La fiscalía de Florida ha involucrado a Delcy Rodríguez en casi una docena de investigaciones de la DEA, con acusaciones absurdas que van desde el tráfico de drogas y el lavado de dinero hasta el contrabando de oro, aunque nunca ha sido acusada penalmente en los Estados Unidos.
El mundo ha llegado al siglo XXI y sigue habiendo países colonizados, a pesar de la Carta de la ONU. Puerto Rico es una de ellas, una posesión estadounidense gobernada en última instancia desde Washington.
El control de la isla es una necesidad estratégica para el Pentágono, que en los años cuarenta construyó una base naval y un campo de tiro para la aviación.
Ahora recuerda la historia un reciente libro del periodista británico Steve Howell (*), centrado en la biografía de su padre, Brandon (1918-1987), que fue un protagonista clave en el movimiento comunista de Puerto Rico.
Su hijo ha utilizado el acceso a los archivos que se encuentran en las oficinas represivas, muchos de ellos destruidos, para recuperar la historia. Era un arquitecto que en los años cuarenta trabajó en San Juan, la capital de Puerto Rico.
Los comunistas desempeñaron un papel importante en la lucha de Puerto Rico por la independencia. En la Guerra Fría, mientras el macartismo cobraba fuerza con la caza de brujas, la vigilancia y la represión, Puerto Rico y Brandon Howell quedaron atrapados por la represión política.
La obra describe la atmósfera contra el “peligro rojo” que impregnó la política puertorriqueña, contratando soplones y persiguiendo a quienes exigen la independencia, que eran decenas de miles.
“En Puerto Rico hubo procesamientos bajo la Ley Smith a una escala tan amplia como en California y Nueva York, y esto se desconoce por completo. Ahí me di cuenta que había una historia que no se había contado adecuadamente,” sostiene el autor del libro.
Brandon Howell entró en contacto con César Andreu Iglesias, dirigente comunista e independentista, presidente del Partido Comunista de Puerto Rico y cofundador del semanario Claridad, y a su esposa Jane Speed, también militante.
Durante su tiempo en la Isla, Howell publicó caricaturas políticas bajo el seudónimo “Pepe” y “Diego Muñoz” para varias publicaciones comunistas y de trabajadores.
La represión se agudizó en 1954, cuando los independentistas atacaron el congreso de Estados Unidos, lo que provocó una ola de detenciones de en la isla. Howell tuvo que huir a Reino Unido, donde siguió vigilado por el FBI y el MI5.
Su hijo detalla la humillante visita del Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes a la isla en 1959, cuando los inquisidores de Washington encontraron la resistencia unida de políticos y pueblos puertorriqueños por igual, insistiendo en que el comité no tenía jurisdicción.
Ante el revés, Hoover recurrió cada vez más a la acción encubierta, como lo hizo después en una escala mucho más amplia en Estados Unidos frente a las movilizaciones de los años sesenta contra la Guerra de Vietnam y los derechos civiles.
El estatuto colonial de Puerto Rico no ha cambiado poco desde el período que relata el libro de Steve Howell. El control de la isla sigue siendo un imperativo estratégico de Estados Unidos. Las demandas periódicas de que Estados Unidos se convierta en Estado o en independencia no han llegado a ninguna parte.
(*) Cold War Puerto Rico: Anti-Communism in Washington’s Caribbean Colony
Del 1 de mayo al 2 de junio, los enfrentamientos entre policías y manifestantes han causado 10 muertos en Bolivia, 37 heridos y 365 detenciones, según un informe publicado el fin de semana pasado por el Defensor del Pueblo.
Desde 1959 el bloqueo a Cuba se ha intensificado, a pesar de las resoluciones de la ONU. Ahora ha sancionado al Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y a todos los miembros de la familia Castro. El pretexto es el conglomerado público Gaesa, nacido y gestionado por el ejército. Gaesa no dispondrá de pagos en dólares y la empresa pública no podrá interactuar con personas físicas y jurídicas estadounidenses.
En Caracas se abrirán por primera vez las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Ministerio de Interior) y de la DEA. El pretexto oficial es la “lucha contra el narcotráfico” y el fortalecimiento de la seguridad regional. En realidad, se abre una nueva etapa en la construcción de un protectorado de Washington en América Latina.
