Hace 26 años, nueve efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús, sin dar la voz de alto, dispararon más de 270 balazos contra dos vehículos y mataron a cuatro de los cinco ocupantes. Según los peritajes realizados por la Gendarmería, todas las víctimas fueron asesinadas cuando estaban fuera de los automóviles, en el cruce de la avenida Mitre y Ramón Franco.
La llamada Masacre de Wilde, ocurrida el 10 de enero de 1994 marcó el nacimiento de la “Maldita Policía”, tal como se conoció al período en el que grupos de oficiales y uniformados de la fuerza de seguridad provincial armaron operativos para matar a inocentes y asesinar a aquellos que se negaban a pagar las coimas por dejarlos vender drogas o asaltar bancos y blindados.
Aunque pasaron 26 años de la Masacre de Wilde, el caso sigue vigente debido a que el 30 de marzo próximo se realizará la audiencia preliminar del juicio oral contra nueve efectivos de la mencionada dependencia policial acusados de asesinar al vendedor de libros Edgardo Cicutín, al remisero Norberto Corbo y a dos pasajeros, Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza.
El hecho constituyó uno de los episodios de brutalidad policial más sangrientos de la historia criminal argentina y tiene vasos comunicantes con el mayor atentado terrorista ocurrido en la Argentina: el ataque contra la sede de la AMIA, donde murieron 85 personas. Una escucha telefónica entre el subcomisario Juan José Ribelli y un colega suyo puso al descubierto la intención de recaudar fondos para lograr a cualquier precio la liberación de los “muchachos que cayeron en desgracia por lo de Wilde”. Según se determinó en varias investigaciones judiciales, la venta de la Trafic utilizada en el atentado contra la AMIA formó parte de las maniobras para recaudar dinero y “ayudar” a los policías acusados por la Masacre de Wilde.
Esa grabación figura en el denominado anexo “Brigadas” del voluminoso expediente por el ataque contra la AMIA. No obstante, Ribelli nunca fue acusado por la Masacre de Wilde. Era el cuñado del jefe de la Brigada de Lanús, el comisario inspector José Miguel Ojeda y, además estaba en Brasil en el momento de los cuatro homicidios. Aunque estuvo preso por su presunta responsabilidad en atentado contra la AMIA, fue absuelto en el juicio oral que se desarrolló durante dos años. Alberto Nisman, quien murió de un balazo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero, en circunstancias que no fueron esclarecidas, formó parte del equipo de fiscales que impulsó la acusación contra el exsubcomisario y otros policías bonaerenses en dicho juicio oral. Actualmente, Ribelli ya no trabaja como policía, es abogado y está al frente de un influyente estudio jurídico.
“La Masacre de Wilde constituyó el acto más violento de la maldita policía comandada por el comisario general Pedro Klodczyk con un nivel de corrupción y manejo autónomo nunca visto. La mayoría de los acusados por los cuatro asesinatos en Wilde eran oficiales de alta jerarquía”, explicó el abogado Ciro Annichiaricco, quien representa a Raquel Gazzanego, esposa de Cicutín.
A partir de la investigación encarada por la jueza de Lomas de Zamora, Silvia Susana González, se determinó que el 10 de enero de 1994 un grupo de nueve policías persiguió al remise Peugeot 505 conducido por Corbo, en el que viajaban Bielsa y Mendoza. Al interceptarlos a pocos metros de Ramón Franco y Mitre, los policías abrieron fuego contra el vehículo. Luego, advirtieron la presencia de un Dodge 1500 al que confundieron con un supuesto vehículo de apoyo. Entonces, los policías, que estaban de civil y sin sirenas, lo persiguieron y dispararon.
Al llegar a la esquina de Moreno y Bismarck, el Dodge 1500 se detuvo, dañado por 39 balazos. El vendedor de libros Claudio Díaz y su compañero Cicutín descendieron y, entre uno y tres policías, mataron a Cicutín. Díaz, salvó su vida.
Al fundar los procesamientos contra los nueve policías, la jueza González, tuvo en cuenta el peritaje realizado por los técnicos de la Gendarmería que concluyó que no existió tiroteo alguno y que las cuatro víctimas habían sido asesinadas fuera de los automóviles. Ante la sorpresa general, en noviembre de 1994, la Sala I de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, ordenó la libertad por falta de mérito de los policías. En el fallo, los camaristas entendieron que los agentes habían actuado en defensa propia. El sargento Marcos Rodríguez logró, de todas formas, evadir la resolución de la jueza González. Un día después de la masacre se escapó de la brigada.
Dicha fuga tenía como objetivo responsabilizar al suboficial Rodríguez de ser el único autor de la masacre. Los argumentos presentados por las defensas de los policías presentaban a Rodríguez como un clon de Rambo que en pocos minutos efectuó 270 disparos de manera solitaria y autónoma ante la pasividad de los otros policías. Todo eso fue falso. Rodríguez estuvo más 20 años prófugo. Fue atrapado en septiembre de 2014 en La Falda. “El problema es que Rodríguez estuvo preso poco tiempo. Actualmente vive en Tigre. Está en su casa con prisión domiciliaria y sin el monitoreo de la tobillera electrónica. El único control que tiene está a cargo de un efectivo de la Gendarmería que debe tocarle el timbre una vez por día para corroborar que no huyó. El resto de los policías acusados están en libertad”, expresó, indignada, Raquel, la esposa de Cicutín.
