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Una empresa vinculada al espionaje británico dirige la intoxicación sobre Ucrania

Una empresa formada por veteranos de las fuerzas especiales británicas, Pilgrims Group, influyó silenciosamente en la cobertura internacional de la catástrofe del vuelo MH17 al conducir a los periodistas al lugar del siniestro.

En noviembre de 2022 llegó la sentencia definitiva en el juicio contra los presuntos autores del atentado contra el vuelo 17 de Malaysia Airlines (MH17). Los ciudadanos rusos Igor Girkin y Sergey Dubinskiy, y el miliciano des Donbas Leonid Jarchenko, fueron condenados en rebeldía por el asesinato de los 283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación del vuelo MH17. Se dictaminó que habían organizado el traslado del sistema de misiles tierra-aire Buk que supuestamente impactó contra el avión. Oleg Pulatov, el único acusado que solicitó representación legal durante el juicio, fue por el contrario absuelto de todos los cargos, decisión que los fiscales no recurrirán.

El avión malayo fue supuestamente derribado por un misil el 17 de julio de 2014, matando a los 283 pasajeros y 15 tripulantes que iban a bordo. Los veredictos de culpabilidad, que dependían en gran medida de la información proporcionada por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la conocida como Bellingcat, la organización de investigación de “código abierto” financiada por el gobierno occidental, parecían establecer una narrativa sobre la base de que Rusia y sus aliados del Donbas eran los únicos culpables.

Pero gran parte de la cobertura informativa del MH17 estuvo fuertemente influenciada por una oscura entidad llamada Pilgrims Group, estrechamente vinculada a la inteligencia británica. Dirigida por veteranos de las Fuerzas Especiales británicas, es una empresa de seguridad privada que ofrece servicios de seguridad de élite a embajadas, diplomáticos, espías e intereses comerciales de Londres en el extranjero, especialmente en entornos de alto riesgo. También entrena a militares y grupos paramilitares extranjeros, y ofrece protección a periodistas y a sus empleadores.

Fue en este último contexto en donde Pilgrims Group influyó en la cobertura mediática y, por extensión, en las investigaciones oficiales del vuelo MH17. La empresa había mantenido una presencia en Kiev desde los primeros días de la “revolución” del Maidán orquestada por Estados Unidos a finales de 2013, llevando y trayendo periodistas a los escenarios de los principales acontecimientos en Ucrania. En el proceso, mantuvo el control sobre lo que los reporteros bajo su vigilancia vieron y cómo entendieron las situaciones que encontraron.

Como tal, Pilgrims Group desempeñó un papel fundamental en el esfuerzo del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la inteligencia británica para condenar a Rusia y a los milicianos de Donbas por el derribo del MH17. La operación comenzó mientras los restos del avión permanecían humeantes en el suelo del territorio controlado por los rebeldes y, en última instancia, impidió el inicio de cualquier investigación verdaderamente independiente.

Bellingcat reacciona sospechosamente rápido

Antes de que Malaysia Airlines anunciara públicamente que había perdido el contacto con el MH17, el entonces ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashenko, publicó el número de vuelo, el destino, el número de pasajeros, la forma en que se estrelló y el arma utilizada, y había culpado a Rusia y a los milicianos del Donbas de la catástrofe.

A partir de ese momento, el SBU empezó a inundar el espacio informativo con material que incluía audios interceptados de los milicianos hablando del avión derribado, así como imágenes que sus agentes supuestamente habían encontrado en las redes sociales señalando el lugar desde el que supuestamente se había disparado el misil Buk de origen ruso. Bellingcat, que se había lanzado por casualidad apenas unos días antes, aprovechó inmediatamente el diluvio de información cuidadosamente seleccionada.

Con una rapidez impresionante, este medio de comunicación financiado por los gobiernos estadounidense y británico [Bellingcat] afirmó haber trazado con precisión qué había ocurrido y cómo. Las conclusiones de Bellingcat fueron aceptadas sin el menor escrutinio crítico por los medios de comunicación occidentales, los diputados, los expertos y el tribunal del MH17, que se puso en marcha el 7 de agosto de 2014.

