La web más censurada en internet
El gobierno español va a implantar en los próximos días un toque de queda que, sumado a las restricciones ya aprobadas en todas las Comunidades Autónomas, suprimirá las ya menguadas libertades de movimientos a tres casos: trabajo, estudios o trámites. La ausencia de lecturas críticas sobre la información existente respecto a la pandemia y la aceptación del relato oficial tiene escasos precedentes en la izquierda española. Leer más
Los oprimidos no miran desde el mismo ángulo que sus opresores. Los argelinos equiparan el toque de queda impuesto el sábado por Macron con otro toque de queda, el del 5 de octubre de 1961, en medio de la Guerra de Argelia.
El primero se impuso por motivos sanitarios y el otro por motivos militares. Pero no hay más diferencias y las redes sociales se han llenado de mensajes recordando uno y otro porque, además, se cumple un aniversario.
Hasta las fechas coinciden: el 17 de octubre de 1961 los argelinos convocaron una manifestación contra el toque de queda que provocó una terrible masacre en el corazón de la capital francesa.
En aquellos tiempos el prefecto de policía de París era un nazi, Maurice Papon, o como dicen en Francia, un “colaboracionista” que ya participó como jefe de policía bajo el régimen de Vichy.
No son coincidencias. En la historia las cosas no suceden por casualidad. “Se aconseja urgentemente a los trabajadores argelinos musulmanes que se abstengan de circular de noche por las calles de París y los suburbios parisinos, especialmente de las 20.30 a las 5.30 horas”, ordenó Papon y algo parecido ha ordenado ahora Macron.
¿Por qué por la noche? Porque los argelinos eran trabajadores y las reuniones políticas se hacían “después de cenar”, como explicaba recientemente un viejo dirigente del FLN argelino.
La diferencia es que antes había personas conscientes que protestaban, a diferencia de ahora, donde el toque de queda les parece poco y piden a gritos que lleguen los campos de concentración.
En 1961 los antifascistas, los antimperialistas, los revolucionarios y, naturalmente, los argelinos salieron a la calle para protestar contra el toque de queda impuesto durante doce días, primero a los trabajadores argelinos y luego a todos los magrebíes.
Hoy los más sumisos convocan procesiones con bozal, a diferencia de entonces, cuando había un lucha de verdad. En tales casos, si te imponen un toque de queda nocturno, hay que convocar una manifestación por la noche (precisamente).
Aquella lluviosa noche de 1961 miles de revolucionarios salieron a las calles de París para manifestarse y la represión de Papon resultó atroz. Docenas fueron asesinados, algunos de ellos arrojados al Sena, exactamente igual que en Santiago de Chile hace unos días. Hubo más de 12.000 detenidos y más de mil heridos quedaron tirados por las calles, desangrándose y doliéndose.
Para quienes sobrevivieron a la masacre, el toque de queda ordenado por Macron les parece una amenaza. Nadie se puede atrever a desafiar un toque de queda nocturno de ningún gobierno, ni por motivos militares ni sanitarios… salvo que quiera repetir la trágica experiencia de hace 59 años en París.
Pero ya quedan pocos que protesten. Cuando alguien alza la voz es para pedir que le pongan los grilletes en las muñecas.
En agosto dos enviados de Estados Unidos visitaron Damasco, la capital siria, para negociar la liberación de los presos estadounidenses.
Varios medios de comunicación de Estados Unidos han informado del viaje a Damasco y la reunión con dirigentes sirios, así como el periódico sirio Al-Watan.
Roger Carstens, enviado especial de Trump para los secuestrados, y Kesh Patel, otro asistente de Trump en materia antiterrorista, visitaron Damasco en agosto y se reunieron en Damasco con el general Ali Mamlouk, que es el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional.
Los enviados de Estados Unidos discutieron una amplia gama de temas e hicieron varias ofertas y solicitudes.
Según Al-Watan, “no es la primera visita de altos funcionarios de Estados Unidos, ya que ha estado precedida por tres visitas similares a Damasco en los últimos meses y años”.
Los dos enviados estadounidenses trataron de ganar la cooperación de Damasco con Washington en el caso del “periodista” estadounidense Austin Tice (en la imagen de portada), que desapareció cerca de la capital siria en 2012.
