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Entre El Dorado petrolero y la Ruta de la Seda: Surinam se ilumina en el mapa

Ayer se celebraron elecciones en Surinam, el país más pequeño de Sudamérica. Los electores de este país, fronterizo con Guyana, deben elegir a 51 parlamentarios para un mandato de cinco años, quienes a su vez votarán en unas semanas para elegir al futuro presidente del país.

En el país, de habla neerlandesa y con unos 600.000 habitantes, las afinidades políticas van de la mano con el origen étnico. La población es extremadamente diversa, con descendientes de indios, criollos, javaneses, esclavos africanos, colonos holandeses y nativos americanos.

El 25 de noviembre celebrará 50 años de independencia de los Países Bajos, aunque no hay muchas ganas de fiesta porque casi una de cada cinco personas vive por debajo del umbral de pobreza. Sin embargo, en 2020 descubrieron grandes reservas de hidrocarburos, un nuevo El Dorado.

La vecina Guyana también ha visto crecer su producción petrolera gracias a recientes descubrimientos. El país, afectado por una inflación galopante y una fuerte deuda, ha seguido una política de austeridad y aumento de impuestos en el marco del programa de reestructuración económica previsto del Fondo Monetario Internacional.

El año pasado, después de varios años de evaluaciones y exploración, TotalEnergies se comprometió a invertir más de 10.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años en el yacimiento petrolífero extraterritorial de GranMorgu, ubicado en el Atlántico, a 150 kilómetros de la costa. Se espera que la operación comience en 2028, con una producción final proyectada de 220.000 barriles diarios.

Es sólo el comienzo, ya que la empresa petrolera pública Staatsolie planea adjudicar más yacimientos.

El gobierno ha prometido que la población se beneficiará de los esperados retornos financieros de los hidrocarburos y la semana pasada lanzó el programa de redistribución “Regalías para todos”, que sus oponentes han acusado de electoralista. Es un bono de al menos 750 dólares que se pagará inicialmente a las personas mayores y a los discapacitados. El resto de la población recibirá el dinero cuando los primeros ingresos de la explotación petrolera lleguen a las arcas públicas.

Surinam siempre ha estado fuera de los escenarios internacionales, pero en 2019 fue uno de los primeros países de América Latina en unirse a la Ruta de la Seda, convirtiéndose en un “socio estratégico“ de China.

China es un socio comercial importante para Surinam, donde vive una poblada diáspora china que opera muchos mercados y negocios, no sólo en Paramaribo sino también en el interior.

En marzo, durante su gira por América Latina, visitó el país el secretario de Estado, Marco Rubio, con el mismo objetivo que en Panamá: proteger el patio trasero y expulsar a China de la economía de Surinam.

La visita demuestra la importancia que ha adquirido el minifundio caribeño para Estados Unidos.

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Cuando Mújica apretaba el gatillo en la guerrilla uruguaya

El 31 de julio de 1970, el movimiento guerrillero uruguayo Movimiento de Liberación Nacional (MLN, Tupamaros), entre cuyos dirigentes estaba Pepe Mújica (“comandante Facundo”), secuestró, entre otros, a Dan Mitrione y, a cambio de su liberación, exigió la de 150 presos políticos.

Mitrione era un miembro del FBI que viajaba por Latinoamérica entrenando a los policías en técnicas de tortura. De 1962 a 1967 estuvo en Brasil durante el Golpe de Estado para adiestrar a la polícía en eso que hoy la CIA llama “técnicas reforzadas de interrogatorio”. Para pasar desapercibido viajaba como funcionario de la Usaid.

Los viajes de Mitrione por Latinaomérica fueron a la sombra de los golpes de Estado. En 1965 impartió cursillos en la República Dominicana a los policías del país, durante el desembarco de los marines encargados de perpetuar el derrocamiento del presidente Juan Bosch.

Las técnicas de tortura de Mitrione se generalizaron a partir de entonces, especialmente la “picana”, que consiste en la aplicación de corrientes eléctricas al cuerpo del detenido.

En 1970 llegó a Uruguay, donde el traje de camuflaje de la Usaid no le sirvió de mucho porque los Tupamaros le pudieron localizar. Dos años después, el director de cine Costa Gavras rodó la película “Estado de sitio”, que recrea el secuestros, interrogatorio y ejecución de Mitrione.