Mientras tanto, cualquier explicación del derribo del MH17 que no reforzara la narrativa oficial se desvaneció en el éter o fue calificada de teoría de la conspiración o “desinformación” rusa. Una contrateoría convincente para el desastre aéreo fue que el avión había sido utilizado como escudo por aviones de combate ucranianos para disuadir los ataques tierra-aire de los milicianos del Donbas.

Existen claros precedentes de este tipo de tácticas provocadoras. En 2018, por ejemplo, la fuerza aérea israelí engañó a las defensas aéreas sirias para que derribaran accidentalmente un avión espía ruso usándolo como cobertura para sus propios aviones de combate. Un documento filtrado del Joint Investigation Team señalaba que los milicianos del Donbas estaban convencidos de que las autoridades de Kiev mantenían abierto el espacio aéreo del este de Ucrania precisamente con este fin, habiendo cerrado a la inversa el de Crimea en su momento.

Además, en un vídeo publicado el 18 de junio de 2014, los milicianos expresaron su preocupación de que Kiev estuviera intentando provocar un incidente aéreo. Tres días antes de que cayera el MH17, un avión militar ucraniano que transportaba material militar y soldados a la línea del frente fue derribado sobre Lugansk. Múltiples testigos han declarado la presencia de aviones ucranianos en el cielo cercano al vuelo MH17, mientras que informes contemporáneos de la televisión local muestran un misil Buk operado por Ucrania en las inmediaciones.

Sin embargo, el Joint Investigation Team simplemente no estaba dispuesto a considerar las pruebas que divergían de la narrativa occidental establecida sobre el MH17. Y a medida que avanzaba el juicio, el equipo de defensa de Pulatov, los periodistas independientes y los investigadores que trataban de cuestionar la narrativa establecida desde hace tiempo de la culpabilidad rusa fueron objeto de ataques despiadados por parte del ejército de trolls de Bellingcat.

El bombardeo propagandístico dirigido por el SBU que siguió inmediatamente al derribo del MH17 garantizó que los milicianos acusados del ataque, y el gobierno acusado de patrocinarlos fueran rápidamente condenados en el tribunal de la opinión internacional. Esto puede explicar por qué la reacción de los medios de comunicación al veredicto de noviembre de 2022 fue tan silenciosa. A pesar de la enorme y duradera protesta mundial provocada por la catástrofe del MH17, el veredicto apenas tuvo eco entre los principales periodistas.

Sin embargo, muchos de los periodistas que habían cubierto el MH17 desde Ucrania habían estado bajo la atenta vigilancia de una organización íntimamente relacionada con los mismos gobiernos occidentales interesados en condenar a los milicianos del Donbas por la catástrofe.

Los militares británicos dirigieron la intoxicación sobre el Golpe de Estado en Ucrania

Dado que Pilgrims Group opera en gran medida en la sombra, las referencias a la empresa por parte de los medios de comunicación occidentales son extremadamente escasas. Sin embargo, los principales medios de comunicación conocen bien la empresa, que en su sitio web presume de tener “una gran experiencia en ayudar a facilitar la recopilación de noticias y la realización de películas de forma segura”. Pilgrims Group también afirma tener experiencia en garantizar que “los periodistas y el personal de producción puedan operar con seguridad y protección” en circunstancias hostiles, como “países subdesarrollados, Estados en descomposición y entornos posteriores a catástrofes”.

La empresa británica saltó a los titulares por su trabajo a finales de 2012, cuando militantes armados secuestraron a un equipo de seis personas de NBC News, dirigidos por el corresponsal jefe en el extranjero de la cadena, Richard Engel, a quien la empresa custodiaba. Engel y su equipo fueron liberados tras cinco días de cautiverio, cuando un vehículo en el que iban escoltados fue detenido en un puesto de control dirigido por el violento grupo extremista Ahrar al-Sham.

Esto dio lugar a un tiroteo, en el que dos combatientes que secuestraron al equipo murieron a manos de Ahrar al-Sham. En un principio Engel afirmó que sus captores estaban afiliados al gobierno de Bashar Assad, mientras que la NBC dio a entender que el rescate de Ahrar al-Sham fue totalmente fortuito. Investigaciones posteriores revelaron que los secuestradores estaban, de hecho, afiliados al Ejército Sirio Libre, respaldado por la CIA, y que los puestos de control habían sido organizados deliberadamente por Pilgrims Group, que elogió el “brillante trabajo” de la milicia terrorista.

