El 17 de junio la policía alemana llevó a cabo un registró las oficinas de Stefan Hockertz, director de una de las principales consultoras europeas de farmacología y conocido por sus publicaciones críticas hacia las empresas del gremio.
Tras estudiar biología en la Universidad de Hannover, Hockertz se doctoró en farmacología en la de Hamburgo, donde luego fue profesor de inmunotoxicología molecular.
Como otros científicos de renombre, se opuso desde el principio a las medidas del gobierno alemán en relación con la pandemia y advirtió de los efectos sobre la salud de las nuevas vacunas de ARN mensajero.
En su libro “Generación mascarilla”, publicado hace tres meses, Hockertz analiza las consecuencias del confinamiento sobre el estado psicológico, mental y físico de niños y adolescentes. Innumerables niños se han refugiado en un mundo propio, donde se quedan solos con sus ansiedades, sostiene Hockertz.
El libro no le ha debido gustar a la policía alemana, que ha tratado de poner remedio a su difusión, al tiempo que avisa a otros críticos de la pandemia, las restricciones y las vacunas.
No es el primero caso. Dos meses antes la policía también registró el domicilio del juez Christian Dettmar en Weimar como represalia por la sentencia que dictó contra el uso de máscaras en las escuelas.
Para proteger a la infancia, el juez anuló la imposición mascarillas, la realización de pruebas de coronavirus y el mantenimiento de la distancia social en dos escuelas de Weimar y exigió que las clases fueran presenciales.
Como represalia la policía registró el juzgado y las viviendas particulares del juez, primero en abril y luego en junio. En una auténtica caza de brujas, el juez Dettmar está procesado por “alterar el curso de la justicia”, un atentado que carece de precendetes en la Unión Europea.
Luego el fiscal de Erfurt ordenó a la policía nuevos registros contra ocho personas, la mayoría de las cuales declararon como peritos en el juicio que condujo a la sentencia de Dettmar.
Se llevaron a cabo varios registros simultáneos contra los profesores Ulrike Kämmer y Ulrich Masuth, contra el juez Matthias Guericke, contra la madre de los niños afectados, contra su tutor y contra los profesores Christian Kuhbandner e Ines Kappstein. La policía se incautó los móviles, ordenadores y numerosos documentos, incluida la correspondencia privada y el original de un expediente judicial.
Las incautaciones indican que hay abiertos expedientes judicial contra todos ellos.