Después de su muerte, Nixon enterró al maestro de torturadores con honores militares. El cantante Frank Sinatra y el comediante Jerry Lewis le rindieron un homenaje en Richmond, donde había sido jefe de policía, y pagaron 20.000 dólares a su familia.

No obstante, el verdadero personaje cinematográfico de aquella historia siempre fue Mújica, al que han dedicado tres películas, más una serie de televisión. El 2010 la Organización Sionista de Uruguay le otorgó el Premio Jerusalén. Durante su Presidencia, nombró a Luis Almagro como ministro de Asuntos Exteriores, un peón de la CIA en Latinoamérica al que posteriormente promocionaron a secretario general de la OEA, donde lleva 10 años de servilismo repugnante.

Los mil y un homenajes que le han rendido a Mújica son la recompensa por haber renegado de sí mismo, apoyar al sionismo, criticar a Rusia, a Venezuela, a Nicaragua… Como buen renegado, al salir de la cárcel en 1985 Mújica rindió pleitesía al imperialismo y es lógico que la izquierda domesticada, a su vez, le rinda pleitesía a él y a lo que ha representado desde entonces.

Costa Gavras: Estado de sitio (1972)

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El confinamiento introdujo a Argentina en el consumo masivo de psicofármacos

Según los datos comparativos publicados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Argentina se encuentra entre los países con mayor consumo de psicofármacos a nivel global y regional. Este fenómeno es especialmente notable en categorías como los ansiolíticos y antidepresivos.

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El FBI investiga a la oposición venezolana por malversación de fondos

El FBI ha iniciado una investigacion sobre Juan Guaidó y sus socios de la oposición venezolana por corrupción. Al menos han desaparecido mil millones de dólares que la Usaid les pagó entre 2018 y 2020.

Es posible que la cantidad sea aún mucho mayor y que el dinero se lo hayan repartido entre los fantoches del “gobierno interino”.

Un informe de la Voz de América de febrero destaca que solo una fracción de los fondos asignados por la Usaid ha sido auditada y menciona un 2 por cien en algunos casos. La Usaid pagó el dinero con el pretexto de la “ayuda humanitaria”.

En 2019 el diario PanAm Post ya reveló que los secuaces de Guaidó en Colombia, Rossana Barrera y Kevin Rojas, habían desviado fondos destinados a la “ayuda humanitaria”.

En febrero Maduro afirmó que la oposición robó 8.000 millones de dólares de la Usaid, además de otros activos, como los de Citgo y las reservas de oro.

Asimismo, el fiscal general Tarek William Saab anunció la apertura de una investigación sobre opositores sde la calaña de Guaidó, Leopoldo López y Carlos Vecchio por la malversación de los fondos recibidos de la Usaid, alegando que se usaron para conspirar contra el gobierno en lugar de beneficiar al pueblo venezolano.

Según los registros oficiales de la Usaid, entre 2017 y 2024 se destinaron más de 2.800 millones de dólares a la “asistencia humanitaria” y el desarrollo, incluyendo 211 millones el año pasado.

Esos fondos se canalizaron a través de ONG, agencias de la ONU y socios internacionales. Representantes del “gobierno interino” de Guaidó, como Carlos Vecchio, han negado manejar esos fondos directamente y aseguran que la Usaid se los asignó a ciertos organismos expresamente seleccionados.

Sin embargo, documentos filtrados e informes periodísticos señalan que, en 2019, la Usaid firmó un acuerdo con Guaidó para entregar 98 millones de dólares, y una parte al menos de esos fondos nunca llegaron al destino previsto.

Por su parte, el mercenario Jordan Goudreau, que orquestó la incursión en territorio venezolano el 3 de mayo de 2020 para derribar al gobierno de Maduro, ha revelado que la CIA y el FBI encubrieron a opositores venezolanos como Leopoldo López y Guaidó (*).

En 2020 ya tenían pruebas de la malversación de fondos por parte de la oposición, pero decidieron protegerles para continuar con la desestabilización de Venezuela.

Un atraco perfecto: el caso Citgo

Citgo es una empresa estadounidense subsidiaria de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), la empresa pública de petróleos de Venezuela, que tiene refinerías y redes de gasolineras en Estados Unidos.

