Para proceder a los despidos el sindicato se ampara en la legislación laboral aprobada por el PP durante la última legislatura y que tantas críticas, huelgas y manifestaciones levantó entre los sindicatos, incluido la propia UGT.
Los funcionarios del sindicato socialista reclaman que el despido colectivo, que afecta a 110 trabajadores de un total de 208 repartidos en 11 centros de trabajo de la Federación en 10 comunidades autónomas, se sustituya por otras medidas “no traumáticas, dignas y negociadas” con los representantes de los trabajadores.
Asimismo, afirman que el ERE presentado es una medida desproporcionada, que carga de forma traumática sobre los trabajadores la responsabilidad de la crisis económica por la que atraviesa el sindicato.
También lamentan que el sindicato no haya buscado medidas alternativas dirigidas a reducir el número de trabajadores despedidos, ni a sustituir los despidos traumáticos por vías alternativas tan y como se vienen exigiendo en todos los ERE que se producen en la mayoría de las empresas de este sector.
La empresa no ha mejorado desde el inicio de negociación del expediente la cifra de despedidos, a los que ofrece 25 días por año trabajado con un máximo de 13 mensualidades.
Además, critican que no se les haya ofrecido la posibilidad de acogerse a bajas voluntarias, reducciones de jornada o prejubilaciones, tal y como reclama el propio sindicato en cualquier negociación de un expediente colectivo.
Los trabajadores de la federación estatal no han cobrado el mes de agosto y se encuentran en una situación de suspensión de sueldo, sin saber cuándo van a cobrar, ni si la situación se va a prolongar más tiempo.