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La caza de brujas en la Audiencia Nacional no descansa

Joseba Ginés, acusado de gestionar la web BurlataHerria, será juzgado en el tribunal de excepción el 11 de diciembre por un supuesto delito de “apología de terrorismo”, con una petición de 2 años de cárcel. La página web fue clausurada en junio del 2013.

La Audiencia Nacional será escenario la próxima semana de un nuevo juicio contra la libertad de expresión. La persona acusada de gestionar la clausurada web BurlataHerria se sentará en el banquillo de los acusados por haber cometido, supuestamente, un delito de “apología de terrorismo”, penado con hasta 2 años de cárcel. Esta es precisamente la petición fiscal en su contra.

El cierre de la web por parte de la Audiencia Nacional se produjo en junio del 2013. Los argumentos del tribunal de excepción español para decretar esta medida fueron que BurlataHerria había dado cobertura informativa a actos de carácter político como manifestaciones legales, ruedas de prensa públicas o la difusión de imágenes de recibimientos a presos y presas de la localidad navarra de Burlata. También se le acusa de haber utilizado términos como “presos políticos” o “represión”.

“Estamos ante un claro ataque a la libertad de expresión, y la razón de cerrar BurlataHerria es la censura pura y dura, tratar de quitar la voz a quien piensa diferente”, denunciaban desde la web tras su clausura y a la vista de los motivos expuestos por la Audiencia Nacional.

BurlataHerria se creó 2007 con la ambición de constituirse en una herramienta de comunicación local, en la que sobre todo se recogían iniciativas, actividades o acontecimientos que tenían lugar en la localidad, de tipo cultural, municipal, reivindicativas, medio ambientales, sociales, juveniles… Por ello consideraron que este cierre también era un ataque a todos esos colectivos populares que se habían valido de la web para difundir su actividad.   La imputación de Joseba Ginés por “apología del terrorismo” y el cierre de la web venía a engrosar una larga lista de ataques a la libertad de expresión. Con los precedentes de Egin y Egunkaria, Egin Irratia, Ardi Beltza y Kale Gorria, en los últimos años las clausuras de medios se han centrado en el ámbito de internet. En este sentido, recordar los cierres de Apurtu.org, Ateak Ireki y el portal de la organización Ernai y el acoso a Gaztesarea y otros medios de comunicación.

Desde BurlataHerria reivindicaban la libertad de expresión. “Todas las personas tenemos derecho a emitir información y opinión, y para ello es necesario que cesen los ataques a medios y las coacciones contra las personas que trabajan en ellos”, decían en el manifiesto firmado por periodistas, organizaciones sociales y políticas y medios de comunicación. En este mismo manifiesto pedían “la reapertura inmediata de BurlataHerria y el archivo de la causa abierta contra su colaborador”. Además, consideraban que el cierre de esta web suponía también “una amenaza para decenas de proyectos informativos”, por lo que llamaban a toda la sociedad, y muy especialmente al sector de la comunicación, “a unir nuestras voces para detener esta caza de brujas”.

Precisamente, la busca de apoyos llevó a los responsables de BurlataHerria a solicitar el amparo del pleno de la localidad, aunque en hasta dos ocasiones UPN, PSN y PP han impedido que esto ocurriera.

Desde Burlata, y con el objetivo de acompañar a Joseba Gines y llevar hasta la Audiencia Nacional la «repulsa ante este ataque a la libertad de expresión» se ha organizado un autobús que saldrá de Burlada a las 4.30 de la madrugada del jueves día 11 y regresará después de comer. El precio del autobús será de 15€ por persona.

Así mismo, a convocatoria de un grupo de vecinos de Burlata, el próximo 10 de diciembre a las 19:00 tendrá lugar en la plaza de las Askas de Burlata una concentración con el lema: “Adierazpen askatasuna-libertad de expresión. Burlataherria libre”.

Fuente: http://www.ahotsa.info/albistea/burlataherria-un-nuevo-juicio-contra-la-libertad-de-expresion-en-la-audiencia-nacional
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Rosón: el azote fascista de Galicia

Solidaridad Obrera

Los herederos de la familia de ese fascista que fue Juan José Rosón, militante falangista de pro, Gobernador Civil de Madrid de 1976 a 1980 y Ministro del Interior de 1980 a 1982, se han especializado en perseguir a todos aquellos que aireen su pasado de criminales fascistas.

