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La criminalización de la solidaridad con Palestina gana terreno en Europa

La simpatía creciente por el movimiento Boicot, Sanciones y Desinversión (BDS) ha obligado a los gobierno europeos a reaccionar contra la causa palestina y en apoyo a un Estado acusado de apartheid.

El 3 de julio el Parlamento británico aprobó una ley que castiga a los opositores de la política israelí. La represión también ha cobrado impulso en Alemania y otros países europeos. La solidaridad con la causa palestina se está convirtiendo en el objetivo de una legislación represiva que en Israel coincide con un gobierno dominado por personajes que no ocultan su condición de racistas antipalestinos.

Los sionistas se están aprovechando de la adopción en Europa de la definición de antisemitismo desarrollada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que conduce a amordazar las críticas a Israel, sean cuales sean los crímenes de los que ese Estado puede ser culpable.

En 2019 los parlamentarios alemanes aprobaron una resolución no vinculante denunciando el movimiento BDS, describiendo sus métodos como antisemitas y recordando los llamados a boicotear a los judíos del III Reich. La resolución establece que Alemania se opone a la difamación de los judíos o el cuestionamiento de su derecho a existir, así como “el derecho a la autodefensa del Estado judío y democrático de Israel”.

Los tres principales partidos políticos alemanes, el Partido Socialdemócrata, la Unión Demócrata Cristiana y los Verdes aproyaron la ley.

De 1945 a 2018 el gobierno alemán pagó alrededor de 86.800 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas y supervivientes del genocidio judío, a lo que añadió obligaciones morales, en beneficio sobre todo de Israel.

Para los partidarios de Palestina, el clima se ha deteriorado últimamente. En los últimos años, el espacio para la defensa de Palestina en Alemania se ha reducido. El discurso pro-palestino calificado automáticamente como antisemita, y tras la aprobación de la resolución anti-BDS en el parlamento alemán en 2019, las instituciones federales comenzaron a declarar antisemitas todas las acciones que apoyan el movimiento de boicot. Esto ha permitido que universidades, gobiernos regionales e instituciones públicas nieguen a los palestinos el derecho a la libertad de expresión y reunión.

Tras la adopción “no vinculante” de la ley que designa al movimiento BDS como antisemita, el director del Museo Judío de Berlín, Peter Schäfer, investigador en estudios judíos, tuvo que dimitir, presionado de los cabecillas del gobierno israelí y la comunidad judía de Alemania, quienes acusaron al museo de participar en actividades anti-israelíes y anti-judías.

Un tuit del museo del 6 de junio respaldando un artículo del diario progresista Die Tageszeitung que informaba sobre una carta firmada por 240 académicos judíos e israelíes rechazando la idea de que el BDS es antisemita.

Las consecuencias son obvias: en Alemania muy pocos se atreven hoy a apoyar el boicot a Israel. El 20 de mayo el Tribunal Administrativo Superior de Berlín-Brandeburgo confirmó la prohibición policial de una manifestación celebrada en Berlín para conmemorar la Nakba palestina incitación antisemita de la población, a la glorificación de la violencia, a la transmisión de un voluntad de usar la violencia y por lo tanto a la intimidación y la violencia”.

Se han cancelado varias conferencias recientes en las que hablarían judíos no sionistas, a veces israelíes. En julio de 2022, consternado por las acusaciones de antisemitismo escuchadas tras una conferencia en la que había participado en Alemania sobre la apropiación indebida de la memoria del Holocausto, Avraham Burg, expresidente del parlamento israelí y de la Organización Sionista Mundial, escribió un artículo de opinión publicado por Haaretz:

“¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Israel ha hecho del antisemitismo una poderosa arma diplomática. Su gobierno conservador amplió enormemente el concepto. Toda crítica es antisemita; cualquier oponente es un enemigo; todo enemigo es Hitler; cada año es 1938”.

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Un juez de Estados Unidos denuncia la censura impuesta por la Casa Blanca durante la pandemia

El martes, Terry Doughty, juez del Tribunal de Distrito de Luisiana, respaldó las afirmaciones de que durante la pandemia la Casa Blanca había impuesto una censura “masiva” para silenciar cualquier cuestionamiento de la eficacia de las vacunas.

Como consecuencia de ellos, el juez prohibe a las instituciones públicas reunirse con los directivos de las redes sociales para eliminar la libertad de expresión en línea.

“Durante la pandemia de Covid-19, un período quizás mejor caracterizado por la duda y la incertidumbre generalizadas, el gobierno de los Estados Unidos parece haber asumido un papel similar al de un ‘Ministerio de la Verdad’ orwelliano”, dice el juez en una larga sentencia de 155 páginas.

En julio de 2021 Biden afirmó que Facebook estaba “matando gente” al difundir información “errónea” sobre las vacunas contra el coronavirus.

Los fiscales de Louisiana y Missouri presentaron la demanda, en la que acusaban al gobierno de estar involucrado en una “empresa de censura”. Afirmaban que había violado la Primera Enmienda al tratar de bloquear a los usuarios de las redes sociales que ejercían su derecho a la libertad de expresión.