Las intervenciones decisivas de Pilgrims Group en otros lugares han recibido mucha menos atención. El 3 de junio de 2014 la empresa emitió un comunicado de prensa poco difundido jactándose de su reputación como “la empresa de seguridad de referencia” para las organizaciones de medios de comunicación que operan en Ucrania en cada etapa de la “agitación política” del Maidan, trabajando con “equipos de periodistas en todo el país” durante los más importantes “disturbios”.

A pesar de que su cobertura de estos acontecimientos presumiblemente se difundió notoriamente en todo el mundo, los clientes de Pilgrims Group en Ucrania aparentemente “prefirieron no ser nombrados” debido a “la naturaleza sensible de su papel”. No obstante, la empresa se jactaba de que sus equipos estaban operativos en muchos de los “principales centros de población” del país, como Donetsk, Jarkov, Kiev, Lviv, Odessa “y en toda Crimea”.

“Pilgrims ha sido capaz de responder rápidamente a las demandas de las emisoras recurriendo a sus amplias redes para movilizar a antiguos miembros de los servicios especiales, que entraron en servicio en las 12 horas siguientes a las peticiones iniciales de los clientes (y con frecuencia bastante antes). Además, la empresa sigue manteniendo el máximo nivel de conocimiento de la evolución de la situación política en Ucrania mediante el mantenimiento de su red de contactos locales, con actualizaciones periódicas de la información sobre el terreno”.

Más detalles sobre las actividades de Pilgrims Group en Ucrania aparecen en una propuesta filtrada de junio de 2016 del Ministerio de Asuntos Exteriores para entrenar a combatientes rebeldes sirios en Jordania como parte del plan para derrocar al gobierno sirio. La empresa era fundamental para el proyecto, ya que ejecutaba “programas de entrenamiento simultáneos en todo el mundo” y, por lo tanto, mantenía una “reserva amplia y flexible” de personal que podía asignarse a la misión. El MH17 se citó como ejemplo de la rapidez con la que Pilgrims Group podía movilizar a sus operativos.

“Como empresa mundial de gestión de riesgos, Pilgrims se ve obligada habitualmente a ampliar su huella operativa y sus tareas de apoyo con poca antelación”, alardeaba la propuesta. “Pilgrims prestó apoyo a un gran número de organizaciones de medios de comunicación que operaban en Ucrania, que alcanzó un máximo de 27 equipos de seguridad activos sobre el terreno. Cuando el avión de Malaysian Airlines fue derribado sobre Ucrania […] Pilgrims generó siete equipos adicionales en seis horas”.

Esta propuesta fue presentada al Ministerio de Asuntos Exteriores por Adam Smith International, un órgano de la inteligencia británica con un amplio historial de escándalos, corrupción y colaboración con los grupos yihadistas. La empresa también financió a Bellingcat con decenas de miles de dólares en el ejercicio 2019-20.

Pilgrims Group también ha ofrecido protección a periodistas occidentales en otras zonas de conflicto. El perfil de LinkedIn de Chris Bradley, veterano del ejército británico y alto miembro del personal de la empresa, enumera su trabajo proporcionando “gestión de riesgos de seguridad a dos equipos de noticias galardonados en Ucrania (2014) y Siria (2015), incluida la cobertura del MH17”, como uno de sus mayores “logros” en la empresa.

Teniendo en cuenta el insidioso papel desempeñado por Londres y sus variados órganos de inteligencia en la configuración de la cobertura mediática mundial de la guerra civil siria, tal historial profesional plantea preguntas preocupantes sobre la participación del Pilgrims Group en influir en la cobertura informativa del MH17.

Un actor de primera línea en la guerra de la información

Tras la catástrofe del MH17, los periodistas occidentales acudieron en masa al lugar del accidente mientras el Servicio de Emergencias de Ucrania se apresuraba a recoger los cadáveres. Sin embargo, las labores de recogida se interrumpieron tras recibir disparos del ejército ucraniano, y los trabajadores de emergencias se marcharon en cuanto llegaron al lugar del siniestro representantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Pero los reporteros bajo la atenta mirada del Grupo de Pilgrims Group se quedaron y siguieron informando.