En esta situación se encuentra ahora el compañero Alfredo Grimaldos por su libro «La sombra de Franco en la Transición», que desde este sindicato hemos recomendado a nuestros afiliados y a todos los trabajadores.

En 1978, la revista Interviú publicó el reportaje titulado, “Los Rosón, azote de Galicia”, en el que se relataban las hazañas de Antonio Rosón Pérez, durante los meses inmediatamente posteriores al golpe de Estado fascista del 18 de julio de 1936. Como alférez de complemento, actuó de jefe militar de los sublevados en la zona de Becerreá, en Lugo, a lo largo de ese periodo crítico.

Antonio Rosón se convirtió, muy poco después, en el primer presidente de la Xunta de Galicia y su hermano Juan José Rosón era gobernador civil de Madrid en el momento que Interviú publicó el reportaje.

Los Rosón utilizaron entonces todos sus recursos políticos para conseguir que se secuestrara la revista en dos ocasiones.

Pues bien, treinta años después, los Rosón atacan de nuevo, en esta ocasión los herederos de Antonio y Juan José Rosón Pérez, fallecidos ambos en 1986. Han presentado una demanda de protección al derecho al honor por las alusiones que se hace a este clan caciquil lucense en un capítulo del libro de Alfredo Grimaldos.

Están empeñados en que no se conozca la historia de su familia.

Entonces, en 1978, el pleito judicial se resolvió, en primera instancia, con una sentencia favorable a Interviú dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, pero luego, en casación, un Tribunal Supremo cuajado de jueces franquistas y del que formaba parte incluso un cuñado de los Rosón, revocó la sentencia dándoles la razón a ellos.

Ahora quieren callar a Alfredo Grimaldos. La base de la investigación sobre Antonio Rosón incluida en su libro son artículos laudatorios hacia él publicados en el diario El Progreso, de Lugo, entre julio y septiembre de 1936.

Es lo que decían los propios fascistas de la actividad represiva del mayor de los Rosón. En Lugo no hubo guerra civil, se produjeron escasos focos de resistencia a favor de la legalidad republicana, aplastados por las tropas franquistas, que avanzaron con facilidad y, en pocos días, controlaron toda la región. Los asesinatos en las cunetas y las condenas a muerte dictadas por los tribunales militares tuvieron como víctimas a republicanos que defendían la constitución vigente y que, en su mayoría, no habían tenido siquiera la posibilidad de participar en ningún hecho de armas.

Antonio Rosón encabezó la “limpieza” de la zona de Becerreá, durante los primeros meses posteriores al alzamiento militar, según publica El Progreso en varias notas. Por ejemplo, en el ejemplar del 23 de agosto de 1936, se puede leer: “Es de señalar la labor altamente patriótica que están desarrollando los señores D. Antonio Rosón, jefe militar en esta villa; don Fermín Pérez Rosón, médico de Los Nogales y jefe de Falange; D. Luis Rosón y D. Manuel Pérez Rosón, jefes locales en Becerreá y Cervantes, respectivamente, quienes, con su alma de gigantes, están haciendo una labor magnífica en defensa de la Patria. Con su gran olfato policiaco, van directamente a las madrigueras en donde se esconden los huidos, causando verdadero terror entre estos”.

En el libro no se afirma que Antonio Rosón participara personalmente en ningún asesinato, no hay pruebas de eso, pero sí en la persecución y el encarcelamiento de antifascistas, como parece obvio. Algo que él mismo reconoce, quitándole hierro, por supuesto, en unas declaraciones a la revista Cambio 16 publicadas el 7 de mayo de 1978:

“Al llegar a Lugo se me comisionó para que fuera con la Guardia Civil a mi pueblo, y con otros grupos de gente armada que había en los cuarteles de San Fernando, con objeto de que desaparecieran las barricadas y los registros domiciliarios.
Volvimos produciendo un poco de ruido, para que la gente se marchara, ¿comprende?”

Sólo un poco de ruido, en días de fusilamientos indiscriminados y criminales ajustes de cuentas.

