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Maria Pevchikh estaba entre el grupo de seis personas que acompañaron al opositor y activista Alexey Navalny en el viaje a Siberia que terminó con su envenenamiento. El Departamento de Policía de Tránsito del Distrito Federal Siberiano de Rusia afirma que Maria Pevchikh se ha negado a testificar y se encuentra en paradero desconocido. Leer más
La tasa de suicidios ha aumentado en un 22 por ciento como consecuencia del confinamiento y la ola de histerismo desatada en Tailandia, según datos oficiales publicados por el diario Khaosod.
En el país asiático la única pandemia es el suicidio. En Tailandia se han atribuido 58 muertes al coronavirus, pero ha habido 2.551 suicidios en los primeros seis meses de este año: 40 veces más.
Para el director del Departamento de Salud Mental, órgano encargado de reunir datos sobre el número de suicidios, el fenómeno se explica por las dificultades económicas y otros problemas relacionados con la ola de histeria.
Según Kiatiphum Wongrajit, jefe del departamento, “la última vez que se observó un aumento de este tipo en Tailandia fue durante la crisis económica de 1997. En los tres años siguientes a la crisis, hubo un aumento del 20 al 30 por ciento en el número de suicidios”.
El confinamiento ha arruinado sectores clave de la economía tailandesa, especialmente el turismo y las exportaciones. Millones de empleos están amenazados.
La prensa tailandesa se hace eco de los suicidios relacionados con las deudas y el cierre de empresas. Por ejemplo, una mujer de 33 años se suicidó en Bangkok en julio después de ser despedida de su trabajo. Una razón similar se dio en el caso de un hombre de 54 años que se suicidó en agosto en Kalasin. Lo mismo ocurrió con la muerte de un empleado de seguridad, ya que sus familiares dijeron que se había arruinado como resultado del confinamiento.
Los más pobres han sido -obviamente- los más afectados por la pandemia. Durante el confinamiento la supervivencia de muchos de ellos ha pasado a depender de las ayudas públicas.
En una carta abierta 70 médicos belgas se han unido para pedir “la abolición de las mascarillas en las escuelas, tanto para los profesores como para los alumnos”.
“En los últimos meses, el bienestar general de los niños y jóvenes ha sufrido una gran presión. En nuestras consultas vemos un número creciente de niños y jóvenes que se quejan de las reglas de conducta que se les han impuesto. Diagnosticamos la ansiedad y los problemas de sueño, los trastornos de conducta y el miedo al contagio. También vemos un aumento de la violencia doméstica, el aislamiento y las privaciones. Muchos jóvenes carecen de contacto físico y emocional”.
“La obligación de llevar mascarillas en las escuelas es una seria amenaza para su desarrollo. Ignora las necesidades básicas del niño en crecimiento… El uso obligatorio de mascarillas hace de la escuela un ambiente amenazador y peligroso, donde la conexión emocional se hace difícil”.
Según los médicos belgas, “no hay pruebas a gran escala de que el uso de mascarillas en un entorno no laboral tenga un efecto positivo en la propagación de los virus, y mucho menos en la salud en general. Tampoco existe una base jurídica para hacer cumplir esta obligación”.
Los médicos también explican que los niños sanos expuestos al coronavirus se curan por defecto sin complicaciones y contribuyen posteriormente a la protección de sus congéneres aumentando la inmunidad de rebaño.
El lunes de la semana pasada comenzó en Londres la segunda ronda del juicio de extradición contra Julian Assange. Estados Unidos le acusa de espionaje, al tiempo que intenta evitar que salga a la luz su propio espionaje, que alcanza a la embajada ecuatoriana en la capital británica, donde permaneció refugiado el informático australiano.
La CIA espió tanto a la embajada como a Assange a través de la empresa española UC Global, que aparece como si hubiera sido contratada por el gobierno ecuatoriano para proteger la sede diplomática.
El espionaje es un atentado tanto contra el derecho internacional, como contra los principios que rigen cualquier procedimiento judicial, por lo que el juicio es plenamente nulo, un motivo más que suficiente para exigir la inmediata liberación de Assange.