En 2019 Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como “presidente interino”, robó Citgo a Venezuela y la puso en manos de la banda mafiosa de Guaidó para que se lucraran con los millones de dólares de sus beneficios.

El año pasado Venezuela perdió la propiedad de la empresa, tras una subasta ganada por el fondo buitre Elliott Management para pagar deudas de PDVSA. En realidad, la operación era un atraco que la oposición venezolana se dejó cometer para obtener dinero rápido y en efectivo.

En Estados Unidos se siguen varios juicios por corrupción relacionados con Citgo que involucran a varios cabecillas, como Luis De Jongh Atencio, que en 2020 se declaró culpable de haber recibido sobornos entre 2013 y 2019.

‘Ucrania es un lugar de corrupción y lavado de dinero negro’

El director del FBI, Kash Patel, anunció que había iniciado una investigación sobre el destino real de los cientos de miles de millones de dólares enviados al gobierno de Kiev por Estados Unidos, así como sobre los casos de corrupción y abusos.

Patel dijo que Ucrania es un lugar de “corrupción y lavado de dinero negro” y criticó al Congreso que, sin ningún control, había asignado enormes sumas de dinero a Ucrania de forma negligente.

Anteriormente Trump también dijo que era hora de averiguar el destino real del dinero asignado a Ucrania durante los tres últimos años.

(*) https://venezuela-news.com/mercenario-jordan-goudreau-revela-que-la-cia-y-fbi-cubrieron-a-leopoldo-lopez-y-guaido-por-estafar-a-la-usaid-video/

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Estados Unidos quiere declarar ‘terroristas’ a los narcos mexicanos

En las últimas semanas Trump ha sugerido que los cárteles mexicanos de la droga deberían ser clasificados como “organizaciones terroristas” y que Estados Unidos debería combatirlos directamente.

Si el ejército estadounidense invadió Afganistán e Irak para “luchar” contra una “organización terrorista”, como Al Qaeda, lo mismo podrían hacer en México.

La Presidenta de México, Claudia Scheinbaum, ha tenido que salir al paso, exigiendo respeto a un país soberano.

Desde los años setenta la “guerra contra las drogas” iniciada por Nixon convirtió a Estados Unidos en el mayor consumidor mundial de drogas, una tentación para las organizaciones internacionales de traficantes, que da lugar a brutales peleas entre bandas callejeras que compiten por el mercado minorista.

Vastos territorios urbanos en grandes metrópolis estadounidenses están ahora controlados por bandas armadas fortalecidas por conexiones internacionales. La política antidrogas las ha convertido en auténticas organizaciones terroristas.

Durante su anterior presidencia, Trump ya estudió la calificación de los grupos de narcos como bandas terroristas, pero dio marcha atrás ante la fuerte oposición del gobierno mexicano, porque podía derivar en intervenciones militares estadounidenses en territorio mexicano.

Si Trump consigue sacar adelante su plan, el gobierno estadounidense estaría en condiciones de actuar de manera más decidida contra las empresas que tengan vínculos con cualquier etapa del proceso de producción y venta de drogas, lo que abarca desde las empresas de transporte hasta las empresas de productos químicos, pasando por las empresas agrarias.

El Derecho Penal del Enemigo

Existe una distinción fundamental entre el Estado que lucha contra un enemigo y el Estado que lucha contra un criminal. El primer tipo de confrontación es de naturaleza política, el segundo consiste simplemente en mantener el orden, es decir, la “acción policial”. Como terrorista el narco se coloca en una situación equivalente a la de un combatiente enemigo extranjero irregular, pero como se trata de agentes que están en territorio estadounidense (y que muchas veces tienen ciudadanía), estamos hablando de la adopción del Derecho Penal estadounidense.

Estados Unidos ya ha utilizado el Derecho Penal del Enemigo en otros casos relacionados con el terrorismo, como en la persecución de personas acusadas de estar implicadas con organizaciones, como Al Qaeda. Según el Derecho Penal del Enemigo, ciertas categorías de personas son consideradas “enemigos del Estado” y pierden la protección de los derechos civiles y penales con respecto a sus relaciones con el Estado. Es por esto que los acusados ​​de terrorismo en Estados Unidos son rutinariamente encarcelados sin posibilidad de defensa y ocasionalmente enviados a prisiones como Guantánamo, donde son retenidos durante años sin comunicación ni acceso a un abogado.