En los meses siguientes, mientras los cuerpos restantes se pudrían al sol, los observadores de la OSCE y los milicianos del Donbas dejaron con frecuencia los restos del MH17 sin vigilancia durante largos periodos. Hasta noviembre de 2014 no se despejó completamente el terreno. Durante ese tiempo, poco habría impedido a agentes malintencionados manipular, eliminar o plantar pruebas incriminatorias en el lugar.

Para poder operar en Ucrania, Pilgrims Group necesitaba la aprobación del gobierno del país, así como de los servicios de seguridad e inteligencia locales. Dado el intenso fervor con el que estos mismos actores trataron de cimentar la culpabilidad del Kremlin por el MH17, el trabajo de Pilgrims Group en la gestión de la protección y los viajes de los reporteros occidentales proporcionó una herramienta lógica para ayudar a este esfuerzo, ya que sus operativos eran literalmente capaces de mirar por encima de los hombros de los periodistas mientras trabajaban.

Los espías consideran el MH17 un campo de batalla de la desinformación

Otro componente extremadamente curioso y hasta ahora no revelado de la controversia del MH17 es el papel clandestino desempeñado por los “cruzados de la información” de Londres en la configuración de la percepción pública del suceso. Estas operaciones comenzaron casi en el preciso momento del accidente.

Los archivos filtrados relacionados con las actividades de Integrity Initiative, una unidad de propaganda en la sombra del Foreign Office formada por veteranos militares y de los servicios de inteligencia británicos, contienen innumerables referencias a la lucha contra las “narrativas” del Kremlin en torno al MH17. Por ejemplo, uno de sus operativos figuraba en los documentos como “comentarista continuo” en el estudio de LBC, una de las mayores emisoras de radio británicas que llega a millones de oyentes semanalmente, la noche del incidente.

En las solicitudes de financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores en 2018, Integrity Initiative propuso organizar grupos focales con audiencias rusas y rusoparlantes seleccionadas, a las que se invitaría a “refutar los análisis occidentales de las historias clave de los medios” (por ejemplo, MH17, Litvinenko, Skripal, dopaje) y a que explicasen por qué apoyaban “narrativas contrarias” sobre estos temas, que apuntaban lejos de Moscú.

Los resultados de este esfuerzo se compartirían con las agencias de inteligencia británicas y los miembros de los “clusters” de la Iniciativa en el extranjero -redes secretas de espías, académicos, periodistas, expertos y políticos- para ayudar a combatir estas “narrativas” a través de los medios de comunicación y las redes sociales. En particular, todos los miembros de los grupos de Integrity Initiative están formados en el arte del troleo en internet.

Integrity Initiative fue una de las diversas empresas de propaganda lanzadas por una oscura unidad del Ministerio de Asuntos Exteriores conocida como Counter Disinformation and Media Development (CDMD). La unidad está supervisada por el alto funcionario de inteligencia Andy Pryce, que controla personalmente al periodista británico Paul Mason y probablemente a muchas otras personalidades de los medios de comunicación. Su cometido declarado es debilitar la influencia del Estado ruso en los países de la antigua Unión Soviética, el Pacto de Varsovia y Yugoslavia.

Una fábrica de trolls

El buque insignia de este esfuerzo multimillonario es Open Information Partnership (OIP). Aunque la OIP se ha presentado como un esfuerzo de base para luchar contra la “desinformación” del Kremlin, los archivos filtrados relacionados con el proyecto dejan muy claro que es, de hecho, una “fábrica de trolls” patrocinada por Gran Bretaña. A través de un nexo financiado de forma encubierta por ONG “independientes”, verificadores de hechos, medios de comunicación y periodistas ciudadanos de Europa Central y Oriental, la iniciativa inunda el entorno mediático con un flujo incesante de propaganda antirrusa.

Entre los “socios” fundadores de la OIP estaba Bellingcat. Durante los tres primeros años de su existencia, Bellingcat formó a las organizaciones participantes “en investigación de código abierto e investigación de medios sociales”, al tiempo que “desarrollaba un cuadro de organizaciones con un conjunto de habilidades forenses digitales”. Mientras tanto, recaudó grandes sumas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su investigación sobre el MH17 se citó explícitamente como punto de referencia para esta actividad en los documentos fundacionales de la Asociación.