Como consecuencia del espionaje, se ha abierto en España una investigación judicial contra David Morales, director de UC Global y antiguo infante de la Marina española que fue detenido por violación de la intimidad y el secreto profesional de Assange, así como malversación, corrupción, blanqueo de dinero y posesión ilegal de armas. En el registro le encontraron una pistola con el número de serie borrado.
UC Global es una empresa española de seguridad privada con sede en Jerez de la Frontera. Aunque había sido contratada para proteger la embajada de Ecuador en Londres, donde Assange permaneció refugiado, en realidad espiaba para Estados Unidos.
En 2015 Morales se reunió con la CIA, con la que acordó la vigilancia de Assange en el interior de la embajada. Luego les contó los detalles a los mercenarios de su empresa, que han testificado contra él. Les dijo que a partir de entonces la empresa jugaba “en primera división”, que había cambiado al “lado oscuro” y que trabajaba para los “amigos americanos”, sin el conocimiento de los ecuatorianos.
El espionaje continuó hasta marzo de 2018, cuando UC Global dejó de proporcionar “seguridad” a la embajada ecuatoriana. El año anterior había modernizado sus técnicas de espionaje, que le permitieron capturar grabaciones de audio y vídeo en cualquier rincón de la embajada. Las grabaciones las subieron a un servidor al que la CIA tenía acceso. La informacion personal de los visitantes de Assange también fue capturada, incluyendo detalles de sus móviles que permitieron su control remoto. Los vídeos de Assange le muestran reuniéndose con abogados, amigos y periodistas.
Además de ser espiados, los abogados de Assange padecieron asaltos en sus despachos profesionales, por lo que el juicio infringe el derecho de confidencialidad de la defensa.
En 2017 Morales pidió a los mercenarios de su empresa que buscaran un medio para salir de la embajada de manera subrepticia, con el fin de secuestrar a Assange. También discutieron la posibilidad de envenenar al fundador de WikiLeaks, una revelación que no ha tenido el mismo eco que la de Navalny.
Los correos electrónicos que envió Morales en marzo de 2017, se dirigían a una IP radicada en Alexandria, Virginia, una instalación de la inteligencia estadounidense, lo que se produjo solo unas semanas después de la creación de un equipo del FBI, cuyas pesquisas han conducido a la acusación contra Assange.
Ejerció de intermediaria la empresa de seguridad de Sheldon Adelson, un mafioso ya conocido en España por tratar de crear el casino de Eurovegas en Madrid. Morales se relacionaba con los matones de los que se rodea Adelson, así como directamente con el espionaje de Estados Unidos e Israel.
La información reunida se utilizó como base para las denominadas “medidas activas”, es decir, ataques políticos y jurídicos redactados por la CIA y propagados por las grandes cadenas de intoxicación del mundo entero.
El 20 de diciembre de 2017 Assange se reunió, entre otros, con Rommy Vallejo, jefe de los servicios de inteligencia de Ecuador, en la embajada en Londres. El informe fue el paso final en los preparativos para expulsar a Assange de la embajada.
El australiano había planeado recurrir a la Convención de Viena, después de ser nombrado como diplomático de Ecuador u otro gobierno colaborador. Un dia después, el 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden internacional de detención contra Assange. Habían escuchado la conversación entre Assange y Vallejo, lo que les permitió anticiparse y desbaratar el plan de salida de la embajada.
La investigación abierta en España se ha convertido, pues, en el mayor obstáculo al juicio de extradición de Londres, por lo que Estados Unidos ha pasado al ataque. El juez De la Mata, que dirige la investigación española, había solicitado detalles de las direcciones IP en Estados Unidos que se habían conectado al servidor donde se estaba descargando el material de vigilancia sobre Assange, ubicado en Jerez de la Frontera, donde UC Global tenía su sede.
España pregunta y Estados Unidos no sólo no responde sino que, a su vez, se pone a preguntar para evitar que salga a la luz el espionaje en el interior de una embajada. La fiscalía estadounidense ha enviado una carta a María de las Heras, jueza de enlace de España en Estados Unidos, con un ultimátum y un largo interrogatorio.
Los fiscales estadounidenses quieren que toda esa información se les facilite antes del 16 de octubre. De lo contrario “asumiremos que las autoridades españolas no están interesadas” y la solicitud será archivada.