Si tomamos como parámetro el modus operandi que utiliza Estados Unidos para “combatir el terrorismo” en todo el mundo, entonces podemos deducir que la lucha contra los narcos mexicanos podrían involucrar ataques con drones, operaciones de fuerzas especiales en misiones de operaciones encubiertas y otras operaciones híbridas en la zona gris.

No hace falta decir que estas operaciones no llevarán mayor estabilidad a México. Por el contrario, además de representar una violación a la soberanía mexicana, debilitarán aún más la legitimidad del Estado mexicano y sus instituciones, facilitando la fragmentación territorial de facto de México. Esto es lo que ocurrió en todos los países bombardeados por drones estadounidenses, como Somalia, Libia, Irak, Yemen y Afganistán.

La tendencia es que esto acelere las fuerzas centrífugas de México, intensificando el caos al que ya está sometido el país. Paralelamente, Trump pretende aislar a Estados Unidos de México y reforzar sus fronteras, con el objetivo de restablecer el orden en su país.

Este cambio también tendría repercusiones en términos de combate a las organizaciones criminales dentro del propio territorio estadounidense.

Las tendencias ‘caórdicas’ del imperialismo estadounidense

El proyecto de Trump parece responder a las tendencias “caórdicas” (*) de Estados Unidos en su fase decadente. El imperialismo, símbolo del orden, fomenta el caos más allá de sus fronteras, cuidando al mismo tiempo de asegurar que no puede surgir otro orden que el establecido por él.

La técnica caórdica es la superación dialéctica de las relaciones entre la metrópoli y la colonia en la medida en que ya no proyecta la fuerza para garantizar el orden en los países satélites, sino que hace borrón y cuenta nueva, tierra quemada, incluso en países que antes eran aliados. Según esta concepción, la restauración del orden en las zonas externas sólo es posible mediante la ampliación del centro, pues las “nuevas tierras” también pasan a formar parte del centro.

La consideración de los narcotraficantes como terroristas encaja en una lógica de propagación del caos. Desestabilizaría a México y serviría, a largo plazo, para la expansión del poder estadounidense en América.

Es dudoso, sin embargo, que esta decisión sea viable teniendo en cuenta que también repercutiría en la criminalización de las actividades de innumerables empresas que, normalmente de manera inconsciente, acaban implicadas en una u otra fase de las actividades de las organizaciones criminales.

Raphael Machado https://strategic-culture.su/news/2025/01/25/carteis-mexicanos-como-grupos-terroristas-que-esta-tras-do-projeto-trump/

(*) Caórdico es un neologismo procedente del inglés “chaordic” que fusiona “chaos” y “order”. Alude a un sistema organizado que desorganiza todo aquello que lo rodea.
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El gobierno concede asilo político a un terrorista venezolano

El candidato presidencial de la oposición de Venezuela, Edmundo González Urrutia, objeto de orden de detención desde el 3 de septiembre, llevaba un mes viviendo escondido. Ayer por la mañana volaba hacia España en un avión fletado por el Ejército del Aire español.

El terrorista venezolano estaba sujeto a una orden de detención por no presentarse a tres citaciones de la fiscalía por desacato, usurpación de funciones y sabotaje.

González Urrutia, de 75 años, había aceptado sustituir como candidato a la cabecilla de la oposición María Corina Machado, declarada inelegible. El sábado el gobierno venezolano anunciaron que había emitido un salvoconducto al terrorista “en interés de la paz” en el país.

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo “naturalmente” el gobierno de coalición le concederá asilo político. Los más reformistas protegen a los más reaccionarios.

Venezuela se ha visto sometida a una campaña de desestabilización desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro renovó oficialmente para un tercer mandato de seis años. Su victoria fue validada por el Tribunal Supremo el 22 de agosto y proclamado vencedor con el 52 por cien de los votos por el Consejo Nacional Electoral.

Tras ganar las elecciones, Estados Unidos promovió manifestaciones y protestas que dejaron 27 muertos y 192 heridos, mientras que unas 2.400 personas fueron detenidas.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con siete países latinoamericanos, que no reconocieron la validez de las elecciones.