Para demostrarlo, recopilaron y presentaron en el juicio miles de comunicaciones entre funcionarios públicos y empresas tecnológicas durante la pandemia. Una de ellas es un correo electrónico enviado en abril de 2021 por Rob Flaherty, director de estrategia digital de la Casa Blanca, a Google.

En él, Flaherty escribió que “YouTube está conduciendo a la gente a dudar” de las vacunas. Decía que la preocupación al respecto era “compartida en los niveles más altos” de la Casa Blanca.

En su correo electrónico, Flaherty pedía un “diálogo de buena fe” entre Google y la Casa Blanca que incluiría reuniones cada dos semanas.

En su fallo, el juez asegura que es “evidente” el “esfuerzo masivo” que realizaron tanto la Casa Blanca como las instituciones públlicas, para suprimir los mensajes por su contenido.

La orden judicial prohíbe que los funcionarios y las instituciones públicas se comuniquen con las empresas que administran las redes sociales para “instar, alentar, presionar o inducir de cualquier manera la remoción, eliminación, supresión o reducción de contenidos protegidos por la libertad de expresión”.

La única excepción son los casos de seguridad nacional o las amenazas criminales, según la sentencia.

La resolución judicial no es firme porque el gobierno de Biden puede apelarla.

El mes pasado también se filtró que los ministros de Reino Unido habían creado una unidad contra la “desinformación” que se utilizó para atacar a los críticos del confinamiento y a quienes cuestionaban la vacunación masiva de los niños.

El gobierno de Londres utilizó una empresa de inteligencia artificial para vigilar las redes sociales y señalar a quienes se oponían a los pasaportes de vacunas.

—https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/07/04/joe-biden-white-house-accused-covid-vaccine-censorship/

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La policía francesa podrá encender los móviles sin conocimiento de su titular

El miércoles los diputados franceses aprobaron una nueva ley que prevé el encendido remoto de los móviles, ordenadores, micrófonos y cámaras telefónicas de las personas sin su conocimiento.

La medida autoriza a la policía en dos casos posibles: ya sea para geolocalizar a una persona, o para grabar sonidos (escuchas) e imágenes.

La geolocalización se autoriza a petición del fiscal o del juez de instrucción, para los casos relativos a un delito sancionado con al menos cinco años de prisión, mientras que las escuchas telefónicas pueden ser autorizadas por un juez en investigaciones relacionadas con el terrorismo o la delincuencia organizada.

Lo que la ley no dice es lo que ocurre cuando los motivos invocados, que son siempre los mismos (“terrorismo”, “crimen organizado”), resultan ser falsos, no hay tales delitos o al vigilado le declaran exento de culpa.

El ataque es particularmente grave porque la captura también afecta a terceros. El titular del móvil lo lleva en el metro y todas las conversaciones alrededor serán capturadas. Lo mismo si va a un restaurante. La policía escuchará cualquier conversación en el espacio público. Es la puerta abierta a la vigilancia generalizada.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, alivia y consuela a los franceses: no hay mada que temer porque se trata de técnicas ya autorizadas. Ya lo sabíamos, pero es bueno que lo reconozcan y lo legalicen para que nadie se llame a engaño sobre la desaparición de los derechos fundamentales, que cada vez son más un recuerdo lejano.

La policía ya utiliza técnicas de vigilancia y escucha generalizadas, como colocar balizas bajo un automóvil para rastear los movimientos de sus ocupantes.

Este tipo de leyes siempre se aprueban con las mismas excusas, que son siempre falsas. La primera es que afectan “sólo” a los delitos graves, aunque luego se aplican a todos los delitos, e incluso a casos en los que no hay tal delito.

Otro de los pretextos es que las autoriza un juez, como si fuera algo diferente del policía o como si alguno vez hubieran negado algo a la policía. Como se dice ahora en España, los jueces y fiscales “afinan” lo que les suministra la policía. Todos ellos se coordinan previamente.

Especialmente Francia, que presume de ser el país de las libertades, se ha embarcado en una frenética carrera hacia una sociedad disciplinaria, estrechamente sometida, vigilada y controlada.

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El número de muertos por disparos de la policía francesa se ha duplicado desde 2020

Año tras año, la lista de personas asesinadas por la policía sigue creciendo. Con demasiada frecuencia, la tesis de la legítima defensa o la negativa a someterser no sustenta el análisis de los hechos.

“Te voy a disparar en la cabeza”, dijo el policía, apuntando su arma hacia la ventana del auto estacionado, antes de que su colega gritara “¡Dispárale!”. Al volante, Nahel, un menor de 17 años que conduce sin carnet. El pacificador cumple su amenaza y mata al adolescente a quemarropa. La escena tiene lugar este 27 de junio en Nanterre. Los policias declararon que fue en defensa propia, argumentando que el vehículo se dirigía hacia ellos, lo que el video de la escena niega. El autor del disparo es detenido. La familia de la víctima se prepara para presentar dos denuncias, una por “homicidio doloso y complicidad en homicidio”, la otra por “falsificación en escritura pública”.

La tragedia desencadena la revuelta de los habitantes del barrio de donde es oriunda la víctima. Dos semanas antes, Alhoussein Camara recibió un disparo en el pecho de un policía en condiciones similares cerca de Angulema.

