otorgar más derechos a los europeos, pero cuando se concluyó el “Marco de Confidencialidad de los Datos” (DPF), el nuevo acuerdo transatlántico que debía sustituir al “Escudo de Privacidad”, el debate resurgió pero, finalmente, el DPF acabó siendo aprobado en julio de este año.

Seguramente volverá ser anulado por el mismo TJUE en los próximos años, por las mismas razones… si no hay presiones subterráneas.

La red de espionaje y corrupción del Parlamento europeo no estaba ligada a Qatar, como pretendieron hacer creer los medios de comunicación (“qatargate”), sino a Marruecos. De ahí que los tribunales belgas hayan emitido una orden internacional de detención contra el embajador de Marruecos en Polonia, Abderrahim Atmun, por los casos de espionaje en los que están implicados la Vicepresidenta del Parlamento, Eva Kaili, y varios eurodiputados.

En la investigación iniciada por la fiscalía federal belga en diciembre del año pasado, el nombre del embajador de Marruecos en Varsovia aparecía en todos los documentos que constituyen el sumario que compromete directamente al régimen de Rabat.

El semanario polaco Gazeta Polska se ha interesado por este asunto y ha dedicado un artículo retomado por el sitio de noticias local TVP Info, en el que denuncia no sólo el acercamiento del embajador marroquí al Senado polaco, sino también los intentos del diplomático de corromper el Parlamento Europeo.

“Gracias a los esfuerzos de Abderrahim Atmun, embajador de Marruecos en Varsovia, sospechoso de corrupción y actividades de inteligencia en el Parlamento Europeo, el Senado polaco participó en el fortalecimiento de las relaciones polaco-marroquíes”, escriben los medios polacos. Las actividades de el embajador de Marruecos han sido objeto de una investigación por parte de la Agencia de Seguridad Interior de Polonia.

El diplomático, en colaboración con los servicios de inteligencia marroquíes, corrompió a un cierto número de diputados europeos, para lograr que la Unión Europea reconociera la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, después de haber llevado a cabo intensas presiones en Polonia. “Abderrahim Atmoun convenció a las empresas polacas para que invirtieran en el Sáhara Occidental y provocó la participación del Senado polaco para actuar para fortalecer las relaciones entre Polonia y Marruecos”, asegura Gazeta Polska.

En noviembre de 2018, cuando era copresidente de la Comisión Mixta Marruecos-Unión Europea, Atmun fue sorprendido en pleno acto de manipulación, como lo ilustra una carta de desaprobación que le envió el español Ayala Sender, miembro del mismo organismo.

El espía y dipomático marroquí hizo circular información falsa por los pasillos del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, con el objetivo de engañar a los eurodiputados e influir en su votación sobre la modificación del acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, que pretendía ampliar preferencias arancelarias a las mercancías originarias del Sáhara Occidental.