El terrorista que se presentó a las elecciones venezolanas

En los años ochenta del siglo pasado la guerra civil alentada por Estados Unidos en El Salvador se prolongó durante 12 años, con una masacre de 75.000 personas. Terminó el 16 de enero de 1992, cuando el gobierno y la guerrilla firmaron los acuerdos de paz.

La guerra civil en El Salvador formó parte del Plan Cóndor, un proyecto contrainsurgente impulsado por Reagan para impedir el avance de las fuerzas progresistas en América Latina.

En aquella época el terrorista venezolano González Urrutia era el segundo al mando de la embajada de Venezuela en El Salvador. Su cabeza visible era Leopoldo Castillo, un peón de la CIA.

Los documentos desclasificados de la CIA mencionan a Castillo como director de la Operación Centauro para apoyar a los escuadrones de la muerte y al ejército salvadoreño, que estaban involucrados en la guerra sucia contra los insurgentes salvadoreños.

Si en una guerra hay que atacar a un adversario armado, en la parte sucia hay que atacar sus apoyos, e incluso a los neutrales y a los indiferentes. Durante los años que la embajada de Venezuela en El Salvador estuvo a cargo de Castillo y González. El ejército salvadoreño y los escuadrones de la muerte dejaron un saldo de 13.194 civiles asesinados.

Las comunidades religiosas partidarias de la teología de la liberación y de la paz fueron uno de los objetivos de la Operación Centauro. Había que matar curas y monjas católicos. Por eso al embajador Leopoldo Castillo, le llamaban “Matacuras”. Los asesinatos llegaron a hacerse muy conocidos, como el de monseñor Óscar Arnulfo Romero, las cuatro monjas de Maryknoll y los sacerdotes Rafael Palacios, Alirio Macías, Francisco Cosme, Jesús Cáceres y Manuel Reyes y varios jesuitas.

Aunque ya no ejercía de embajador, Castillo seguía siendo asesor de los servicios de inteligencia (“pentagonito”), cuando los seis jesuitas y los dos trabajadores fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989.

Los crímenes apoyados por Leopoldo Castillo y su brazo derecho Edmundo González son considerados “crímenes de lesa humanidad” y, por lo tanto, no están sujetos a prescripción. Los que les refugian y protegen son tan criminales como ellos.

Llegará un día en que tendrán que rendir cuentas por su participación en los numerosos asesinatos de militantes políticos y religiosos.

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Estados Unidos participó en el asesinato del presidente de Haití

Dos participantes en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise en 2021 eran soplones de la DEA. Otro lo era del FBI. Los documentos judiciales recientemente publicados proporcionan la evidencia más sorprendente hasta el momento que vincula a los autores con el gobierno de Estados Unidos.

Un empresario del sur de Florida acusado de financiar el complot para asesinar al Presidente haitiano Jovenel Moise recibió asesoramiento legal para aprobar una misión para capturar al jefe de Estado por parte de un informante confidencial de una agencia estadounidense. Según los abogados del acusado, “el descubrimiento recibido del gobierno descarta la agencia de inteligencia estadounidense a la que [el soplón] está afiliado”, pero “está claro que es un [soplón] de una central de inteligencia estadounidense”.

El empresario Walter Veintemilla y su empresa, Worldwide Capital Lending Group, están acusados ​​de proporcionar un crédito de 175.000 dólares a la empresa de defensa de Florida CTU Security que, supuestamente, llevó a cabo el asesinato.

El 1 de julio los abogados de Veintemilla presentaron una moción previa al juicio para desestimar al soplón de inteligencia J.C., un abogado ecuatoriano que vive en Bolivia. Los abogados de Veintemilla sostienen que la declaración de J.C. respalda su afirmación de que “múltiples agencias administrativas y de investigación del gobierno de Estados Unidos estaban al tanto de las acciones e intenciones de los conspiradores en Haití y que apoyaron esas acciones“.

Los acusados ​​de Veintemilla se sumaron a la moción para que J.C. declarara en Bolivia. Varios de ellos, incluidos Arcángel Pretel Ortiz y Antonio Intriago, fueron acusados ​​por el gobierno boliviano de planificar un golpe de Estado abortado en octubre de 2020 contra el presidente Luis Arce. También estuvo presente en Bolivia con este grupo el alemán Alejandro Rivera García, un oficial retirado del ejército colombiano que encabezó el equipo ejecutor en Haití. Fue extraditado a Estados Unidos, se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua a finales del año pasado.