En la carta, Estados Unidos pide “las fuentes de información para la mayoría de las afirmaciones hechas en la solicitud de cooperación judicial”. Es una injerencia en una investigación sobre la que Estados Unidos no tiene jurisdicción y un intento de intimidar a dichos testigos, cuyo anonimato se ha mantenido para garantizar su seguridad.
¿Nuestro sistema de salud quiere acabar con nosotros? Tal parece ser el caso, según un informe de los CDC de 2016. Más de 250.000 muertes al año son causadas por errores médicos mortales en Estados Unidos, una cifra superior a los 193.000 que atribuyen al coronavirus.
Solo las enfermedades cardíacas y el cáncer matan a más personas en Estados Unidos que los errores médicos en hospitales y otros centros de salud.
Los fallos de seguridad y los errores no intencionales causan un 70 por ciento más muertes que las enfermedades respiratorias crónicas, la tercera mayor causa de muerte. Las muertes por derrame cerebral, diabetes o la enfermedad de Alzheimer ni tan siquiera se aproximan a las muertes causadas por errores médicos.
La investigación publicada en la revista British Medical Journal fue dirigida por Martin Makary, un profesor de cirugía de la Escuela Universitaria de Medicina John Hopkins. Los errores médicos son de todo tipo, desde errores de diagnóstico hasta destrezas inadecuadas, y problemas más sistémicos como los fallos de comunicación cuando los pacientes son transferidos de departamento.
“El problema se reduce a que las personas mueren a causa del cuidado que les brindan, en vez de a causa de la enfermedad por la cual buscan la atención médica”, le dijo Makary al periódico.
Los investigadores de la Universidad John Hopkins analizaron cuatro grandes estudios de muertes médicas desde el 2000 hasta el 2008, incluidos dos realizados por agencias federales. El único estudio previo de muertes de pacientes a causa de errores fue en 1999 por el IOM (Instituto de Medicina), que estimó que los errores causaron hasta 98.000 muertes en Estados Unidos al año. Ese número, dijeron los investigadores, “es limitado y está obsoleto”.
Los investigadores advirtieron que incluso la estimación de 251.000 muertes podría ser bastante baja. No hay una categoría separada para los errores médicos en los certificados de defunción, lo cual les hace difícil a los CDC rastrear este tipo de muertes. El estudio destacó que en uno de los casos una prueba mal ejecutada causó daño al hígado y consecuentemente insuficiencia cardíaca. La causa de muerte del paciente fue categorizada como cardiovascular, cuando en realidad fue un error médico.
Los autores del estudio solicitaron cambios en los certificados de defunción para poder rastrear mejor estos fallos mortales. Sin embargo, Robert Anderson, el jefe de la división de estadísticas de mortalidad de los CDC, dijo que es “incómodo” que un médico tenga que informar de que un paciente ha muerto por un error médico. Tan solo añadir una casilla para los errores no resolvería el problema de que el personal médico comete errores, dijo.
Un nuevo análisis de Kaiser Health News de 2010 a 2015 sobre agencias de cuidado en el hogar encontró que más de 3.000 agencias revisaron o hicieron el seguimiento inadecuado de medicamentos para los pacientes nuevos. En algunos casos los enfermeros no se dieron cuenta de que los pacientes tomaban una combinación de medicamentos potencialmente peligrosa que los ponía en riesgo de sufrir ritmos cardíacos anormales, hemorragias, daño al hígado y convulsiones.
Por lo menos en un caso, una confusión de una farmacia con medicamentos recetados causó la muerte de una mujer.
https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2016/medical-errors-leading-cause-of-death-cs.html
La manifestación del 12 de septiembre en Roma “Stop 5G” se centra con razón en las posibles consecuencias de las emisiones electromagnéticas para la salud y el medio ambiente, en particular en el decreto que prohíbe a los alcaldes [italianos] regular la instalación de antenas 5G en el territorio municipal.
Sin embargo, un aspecto fundamental de esta tecnología sigue siendo ignorado: su uso militar. Ya hemos hablado de ello en el “Il Manifesto” (10 de diciembre de 2019), pero con poco resultado. Los sucesivos programas lanzados por el Pentágono, documentados oficialmente, confirman lo que escribimos hace nueve meses.
