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Résistence

Los actuales gobiernos siguen al pie de la letra la lección de Bush; en tanto que jefes bélicos, los gobernantes crean la mejor de las adhesiones. Frente al paro hay que inventar soluciones y afrontar la logística del beneficio. Cuando se ponen el uniforme de jefes militares todo se hace mucho más fácil, especialmente en un país en el que el ejército sigue siendo, pese a todo, uno de los mejores entrenados del mundo.

Al día siguiente de los atentados coordinados perpetrados en Paris el 13 de noviembre de 2015, el gobierno francés declaró naturalmente el estado de urgencia. Bajo este estado de excepción, la policía y otras instituciones, principalmente el Ministerio de Interior y los prefectos (representantes locales del Estado) han recibido un amplio abanico de poderes, entre ellos el de allanar viviendas tanto de día como de noche, y dictaminar sobre los detenidos, la asignación de residencia, sin que para ello sea necesaria autorización de un juez.

El estado de urgencia se prolongó por tres meses la primera vez el 26 de noviembre de 2015, de nuevo el 26 de febrero de 2016 y por dos meses el 26 de mayo de 2016. Posteriormente ha sido regularmente prolongado, oficialmente con el fin de cubrir el periodo de las elecciones nacionales previstas para abril y mayo de 2017.

“Nada será como antes”, habían declarado algunos periodistas y políticos tras los atentados que golpearon Francia. La intensificación de las políticas y las prácticas de seguridad preexistentes no se ha hecho esperar. Acusaciones a salafistas, a musulmanes, al Islam o en general a los inmigrantes. A la palabra de los políticos se han unido los actos… policiales.

Según cifras publicadas el 6 de diciembre de 2016 por el gobierno, desde noviembre de 2015, 4.292 registros de domicilios se habían efectuado, y a 612 personas se les había asignado residencia (con 434 personas afectadas). En diciembre de 2016, otras 95 personas habían sido asignadas a una residencia obligatoria. Recordemos que en noviembre de 2016, Amnistía Internacional informó que menos del 1 por ciento de registros domiciliarios entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 (sobre 3.000) habían dado lugar, según la legislación francesa, a cargos de acusación por actividades de carácter terrorista (exceptuadas las infracciones por “apología del terrorismo”), lo que revela hasta qué punto esta medida era desproporcionada…

La situación de los inmigrantes se ha resentido naturalmente por ello y por las políticas orquestadas en el tema por la Unión Europea, tendente a organizar controles abusivos, destrucción de barcos, redadas y persecuciones con sus consecuencias: encierro de millares de seres humanos, ausencia de derechos mas elementales, expulsiones, rechazos, acoso, aislamiento.

Estas políticas y sus representantes en los medios construyen entre la población la imagen de una Europa asaltada por un peligro migratorio. Todo ello tiende hacia un racismo cada vez con menos complejos, asumido y reivindicado. Las puestas en práctica (violencias racistas, organización de vecinos queriendo hacer la “justicia por su mano”, manifestaciones y disturbios, palizas, expulsiones ilegales, amenazas) son cada vez más frecuentes. Los poderes públicos y sus fuerzas policiales, como mucho, cierran los ojos ante la situación, y a lo peor animan estas prácticas que les facilitan la tarea y corresponden a objetivos políticos.

Naturalmente, las causas de la migración y de su visibilidad actual, de las que los países europeos son directa y evidentemente responsables, nunca se enuncian en el discurso sobre las migraciones actuales. Francia sin embargo ya estaba en guerra antes de los atentados, que han servido ampliamente de pretexto para intensificar esos compromisos militares. Durante estos últimos años, el ejército francés ha intervenido masivamente en África. La guerra se ha convertido en uno de los últimos puntos fuertes de los últimos meses de la presidencia de Nicolás Sarkozy con la Operación Harmattan en Libia, pero también con el comienzo de la ofensiva del destacamento Licorne en Costa de Marfil para derribar el régimen de Laurent Gbagbo. Siguiendo los pasos de su predecesor, François Hollande se reviste totalmente de jefe militar. La Operación Serval en Mali en 2013 que hace metástasis a partir del verano de 2014 en los países de la subregión con la operación Barkhane es emblemática del regreso de lo militar como pilar de la influencia francesa en sus antiguas colonias africanas. Sangaris, en República Centroafricana, viene a apoyar esa política. Presentadas oficialmente como victorias, estas intervenciones plantean importantes preguntas.

La intervención en Libia ha tenido repercusiones especialmente nefastas sobre Mali. En este país, Francia interviene para combatir a los grupos armados implantados en el norte, pero, al mismo tiempo, retoman las riendas el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA), aun estando en el origen de la crisis. Con Barkhane, y en nombre de la “guerra contra el terrorismo”, el ejército francés está ahora bien implantado en Burkina Fasso y en Níger, volviendo a legitimar así la dictadura de Idriss Deby en el Chad, haciendo de ella el punto central de sus guerras africanas. Y por último, en Centroáfrica, Francia se ve envuelta en una guerra civil de una violencia poco habitual, siendo al mismo tiempo juez y parte.

Estos conflictos deben ser llamados por su nombre: son guerras de injerencia imperialista. Francia no tiene ningún “papel positivo” en estas intervenciones, pese a sus pretensiones extraídas del viejo repertorio colonial. El discurso belicista persigue anestesiar y paralizar a la población. Sin embargo, cómo no recordar los desastres que siembran estas guerras, los millones de muertos, heridos y desplazados, la miseria, la desesperación que lleva a la población a las carreteras, mientras que los beneficiarios de estas guerras se enriquecen, las multinacionales vendedoras de armas, con Francia en el cuarto lugar de la lista mundial. Hay también gastos colosales, que desvían el dinero público de los gastos sociales, culturales y ecológicamente vitales. Como añadidura, el Estado que ejecuta estas guerras, en plan bombero pirómano, nos arrastra a una espiral infernal que resulta en un aumento del odio que desembocará en otros atentados. Los Rafale matan civiles tan inocentes como los de Bataclan o de Niza. Estos bombardeos son bombas de tiempo.

El estado de guerra proclamado aviva los miedos y crea divisiones. El gobierno socialista ha socavado el Estado de Derecho y los derechos humanos, cultivando racismo y xenofobia y sembrando las semillas de nuevas violencias y de nuevos conflictos. Los discursos alarmistas y ansiógenos declamados aquí y allá y el señalamiento de enemigos internos ha servido y servirá para legitimar medidas desproporcionadas que suponen un atentado a los derechos fundamentales, con el fin de controlar mejor a la población. La guerra se ha convertido ahora en un medio de gobierno; también es una guerra social.

Fuente: http://www.resistance-politique.fr/archives/3038