Arcangel Pretel Ortiz y Antonio Intriago son los dueños de la empresa de seguridad CTU Security, que reclutó a los más de veinte mercenarios colombianos que asesinaron a Moise. Ortiz e Intriago tienen experiencia en operaciones encubiertas internacionales.

Antonio Intriago, un venezolano-estadounidense, fue uno de los organizadores del concierto Venezuela Live Aid de 2019 en la frontera entre Colombia y Venezuela, que incluso los principales medios estadounidenses admitieron que estaba diseñado para promover un cambio de régimen en Venezuela. Arcángel Pretel Ortiz, originario de Colombia, fue un soplón del FBI cuyo testimonio ayudó a condenar a un traficante de armas vinculado a las FARC, en una operación de contrainteligencia con carga política.

El momento de las operaciones de este grupo en Haití y Bolivia plantea la cuestión de si recibieron instrucciones del exterior. Según el Departamento de Justicia, Ortiz e Intriago iniciaron el complot contra Moise en febrero de 2021. Fue un tiempo de respuesta rápido en comparación con el complot en Bolivia en octubre de 2020. También coincide con un cronograma aproximado mencionado en la moción de Intriago del 3 de julio para que J.C. declarae. Los fiscales dicen que Intriago se reunió con J.C. en Bolivia varios meses antes del asesinato de Moise y también confió en J.C. para obtener asesoramiento legal.

El documento afirma que J.C. está exiliado en Bolivia. Es algo relevante porque generalmente los soplones se ven obligados a participar en el acuerdo para evitar la prisión o para obtener recompensas económicas. Es difícil creer que un soplón no pudiera canjear su billete dorado con sus agentes de inteligencia estadounidenses utilizando detalles del inminente asesinato de un jefe de Estado extranjero.

El gobierno de Estados Unidos respondió con varias leyes para oponerse a que J.C. declarara. Sin embargo, proporcionó extractos de comunicaciones que lo hacían aparecer como un conspirador no acusado. De todos modos, el gobierno está decidido a proteger sus fuentes censurando la información de J.C. No se ha emitido ninguna orden de arresto ni solicitud de extradición.

El hombre de Florida que el grupo supuestamente planeaba instalar como presidente, Christian Sanon, anunció su intención seis semanas antes del asesinato de liderar un gobierno de transición de tres años en una carta a Julie Chung, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Ministerio de asuntos exteriores.

El 6 de abril de 2021 Arcángel Pretel Ortiz, soplón del FBI, ​​y otros golpistas, se reunieron con agentes del FBI para discutir el cambio de régimen en Haití. Además, mantuvieron informado al FBI de los detalles de la reunión. Una semana después, el abogado de Veintemilla interrogó a Mike Ferlazzo del FBI sobre quién estuvo presente en la reunión del 6 de abril. Ferlazzo dijo: “No tenemos una lista completa de los participantes en la reunión”.

La policía estadounidenses miró hacia otro lado, a pesar de la magnitud del delito. Veintemilla, Ortiz e Intriago fueron interrogados por el FBI inmediatamente después del asesinato. Sin embargo, la orden de registro de la vivienda de Ortiz no se ejecutó hasta el mes siguiente.

Los tres golpistas permanecieron en libertad hasta febrero del año pasado. Por el contrario, otros coacusados, como Christian Sanon y James Solages, de CTU Security en Haití, fueron inmediatamente detenidos por la policía haitiana y extraditados a Estados Unidos en enero del año pasado.

A tres de los dirigentes del golpe les permitieron permanecer en libertad durante dos años y medio antes de ser acusados, a pesar de que “​​declararon en falso y mintieron sobre su participación en el asesinato” de Moise. La fiscal federal Mónica Castro se excusó diciendo que estaban siendo vigilados.

—https://thegrayzone.com/2024/08/18/financier-moise-assassination-us-intelligence/

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En Argentina la carne ya es un artículo de lujo

Muy a su pesar, Argentina, que hasta ahora era el paraíso de la carne asada, se está convirtiendo en un país vegetariano. La población no gana lo suficiente para comprar carne.