En un principio, la red de la OIP también pretendía incluir a la “redacción independiente sin ánimo de lucro” Correctiv, con sede en Berlín, que publicó múltiples investigaciones en las que se culpaba a Rusia del MH17. Aunque algunos de estos trabajos fueron premiados, una evaluación secreta de la redacción, financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, reconoció que su información sobre el accidente “carecía de una investigación en profundidad y de la debida diligencia”. Sin embargo, la “excelente” reputación pública del medio lo convirtió en “quizás el más impresionante” de todos los posibles miembros de la OIP.

Para avanzar en sus maquinaciones antirrusas, el CDMD encargó amplios análisis de audiencias-objetivo de las poblaciones de Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Ucrania y los Balcanes Occidentales a lo largo de 2017. La inteligencia británica indicó que buscaba información sobre la “percepción y actitud actual hacia Rusia” de los ciudadanos de estos países, especialmente con respecto a la “gestión” del Kremlin de acontecimientos como el Brexit, la crisis siria y el MH17.

Al mismo tiempo, organismos británicos como Integrity Initiative y Pilgrims Group ayudaron a gestionar la opinión pública occidental sobre el MH17 como parte de una agenda más amplia para cultivar el resentimiento popular hacia Rusia.

Pilgrims Group gestiona los medios de comunicación que cubren la Guerra de Ucrania

Estas mismas entidades siguen dando forma a la percepción occidental de los acontecimientos en Ucrania hasta el día de hoy. En una evaluación de competencia de mayo de 2022, en la que se describe la presencia de Pilgrims Group en Europa del este, se menciona que la invasión rusa “desencadenó un rápido aumento” de sus operaciones en Kiev.

Pilgrims Group ha proporcionado “redes de apoyo, incluyendo logística y equipamiento, a los equipos de medios de comunicación que cubren el conflicto”, y ha incorporado “docenas” de “consultores de seguridad” en las filas de “casi todas las principales organizaciones internacionales de noticias” activas en el país”. Sorprendentemente, el comunicado añade que todos los equipos de seguridad del Pilgrims Group en Kiev cuentan con “antecedentes en la policía especial ucraniana o en el Ministerio de Defensa”.

Una vez más, Pilgrims Group se ha hecho con el control efectivo de dónde pueden viajar los periodistas, qué ven y a quién entrevistan en un conflicto. Sin embargo, a pesar de contribuir a dar forma a la percepción pública de una guerra por delegación de Occidente, la empresa se las ha arreglado para permanecer convenientemente en la sombra.

—https://thegrayzone.com/2023/03/05/british-intelligence-firm-mh17-news/

¿Quién disparó contra un edificio residencial en Slaviansk?

Tras el mortífero ataque contra un edificio residencial en la ciudad de Slaviansk, en la región de Donetsk, el 14 de abril, la propaganda de Kiev difundió ampliamente el vídeo de los restos de un misil de fabricación rusa afirmando que fue lanzado por los “monstruos rusos”.

La propaganda sobre misiles rusos que bombardean a civiles, repetida muchas veces desde el comienzo de la Guerra de Ucrania, es amplia y ciegamente repetida por los principales medios de comunicación occidentales.

Pero la propaganda de Kiev cometió un grave error al mostrar el número de serie del motor del misil, 5V55, que está asignado a la primera serie del complejo de defensa antiaérea S-300 PS. Se trata de uno de los tres únicos sistemas de misiles antiaéreos con los que cuenta el ejército ucraniano desde 1991: S-300 PT, S-300 PS y S-300 V.

El ejército ruso fue completamente reequipado hace años, mucho antes del inicio del conflicto en Ucrania, con la versión posterior y completamente modernizada de ese sistema de defensa. Se trata de una versión estructuralmente distinta y tiene números de serie completamente diferentes de los que aparecen en los restos mostrados por Ucrania.

Ni un solo sistema S-300 PS sigue en servicio en el ejército ruso. Por lo tanto, Ucrania ha confirmado que el mortífero ataque contra el edificio residencial de Slaviansk, una ciudad cuya población es en su mayoría profundamente prorrusa, fue infligido por un misil de su propio sistema de defensa antiaérea.

