Un juez mexicano decidirá hoy si el fiscal César Jáuregui va a ser acusado de traición a la patria, a raíz del turbio papel que desempeñaron los espías de la CIA en una investigación criminal.
Jáuregui, fiscal del estado de Chihuahua, fue detenido el 17 de octubre, acusado de un ejercicio ilícito del servicio público. Su detención se produjo tras su dimisión, provocada por un accidente automovilístico que reveló la presencia de espías estadounidenses en una operación destinada a desmantelar un laboratorio de drogas.
En abril, tras el desmantelamiento de dicho laboratorio por parte de las autoridades de Chihuahua —ubicado en Morelos—, un vehículo que formaba parte del convoy de regreso sufrió un accidente y cayó a un barranco. En el interior del automóvil se hallaron los cuerpos de dos mexicanos y dos espías estadounidenses de la CIA.
El caso ha provocado la indignación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que los espías no tenían derecho a estar en México y que el ejército desconocía su presencia.
Los agentes de la CIA portaban armas, lo que también es ilegal en México.
No solo es ilegal que un funcionario público involucre a una central de inteligencia extranjera en una investigación interna sin la autorización del gobierno, sino que la presidenta Sheinbaum también ha condenado previamente la decisión de Trump de clasificar a los cárteles mexicanos de la droga como “organizaciones terroristas”.
Según Sheinbaum, Trump podría utilizar su calificación como pretexto para desplegar tropas estadounidenses en territorio de otros países, socavando así la soberanía nacional, como ya hizo en Panamá, Venezuela y otros países latinoamericanos.
La alianza “Escudo de las Américas”, creada este año por Estados Unidos y diversos gobiernos latinoamericanos lacayos de Trump, tiene como objetivo declarado combatir el narcotráfico. Sin embargo, es un mecanismo para facilitar intervenciones militares estadounidenses en todo el continente.
Sheinbaum promovió una reforma a la Constitución mexicana para prohibir que instituciones represivas extranjeras realicen operaciones de campo sin una autorización federal expresa.