Otra vez, la imagen de Haití es la de protestas, vandalismo y barricadas en las calles. Haití es retratada a menudo desde enfoques que resaltan su “singularidad”, su “mala suerte”, sus catástrofes naturales y sociales, y terminan por folklorizar al país que hoy vive una nueva crisis asociada en gran medida al rechazo a la corrupción.
Podemos hablar de una coincidencia en el tiempo entre el empeoramiento acelerado de la situación socioeconómica de las mayorías –incluido un sector importante de clases medias empobrecidas– y el evidente fracaso de la fórmula de gobierno que resultó de los comicios de 2016 que llevaron al poder a Jovenel Moïse, un súbdito de Michel Martelly.
Un indicio premonitorio de lo primero fueron los disturbios de principios de julio de 2018 en contra del alza del precio de los hidrocarburos pero también del alto costo de la vida. Mientras la inflación registraba nuevos récords entre abril y junio, la moneda nacional se devaluaba aceleradamente. Una pista de lo segundo la dio la política cada vez más cerrada del gobierno dirigido por Moïse, incapaz tras dos años en el poder de viabilizar siquiera algunas de sus promesas electorales, en particular las referidas a servicios básicos (electricidad) y nivel de vida (aumento del empleo y de la producción agrícola).
Todo esto ocurre dentro de un ambiente de corrupción cada vez más descarado que involucra además al Parlamento. Jean Henri Ceant, el primer ministro nombrado después de los disturbios de julio, salido de la tendencia Lavalas (del ex presidente Jean Bertrand Aristide) no pudo operar el necesario acercamiento entre la oposición (a la que pertenece) y el partido gobernante (el Partido Haitiano Tèt Kale). El empecinamiento de la presidencia, que se niega a una real apertura, combinado con la impotencia de un primer ministro, que no ha podido abordar ninguno de los problemas más candentes, provocaron la ampliación del descontento con la histórica manifestación del 17 de octubre y la también masiva del 18 de noviembre, ambas seguidas de días de incertidumbre y, sobre todo, del ensordecedor silencio de las autoridades.
La actual rebelión social abarca amplias capas del cuerpo social y concierne a diversos actores, incluido el sector privado. Por ello se puede calificar de cuestionamiento de todo un sistema, la resultante del agotamiento del mismo y de la sordera de sus dirigentes.
Haití pasó por la decepción con el gobierno de Jean Bertrand Aristide, un terremoto que destruyó gran parte de la capital, la llegada al poder de un músico extravagante (Michel Martelly), una misión militar multinacional (la Minustah), ¿Por dónde podría pensarse una recomposición estatal?
Indudablemente, estos eventos han impactado y construido cierta imagen de Haití, su “singularidad”, su “mala suerte”, un “caso desesperado”. Pero más allá de esas etiquetas –que dicen algo pero distorsionan y “folklorizan” la historia y los problemas de Haití– habría que retener, y enfocar la reflexión alrededor de la débil gobernabilidad del país, particularmente tras la descomposición del orden dictatorial duvalierista.
La desaparición en 1986 del control político y social de la dictadura dejó al desnudo la amplitud de la exclusión que constituye la base de un sistema injusto, patrimonial y clientelista. Este sistema está agotado, y las experiencias de Aristide o de Martelly han sido expresiones de los fallidas intentos de cambio y de la resistencia que oponen las clases dominantes. Las sublevaciones actuales han sido precedidas de otros signos premonitorios, como la difícil transición del 2015-2016.
Hay que considerar el histórico fracaso de las oligarquías sucesivas en implementar un proyecto capaz de incorporar el interés general a sus intereses de grupo. La irrupción de los excluidos, es decir, de la inmensa mayoría de los 11 millones de haitianos, sobre el escenario político y sus exigencias de ser tomados en cuenta, han sido ignorados durante más de treinta años. Hoy, el lema ya no es “changer l’Etat” [cambiar el Estado], sino radicalmente “changer le systeme” [cambiar el sistema].
No hay motivos para ser optimista ya que lo que se rastrea son siglos de total ignorancia y de sistemático desprecio del interés general más básico por parte de las élites del país, y la falta de preparación para encarar un cambio, ahora que se ha tornado una apremiante necesidad. Empero, la creciente madurez demostrada por una opinión pública hoy más educada e informada, más consciente de sus derechos y más madura en sus demandas, nos da una mayor esperanza.
¿Qué papel tuvo la corrupción en el uso de los recursos de Petrocaribe en el desencadenamiento de la crisis? ¿Cuáles fueron los beneficios de la asociación con Venezuela?
El tema de la corrupción desempeñó sin duda un papel de detonador en el estallido de la crisis. Al respecto, se soslaya a menudo un precedente importante. El sector “democrático radical”, referenciado en la voz del abogado y militante André Michel, ya había iniciado hace más de un año una demanda pública contra el Estado acerca del uso de los fondos Petrocaribe.
La iniciativa, de índole legal, tenía un alcance más bien simbólico pero atestigua las preocupaciones por la amplitud que ha cobrado el fenómeno de la corrupción. De hecho, a partir de los años 2010, entre despilfarro de los fondos recibidos por Haití tras el terremoto y del maná del programa Petrocaribe, transitaron por el país centenas de millones de dólares. Se han evaluado en alrededor de 3.000 millones los fondos procedentes del programa Petrocaribe. Pero es sin duda la movilización de jóvenes a partir de las redes sociales lo que condensó las frustraciones y las demandas de diferentes sectores, algunos hasta entonces pasivos o expectantes. La manifestación del 17 de octubre pasado fue convocada para pedir rendición de cuentas sobre los fondos Petrocaribe y reunió cientos de miles de personas de diferentes grupos sociales. Fue una demostración ciudadana esencialmente pacífica, como lo fue la del 18 de noviembre. La absoluta ausencia de respuesta del gobierno contribuyó por mucho en la ampliación de las demandas y la radicalización de sus expresiones.