Está claro que él era quien mandaba en la zona, como vuelve a señalar El Progreso del 19 de septiembre de 1936: “Debido a la actividad del jefe militar en esta villa, el alférez de complemento D. Antonio Rosón, son muchas las armas recogidas en este partido judicial, calculándose en más de cien las armas largas y aproximadamente las cortas en unas cincuenta, muchas de ellas tan antiguas que ni las marcas se les conoce”.

Mientras tanto, empiezan a publicarse a diario, en el mismo periódico, los nombres de los que son “pasados por las armas” después de consejos de guerra sumarísimos sin las más mínimas garantías jurídicas.

Aún no se sabe donde están enterrados los cadáveres de la mayoría de esos antifascistas asesinados por los hombres que estaban bajo el mando de Antonio Rosón.

A partir de octubre de 1936, el hermano mayor de este clan caciquil participa en las farsas judiciales franquistas en su calidad de abogado y militar. A los detenidos se les acusa de un delito de “rebelión”, por haberse mantenido fieles a la legalidad. El día 7 de octubre, El Progreso se encarga de despedirle y de recordar sus méritos: “Fue destinado a Lugo el distinguido abogado, alférez de complemento, D. Antonio Rosón. Hasta la fecha prestó los servicios militares en esta villa, en donde actuó como comandante militar desde el principio del Movimiento, desempeñando su cometido con gran acierto. Sentimos la marcha de tan buen amigo”.

Juan José Rosón, por su parte, después de desarrollar una larga carrera política durante el franquismo, vistiendo la camisa azul con el yugo y las flechas, fue el responsable de numerosos asesinatos de militantes antifranquistas en la calle a manos de las fuerzas policiales que él mandaba. Y llegó al Ministerio del Interior en 1980, el año más sangriento de la Transición, en el que la extrema derecha y los grupos parapoliciales provocaron dos docenas de asesinatos.

Casi setenta años después del parte oficial de guerra del 1 de abril de 1939, todavía sigue siendo muy difícil indagar en la represión franquista de la guerra y la posguerra. Esa es una consecuencia de la pervivencia del Estado franquista a lo largo de la Transición, un periodo que también estuvo marcado por una fuerte actividad represiva del poder contra los movimientos populares. Los enjuagues de la Transición están en el origen de los problemas que seguimos teniendo ahora para recuperar nuestra memoria histórica.

No sólo se miente sobre lo que sucedió entre 1936 y 1939 y, después, durante toda la dictadura franquista. También sobre hechos mucho más recientes. La imagen oficial de la Transición se ha construido sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado. No se ha purgado el franquismo en esta sociedad. Los asesinos que aún viven, y sus herederos, están crecidos. Se revuelven como fieras ante cualquier indagación sobre el pasado.

Las dificultades que tenemos todavía son consecuencias de la Transición, en la que se pactó la amnesia colectiva. Una sumisión al franquismo que supuso un nuevo crimen contra las víctimas de ese régimen de terror.

Hay que recordar que más de 100 antifascistas perdieron la vida en las calles, entre 1976 y 1980, a manos de las fuerzas policiales mandadas por Martín Villa y Rosón. Y en atentados de la extrema derecha instrumentalizada desde el poder. La mayoría de ellos tenía alrededor de 20 años. La historia oficial se ha olvidado deliberadamente de todos ellos. Hay que reivindicar permanentemente su memoria.

La Transición supuso una Ley de Punto Final del Franquismo, nos dejó al Borbón en el trono, muchos muertos sin rehabilitar y a los asesinos sin condenar. Los tribunales de justicia aún se siguen oponiendo a la revisión de los consejos de guerra franquistas, auténticas aberraciones jurídicas.

Aquí no ha habido ninguna reconciliación: han querido imponernos la rendición de la memoria. Pero a pesar de las demandas de protección del derecho al honor de los verdugos, no vamos a renunciar a nuestra propia historia. Es fundamental seguir trabajando para romper la barrera tejida por la intoxicación, la mentira y el olvido.