Tomando como base el precio de la cesta diaria de alimentos para un adulto en junio de este año, fijado en 3,2 dólares diarios, se duplicó respecto al primer trimestre del año pasado.

El instituto de estadística de la ciudad de Buenos Aires acaba de revelar que el índice de pobreza extrema alcanzó su nivel más alto desde 2015, año en que comenzó a aumentar.

Cuatro personas sin hogar han muerto de hipotermia en las últimas semanas en la capital, que padece una inusual ola de frío con temperaturas bajo cero en todo el país.

El gobierno ha rechazado una orden judicial para distribuir toneladas de alimentos a cientos de comedores sociales sometidos a auditoría y el mes pasado los estudiantes relanzaron un mecanismo solidario de distribución de alimentos desarrollado por la Universidad Nacional de Quilmes durante la crisis de 2002.

Ofrece a los más necesitados una “supersopa”, un plato compuesto de proteínas baratas en un país ganadero donde la carne se ha convertido en un articulo de lujo.

“Estamos en una situación de emergencia alimentaria con casi seis de cada diez argentinos viviendo por debajo del umbral de la pobreza, lo que significa que unos 27 millones se acuestan con hambre”, explica Anahí Cuellas. Se ha iniciado la preparación de 75.000 raciones a 680 pesos la unidad (unos 0,60 dólares).

A escala general, la pobreza afectó a un 41,7 por cien de la población argentina en el segundo semestre del año pasado, según el organismo público Indec, que sitúa el listón por debajo de los 217 dólares de ingreso mensual. En la capital, Buenos Aires, el 16 por cien de los residentes viven en pobreza extrema (menos de 2,15 dólares al día), un récord.

Según proyecciones de la Universidad Católica Argentina (UCA), el porcentaje debería llegar al 55 por cien, un récord de pobreza que Argentina ya atravesó durante la crisis económica de 2002, la peor de su historia reciente.

La crisis actual, en una economía en recesión, con una inflación superior al 270 por cien interanual en junio, ha empujado a los trabajadores y a amplios sectores de la población a una pobreza severa, según la UCA.

“Hay una degradación de los hogares, no sólo por el poder adquisitivo de los asalariados, sino también por el desempleo de los cabezas de familia”, explica un investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

“Tenemos una pobreza estructural en Argentina”, que se mantiene por encima del 20 por cien desde hace más de dos décadas, “con una tercera generación de niños nacidos en exclusión”, precisa.

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Detenido el jefe del ejército boliviano tras el intento de Golpe de Estado

Ayer el ejército boliviano bloqueó varias calles centrales de La Paz, la capital, y ocupó la plaza frente al edificio de gobierno. Los vídeos publicados en las redes sociales mostraban un gran número de hombres armados y equipo militar.

El presidente Luis Arce condenó las acciones de los militares. “Se está gestando un golpe de estado”, dijo Evo Morales.

Según la televisión boliviana, el general Zúñiga, jefe del ejército, entró en el palacio presidencial. Un vehículo blindado derribó las puertas del palacio de gobierno antes de retirarse tres horas después.

Zúñiga fue rápidamente destituido de su cargo. Arce lo acusó de intentar un Golpe de Estado. El general fue detenido y llevado a la fuerza a un vehículo policial mientras hablaba con la prensa frente a un cuartel militar.

Arce se enfrentó al general golpista en el pasillo del palacio: “Soy su capitán y le ordeno retirar a sus soldados, y no permitiré esta insubordinación”, dijo. A continuación apareció en el balcón del palacio presidencial, mientras la multitud lo vitoreaba.

“Ordeno a todos los movilizados que regresen a sus unidades”, dijo el nuevo jefe del ejército, José Wilson Sánchez. El ejército obedeció inmediatamente al nuevo mando militar sin pestañear. El ministro Eduardo del Castillo dijo que también fue detenido el ex vicealmirante de la Armada Juan Arnez Salvador.

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que los fiscales buscarían la pena máxima de 15 a 20 años de prisión contra el general golpista.

Disputas internas en el Movimiento al Socialismo

El golpe se ha producido después de meses de fuertes tensiones entre el presidente Luis Arce y su antiguo aliado, el expresidente Evo Morales (2006-2019), por el control del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS).