Como muestran las imágenes de la guerra, el ejército ucraniano emplaza habitualmente sus obsoletas lanzaderas, a menudo con misiles defectuosos por su antigüedad, directamente en los barrios residenciales de las ciudades. Ucrania nunca ha ocultado el lanzamiento de misiles S-300 sobre el cielo de barrios densamente poblados, que se jactan de haber derribado misiles rusos sobre tal o cual ciudad ucraniana.

No es la primera vez que se producen este tipo de “accidentes”. Entre los últimos y más conocidos está el del 8 de abril del año pasado, cuando exactamente el mismo modelo obsoleto de misil antiaéreo impactó contra la estación de ferrocarril de la ciudad de Kramatorsk. Lo mismo ocurrió con el proyectil que cayó sobre el edificio residencial de Slaviansk. El número de serie del misil encontrado en el lugar de la masacre de Kramatorsk era efectivamente el del misil en servicio en el ejército ucraniano.

Las milicias del Donbas han encontrado en sus posiciones restos del mismo sistema de misiles desde 2015, con números de serie muy similares al que explotó el 8 de abril del año pasado. Incluso se ha determinado con precisión la unidad de las fuerzas antiaéreas del ejército ucraniano que los lanzó. Un tribunal de Donetsk está a la espera de juzgar a los criminales.

El mismo modelo de misil ucraniano cayó en el territorio de Polonia el 15 de noviembre del año pasado, causando una víctima civil. Zelensky acusó a Rusia incluso después de que Polonia aportara pruebas de lo contrario. El gobierno de Kiev no ha rectificado sus falsedades.

El gobierno ucraniano argumenta que el ejército ruso sigue utilizando misiles antiguos porque están a punto de agotarse los más modernos. La primera declaración del gobierno de Kiev sobre el inminente agotamiento de los modernos misiles rusos se hizo en marzo del año pasado, el segundo mes de la guerra. A lo largo del año siguiente, lo repitieron muchas veces, sin tener en cuenta que la realidad sobre el terreno demuestra lo contrario.

Culpando a Rusia del uso de los sistemas S-300, Ucrania elude su responsabilidad de los crímenes cometidos contra su propia población, ya sean deliberados o involuntarios. Además, proporciona los elementos clave para el funcionamiento del aparato de propaganda atlantista, que no necesita ninguna prueba de apoyo en su guerra de desinformación contra la población occidental, con el fin de seguir recibiendo la aprobación de la mayoría para continuar la alimentación militar-financiera de la Guerra de Ucrania.

El ejército de Estados Unidos inventa ‘falsedades profundas’ para sus operaciones sicológicas

El ejército estadounidense se prepara para librar la guerra de la información y la intoxicación. El Mando de Operaciones Especiales (Socom), responsable de las actividades militares encubiertas más importantes, se encarga de las campañas de propaganda y engaño en internet utilizando vídeos falsos, para lo cual el Pentágono ha firmado varios contratos con empresas privadas especializadas.

Los planes describen el pirateo de dispositivos conectados a internet para escucharlos y calibrar la sensibilidad de las poblaciones extranjeras a la propaganda.

En un nuevo documento del Socom, publicado por primera vez en 2020 por la Dirección de Ciencia y Tecnología, el gobierno estadounidense confesó abiertamente que lleva a cabo campañas de propaganda y engaño especialmente destinadas a circular por internet.

Las aspiraciones del Socom en materia de propaganda de nueva generación se esbozan en el documento, que solicita propuestas a empresas externas que puedan desarrollar las nuevas técnicas de engaño y trucaje. El documento establece una lista de algoritmos de nueva generación para el mando de las fuerzas especiales.

Luego ha publicado una versión actualizada de su lista de compras (*), con una nueva sección: “Tecnologías avanzadas para operaciones de apoyo a la información militar (MISO)”, un eufemismo del Pentágono para referirse a sus planes mundiales de propaganda y engaño.

El párrafo añadido afirma que el Socom pretende llevar a cabo “operaciones de influencia, manipulación digital, interrupción de las comunicaciones y campañas de desinformación a nivel táctico y operativo”. Quiere recopilar datos a través de los flujos de información públicos y abiertos, como las redes sociales, los medios de comunicación locales, etc., que permitan al MISO dirigir operaciones de influencia.