El sábado el presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó en varias publicaciones en las redes sociales que un primer cargamento de 15.000 toneladas de arroz chino llegó al puerto de La Habana. Esta entrega constituye el primer envío de un programa de ayuda alimentaria de emergencia de 60.000 toneladas, aprobado por el presidente chino Xi Jinping en enero.
El caso Zapatero es la venganza que había prometido Trump contra el gobierno del PSOE y Sumar por la negativa a utilizar las bases militares durante la guerra contra Irán. Es una continuación de las farsas que preparan los fiscales de Florida, donde se ha abierto otra casu, que se suma a la española y a la que pesa sobre otros dirigentes latinoamericanos, como Maduro, Raúl Castro, Evo Morales o Alex Saab.
En medio del levantamiento obrero, Estados Unidos ha confiado al gobierno de Rodrigo Paz, que asumió el cargo el 8 de noviembre del año pasado, “neutralizar” a Evo Morales, actualmente escondido en su propio país.
El método de “neutralización” aún debe ser determinado, al menos oficialmente, por los tribunales bolivianos. Su caso sigue la senda de otras órdenes parecidas, como las de Maduro o Raúl Castro.
En 2008 Evo Morales expulsó al embajador estadounidense y a la DEA, que ahora le exigen cuentas. En 2024 se escondió en su bastión agrícola del Chapare, en el corazón de la región productora de coca, bajo la protección de partidarios indígenas que han prometido resistir cualquier intento de captura.
El 11 de mayo un tribunal boliviano declaró culpable a Morales en rebeldía, después de que no se presentara a una farsa juicial por “trata de personas”. Ha emitido una orden de detención y congelado sus cuentas bancarias.
En Cochabamba miles de mineros y campesinos de la coca han formado un perímetro humano intransitable para proteger a Morales de la policía, rechazando la autoridad del gobierno.
La primera orden de detención contra Morales se dictó en octubre de 2024, pero no pudieron ejecutarla porque que sus seguidores bloquearon las carreteras durante 24 días, impidiendo que la policía llegara a la zona donde encuentra refugiado.
La coordinación entre el gobierno lacayo de Paz, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) es significativo de la situación que atraviesa Latinoamérica, donde Estados Unidos estrecha del cerco de lo que considera como su “patio trasero”.
Como en otros países, la operación contra Morales combina la presión judicial, las acusaciones de narcotráfico y las redes de espionaje e infiltración, destinadas a apoderarse de los vastos minerales de Bolivia para el capital occidental.
Como ya hemos expuesto, el nuevo presidente se enfrenta a la peor crisis económica de Bolivia en los últimos 40 años, con una inflación anual superior al 20 por cien y una escasez crónica de combustible y dólares.
Desde sus primeros días al frente del gobierno, Rodrigo Paz se arrojó en brazos de Estados Unidos para que sacara a Bolivia de la crisis. Esta dispuesto a hacer cualquier cosa que le pidieran desde la Casa Blanca.
Lo primero fue distanciarse del bloque ALBA, del que forma parte Bolivia, junto a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Luego ha puesto fin a los subsidios a los combustibles, lo que ha duplicado el precio de la gasolina y triplicado el del diésel.
Después de varios días de intensos enfrentamientos con la policía, el levantamiento social ha obligado al gobierno a dar marcha atrás.
El presidente Paz le está dando la vuelta al calcetín boliviano. Al mismo tiempo que el embajador, la DEA también ha vuelto a su feudo. Es una operación de inteligencia política disfrazada de lucha contra el narcotráfico, como ha explicado el ministro de Interior, Marco Oviedo: “La DEA está en Bolivia. Así como la DEA está presente ahora, también nos beneficiamos de la cooperación de los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales europeas”.
La lucha contra las drogas es una falacia histórica. En 2008 Evo Morales acusó a Estados Unidos de utilizar la lucha contra el tráfico de drogas para presionar a los países latinoamericanos y obligarlos a alinearse bajo su férula.
Los campesinos que cultivan la coca en Chapare han reforzado su seguridad interna ante una posible operación militar para capturar a Morales y arrasar los cultivos.
Durante décadas el Southcom fue el principal instrumento de Washington para contener los movimientos progresistas en Latinoamérica, desde la formación de escuadrones de la muerte en El Salvador hasta la coordinación de la Operación Cóndor.