La “Estrategia 5G”, aprobada el 2 de mayo de 2020, establece que “el Departamento de Defensa debe desarrollar y emplear nuevos conceptos operacionales que utilicen la conectividad ubicua que ofrece la 5G para aumentar la eficiencia, la resistencia, la velocidad y la letalidad de nuestras fuerzas armadas”.
El Pentágono ya está experimentando con aplicaciones militares de esta tecnología en cinco bases aéreas, navales y terrestres: Hill, Utah; Nellis, Nevada; San Diego, California; Albany, Georgia; y Lewis-McChord, Washington. Confirmado en una conferencia de prensa el 3 de junio por el Dr. Joseph Evans, director técnico de 5G en el Departamento de Defensa.
Luego anunció que pronto se intentará aplicar el 5G en otras siete bases: Norfolk, Virginia; Pearl Harbor-Hickam, Hawai; San Antonio, Texas; Fort Irwin, California; Fort Hood, Texas; Camp Pendleton, California; y Tinker, Oklahoma.
Los expertos predicen que el 5G desempeñará un papel fundamental en el desarrollo de armas hipersónicas, incluidas las ojivas nucleares: para guiarlas en trayectorias variables, evadiendo los misiles interceptores, deben recogerse, desarrollarse y transmitirse enormes cantidades de datos en tiempos muy breves. Lo mismo es necesario para activar las defensas en caso de ataques con estas armas, apoyándose en sistemas automáticos.
La nueva tecnología también tendrá un papel clave en las batallas en red, siendo capaz de enlazar millones de transceptores en un área limitada.
Será muy importante el 5G para los servicios secretos y las fuerzas especiales: hará posible sistemas de espionaje mucho más efectivos y aumentará la letalidad de los drones asesinos.
Estas y otras aplicaciones militares de esta tecnología están siendo estudiadas en China y otros países también. Así que lo que está pasando con 5G no es sólo una guerra comercial.
El documento estratégico del Pentágono lo confirma: “Las tecnologías 5G representan capacidades estratégicas que son críticas para la seguridad nacional de los Estados Unidos y nuestros aliados. Por lo tanto, es necesario “protegerlos de los adversarios” y convencer a los aliados de que hagan lo mismo para asegurar la “interoperabilidad” de las aplicaciones militares 5G en el marco de la OTAN.
Eso explica por qué Italia y los otros aliados europeos de Estados Unidos han excluido a Huawei y otras empresas chinas de la competencia por el suministro de equipos de telecomunicaciones 5G.
La tecnología 5G, explicó el Dr. Joseph Evans en su conferencia de prensa en el Pentágono, es vital para mantener las ventajas militares y económicas de Estados Unidos”, dijo, “no sólo para sus adversarios, especialmente China y Rusia, sino incluso para sus aliados”.
Con ese fin, “el Departamento de Defensa está trabajando estrechamente con socios industriales, que están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en tecnología 5G, para aprovechar estas inversiones masivas para aplicaciones militares 5G”, incluyendo “aplicaciones de doble uso” militares y civiles.
En otras palabras, la red comercial 5G, construida por empresas privadas, está siendo utilizada por el Pentágono a un costo mucho menor del que se requeriría si la red se construyera únicamente con fines militares.
Serán los usuarios comunes, a los que las multinacionales 5G venderán sus servicios, los que pagarán por la tecnología que, según se nos promete, “cambiará nuestras vidas”, pero que al mismo tiempo se utilizará para fabricar armas de nueva generación para una guerra que significaría el fin de las generaciones humanas.
https://ilmanifesto.it/il-lato-oscuro-del-5g-luso-militare/
El 28 de marzo del año pasado, mucho antes de la declaración de pandemia por la OMS, Moderna ya solicitó la patente de una vacuna contra el coronavirus. El remedio llegó antes que una enfermedad que, sin embargo, han calificado como “nueva”.
Moderna es una empresa estadounidense de biotecnología que percibe subvenciones de los presupuestos militares del Pentágono, lo que nunca ha mencionado en ninguna de las 126 patentes que ha presentado en sus 10 años de historia.
Ya había una vacuna contra el coronavirus, a pesar de lo cual las subvenciones públicas siguen fluyendo hacia las empresas privadas como si no la hubiera y, naturalmente, los medios alimentan dicha ficción diciendo que hay una “carrera mundial” para crear la primera.