Además de Rodríguez, serán sometidos a juicio oral los policías Roberto Mantel, Hugo Reyes, Osvaldo Lorenzón, Julio Gatto, Marciano González, Pablo Dudek, Eduardo Ismael Gómez y Marcelo Valenga. De no haber sido por un fallo dictado en 2013 por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, ninguno de los acusados hubiera llegado a juicio.
“Tuve que hacer mi propia investigación. A partir de lo que me dijeron varios testigos pude establecer que a Edgardo lo mataron tres policías. Me dijeron que confundieron el Dodge 1500 en el que viajaban con un automóvil similar en el que los policías sospechaban que iban los cómplices de los dos pasajeros del remise Peugeot 505. Algunos testigos dijeron que los policías sacaron un maletín del baúl del Peugeot 505. Ese maletín nunca apareció y me dicen que en su interior había algo que los policías querían. Fue una emboscada”, explicó Raquel.
La costumbre de algunos sectores de la policía bonaerense de armar emboscadas sangrientas se repitió en noviembre de ese 1996, cuando doce asaltantes intentaron robar un minibanco que funcionaba en las instalaciones de la empresa Andreani, en Avellaneda. Cuando llegaron al lugar los estaban esperando 50 policías bonaerenses. Para la Justicia, el hecho fue calificado como una “ratonera”, una modalidad aplicada por algunos oficiales que entregan el dato para un robo y arman una trampa para lograr impacto mediático, y así demostrar la efectividad policial. Ningún policía quedó preso.
Algo similar ocurrió en abril de 2000, en Los Polvorines, cuando tres asaltantes que habían robado 30.000 pesos de un banco en General Pacheco y un policía bonaerense fueron asesinados en otra “ratonera”. Un año antes, en septiembre de 1999, un grupo de ladrones entró a robar en la sucursal del Banco Nación en Villa Ramallo.
Fue un asalto entregado por la policía. Pero algo salió mal. Un vecino avisó a la policía y un oficial, que no estaba al tanto de que era una zona liberada, cortó el paso de los delincuentes, quienes volvieron al banco y tomaron rehenes. Para evitar que los delataran, algunos de los policías que rodeaban la entidad dispararon contra los vehículos en los que los asaltantes escapaban. Así, otra vez, mataron a los delincuentes y a los inocentes.
Claudio Díaz sufrió en carne propia una de esas emboscadas. Conducía el Dodge 1500 modelo 1980 baleado por los policías en Wilde. Se dirigía a Berazategui junto con Cicutín. Llevaban el baúl cargado de libros para ofrecerlos a nuevos clientes. “Cuando hicieron la reconstrucción de la masacre conté 39 varillas que los peritos de la Gendarmería pusieron en mi auto para marcar los disparos. Tres de los balazos estaban en mi asiento. Uno de los disparos era pasante. No sé cómo pude sobrevivir. No era mi momento”, expresó Díaz, quien tiene 61 años.
“Disparaban a mansalva. No hubo ni sirenas y ni voz de alto. Tampoco se ven llegar los balazos. Solo se escucha el ruido contra la chapa del auto. Me tuve que detener porque el auto no avanzaba más. Tenía dos o tres ruedas en llanta. Entonces, llegaron unos hombres armados y nos hicieron bajar del auto. Edgardo descendió al mismo tiempo que yo, pero en un momento lo perdí de vista. Me empujaron al piso, me pusieron una pistola en la cabeza y me esposaron con las manos hacia adelante. Al mismo tiempo, otro de los que me apuntaba apoyó su rodilla en mi espalda para tenerme aplastado contra el piso”, relató Díaz.
“Escuché más tiros. Fue como si vaciaran el cargador de una pistola. Al tener la nariz contra el piso no podía mirar mucho, pero alcancé a ver un brazo con una pistola que tenía la corredera para atrás y otro hombre que le gritaba al que tenía el arma ‘pará loco que está dominado’. Después escuché el llanto de dolor de Edgardo. Cuando me levantaron me hicieron subir a un Peugeot 504, en el trayecto vi la espalda de mi compañero hecha un ovillo, al lado del auto”, recordó así Díaz.
Raquel se despidió de Edgardo el 10 de enero de 1994 a la mañana. Se quedó en su casa preparando la comida para la fiesta de bautismo de su hijo Gonzalo. El cuerpo de Edgardo fue reconocido en la morgue por su padre y su cuñado. A 26 años del homicidio, reclama que se realice el juicio oral contra los policías que mataron a su esposo.
Hace casi un año en un episodio similar, efectivos de la misma dependencia policial, armaron una emboscada para cobrarle una coima a la esposa de un narcotraficante de la zona. Durante el tiroteo murió un comisario y tres efectivos de la Policía Federal que fueron a detenerlos resultaron heridos. La costumbre se repite.
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