En 2022 hubo trece muertos por la “negativa a someterse” y la apertura de fuego subsiguiente de la policía. Más allá de los nuevos dramas de Nanterre y Angulema, ¿cuántas personas han muerto a manos de la policía y en qué circunstancias?

Las muertes por disparos de la policía han aumentado drásticamente, con 18 y 26 personas muertas en 2021 y 2022, respectivamente, más del doble que en la década anterior. Este aumento amplifica la tendencia observada desde 2015, cuando el número de personas muertas por arma de fuego superó el umbral de diez por año. ¿En qué circunstancias se realizaron estos disparos?

Disparos letales contra personas con armas de fuego

De las 44 personas muertas a tiros en dos años, poco más de la mitad (26 personas) estaban armadas, diez de ellas con arma de fuego. Entre ellos, siete lo usaron, provocando una respuesta o fuego defensivo de la policía. Varios de estos intercambios de disparos se produjeron con personas “atrincheradas” en sus viviendas. El caso más publicitado involucra a Mathieu Darbon. El 20 de julio de 2022, en Ain, este joven de 22 años mató a puñaladas a su padre, madrastra, hermana, media hermana y medio hermano. La policía interviene, trata de negociar y luego decide derribarlo. En enero de 2021, en una pequeña estación por encima de Chambéry, un hombre que padecía trastornos psiquiátricos se encerró en su casa, armado con una pistola, en compañía de su madre, tras amenazar a un vecino. Al llegar al lugar, dispara contra la policia y toma represalias. Escenario relativamente similar unos meses después cerca de Gap. Tras una noche de negociación, el oligofrénico Nicolás Chastan fue asesinado por la policía tras haber apuntado con un rifle de caza en dirección a los gendarmes. El caso es sobreseído por legítima defensa.

En el primer trimestre de 2021 la policía fue convocada de dos a tres veces más que en años anteriores para este tipo de intervenciones, sin que necesariamente terminen en un asalto o tiroteo. La policía no sólo interviene en caso de “loco armado”. El 16 de abril de 2021 la unidad especial GIGN acompañó a los gendarmes que acudieron a detener a los sospechosos en un terreno habitado por viajeros. Muere un cincuentón que, según los gendarmes, habría apuntado con su arma en su dirección.

Armas de fuego contra sospechosos de apuñalamiento

Entre las 44 personas muertas por arma de fuego en 2021 y 2022, 16 estaban armadas con un arma blanca (cuchillo, cúter, barra de hierro). Una decena de ellos habría amenazado o agredido a los agentes antes de ser asesinados. En marzo de 2021 un policía parisino disparó a un hombre que lo atacó con un cuchillo, mientras vigilaba las bicicletas de sus compañeros.

La muerte de un bombero de Colombes también dejó perplejos a sus vecinos. En estado de embriaguez, arrojó una botella a los oficiales en el proceso de realizar un control, luego se acercó a ellos, armado con un cuchillo “mientras gritaba Allah Akbar”. Los agentes le dispararon cinco veces. Se desestima el caso, considerándose la respuesta “necesaria y proporcionada”. El verano pasado en Dreux, un oficial de policía abrió fuego fatalmente contra un hombre armado con un sable y lo consideró amenazante. El hombre también era sospechoso de violencia doméstica.

En estas situaciones la policía suele invocar la autodefensa. Sin embargo, esto genera interrogantes cuando la “peligrosidad” de la persona fallecida parece ambigua, como ilustra el caso de David Sabot, asesinado por los gendarmes el 2 de abril del año pasado. Sus padres, preocupados por la agresividad de su hijo, alcohólico, alertan a la gendarmería. Los gendarmes intervienen y disparan nueve balas a David. Según los gendarmes, se arrojó sobre ellos. Según sus padres, caminaba con los brazos colgando cuando se produjeron los disparos. “No llamamos a los gendarmes para matar a nuestro hijo”, se indignan.

El hecho de que la persona esté armada no legitima necesariamente la apertura de fuego por parte de la policía. Una persona que se defiende del peligro no es penalmente responsable si su respuesta cumple tres condiciones: inmediatez, necesidad y proporcionalidad. La pregunta surge si no hubiera forma de neutralizarla de otra manera. Un vagabundo, Garry Régis-Luce, fue asesinado por la policía cerca del aeropuerto Charles De Gaulle de Paris el pasado mes de agosto. En un video de la escena, el vagabundo armado con un cuchillo se enfrenta a cinco policías que retroceden antes de dispararle fatalmente en el abdomen. Su madre presentó una denuncia por homicidio doloso.

La negativa a someterse a una orden de la policía se paga con la vida

Varios casos plantean interrogantes sobre cómo reaccionar ante personas con trastornos psíquicos, que sin duda son potencialmente peligrosas para sí mismas o para los demás, y sobre la formación de los policías, que a menudo son los primeros en intervenir en este tipo de situaciones.

En la mañana del 4 de junio, en un barrio de París, la policía disparó nueve balas en total tras una negativa a someterse del pasajero de un vehículo, Rayana, que murió de un disparo en la cabeza.