Bolivia padece serias dificultades económicas. En el Congreso los aliados de Morales han frustrado sistemáticamente los intentos del gobierno de Arce de endeudarse para aliviar parte de la presión.

En 2019 Evo Morales fue derrocado como Presidente tras un golpe de estado similar.

Bolivia tiene 23 millones de toneladas de de litio, las mayores del planeta, que ha acordado explotar conjuntamente con Rusia. La alianza entre la empresa púbica Yacimientos de Litio Bolivianos y la rusa Uranium One debe comenzar a operar en 2025, dijo Arce a principios de este mes en el Foro Económico de San Petersburgo.

Además, Bolivia es candidata a ingresar en el bloque Brics.

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Estados Unidos deja al oro fuera de las sanciones contra Nicaragua

A pesar de las sanciones estadounidenses, el sector del oro de Nicaragua está en auge y se ha convertido en la principal exportación del país. Estados Unidos es el principal destino, importando el 79 por cien del oro del país, según un informe del Instituto Oakland (*).

Las sanciones impuestas por el gobierno de Biden en junio de 2022, ampliadas mediante una orden ejecutiva en octubre de 2022, no se han aplicado, lo que ha permitido a las empresas mineras extranjeras expandir sus operaciones.

Aunque es una candidata obvia para esas sanciones, Caliber Mining, la principal beneficiaria del auge del oro en Nicaragua, no sufre contratiempos. Desde la primera ronda de sanciones sobre el oro, ha ampliado significativamente sus concesiones, que ahora cubren el 9 por cien del territorio del país centroamericano.

El informe identifica varias empresas multinacionales que controlan grandes concesiones mineras en Nicaragua, entre ellas la canadiense Mako, la china Zhong Fu Development, la colombiana Grupo Mineros y las británicas Condor Gold y Royal Road Minerals. En las empresas mineras participan importantes fondos buitre con sede en Estados Unidos y Canadá, incluidos BlackRock, Van Eck Associates, Invesco, B2Gold y Agnico Eagle Mines.

En junio de 2022 Estados Unidos impuso sanciones contra la empresa minera pública Eniminas, acusando al gobierno nicaragüense “de utilizar los ingresos del oro para seguir oprimiendo al pueblo de Nicaragua y de participar en actividades que constituyen una amenaza a la seguridad de el hemisferio”. En octubre de 2022 Biden amplió las sanciones, autorizando al Tesoro de los Estados Unidos a bloquear a cualquier entidad con vínculos financieros con Estados Unidos e involucrada en el sector del oro de Nicaragua.

El gobierno de Estados Unidos no ha aplicado las sanciones, lo que ha permitido que el sector del oro se expanda masivamente y siga proporcionando ingresos significativos a los accionistas de las empresas interesadas. Muchas empresas mineras sujetas a sanciones continúan operando con impunidad y adquieren nuevas concesiones mineras.

El principal beneficiario del auge del oro es la empresa canadiense Caliber Mining cuyas 57 concesiones cubren más de 1,1 millones de hectáreas, o el 9 por cien del territorio de Nicaragua. 26 de sus concesiones de minería metálica, que cubren más de 940.000 hectáreas, se otorgaron entre junio de 2021 y diciembre de 2022. 11 de ellas, por un total de 336.598 ha, se otorgaron después de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones en junio de 2022. Si se conceden las 15 solicitudes restantes de Caliber, una sola empresa extranjera controlará 1,57 millones de hectáreas, o el 13,1 por cien de la superficie terrestre de Nicaragua.

La superposición de muchas concesiones de Caliber con territorios indígenas y afrodescendientes reconocidos por el Estado, donde los miembros de la comunidad denuncian una falta de consulta y consentimiento –una violación de la ley nicaragüense y de las normas internacionales– aumenta la preocupación. Como empresa canadiense que opera en Nicaragua y que también posee concesiones mineras en Estados Unidos a través de subsidiarias de su entera propiedad, Caliber es un candidato obvio para la designación de sanciones según el decreto de Biden.

(*) https://www.oaklandinstitute.org/amidst-failed-us-sanctions-indigenous-pay-price-nicaragua%E2%80%99s-gold-rush