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Haydée Oberreuter

“¡Hemos eliminado a un futuro terrorista!”, gritaron los militares que torturaron a Haydée Oberreuter hasta provocarle un aborto en los albores de la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Corría el año 1975 y la exdirigente universitaria, de 21 años y embarazada de cuatro meses, fue secuestrada y conducida a un cuartel de la Armada chilena en la ciudad porteña de Valparaíso, donde sufrió todo tipo de atrocidades.

Su caso no fue el único, pero sí marcó un antes y un después en la historia chilena, pues se convirtió en la primera condena contra cuatro exmarinos por torturas a una mujer embarazada en Chile.

El documental «Haydée y el pez volador», que se estrena el próximo 25 de junio en distintas plataformas en línea en Latinoamérica y Estados Unidos, narra la desgarradora historia de esta mujer y el proceso jurídico que terminó en la histórica sentencia.

“Cuando [los militares] se enteraron de que estaba embarazada, como hicieron con otras tantas mujeres jovencitas que creíamos que íbamos a tener hijos para las patrias socialistas, deciden que hay que eliminar al terrorista que viene en camino”, recordó Oberreuter, que ahora tiene 67 años.

El aborto forzado, en el que emplearon ácido, cables eléctricos y corvos, “me dejó una huella física y emocional imposible de describir y no me explico cómo sobreviví a ello”, añadió desde su casa de Santiago, donde pasa el confinamiento.

La condena, dictada en 2017, fue posible gracias a una cadena de hechos fortuitos y al “desinteresado” y “solidario” trabajo de una periodista, que publicó por primera vez en 2004 el relato de Haydée; de un abogado, que leyó el reportaje y sin conocer a la protagonista interpuso una querella; y de un juez, que acogió la demanda.

“Decimos que es histórico porque la Armada de Chile hasta ahora apenas había sido juzgada, a diferencia de personal de otros cuerpos como el Ejercito, Carabineros [policía chilena] y la Fuerza Aérea”, explicó la directora del documental, Pachi Bustos.

Durante la dictadura de Pinochet, que llegó al poder en 1973 tras derrocar con un golpe de Estado al presidente socialista Salvador Allende, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.

“Si bien la condena alguien podría decir que es justicia poética porque la cumplieron en arresto domiciliario y no pasaron ni un día en la cárcel […] sus hijos, sus nietos y sus familiares van a saber que fueron condenados por torturas y eso ya sienta un precedente importante”, explicó Bustos.

Según la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más de 3.500 mujeres fueron abusadas sexualmente durante la dictadura. Al menos 316 fueron violadas y 229 fueron detenidas estando embarazadas, de las cuales 20 abortaron y 15 tuvieron a sus hijos bajo presidio.

“Este país nunca buscó a esos niños y tienes el ejemplo al otro lado de la cordillera [en Argentina], donde los gobiernos y las familias han buscado a esos niños. En Chile, siendo infinitamente menos las personas, no se ha querido saber qué paso”, lamentó Oberreteur.

El estreno del documental, ganador este año del Premio del Público en el Festival de Cine Chileno (FECICH), se ha pospuesto ya en dos ocasiones. La primera, el pasado noviembre, cuando el país estaba sumido en la mayor ola de protestas sociales desde el restablecimiento de la democracia en 1990.

Y la segunda, en abril, por el confinamiento. “Como el escenario es tan incierto y no sabemos qué va a ocurrir con las salas, optamos por esta oportunidad de estrenarlo online”, reconoció la cineasta.

https://es.noticias.yahoo.com/lucha-mujer-embarazada-torturada-dictadura-100000749.html

Giovani López, un albañil de 30 años, fue asesinado el 4 de mayo. Aquel día, policías municipales lo arrestaron supuestamente por no llevar mascarilla para protegerse contra la covid-19. Apenas 24 horas después, cuando sus familiares fueron a recogerlo en comisaría, les dijeron que ya no estaba allí, que lo habían trasladado al hospital. Tuvieron que ser los doctores del centro médico los que les informaron de que el hombre había muerto: su cuerpo tenía múltiples contusiones y un disparo en la pierna.

El homicidio ocurrió en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, un pequeño municipio ubicado 40 kilómetros al sur de su capital, Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México. Durante un mes, el vídeo en el que se aprecia cómo Giovani es introducido por la fuerza en el coche patrulla entre protestas pasó desapercibido.

Pero luego llegó el asesinato de George Floyd en Minnesota, Estados Unidos, a manos de unos policías blancos y la grabación recordó a los mexicanos que no hace falta cruzar el Río Bravo para encontrarse con abusos de tipos de uniforme.

En el video se observa a Giovanni López suplicando ayuda mientras lo suben a empujones a un vehículo policial entre insultos homófobos.

«Solo porque no trae cubrebocas», protesta una mujer. El policía al mando defiende la actuación asegurando que se estaba resistiendo. «Ustedes lo golpearon», alega la señora.

«Si lo matan ya sabemos», cierra otro hombre. Como si ya sospechase lo que iba a ocurrir. Un día después, Giovani estaba muerto, aunque tardaría más de un mes en convertirse en un escándalo a nivel nacional.

La viralización del video en el contexto de la rebelión en Estados Unidos llevó a las protestas. Aunque México se encuentra en el momento álgido de la pandemia, con casi 2.000 muertos por coronavirus registrados entre miércoles y viernes, nunca decretó toque de queda ni restringió los movimientos. Así que cientos de personas se concentraron el jueves ante el palacio municipal de Guadalajara.