En realidad, Tice no era periodista, sino un marine retirado que los servicios de inteligencia de Estados Unidos contrataron como mercenario para desatar la guerra en Siria. Entró clandestinamente en territorio sirio en 2012. Visitó las zonas que entonces estaban fuera del control del ejército sirio y llegó a la región de Guta oriental con la tarea de preparar a los yihadistas para luchar contra el ejército sirio.
Además de Tice, Estados Unidos se interesa por la suerte de Majd Kamalmaz, que desapareció en 2017 y, según el Wall Street Journal, hay al menos otros cuatro estadounidenses más bajo custodia del gobierno sirio.
Trump quiere llegar a las elecciones con el golpe de efecto que supondría poner delante de las cámaras de televisión a los desaparecidos. En marzo le escribió una carta privada a Bashar Al-Asad proponiendo un diálogo directo sobre Tice. Enviados de Washington han tratado de abrir canales para negociar un acuerdo.
La semana pasada, el jefe de la Seguridad General libanesa, el general Abás Ibrahim, que ejerce de mediador entre Washington y Damasco, se reunió en la Casa Blanca con Robert O’Brien, asesor de Seguridad Nacional de Trump, para hablar sobre los presos estadounidenses en las cárceles de Siria.
El gobierno de Damasco no confía en este tipo de visitas por la influencia de los grupos de presión estadounidenses en el Presidente de Estados Unidos.
La posición siria se basa en el principio de que no habrá ninguna discusión con Washington antes de la retirada de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos del este de Siria y la aparición de signos reales de esta retirada sobre el terreno, y que Damasco se ha negado a discutir las sanciones de Estados Unidos, asegura Al-Watan.
Tras siete meses de fracasos continuos, las comunidades autónomas lanzan nuevas medidas con el pretexto de la pandemia, a cada cual más contraproducente.
La Comunidad de Madrid se plantea solicitar un toque de queda al gobierno central aplicable a toda España y aboga por los confinamientos selectivos desde el sábado cuando finalice el estado de alarma.
Esta mañana el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confesado que han estado hablando de esa posibilidad tras el planteamiento que les han hecho los colegios profesionales del ámbito sanitario.
Escudero ha confesado también que el estado de alarma en la Comunidad de Madrid no ha servido para nada.
Algunos países europeos como Francia y Bélgica ya han impuesto el toque de queda. “Todo lo que vaya en el sentido de restringir la movilidad hay que estudiarlo”, ha añadido Escudero.
El gobierno regional estudia pedir ese toque de queda en el próximo Consejo interterritorial de Sanidad que se celebrará el jueves.
Si el estado de alarma no se prorroga, a partir del sábado el ejecutivo regional impondrá otro “confinamiento selectivo” contra los barrios populares de la capital y municipios de la Comunidad.
La militarización de la sociedad y de la sanidad sigue su marcha. Ayer los legionarios de la Brigada Rey Alfonso XIII empezaron a realizar las funciones de rastreo dentro de la denominada Misión Baluarte, en la Base Álvarez de Sotomayor que tiene el Tercio en Almería
El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha la Misión Baluarte con el pretexto de la “lucha” contra el coronavirus, que sucede a la Operación Balmis que puso en marcha durante la “primera ola”.
El Cuartel General de Fuerza Terrestre, en Sevilla, ha sido designado por el Ejercito de Tierra como autoridad de coordinación para encabezar la Misión Baluarte, en la Península y en la Comunidad Autónoma de Andalucía por estar en esta demarcación, y es responsable de la integración de las denominadas Unidades de Vigilancia Epidemiológicas (UVE, que actúan por zonas geográficas de actuación) en los sistemas Sanitarios de las Comunidades.
La Unidad de Vigilancia Epidemiológica a su vez se divide en Secciones de Vigilancia Epidemiológica que actúan a escala provincial. En el caso de Almería le ha correspondido a la Brigada de La Legión, e inicialmente contará con un oficial, tres suboficiales y 28 legionarios. Estarán activos de 08:00h a 20:00h en turnos de 6 horas.
Más información:
– El gobierno del PSOE y Podemos envía tropas del ejército para imponer el confinamiento a los temporeros de Huesca
– El ejército amenaza con volver a salir a la calle con el pretexto de un rebrote de coronavirus
– El ejército ha ejecutado 20.000 actuaciones con el pretexto del estado de alarma
En tiempos del gobierno laborista de Harold Wilson (1964-1970) el IRD, una unidad secreta del Ministerio británico de Asuntos Exteriores, lanzó una ofensiva propagandística en Chile para evitar que Allende ganara las elecciones presidenciales de 1964 y 1970.