El 21 de abril del año pasado, en Blois, la policía fue alertada del riesgo de suicidio de un estudiante, Zakaria Mennouni, que caminaba por la calle, descalza y con un cuchillo en la mano. Según el fiscal de Blois, avanzó con su cuchillo hacia la policía antes de que uno de ellos disparara una Táser y luego una LBD. Su colega también abrió fuego cuatro veces. Golpeado por tres balas en el estómago, Zakaria sucumbió al hospital. Por lo tanto, se invoca la “legítima defensa”. “¿Cómo siete policías no lograron someter a un joven sin usar sus armas de fuego?”, se pregunta quien alertó a la policía. Los familiares del estudiante, de nacionalidad marroquí, presentan una denuncia. En Twitter, su abogado denuncia una “investigación enterrada”.

Cerca de Saint-Étienne, en agosto de 2021, la policía intervino en un apartamento donde Lassie, dado de alta el día anterior de un hospital siquiátrico, pero visiblemente en descompresión, fue confinado por sus familiares, antes de que su pareja llamara a la policía para pedir ayuda. Este voluntario de una asociación humanitaria, de origen togolés, habría intentado atacar a los policías con un cuchillo de carnicero, antes de que uno de ellos abriera fuego.

¿Por qué, en este tipo de situaciones, la policía interviene sola, sin profesionales psiquiátricos? Varios estudios canadienses demuestran el vínculo entre los recortes en los servicios de atención y la frecuencia de las intervenciones policiales con perfiles que padecen trastornos psiquiátricos. Una lógica de seguridad que preocupa a varios cuidadores del sector, en particular a raíz del homicidio en marzo pasado de un paciente a manos de la policía en un hospital belga.

Se triplica el número de personas desarmadas muertas a tiros

El número de personas desarmadas que han caído bajo las balas de la policía también ha aumentado en dos años (5 en 2021, 13 en 2022). Esto es más del triple del promedio de la década anterior. Este aumento está relacionado principalmente con tiroteos mucho más frecuentes contra vehículos que huyen, como ilustra el nuevo drama, este 27 de junio en Nanterre, donde un adolescente de 17 años fue asesinado por un policía durante un control de tráfico por un disparo a quemarropa. de un oficial

Además del drama de Nanterre del 27 de junio, uno de los casos anteriores más publicitados tuvo lugar el 4 de junio del año pasado en París, en el distrito 18. Los policías dispararon nueve balas con su arma reglamentaria contra un vehículo que supuestamente se negó a detenerse. El pasajero, de 18 años, recibió un disparo en la cabeza y murió. El conductor, con un disparo en el pecho, resultó gravemente herido. Las otras dos personas que viajaban en el vehículo niegan que el vehículo chocara con la policía.

En la noche de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 24 de abril, dos hermanos, Boubacar y Fadjigui, fueron asesinados en el centro de París. Según la policía, estos tiroteos habrían seguido a la negativa de un control. Luego, el automóvil se habría dirigido hacia un miembro de la policía que se habría alejado antes de que su colega, de 24 años, en prácticas, disparara diez cartuchos de un rifle de asalto.

La policía mató cuatro veces más personas por la negativa a someterse en cinco años que en los veinte años anteriores. La ley de 2017 flexibilizó las reglas de apertura de fuego de la policía. “La policía se sintió más autorizada a usar su arma”, dijo un comandante de la policía el pasado mes de septiembre. A esto “se agrega un nivel de reclutamiento muy bajo y falta de capacitación, y tiene el resultado dramático que hemos visto durante varios años: policías que no saben contenerse y que no están suficientemente supervisados. Algunos policías quieren pelear sin discernimiento”.

‘Una persecución jamás justifica la muerte’

Los gendarmes están muy preocupados por la respuesta adecuada que deben dar a las negativas a cumplir, incluso si eso significa prohibir el uso inmediato de un arma de fuego. “La interceptación inmediata, que podría resultar accidentada, ya no es la regla, tanto más si las condiciones de la intervención y el marco legal permiten una actuación diferida, preparada y reforzada. Así, vigilamos con seguridad, soltamos si se vuelve peligroso y, sobre todo, informamos. Cualquier negativa a cumplir debe registrarse con un mínimo de información para que luego se puedan hacer esfuerzos para encontrar al perpetrador a través de una doble investigación administrativa y judicial”, explicó la comandante de la Gendarmería Céline Morin.

Para usar una frase del director general de la Gendarmería, “nunca una persecución o una detención justifican destruir una vida”. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros nos preparemos intelectualmente por adelantado para tácticas y acciones alternativas frente a negativas peligrosas a cumplir. Estamos lejos del discurso de superación de ciertos sindicatos policiales”.

Para justificar su acción, los policías invocan el peligro para ellos mismos o para los demás, a menudo considerando el vehículo como un “arma”. Aparte de la neutralización del conductor del vehículo, no tendrían por qué “escapar”, como afirma el miembro de la brigada criminal que mató a un joven de 23 años en Neuville-en-Ferrain, el 30 agosto del año pasado, quien presuntamente arrancó su vehículo cuando los policías abrieron la puerta.