La saga de los Rosón, sus herederos y las reclamaciones judiciales
El Solidario, Solidaridad Obrera, pgs.48 y 49
www.solidaridadobrera.org/downloads/solidario/el_solidario13.pdf

El calvario del periodista Alfredo Grimaldos comenzó en 2004 con la publicación del libro «La sombra de Franco en la Transición» y en 2012, ocho años después, continuó con la condena por parte del Tribunal Supremo por atentar contra el honor del clan Rosón.

Pues bien, señores del Tribunal Supremo: ese mismo año en el que Ustedes dictan su sentencia inquisitorial, el clan familiar cuyo honor defienden seguía haciendo de las suyas y la policía detuvo a Javier Eduardo Rosón Boix, involucrado en la Operación Emperador que desarticuló la mafia china de Gao Ping.

Rosón Boix trabajaba en una sucursal de Madrid del Banco Sabadell como abogado especialista en el lavado de dinero negro y la evasión fiscal. Había organizado su propia red con la ayuda de Frederic François Mentha, un gestor de la banca suiza. La policía registró dos domicilios ligados a él e intervino su vehículo, un Mercedes SL500. Le relacionan con una española de origen israelí, Malka Mamman Levy, alias La Sobrina, auténtica cerebro de la banda criminal de blanqueo de dinero.

Es el hijo pequeño de Juan José Rosón, antiguo cacique gallego, antiguo gobernador civil de Madrid, antiguo ministro del Interior en los tiempos de UCD…

Este es el «honor de la familia Rosón» que defienden los jueces españoles.

Para descargar el libro ‘La sombra de Franco en la Transición’ de Alfredo Grimaldos:
http://www.transicion.sbhac.net/Vanguardia/TRAN_AlfredoGrimaldos_FranquismoSinFranco.pdf
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El gobierno del PP extiende la ley antiterrorista a toda la población

El Ministerio del Interior podrá intervenir las comunicaciones en la investigación de los delitos de especial gravedad, sin pedir autorización previa del juez, como es necesario en la actualidad en casi todos los delitos excepto en los de terrorismo.

La novedad represiva figura en el capítulo de la interceptación de las comunicaciones telefónicas, telemáticas y de correspondencia escrita y telegráfica que contempla el anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha aprobado el gobierno.

El gobierno quiere que el ministro del Interior e incluso el secretario de Estado de Seguridad, puedan acordar «la medida de investigación pertinente» consistente en la intervención, siendo suficiente que se lo comuniquen luego al juez dentro del plazo máximo de 24 horas.

En la comunicación el ministro o el secretario de Estado deben hacer constar «las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado», según el artículo 588 bis d 4 del anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia en el caso de las comunicaciones telefónicas y telemáticas.

La previsión es que el ministro de Interior pueda ordenar interceptar este tipo de comunicaciones «cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente u otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso, puedan ser considerados de especial gravedad, y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención».

En todo caso, el juez competente tendrá que resolver si revoca o confirma tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida.

Además de las intervenciones telefónicas y telemáticas, el ministro del Interior podrá también acordar la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica sin autorización previa de ningún juez.

El anteproyecto establece que la intervención de las comunicaciones esté siempre relacionada con la investigación de delitos concretos y prohíbe las «intervenciones prospectivas sobre la conducta de una persona o grupo», es decir, prohíbe el control indiscriminado de las comunicaciones, que es una tarea propia los servicios secretos.

Pero esa limitación es falaz porque de antemano la policía no puede saber ni tiene competencia para decidir si una conducta es delito o no. Por consiguiente, no existe ningún límite.

La reforma también contempla que los «terminales o sistemas de comunicación» que sean objeto de intervención «han de ser aquellos ocasional o habitualmente utilizados» por la persona investigada, por lo que con la excusa de la investigación de una persona la policía puede intevenir el teléfono de otra distinta, argumentando que suele utilizar su teléfono «ocasionalmente».

Precisamente ahora que ya no hay terrorismo la legislación antiterrorista se extiende a toda clase de personas que, si el anteproyecto finalmente se aprueba, verán anulados otro de sus derechos fundamentales. Antiguamente se justificaban ese tipo de medidas represivas por la gravedad de los delitos, de los que el terrorismo siempre fue el prototipo. Ahora ya no tienen ninguna clase de excusas para seguir con la represión y no solamente la misma no remite sino que aumenta.