La ocultación del origen público de los fondos en la solicitud de una patente es una violación de la ley Bayh-Dole. En la patente de la vacuna de Moderna contra el coronavirus aparecen como inventores Giuseppe Ciamarella y Sunny Himansu.
Moderna es una empresa muy sorprendente que domina como nadie el arte de manipular las bolsas de valores. Gracias a la pandemia, la cotización de sus acciones en la bolsa se ha multiplicado por cuatro.
Fue fundada en 2010 y, como ya hemos expuesto en otra entrada, percibe dinero público a pesar de que nunca ha logrado que le aprueben ningún medicamento. Sus fracasados intentos de fabricar vacunas han sido desarrollados con una combinación de lo público y lo privado, que fluye hacia el capital sólo por el apoyo político-militar que recibe desde hace 10 años.
Con un impulso de casi 1.000 millones de dólares de dinero público, la empresa ha iniciado la fase 3 de ensayos clínicos en decenas de miles de personas y está tratando de conseguir una autorización de la FDA por la via de urgencia. También tiene un contrato para vender 100 millones de dosis a Estados Unidos por otros 1.500 millones de dólares. La proteína clave utilizada en la vacuna fue coinventada por los Institutos Nacionales de Salud.
Moderna había perfeccionado su tecnología de ARN mensajero en vacunas contra otras enfermedades infecciosas, incluyendo Zika y Chikungunya. La investigación fue apoyada con subvenciones de unos 25 millones de dólares por el Pentágono a través de DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa.
Moderna no ha mencionado el impulso militar en ninguna patente, a pesar de un requisito en la Ley Bayh-Dole de 1980 que las empresas revelan en las solicitudes de patentes cuando han recibido subvenciones públicas. Tampoco ha revelado la participación pública en ninguna de las 154 solicitudes de patentes pendientes.
La empresa sólo ha confesado las subvenciones en sus informes a la Comisión de la Bolsa, incluyendo el registro para su oferta pública inicial de 2018, así como en algunos documentos científicos.
Las subvenciones públicas no han logrado reducir los altos precios de los fármacos, consecuencia del peso monopolista en el mercado sanitario. En Estados Unidos el dinero público llega a raudales a las multinacionales farmacéuticas a través de los Institutos Nacionales de Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Pentágono.
De las tres instituciones públicas que financian las vacunas de Moderna, dos tienen un carácter militar, una prueba evidente de la naturaleza político-militar de este tipo de prácticas que se presentan con un carácter sanitario.
Moderna forma parte del grupo de empresas farmacéuticas que se benefician de la Operación Velocidad Punta puesta en marcha por Trump con el pretexto de la actual pandemia. Ya ha percibido 483 millones de dólares de dicha Operación.
Las cosas no pueden funcionar de otra manera: quien dirige dicha Operación no es otro que Moncef Slaoui, un antiguo cabecilla de Moderna que, como vemos, siempre están con un pie en lo público y otro en lo privado. Antes de ir a Moderna, Slaoui dirigió durante 30 años otra multinacional farmacéutica, GlaxoSmithKline, que no ha abandonado por completo.
En efecto, Slaoui sigue siendo el presidente de Galvani, una empresa de biomedicina en la que participan tanto GSK como Google.
Slaoui se incorporó al consejo de administración de Moderna en 2017, un cargo que ocupó hasta mayo de este año, un mes después de que se anunciara la Operación Velocidad Punta y tras vender sus acciones en un gran pelotazo bursátil que fue denunciado por la cadena CBS (*).
La CBS pidió que la SEC, el organismo regulador de la bolsa estadounidense, investigara a Moderna por utilizar información privilegiada. La empresa había anunciado un mes antes los resultados positivos en los ensayos de fase 1 de su vacuna contra el coronavirus. La noticia subió el precio de las acciones de la empresa en un 30 por ciento.
A los pocos días del anuncio, los cabecillas de la farmacéutica y los fondos de inversión que la controlan vendieron aproximadamente 90 millones de dólares en acciones.
(*) https://www.cbsnews.com/news/insider-trading-allegations-moderna-accountable-us-securities-exchange-commission/
Registro de la vacuna contra el coronavirus de la empresa Moderna
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