Autor: Redacción

En esta situación se encuentra ahora el compañero Alfredo Grimaldos por su libro «La sombra de Franco en la Transición», que desde este sindicato hemos recomendado a nuestros afiliados y a todos los trabajadores.

En 1978, la revista Interviú publicó el reportaje titulado, “Los Rosón, azote de Galicia”, en el que se relataban las hazañas de Antonio Rosón Pérez, durante los meses inmediatamente posteriores al golpe de Estado fascista del 18 de julio de 1936. Como alférez de complemento, actuó de jefe militar de los sublevados en la zona de Becerreá, en Lugo, a lo largo de ese periodo crítico.

Antonio Rosón se convirtió, muy poco después, en el primer presidente de la Xunta de Galicia y su hermano Juan José Rosón era gobernador civil de Madrid en el momento que Interviú publicó el reportaje.

Los Rosón utilizaron entonces todos sus recursos políticos para conseguir que se secuestrara la revista en dos ocasiones.

Pues bien, treinta años después, los Rosón atacan de nuevo, en esta ocasión los herederos de Antonio y Juan José Rosón Pérez, fallecidos ambos en 1986. Han presentado una demanda de protección al derecho al honor por las alusiones que se hace a este clan caciquil lucense en un capítulo del libro de Alfredo Grimaldos.

Están empeñados en que no se conozca la historia de su familia.

Entonces, en 1978, el pleito judicial se resolvió, en primera instancia, con una sentencia favorable a Interviú dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, pero luego, en casación, un Tribunal Supremo cuajado de jueces franquistas y del que formaba parte incluso un cuñado de los Rosón, revocó la sentencia dándoles la razón a ellos.

Ahora quieren callar a Alfredo Grimaldos. La base de la investigación sobre Antonio Rosón incluida en su libro son artículos laudatorios hacia él publicados en el diario El Progreso, de Lugo, entre julio y septiembre de 1936.

Es lo que decían los propios fascistas de la actividad represiva del mayor de los Rosón. En Lugo no hubo guerra civil, se produjeron escasos focos de resistencia a favor de la legalidad republicana, aplastados por las tropas franquistas, que avanzaron con facilidad y, en pocos días, controlaron toda la región. Los asesinatos en las cunetas y las condenas a muerte dictadas por los tribunales militares tuvieron como víctimas a republicanos que defendían la constitución vigente y que, en su mayoría, no habían tenido siquiera la posibilidad de participar en ningún hecho de armas.

Antonio Rosón encabezó la “limpieza” de la zona de Becerreá, durante los primeros meses posteriores al alzamiento militar, según publica El Progreso en varias notas. Por ejemplo, en el ejemplar del 23 de agosto de 1936, se puede leer: “Es de señalar la labor altamente patriótica que están desarrollando los señores D. Antonio Rosón, jefe militar en esta villa; don Fermín Pérez Rosón, médico de Los Nogales y jefe de Falange; D. Luis Rosón y D. Manuel Pérez Rosón, jefes locales en Becerreá y Cervantes, respectivamente, quienes, con su alma de gigantes, están haciendo una labor magnífica en defensa de la Patria. Con su gran olfato policiaco, van directamente a las madrigueras en donde se esconden los huidos, causando verdadero terror entre estos”.

En el libro no se afirma que Antonio Rosón participara personalmente en ningún asesinato, no hay pruebas de eso, pero sí en la persecución y el encarcelamiento de antifascistas, como parece obvio. Algo que él mismo reconoce, quitándole hierro, por supuesto, en unas declaraciones a la revista Cambio 16 publicadas el 7 de mayo de 1978:

“Al llegar a Lugo se me comisionó para que fuera con la Guardia Civil a mi pueblo, y con otros grupos de gente armada que había en los cuarteles de San Fernando, con objeto de que desaparecieran las barricadas y los registros domiciliarios.
Volvimos produciendo un poco de ruido, para que la gente se marchara, ¿comprende?”

Está claro que él era quien mandaba en la zona, como vuelve a señalar El Progreso del 19 de septiembre de 1936: “Debido a la actividad del jefe militar en esta villa, el alférez de complemento D. Antonio Rosón, son muchas las armas recogidas en este partido judicial, calculándose en más de cien las armas largas y aproximadamente las cortas en unas cincuenta, muchas de ellas tan antiguas que ni las marcas se les conoce”.

Mientras tanto, empiezan a publicarse a diario, en el mismo periódico, los nombres de los que son “pasados por las armas” después de consejos de guerra sumarísimos sin las más mínimas garantías jurídicas.