Cuando la policía dispara por la espalda

Unos policías que se habrían “visto morir” dispararon a Amine B. el 14 de octubre en París. Atrapado en un callejón, el conductor reinició su vehículo en dirección a los policías que abrieron fuego. Varios testigos afirman que este ciudadano argelino, licenciado en ingeniería civil, conducía “despacio” sin dirigirse hacia ellos ni poner en peligro a nadie. Amine murió de una bala en la espalda. La familia ha pedido testigos para averiguar las circunstancias exactas de la tragedia. Raros son estos casos en los que el relato policial no es contradicho por los elementos de la investigación o los testigos.

En nombre de la autodefensa, los gendarmes dispararon nueve veces el 5 de julio de 2021 contra un fugitivo sospechoso de robo. El conductor de la camioneta no sobrevivió a la bala alojada en su pecho. “Nadie corría peligro”, dijo un familiar presente en el lugar. Según su testimonio, los policías “estaban a 4 ó 5 metros” de la furgoneta. Se realizó una reconstrucción de los hechos sin la presencia de este testigo, para disgusto de la familia que presentó una denuncia por “homicidio intencionado”.

El 7 de septiembre Zied B. fue asesinado a tiros en Niza por un ayudante de policía. Jean-Paul Benjamin fue asesinado por la brigada criminal el 26 de marzo cuando, en un conflicto con su patrono, Amazon, se marchó con uno de los vehículos de la empresa. Los videos que filman la escena desvirtúan la versión policial de las muertes. En el caso de Souheil El Khalfaoui, de 19 años, herido de bala en el corazón durante un control de tráfico en Marsella, las imágenes de las cámaras de seguridad que filman la escena, y que pueden corroborar o contradecir la versión de la policía, aún no han podido ser vistas por la familia que presentó la denuncia. Dos años después de la tragedia…

Si 2021 y 2022 estuvieron especialmente marcados por las muertes por disparos durante las intervenciones policiales, ¿qué pasará en 2023? Hasta donde sabemos, Nahel es al menos la octava persona asesinada a tiros por policías desde que comenzó el año.

—https://basta.media/Refus-d-obtemperer-le-nombre-de-personnes-tuees-par-un-tir-des-forces-de-l-ordre-a-double-depuis-2017-Darmanin

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Las ciudades francesas están en pie de guerra contra los crímenes policiales

La muerte de Nahel, un adolescente asesinado el martes por un policía durante un control de tráfico en Nanterre, en los suburbios parisinos, ha despertado una oleada de indignación en Francia, que no parece estar perdiendo fuerza. Ya son cuatro noches seguidas de protestas.

La versión oficial de la policía es mentira pero, afortunadamente, el incidente fue filmado por varias personas que presenciaron la escena. Dos policías se paran al costado de un automóvil estacionado y uno de ellos amenaza al conductor a través de la ventanilla abierta. El otro le apunta con su arma. Se escucha al policía gritar: “¡Te va a disparar en la cabeza!” Luego se oye una detonación y el coche arranca con un estruendo.

No le disparó en la cabeza sino en el pecho. A quemarropa.

En 2017 ley de seguridad pública amplió las posibilidades de uso de un arma de fuego para los policías y las consecuecias del “gatillo fácil” son obvias: otro muerto más, en un barrio más, en un control policial más. Es el tercero que muere desde principios de año. El año pasado fueron 13 las personas asesinadas en controles de tráfico.

Desde el martes han estallado disturbios en toda Francia y particularmente en los barrios. La mayoría de las principales ciudades francesas han visto cuatro noches de violencia urbana, incendios, saqueos y protestas. El gobierno ha movilizado a 40.000 policías y gendarmes en todo el territorio. Anoche fueron detenidas más de mil personas.

Ciudades como Marsella, Lyon o París han reducido los horarios de determinados transportes públicos. Otros municipios incluso han decidido introducir un toque de queda a partir de las 8 de la tarde.

La sublevación de 2005

Estos hechos recuerdan el estallido de los barrios en 2005 tras la muerte de Zyed y Bouna, electrocutados en una subestación mientras intentaban huir de la policía en Clichy, también cerca de París.

Después de la tragedia, también se produjeron disturbios en los barrios de las principales ciudades. Se habían tomado las mismas medidas para calmar el descontento: toques de queda y movilización reforzada de la policía. El 8 de noviembre del mismo año el gobierno decretó el estado de emergencia.

El temor a que las manifestaciones se conviertan en una guerra de guerrillas a largo plazo está muy presente en el gobierno. Varios titulares de la prensa se preguntan esta mañana por las similitudes entre los disturbios de 2005 que duraron tres semanas y los que acaban de comenzar.

Pero en realidad, lo que hay que preguntarse es por qué Francia vive este tipo de levantamientos en los barrios de manera cíclica.

El refuerzo de la seguridad es el ‘gatillo fácil’

La ola de protestas no debería sorprender en Francia. Cada gobierno acelera los desmanes de la policía. Según cifras de la Inspección General de la Policía Nacional, el uso de armas contra los ocupantes de los vehículos ha aumentado un 39 por cien si comparamos el periodo 2012-2016 con el 2017-2021.

La policía ha matado cuatro veces más personas por negarse a parar el vehículo en cinco años que en los veinte años anteriores.