Sobre la relación con Venezuela, ha sido una de ayuda fraterna por parte de un país que por razones históricas ha manifestado una solidaridad especial con Haití. El régimen chavista no solo se negó a participar militarmente en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) sino que contribuyó en varios proyectos de desarrollo social y propuso el programa Petrocaribe. Acerca del uso de esos fondos falta información. El informe de la Corte Superior de Cuentas lista obras nunca realizadas o incompletas, como los diez complejos deportivos no funcionales, el mercado de pescados en la capital cuya construcción se interrumpió, un viaducto apenas esbozado… Esas estafas y malas prácticas involucran a personalidades e instituciones pertenecientes al más alto nivel del aparato estatal, incluido el Presidente.
¿Qué tipo de organizaciones pusieron en marcha las protestas?
Se debe considerar una constelación de organizaciones y de sectores. El elemento desencadenante, el alza de los precios de los hidrocarburos, trajo naturalmente a colación el tema de los fondos Petrocaribe. De allí la formación en las redes sociales del movimiento “petrochallengers” (una red de jóvenes internautas) que convocó a la marcha de octubre pasado. La oposición radical, acusada de aprovecharse del movimiento para obtener réditos políticos política, tiene sin embargo cierta capacidad propia de convocatoria. Las organizaciones de derechos humanos cívicas desempeñaron igualmente un papel. Se trata realmente de un movimiento policlasista poco organizado, enraizado esencialmente en el descontento popular. La débil tradición organizativa en Haití aunada a la falta de credibilidad de los partidos políticos confiere a esas protestas una (falsa) imagen de “espontaneidad de las bases”. En realidad hay actores detrás de la cortina, lo que no se sabe es el peso de cada uno.
Por su carácter espectacular y el uso que de sus imágenes en la prensa, hay que mencionar las barricadas y los bloqueos de calles y carreteras asociadas. Son por cierto una expresión popular, barrial, de las protestas. Pero suelen ser también organizados por una fuerza disponible de desempleados, pagada muchas veces por políticos o empresarios. Cumplen una función de desacreditación de las manifestaciones, las cuales son anunciadas y luego relatadas bajo el sólo ángulo de la violencia. Pero no son ni las expresiones más importantes ni las más numerosas.
¿Cómo es la situación actual?
Se avecina una nueva ola de protestas para este mes de marzo –cuyas formas exactas no se pueden anticipar– debido a la falta de una respuesta mínima de parte del gobierno. Hay una multitud de consultas, reagrupamientos y propuestas, formuladas tanto desde la ciudadanía como de las organizaciones políticas. Y esos grupos han empezado a dialogar. Sin embargo aún predominan las divisiones, en todos los niveles.
Divisiones dentro del sistema político: en el seno del Poder Ejecutivo (los desacuerdos entre el presidente y el primer ministro son públicos) y dentro del aparato estatal (el Ejecutivo ignora al Parlamento que, a su vez amonesta el Ejecutivo y amenaza el Presidente con un juicio por alta traición) ; el aparato de justicia está dividido entre un sector politizado (allegados del gobierno) y otro impotente. La policía a su vez recibe órdenes de proteger los bienes y reprimir a los revoltosos que no siempre acata (ahí está la sospechosa pasividad de la policía durante los disturbios de julio de 2018).
Divisiones entre las oposiciones y entre los grupos sociales (incluida la oligarquía dominante). La llamada “oposición radical” ya no tiene el monopolio de las convocatorias, pero los llamados a manifestar, tanto en noviembre como en febrero, fueron paralelos más que concertados. Hoy se suman las voces que reclaman la salida de Moïse: la oposición “moderada” socialdemócrata y de centro derecha, elementos del sector privado se están expresando en este sentido mientras que las alternativas a esa opción (diálogo, con o sin condiciones) están lejos de producir consenso.
El propio empresariado, a través del Foro del sector privado, habla de cómo una sola voz para pedir la preservación de sus intereses de “proveedores de empleos” pero está dividido sobre la mejor fórmula para salvar el sistema: ¿Conceder medidas de alivio socioeconómico para mantener el equipo gobernante?, ¿sacrificar a Moïse para salvaguardar el sistema? ¿Proponer un nuevo modelo modernizador sacrificando la economía patrimonialista? Ahora bien, lo nuevo es el carácter público de esos posicionamientos políticos de la burguesía. Uno de susrepresentantes, Reginald Boulos, incluso anunció la formación de una organización acorde con su visión.
De todo ello resulta la ausencia de una fórmula de salida de la crisis. Más aún, las negociaciones y consultas que día a día se desarrollan en los círculos de poder ocurren en un contexto de total opacidad. Esta incapacidad de las fuerzas nacionales para elaborar una solución endógena pone a Haití ante el riesgo de tener que aceptar (una vez más) un parcheo impuesto por sus “amigos” de la “comunidad internacional”.
http://nuso.org/articulo/haiti-protestas-petrocaribe-moise/