Regiones enteras del Cono Sur se convirtieron en laboratorios de represión, mientras Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay formaban un bloque concertado de juntas militares. Bajo la dirección de Washington, los regímenes militares establecieron una red de terrorismo de Estado en Latinoamérica.
Sus consecuencias fueron catastróficas: 50.000 muertos, decenas de miles desaparecidos y cientos de miles torturados y encarcelados.
La orden de busca y captura de Morales forma parte de esa estrategia estadounidense de siempre. A mediados de la década de los ochenta, Estados Unidos pasó de la Guerra Fría a la “guerra contra las drogas”, con intervenciones tanto formales como informales.
Bolivia siempre ha seguido ese patrón. El gobierno estadounidense apoyó el golpe de 1971 encabezado por el general Hugo Banzer que derrocó al presidente electo Juan José Torres, que había disgustado a Washington al convocar una Asamblea Popular que representaba a mineros, maestros sindicalizados, estudiantes y campesinos.
Después de que Banzer tomara el poder, Estados Unidos brindó todo tipo de asistencia militar a su dictadura terrorista, lo que incluye el asesinato de Torres. Después de huir de Bolivia, fue secuestrado y asesinado en 1976 dentro de la Operación Cóndor.
La cuestión de las materias primas es, como siempre, otra de las tramas subyacentes. Estados Unidos considera que las reservas de litio sin explotar de Bolivia, estimadas en 23 millones de toneladas, son un activo crucial en la carrera por asegurar las cadenas de suministro de baterías, particularmente en tras las restricciones a las exportaciones impuestas por China.
El nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, ha prometido nuevas leyes para atraer inversiones estadounidenses y sacar a China de Bolivia.
Frente a la maquinaria imperialista se han alzado los sindicatos y las organizaciones populares y campesinas, que aprovecharon la estapa de Morales al frente de Bolivia para fortalecerse. A su vez, la región tropical de Cochabamba, una zona productora de coca en el centro de Bolivia, se convirtió en un bastión para el expresidente.
Los “ponchos rojos”, la federación de combatientes indígenas aymaras que se formó como una fuerza de defensa durante la guerra del gas de 2003, representa una tradición de resistencia armada que precede mucho a Morales y sobrevivirá durante mucho tiempo a cualquier gobierno.
Un dirigente campesino, Dieter Mendoza, dijo en la radio Kawsachun Coca: “Si tocan a Evo Morales, provocará un levantamiento. Habrá una insurrección en toda Bolivia”. Mendoza llamó a los vecinos a permancer en estado de alerta y listos para la batalla.
La capacidad de convocatoria del movimiento sindical boliviano es conocida. En varias ocasiones, operaciones policiales y órdenes judiciales desencadenaron manifestaciones, controles de carreteras y enfrentamientos con la policía. La polarización política en torno a Morales sigue siendo una de las principales fuentes de tensión en el país andino.
Morales basó su presidencia en la nacionalización de los hidrocarburos, oponiéndose a las empresas mineras multinacionales y afirmando la soberanía de Bolivia sobre su riqueza mineral.
Es lo que Washington quiere desmantelar para integrar el litio del Salar de Uyuni en la cadena de suministro de baterías dominada por Estados Unidos.
Pero la fuerza combinada de Estados Unidos y sus lacayos locales está alcanzando sus límites históricos. El sentimiento antiamericano en Bolivia sigue profundamente arraigado. La sugerencia de Paz de que la DEA podría reanudar sus operaciones en Bolivia provocó una reacción inmediata.
Las murallas del Chapare se mantienen firmes. La dinamita de los mineros está lista. El gobierno de Rodrigo Paz ha llegado hasta las líneas rojas. Veremos si se trave a cruzarlas.
Como adelantamos ayer, el Departamento de Justicia acusa al antiguo presidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas tripuladas por pilotos anticastristas. Ha esperado 30 años para preparar la farsa.
El lunes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones a la Dirección de Inteligencia de Cuba y a una docena de altos funcionarios, incluido el presidente de la Asamblea Nacional. Esta decisión de la OFAC congela sus activos y prohíbe a cualquier empresa estadounidense realizar negocios con las entidades e individuos sancionados.