En marzo de este año, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos alertó a la ONU sobre un grave aumento del terror policial. Las muertes a tiros no son los únicos hechos. También se producen múltiples actos de violencia física durante los controles o durante a detención.

La negación de la realidad en los barrios

Lo que se designa como “barrios” en Francia son aproximadamente 1.500 poblaciones llamadas prioritarias. 4,8 millones de franceses viven en estas áreas, que también se encuentran entre las más pobres.

Suponen el 7 por cien de la población francesa. Nueve de los veinte municipios donde la tasa de pobreza es más alta se encuentran en la periferia de París. En determinadas localidades de la periferia de la capital, como las del departamento de Seine-Saint-Denis, el paro supera la tasa del 40 por cien.

En 2016, un año antes de ser elegido presidente por primera vez, Macron prometió a los barrios un “proyecto de emancipación” y el fin del “arresto domiciliario” para sus habitantes. El plan no era más que una represión generalizada y el mantenimiento de los barrios en el abandono más absoluto.

En 2018 se hizo un intento con el Plan Borloo, propuesto por la exministra de la Ciudad. Propuso 19 medidas clave y un presupuesto de 48.000 millones de euros. Se abandonó por tener un enfoque “anticuado”. Desde entonces no han hecho nada, salvo llenar las calles de policías.

‘El que avisa no es traidor’

El que avisa no es traidor. En mayo de este año, una treintena de cargos electos locales publicaron una columna en Le Monde titulada “Los barrios al borde de la asfixia“. Era un llamamiento de los alcaldes de los barrios más marginados. Pedían ayuda para los “habitantes abandonados de la República” que están sufriendo la peor parte de la escasez de alimentos, la alta inflación y los precios de la energía inasequibles”.

Un mes después, la muerte de Nahel fue la chispa que prendió fuego a la pólvora en barrios sin aliento.

Una policía racista

No es probable que los vecinos de los barrios se callen ni se calmen porque las agresiones policiales son cotidianas. Si no estallan hoy, estallarán mañana. Las circunstancias de la muerte de Nahel hacen pensar que su origen argelino jugó en su contra. Se ha abierto una investigación por homicidio doloso del agente de orden público, por parte de la Inspección General de la Policía.

“Ahora es el momento de que [Francia] aborde seriamente los profundos problemas del racismo y la discriminación racial entre las fuerzas del orden”, dijo la ONU después de la muerte del adolescente.

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Tercera noche de enfrentamientos con la policía en varias ciudades francesas

Anoche la movilización de 40.000 policías y gendarmes no impidió que jóvenes de varias regiones de Francia continuaran con su movimiento de protesta y enfrentamientos con la policía por tercera noche consecutiva tras el asesinato el martes del joven Nahal a manos de un policía durante un control de tráfico.

Hasta el momento hay 875 personas detenidas. La mayoría de ellos tienen entre 14 y 18 años.

La movilización policial decretada por el ministro del Interior francés, Gérard Darmanin, no logró impedir que 492 edificios públicos fueran atacados y 1.900 vehículos incendiados. Además se han producido saqueos en varias ciudades.

Lo mismo ocurre con los toques de queda decretados en Clamart y Meudon, Neuilly-sur-Marne y Compiègne. A pesar de este despliegue masivo, se produjeron todo tipo de disturbios en numerosas ciudades. Muchos negocios fueron destrozados, saqueados o incluso quemados.

Al igual que el día anterior, la policía también fue atacada, quemaron botes de basura, vehículos y autobuses. Los edificios públicos también fueron atacados y se arrojaron cócteles molotov en algunos lugares. Escenas de guerra que repiten el escenario de 2005, o el de la revuelta de los barrios en los tiempos de Nicolas Sarkozy, la de los chalecos amarillos en 2019 o la batalla campal contra el recorte de las pensiones de este año.

En pocos meses, más de 20 jóvenes han sido asesinados por la policía durante los controles de carretera, según cifras oficiales, sin que nadie haya protestado.

Según una intervención parlamentaria del ministro de Interior, desde la votación de la ley de 2017, que autoriza a la policía a disparar por la simple negativa a cumplir la orden de detenerse, cuando en su fuga los ocupantes de un vehículo puedan “perpetrar ataques a su vida o a su integridad física, o a la de otros”, han disminuido los disparos policiales y los casos mortales.

Es mentira; han aumentado, según muestran las estadísticas del propio Ministerio. Los disparos contra los vehículos se han multiplicado por cinco según un estudio reciente.

“Ahora es el momento de que el país aborde seriamente los problemas profundamente arraigados del racismo y la discriminación racial entre las fuerzas del orden”, ha dicho Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

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Alemania condena a una pacifista ucraniana por su opinión sobre la guerra

Un tribunal de Colonia ha impuesto una multa de 30 euros al día a la militante pacifista ucraniana Elena Kolbasnikova por “aprobar la guerra de agresión rusa”. La condenada niega que la guerra sea un ataque de Rusia contra Ucrania, dice la jueza en su sentencia.

En una entrevista concedida al diario Bild, Kolbasnikova declara: “Rusia no es un agresor. Rusia está ayudando a poner fin a la guerra en Ucrania”.

