El caso Zapatero es la venganza que había prometido Trump contra el gobierno del PSOE y Sumar por la negativa a utilizar las bases militares durante la guerra contra Irán. Es una continuación de las farsas que preparan los fiscales de Florida, donde se ha abierto otra casu, que se suma a la española y a la que pesa sobre otros dirigentes latinoamericanos, como Maduro, Raúl Castro, Evo Morales o Alex Saab.
El gobierno de Trump quiere recuperar su “patio trasero”, impidiendo que la Unión Europea instale su propio campamento, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en ningún otro país de la región, ni por sí misma, ni a través de organizaciones interpuestas, como el Grupo Puebla.
Ambas partes, Estados Unidos por un lado y la Unión Europeo por la otra, siempre han tenido como objetivo común impedir que el gobierno de Venezuela llevara el mismo camino que Cuba, liberándose de los tutores tradicionales y aliándose con Rusia y China.
Coinciden en la necesidad de acabar con el chavismo y han apoyado las sanciones, pero Estados Unidos nunca ha admitido las propuestas europeas ni el papel “mediador” de Zapatero, que trató de exportar el “modelo español” de la transición, esto es, un cambio político “desde arriba”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos vigilaba estrechamente tanto a la aerolínea Plus Ultra como al banco suizo Mbär, que utilizaban Rusia, Irán y Venezuela para sortear las sanciones, como ya hemos expuesto en entradas anteriores.
Aprovechó el enredado clima político español para cobrarse una pieza, entregó -entre otra documentación- a la policía la información extraída del móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes en la que se mencionaba al expresidente español.
Zapatero no es el ‘vértice’ sino el testaferro
Obviamente, Zapatero no es el “vértice” sino el testaferro de una red que, como la “flota fantasma” de Rusia, intentaba esquivar el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Venezuela. El artífice de la red era Alex Saab, deportado a Estados Unidos por Delcy Rodríguez hace unos días. De esa manera, Estados Unidos ha desmantelado la red, dejando a Delcy Rodríguez al descubierto.
La red cumplía las cuatro funciones imprescindibles para sortear cualquier bloqueo. Primero, buscar las rutas para aprovisionar al país de los bienes más esenciales. Segundo, garantizar clientes que se arriesguen a comprar productos venezolanos, especialmente petróleo. Tercero, empresas de transporte, como Plus Ultra. Cuarto, disponer de canales financieros opacos para realizar los cobros y pagos.
Por ejemplo, en 2016 el gobierno venezolano creó las cajas CLAP para superar la carestía derivada del bloqueo. Eran una nueva forma de cartillas de racionamiento en forma de cajas de cartón que aseguraba la alimentación básica del pueblo venezolano. Durante años el empaquetado original, así como algunos productos, se hicieron en México.
Los paquetes de alimentos viajaban por una ruta tortuosa para eludir el bloqueo, a través de la empresa mexicana Group Grand Limited, entre otras, que aportó más de 200 millones de dólares en alimentos. Este tipo de sociedades, lo mismo que la aerolínea Plus Ultra, eran puramente instrumentales.
Los pagos también se realizaban a través de una red de empresas intermediarias con sede en diferentes países, incluido Emiratos Árabes Unidos, entre ellas Landside Dubai Fzco, o Landside Middle East Fzco, que es una de las empresas sometidas a investigación, cuya fundación el juez Calama atribuye a Zapatero.
El entramado de sociedades instrumentales, de las que aparecen unas diez, son consecuencia del bloqueo económico imperalista, favoreciendo que los medios de intoxicación hablen de la “corrupción” del gobierno chavista porque carecen de trabajadores ni facturas y se ven obligadas a recurrir a intermediarios que cobran un porcentaje del dinero que se tiene que mover necesariamente de manera clandestina: en efectivo, en oro o en criptomonedas. Eso es lo que el juez califica torpemente como “blanqueo de dinero”.
No es la primera vez que Venezuala salpica al PSOE
Tanto el juez de la Audencia Nacional como los medios de intoxicación, especialmente los españoles, ocultan que el bloqueo imperialista impuesto a Venezuela está en el centro del caso Zapatero. El resto se desprende de ahí y pone de relieve que la Unión Europea y, singularmente, España, querían su parte del pastel, que será tanto mayor cuanto más tiemo permanezcan los chavistas al frente de Venezuela.
No es la primera vez que la vinculación de empresas españolas con el chavismo es objeto de escrutinio judicial. En 2024 la Audiencia Nacional condenó a diez meses de prisión al exembajador español en Caracas durante el gobierno de Zapatero, Raúl Morodo, por un delito contra la Hacienda Pública.
Morodo fue el hombre de confianza de Zapatero en Venezuela entre 2004 y 2007, periodo en el que se consolidaron relaciones políticas y económicas entre ambos países. Ocultó casi 4,5 millones de euros obtenidos por su hijo Alejo mediante contratos de asesoría ficticios con la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).