Los documentos desclasificados por el Ministerio británico de Asuntos Exteriores muestran la complicidad de los laboristas en la desestabilización de Chile.
El IRD reunió información destinada a perjudicar a Allende y a dar legitimidad a sus oponentes políticos, y distribuyó documentos a figuras influyentes de la sociedad chilena.
Dicho organismo también compartió información con el gobierno de Estados Unidos sobre las actividades de la izquierda en el país latinoamericano. La embajada británica en Santiago ayudó a una organización mediática financiada por la CIA que formaba parte de un esfuerzo encubierto de Estados Unidos para derrocar a Allende, que culminó con el golpe de estado de 1973.
Un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores de 1964 señala que América Latina era “una zona vital de la Guerra Fría y que la lucha contra una toma de posesión comunista aquí es un interés nacional británico, al menos tan importante como la negociación del comercio y el aumento de las exportaciones”.
El informe añadía que a Estados Unidos “le preocupaba que el Reino Unido actuara en la mayor medida posible en el ámbito de la propaganda” en América Latina.
Varios meses antes de las elecciones presidenciales de Chile de 1964, una unidad de la Oficina del Gabinete Británico denominada Grupo de Trabajo sobre América Latina del Comité Antisubversivo aconsejó al IRD que era “importante impedir que la extrema izquierda obtuviera logros significativos” en Chile, “ahora y en el futuro”.
En aquel momento, Salvador Allende se presentaba a la presidencia como dirigente del Frente de Acción Popular contra el demócrata cristiano Eduardo Frei, quien finalmente ganó con el 56 por ciento de los votos contra el 39 por ciento de Allende.
El IRD lanzó su ofensiva propagandística en Chile apoyando secretamente a Frei en los meses previos a las elecciones. Como escribió Elizabeth Allott, funcionaria del IRD durante mucho tiempo, poco después de la victoria de Frei, la unidad se centró en “distribuir nuestra producción más seria a contactos fiables y asegurar la publicación de ciertos artículos de prensa” críticos con Allende y favorables a Frei.
Allott también propuso “una acción política especial con el apoyo de Estados Unidos” para dividir el voto de la izquierda.
Para los británicos las elecciones de 1964 fueron un éxito histórico. “En Chile, ciertamente tuvimos una rara oportunidad”, escribió Allot. “Si pensamos que nuestro trabajo en América Latina es importante, entonces ciertamente hay pocos lugares que requieran tantos recursos y donde haya tanta libertad de acción para nosotros en nuestros roles negativos y constructivos”.
Leslie Glass, Subsecretario de Estado Adjunto de Asuntos Exteriores y ex Director General de los Servicios de Información Británicos, escribió unos días después de las elecciones que era “una victoria sobre los comunistas para presionar al país”, añadiendo que ahora había “un gobierno de apoyo cuya política, si se lleva a cabo de manera eficaz, ofrece lo que probablemente sea la mejor oportunidad que hemos tenido en el continente de privar a los comunistas de su razón de ser”.
Frei gobernó Chile durante los siguientes seis años hasta que el país volvió a las urnas en 1970. En ese momento, Allende encabezó una coalición llamada Unidad Popular, comprometida con la realización de ciertas reformas en Chile.
Las políticas de nacionalización de Allende planteaban una amenaza considerable para los intereses británicos y estadounidenses, en particular en la principal industria de Chile, el cobre, cuyas minas eran en gran parte propiedad de empresas estadounidenses.
Como Allende parecía cada vez más probable que ganara las eleccioines, la propaganda británica se intensificó. “Chile está en la primera línea del comunismo en Sudamérica”, señaló un planificador del IRD en 1969.
A finales de los años 60 el IRD desplegó un oficial de campo especializado en Santiago, cuyas operaciones estaban dirigidas directamente a frustrar la victoria electoral de Allende.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores envió un agregado laboral a Chile para supervisar la actividad sindical, aunque el agregado fue retirado antes de las elecciones de 1970.