Lo primero que hay que aclarar es que Kolbasnikova es oriunda del Donbas, es decir, que no podemos garantizar que sea genuinamente ucraniana, o quizá sí; depende de lo que se quiera demostrar. El caso es que es necesario mostrar la foto de su pasaporte en la portada y que cada cual extraiga sus propias conclusiones.

En la Alemania actual está prohibido manifestar opiniones disidentes sobre la guerra. Según el tribunal, no están amparadas por la libertad de expresión.

Es necesario seguir con las aclaraciones: no necesariamente Usted tiene que estar de acuerdo con las opiniones de Kolbasnikova. Pero si coincide con ella, lo mejor es que se calle la boca y deje que se expresen sólo los que tienen la opinión contraria.

El sistema judicial alemán vuelve a convertirse en cómplice del belicismo alemán. Como en los viejos tiempos. Como en tantos otros países que presumen de su defensa de los derechos humanos.

A la prohibición de RT, Sputnik y otros medios de comunicación rusos en Europa, le siguen otros casos de tipo individual, de manera que son capaces de perseguir uno por uno a los que tienen opiniones propias y se atreven a manifestarlas. No basta con acabar con los rusos; hay que condenar también a los prorrusos, los neutrales, los indiferentes y los pasotas.

Afortunadamente, la Unión Europea ha prohibido los medios rusos porque, de lo contraria, habría bastante más mujeres como Kolbasnikova, con opiniones propias y ganas de manifestarla. De esta manera evitamos la confusión. En Europa todos pensamos igual. Si los periodistas dicen que Rusia es culpable, los jueces no pueden decir otra cosa distinta.

Ucrania lleva bombardeando a sus propios compatriotas desde 2014. La guerra civil duró ocho años. Los intentos de resolver el conflicto por la vía diplomática fracasaron, entre otras cosas porque, como potencia garante, Alemania no presionó al gobierno golpista de Kiev para que aplicara lo que había firmado: los Acuerdos de Minsk.

En diciembre de 2021, Rusia pidió a la OTAN y a Estados Unidos garantías de seguridad, que le fueron denegadas. A principios del año siguiente, los bombardeos ucranianos sobre el Donbas se intensificaron, según los registros de la OSCE. La invasión era inminente, pero los invasores fueron invadidos.

Actualmente, la población civil del Donbas está siendo bombardeada a diario con armas y apoyo occidentales. Son otros tantos crímenes de guerra.

No es la primera sentencia inquisitorial. El pasado mes de octubre, un tribunal de Hamburgo multó con 4.000 euros a un hombre de 62 años por haber pegado la letra Z en la luna trasera de su coche. Según el tribunal, es una manera de aprobar la “guerra de agresión rusa”.

—https://freeassange.rtde.life/meinung/172200-fall-kolbasnikowa-vom-zensur-paragrafen/

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Las OMS asume el ‘certificado covid’ de la Unión Europea como modelo

La Organización Mundial de la Salud va a utilizar el “certificado covid” de la Unión Europea para poner en marcha un sistema mundial de certificación digital, gracias a una asociación firmada ayer.

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la Comisaria Europea de Sanidad, Stella Kyriakides, firmaron en Ginebra una iniciativa, que calificaron de “histórica” para reforzar la “seguridad sanitaria mundial”.

La pandemia ha demostrado la importancia de las “soluciones sanitarias digitales” para facilitar el acceso a los servicios sanitarios, declaró Tedros en la ceremonia oficial. El pasaporte europeo, dijo, se transformará en un “bien público mundial”.

Según un comunicado de prensa de la OMS y la Comisión Europea, el futuro sistema mundial de certificación digital debería contribuir a facilitar la movilidad y proteger a los ciudadanos de todo el mundo frente a las amenazas sanitarias actuales y futuras, incluidas las pandemias.

Se trata del primer componente de la red mundial de certificación digital sanitaria de la OMS, que desarrollará “una amplia gama de productos digitales para mejorar la salud para todos”, como los registros digitales de vacunación internacional.

Esta red “será una parte importante de nuestros esfuerzos para fortalecer los sistemas de salud y ayudar a nuestros Estados miembros a prepararse mejor para la próxima epidemia o pandemia”, dijo Tedros.

“La red también podría desempeñar un papel crucial en situaciones humanitarias transfronterizas, garantizando que las personas tengan acceso a sus historiales médicos cuando crucen fronteras debido a conflictos, crisis climáticas u otras emergencias”, añadió.

El pasaporte sanitario de la Union Europea ya es el más extendido del mundo. “Con 80 países y territorios conectados al certificado digital europeo covid-19, la Union Europea ha establecido una norma mundial. El certificado europeo no sólo ha sido una herramienta importante en nuestra lucha contra la pandemia, sino que también ha facilitado los viajes y el turismo internacionales”, subrayó en el comunicado el Comisario Europeo Thierry Breton, entre cuyas responsabilidades figuran los asuntos digitales.

Tedros prometió que el futuro sistema mundial de certificación digital estará “basado en los principios de equidad, innovación, transparencia y protección de los datos y la intimidad”. La OMS no tendrá acceso a datos personales, a los que “sólo” tendrán acceso las autoridades sanitarias locales.

“La protección de la intimidad es esencial”, dijo Tedros, pero la OMS podrá verificar la autenticidad de los certificados.