Aún no se sabe donde están enterrados los cadáveres de la mayoría de esos antifascistas asesinados por los hombres que estaban bajo el mando de Antonio Rosón.

A partir de octubre de 1936, el hermano mayor de este clan caciquil participa en las farsas judiciales franquistas en su calidad de abogado y militar. A los detenidos se les acusa de un delito de “rebelión”, por haberse mantenido fieles a la legalidad. El día 7 de octubre, El Progreso se encarga de despedirle y de recordar sus méritos: “Fue destinado a Lugo el distinguido abogado, alférez de complemento, D. Antonio Rosón. Hasta la fecha prestó los servicios militares en esta villa, en donde actuó como comandante militar desde el principio del Movimiento, desempeñando su cometido con gran acierto. Sentimos la marcha de tan buen amigo”.

Juan José Rosón, por su parte, después de desarrollar una larga carrera política durante el franquismo, vistiendo la camisa azul con el yugo y las flechas, fue el responsable de numerosos asesinatos de militantes antifranquistas en la calle a manos de las fuerzas policiales que él mandaba. Y llegó al Ministerio del Interior en 1980, el año más sangriento de la Transición, en el que la extrema derecha y los grupos parapoliciales provocaron dos docenas de asesinatos.

Casi setenta años después del parte oficial de guerra del 1 de abril de 1939, todavía sigue siendo muy difícil indagar en la represión franquista de la guerra y la posguerra. Esa es una consecuencia de la pervivencia del Estado franquista a lo largo de la Transición, un periodo que también estuvo marcado por una fuerte actividad represiva del poder contra los movimientos populares. Los enjuagues de la Transición están en el origen de los problemas que seguimos teniendo ahora para recuperar nuestra memoria histórica.

No sólo se miente sobre lo que sucedió entre 1936 y 1939 y, después, durante toda la dictadura franquista. También sobre hechos mucho más recientes. La imagen oficial de la Transición se ha construido sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado. No se ha purgado el franquismo en esta sociedad. Los asesinos que aún viven, y sus herederos, están crecidos. Se revuelven como fieras ante cualquier indagación sobre el pasado.

Las dificultades que tenemos todavía son consecuencias de la Transición, en la que se pactó la amnesia colectiva. Una sumisión al franquismo que supuso un nuevo crimen contra las víctimas de ese régimen de terror.

Hay que recordar que más de 100 antifascistas perdieron la vida en las calles, entre 1976 y 1980, a manos de las fuerzas policiales mandadas por Martín Villa y Rosón. Y en atentados de la extrema derecha instrumentalizada desde el poder. La mayoría de ellos tenía alrededor de 20 años. La historia oficial se ha olvidado deliberadamente de todos ellos. Hay que reivindicar permanentemente su memoria.

La Transición supuso una Ley de Punto Final del Franquismo, nos dejó al Borbón en el trono, muchos muertos sin rehabilitar y a los asesinos sin condenar. Los tribunales de justicia aún se siguen oponiendo a la revisión de los consejos de guerra franquistas, auténticas aberraciones jurídicas.

Aquí no ha habido ninguna reconciliación: han querido imponernos la rendición de la memoria. Pero a pesar de las demandas de protección del derecho al honor de los verdugos, no vamos a renunciar a nuestra propia historia. Es fundamental seguir trabajando para romper la barrera tejida por la intoxicación, la mentira y el olvido.

Pues bien, señores del Tribunal Supremo: ese mismo año en el que Ustedes dictan su sentencia inquisitorial, el clan familiar cuyo honor defienden seguía haciendo de las suyas y la policía detuvo a Javier Eduardo Rosón Boix, involucrado en la Operación Emperador que desarticuló la mafia china de Gao Ping.

Rosón Boix trabajaba en una sucursal de Madrid del Banco Sabadell como abogado especialista en el lavado de dinero negro y la evasión fiscal. Había organizado su propia red con la ayuda de Frederic François Mentha, un gestor de la banca suiza. La policía registró dos domicilios ligados a él e intervino su vehículo, un Mercedes SL500. Le relacionan con una española de origen israelí, Malka Mamman Levy, alias La Sobrina, auténtica cerebro de la banda criminal de blanqueo de dinero.

Es el hijo pequeño de Juan José Rosón, antiguo cacique gallego, antiguo gobernador civil de Madrid, antiguo ministro del Interior en los tiempos de UCD…

Este es el «honor de la familia Rosón» que defienden los jueces españoles.