El 13 de julio de 1970, unas semanas antes de las elecciones, Allott informó al embajador británico David Hildyard que “la operación del IRD… se había centrado en impedir la llegada al poder de una alianza de extrema izquierda en las elecciones presidenciales de 1970, y en ayudar a las organizaciones adecuadas que probablemente seguirían existiendo independientemente de lo que ocurriera en las elecciones”.
“El oficial de campo del IRD… tiene contactos muy estrechos con funcionarios especializados del Ministerio [chileno] de Asuntos Exteriores [censurado] y algunas organizaciones estudiantiles. Como en cualquier otra parte de América Latina, podemos cubrir áreas que están fuera del alcance de los estadonidenses”.
Allott también propuso al jefe del IRD, Kenneth Crook, que Gran Bretaña entrenara al ejército chileno en “contrasubversión”. Se refirió en particular a la formación previa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la dictadura brasileña, que incluía técnicas de tortura.
Los esfuerzos británicos para detener a Allende fracasaron y las elecciones presidenciales chilenas de septiembre de 1970 llevaron al poder al primer socialista declarado del país.
La acción encubierta británica en Chile se llevó a cabo en colaboración con Estados Unidos, cuyo papel en la desestabilización del país se hizo evidente en los decenios siguientes. Entre 1962 y 1970, la CIA “emprendió diversas actividades de propaganda”, entre ellas “emisiones” de información “en la radio y los medios de comunicación” a favor de Frei y en contra de Allende.
También organizó operaciones de sabotaje contra Allende y realizó una campaña de tres años entre 1970 y 1973 para asesinarlo, canalizando millones de dólares para fortalecer los partidos políticos de la oposición, según un informe del Senado de Estados Unidos.
Los archivos del IRD muestran que a finales de los años 60 los británicos compartieron asesoramiento estratégico e inteligencia con los estadounidenses. Aunque los planificadores del IRD advirtieron a Estados Unidos de que no adoptaran una “línea demasiado extrema” en su propaganda anticomunista, proporcionaron a los estadounidenses una lista de periodistas chilenos que podían difundir contenidos.
Reino Unido y Estados Unidos también intercambiaron información sobre las actividades de la izquierda en Chile, acuerdo que continuó al menos hasta marzo de 1973, como lo demuestran los archivos británicos desclasificados.
El 11 de septiembre de 1973, Allende fue derrocado en un golpe militar dirigido por Pinochet, lo que suscitó una amplia condena internacional. Su régimen se convirtió rápidamente en uno de los más represivos de América Latina en la historia moderna, con miles de opositores políticos encerrados en el estadio nacional de fútbol o en centros de detención secretos.
Junto con la acción encubierta de Estados Unidos, los funcionarios británicos desempeñaron su papel en la preparación del terreno para la toma de posesión de Pinochet en alianza con Estados Unidos.
En octubre de 1970 la embajada británica en Santiago de Chile ayudó en secreto a una agencia de noticias financiada por la CIA, Forum World Features (FWF), a organizar “una cobertura especial de la situación chilena”. Un mes después de la elección de Allende, el Secretario británico de Asuntos Exteriores, Alec Douglas-Home, pidió a la embajada en Santiago que “respondiera a cualquier acercamiento” del FWF después de que su jefe, Brian Crozier, pidiera ayuda con una serie de historias “entre bastidores” sobre el programa de Allende.
La agencia FWF jugó un papel importante en el ataque propagandístico contra Allende. En diciembre de 1973, tres meses después del golpe de Pinochet, el periodista de la FWF Robert Moss publicó “El Experimento Marxista de Chile”, un libro encargado por la CIA que negaba el papel de Washington en el golpe y culpaba a Allende.
El gobierno de Pinochet compró 10.000 ejemplares del libro para distribuirlos dentro de una campaña de propaganda y Crozier recordó más tarde que la obra de Moss “jugó su papel en la necesaria desestabilización del régimen de Allende”.
Hugh Carless, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, se mostró de acuerdo, escribiendo en diciembre de 1973 que el libro “nos ayudó a encontrar un equilibrio” sobre Chile.
Rory Cormac, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Nottingham, asegura que los documentos desclasificados revelan que, a medida que la capacidad material de Gran Bretaña ha ido disminuyendo, ha recurrido a la acción clandestina para ayudar a mantener su papel en el mundo.
RSS/Feeds
Debe estar conectado para enviar un comentario.