Trataron de entrar por la fuerza, pero se encontraron con las puertas cerradas. Así que le prendieron fuego. Durante toda la tarde se registraron disturbios en el centro de la capital de Jalisco. Dos coches policiales resultaron calcinados, aunque la imagen que resultó más impactante fue el momento en el que un hombre encapuchado prende fuego a un agente al que previamente rociaron con líquido inflamable.

Al mismo tiempo, los antidisturbios de la Policía Estatal provocaron decenas de heridos, lanzando gas lacrimógeno y practicando 28 detenciones. Entre los arrestados se encontraba Isaí Luna, un joven al que las cámaras captaron mientras era brutalmente golpeado entre varios policías.

«Mi hijo tiene totalmente golpeado su cara y su abdomen. Trae una descalabrada en su cráneo y tuvieron que hacerle un TAC», dijo Jesús Luna, su padre. La gran paradoja de estas agresiones es que añaden leña al fuego de las protestas. Gente harta de los abusos policiales sale a manifestarse y termina convertida en víctima de los mismos abusos. Así continuó el viernes, cuando varias personas denunciaron haber sido capturados por policías que viajaban en todoterrenos sin placas y abandonados en parajes solitarios en el exterior de Guadalajara.

En México a esta práctica se llama «levantón». No todos los levantados regresan a su casa. Hablamos de un país con más de 61.000 desparecidos según el conteo del Comité Nacional de Búsqueda. Que policías salgan a cazar manifestantes y se los lleven en vehículos sin identificación es lanzar un mensaje tenebroso. Hasta el propio gobernador, Enrique Alfaro, terminó reconociendo los abusos y prometió sanciones contra los agentes.

Actualmente hay tres agentes detenidos y acusados de la muerte de Giovani, entre ellos el comisario municipal. El gobernador Alfaro ordenó también que el ejecutivo estatal se haga con el control de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. Sin embargo, parece evidente que sin la viralización del caso y las protestas no se habría producido la persecución a los responsables. Según un informe de Impunidad Cero, el 99 por ciento de los crímenes quedan sin castigo en México.

El incremento de la represión hace previsible un aumento de las protestas. Por el momento, estas se extendieron a Ciudad de México. El viernes, decenas de jóvenes, en su mayoría encapuchadas, recorrieron diversas calles del centro de la capital arrasando todo a su paso. Lanzaron piedras y cócteles molotov contra la embajada de Estados Unidos, destrozaron locales comerciales y terminaron la protesta ante la representación del Estado de Jalisco en la Ciudad de México. Que las oficinas estén ubicadas en la acaudalada colonia de Polanco (si hiciésemos un símil con España hablaríamos del barrio de Salamanca) facilitó el caos y la destrucción. En este caso, el gobierno de la Ciudad de México mandó a la policía únicamente al final de la protesta. Tiempo suficiente para que varios agentes pateasen la cabeza de una menor de 15 años que tuvo que ser hospitalizada.

México sufre actualmente dos pandemias. Por un lado, la nueva y que se extiende por todo el planeta, la de covid-19. Con 110.026 casos y 13.170 muertos, es uno de los diez países con mayor número de fallecidos a causa del coronavirus. Por otro, la de siempre, la de violencia. Desde 2006, año en el que Felipe Calderón declaró la «guerra contra el narcotráfico», la cifra de asesinatos está disparada. En 2019, el más sangriento desde que se tienen registros, más de 35.000 mexicanos perdieron la vida en algún hecho violento y este año las cifras no se han reducido a pesar de la pandemia.

La muerte de Giovani López conjuga las enfermedades que ahora castigan a México. En este contexto, el caso se ha convertido también en el escenario de la disputa política entre el gobernador Alfaro y el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Desde el inicio de la pandemia, Alfaro siempre defendió la imposición de un toque de queda e incluso salir a la calle sin cubrebocas es motivo de multa y arresto en Jalisco. López Obrador, por su parte, abogó por la salida no autoritaria y confió en la buena voluntad de los ciudadanos, aunque sus mensajes hayan sido en ocasiones frívolos ante la gravedad de la pandemia.

Ahora cuando se conoció el asesinato, partidarios de López Obrador responsabilizaron a Alfaro por su autoritarismo, mientras que este dijo que los disturbios habían sido orquestados por seguidores del presidente.

La reacción del gobernador es la habitual de un mandatario mexicano cuando se producen violaciones a los derechos humanos en sus dominios: culpar a otros e incluso a la propia víctima.

En un primer momento, Alfaro trató de negar que Giovani López hubiese sido detenido por no llevar cubrebocas y quiso desviar la atención asegurando que lo arrestaron por haber atacado a los policías.

Esta explicación es desmentida por el vídeo que recoge las últimas imágenes de la víctima y por el testimonio de Cristian, su hermano. «Usted miente, miente al decir que no fue por un cubrebocas, inventado que estuvo drogado o cualquier cosa, la ley que se le aplicó fue por un cubrebocas que no traía», dijo a través de un vídeo difundido en redes sociales.

Las nuevas revelaciones de un testigo que fue detenido con Giovani indican que este fue torturado durante al menos tres horas. Hoy lunes tendrá lugar la vista judicial de los 28 detenidos en la protesta del jueves. Cuando recuperen la libertad es previsible que se escuchen nuevos testimonios de palizas a manos de uniformados. Habrá que ver si, como en el caso de George Floyd, las protestas se extienden por todo el país o si, por el contrario, el descontento se apaga en un país acostumbrado a historias terribles protagonizadas por sus policías.

https://www.grupotortuga.com/Un-albanil-de-Jalisco-asesinado-se