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La policía antiterrorista británica detiene a un periodista

Un periodista británico, Kit Klarenberg, fue detenido por la policía antiterrorista al aterrizar en el aeropuerto londinense de Luton e interrogado sobre su trabajo para el sitio web independiente The Grayzone.

Klarenberg llegó a Londres el 17 de mayo procedente de Belgrado, Serbia, donde reside, y fue detenido por seis policías vestidos de paisano.

Los policías se negaron a decirle sus nombres y en su lugar le ofrecieron indicativos.

Klarenberg, autor de múltiples denuncias contra el gobierno y los servicios de inteligencia británicos, fue conducido a una habitación e interrogado durante más de cinco horas sobre sus reportajes, su trabajo en The Grayzone y sus opiniones políticas personales, entre ellas las de los actuales dirigentes británicos y la Guerra de Ucrania.

La policía se incautó de los dispositivos electrónicos, tarjetas bancarias y tarjetas de memoria de Klarenberg, le tomó las huellas dactilares, tomó muestras de su ADN y le fotografió.

Amenazaron con detenerle si no accedía a ello. Le dijeron que sus publicaciones “podrían ser interesante para el público, pero no de interés público”.

“Su interés abrumador, si no exclusivo, era The Grayzone”. Klarenberg sigue sometido a investigación.

“Me preguntaron para qué publicaciones escribía y les dije que para muchas”, declaró Klarenberg. Publicamos a continuación una relación de algunos de sus reportajes, que hemos traducido y publicado aquí:

— La campaña británica para espiar a los refugiados: el Proyecto Invictus
— Los secuestradores del 11-S fueron reclutados por la CIA
— Una empresa de espionaje vigila a los usuarios de criptomonedas
— La ciberguerra del Pentágono contra Irán
— Kiev 2014: anatomía de un Golpe de Estado de la CIA
— La censura de los medios británicos está a cargo del ejército

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Francia reconoce la existencia de un fichero nominativo de manifestantes

El lunes el Ministerio francés de Justicia reconoció la existencia de un fichero nominativo de las personas detenidas durante las movilizaciones contra los recortes de las pensiones en Lille.

En los países de larga trayeectoria fascista, como España, este tipo de ficheros están normalizados y, además, de las fichas, la policía toma las huellas dactilares de los detenidos, e incluso muestras para secuenciar su ADN. Se abren ficheros que no se cierran nunca. En España decir de alguien que está “fichado” por la policía es una mancha negra en el crédito público de una persona que los medios de comunicación suelen airear a veces.

En los países que aún mantienen algunos residuos de los derechos y libertades, como Francia, este tipo de prácticas escandalizan a los juristas porque no están acostumbrados. Pero, poco a poco, en Europa los países cada vez se parecen más a España.

Un tribunal administrativo de la ciudad está examinando dos solicitudes de medidas provisionales presentadas por la Asociación para la Defensa de las Libertades Constitucionales (Adelico) y el Sindicato de Abogados Franceses, así como por la Liga de Derechos Humanos (LDH), después de que la prensa denunciara la existencia del fichero.

Se trata de “una simple herramienta de gestión”, ha dicho el Ministerio. Es una hoja de cálculo Excel, llamada “Seguimiento de los procedimientos penales – movimiento de reforma de las pensiones”, en la que se detallan los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de las personas detenidas durante las manifestaciones, así como las consecuencias penales.

Según el ministerio, el fichero está autorizado por el decreto que regula una base de datos, llamada Casiopea, que reúne los datos de los inculpados, víctimas o testigos en procedimientos judiciales de los últimos diez años.

La hoja de cálculo “se limita a reunir los procedimientos vinculados a un mismo hecho, lo que Casiopea no permite en tiempo real”, y no contiene “ninguna otra información” que la autorizada en ella, explicó en el juicio un representante del Ministerio. Se trata de una “herramienta de gestión local”, aseguró, que permite administrar “un evento concreto” con un alto “volumen de custodia policial”, explicó otro representante, refiriéndose a la existencia de otros ficheros de este tipo en otras ciudades francesas.

Al reunir la información nominativa, los fiscales se tomaron la libertad de añadir un dato importante: “una opinión política”, al haber protestado todas estas personas contra la reforma, objetó Jean-Baptiste Soufron, abogado de Adelico y del SAF. “Esto no está autorizado” y “equivale a fichar a los opositores políticos”, denunció.

“Si el objetivo es puramente estadístico, ¿por qué conservar datos identificativos, y no sólo un número de investigación?”, se preguntó Marion Ogier, abogada de la LDH. “Para este tipo de ficheros sensibles, normalmente se necesita un decreto o una orden que establezca un marco jurídico”. Sin embargo, en este caso concreto se trata de “un fichero clandestino que nunca ha sido autorizado. No hay marco legal ni garantías”, afirmó.

Se han registrado potencialmente unas decenas de personas, y se han producido entre 50 y 100 detenciones en la región de Lille desde el 17 de marzo, fecha en la que se creó el fichero tras el endurecimiento de la movilización contra los recortes en las pensiones.

El juez se pronunciará mañana sobre la legalidad del fichero.