Por lo general, el Socom lucha en la sombra, pero su reputación pública y su huella mundial son significativas. Compuesto por unidades de élite del Ejército de Tierra, el Cuerpo de Marines, la Armada y las Fuerzas Aéreas, el Socom dirige las operaciones militares más comprometidas de Estados Unidos.

Aunque las fuerzas especiales estadounidenses son conocidas por operaciones como el asesinato de Bin Laden a manos de los Navy Seal, su historial está repleto de misiones encubiertas, subterfugios, sabotajes y campañas de desestabilización. Los planes de desinformación de nueva generación son sólo una parte de una larga y extensa historia de engaños por parte de los militares y la inteligencia estadounidenses.

El mando de operaciones especiales lleva años coordinando “operaciones de influencia” y campañas de engaño en el extranjero. El Socom convenció a Twitter para que permitiera una red de cuentas ficticias que difundieran noticias falsas, incluida la afirmación de que el gobierno iraní estaba robando los órganos de civiles afganos. Aunque la ofensiva propagandística basada en Twitter no utilizó “falsedades profundas”, los contratistas del Pentágono utilizaron avatares generados mediante aprendizaje automático para dar realismo a las cuentas falsas.

Ahora el Socom quiere reforzar los engaños en internet mediante el uso de vídeos falsos de última generación, más realistas, utilizando el aprendizaje automático. Las fuerzas especiales utilizan las imágenes falsas para “generar mensajes e influir en las operaciones a través de canales no tradicionales”, asegura el documento oficial.

El uso de “falsedades profundas” para engañar deliberadamente podría tener un efecto desestabilizador en las poblaciones civiles expuestas a ellas. El documento afirma que la capacidad de espiar objetivos de propaganda “permitiría a MISO desarrollar y promover mensajes que probablemente sean más fácilmente recibidos por las poblaciones locales”. En 2017 WikiLeaks publicó archivos robados de la CIA que revelaban una capacidad aproximadamente similar para piratear electrodomésticos.

La tecnología que elabora los videos falsos surgió por primera vez aquel año, impulsada por una combinación de equipo informático potente y avances en el aprendizaje automático. Una vez que la aplicación ha sido suficientemente entrenada, puede producir imágenes realistas de un objetivo diciendo o haciendo casi cualquier cosa. La facilidad de uso y la creciente precisión de esta tecnología hacen temer una era en la que el público mundial ya no pueda creer lo que ve con sus propios ojos.

En una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado en abril de 2018, el general Kenneth Tovo, del Comando de Operaciones Especiales del Ejército, aseguró a los senadores que las fuerzas especiales habían invertido bastante en sus “operadores psicológicos”. Las nuevas herramientas informáticas del Socom que “nos permiten evaluar el espacio de los medios sociales, el dominio cibernético, el análisis de tendencias, hacia dónde se está moviendo la opinión, y luego influir potencialmente en ese entorno con nuestros propios productos”.

(*) https://www.documentcloud.org/documents/23696654-us-socom-procurement-document-announcing-desire-to-utilize-deepfakes

Las redes sociales publican el plan secreto de la OTAN para atacar en Ucrania

Se han filtrado en las redes sociales documentos clasificados de guerra que presentan el plan secreto de Estados Unidos y la OTAN para ayudar al ejército ucraniano antes de una ofensiva contra las tropas rusas.

Donbass Devushka ha publicado cuatro de los documentos en línea que parecen verosímiles (1). Son imágenes de lo que parece ser la sesión informativa escrita del día del Estado Mayor Conjunto Rusia/Ucrania.

Uno está clasificado como “SECRET/REL TO FIN, UKR, FVEY, NATO” y fechado el 28 de febrero de este año. Está disponible para Finlandia, Ucrania, los países de los Cinco Ojos (Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos) y Estados Unidos.

Los documentos esbozan un plan secreto de Estados Unidos y la OTAN para ayudar al ejército ucraniano antes de una ofensiva contra las tropas rusas.

El plan contiene gráficos fotografiados que describen la dotación de tropas y batallones y las entregas de armas previstas. También muestra el gasto de Himars, un sistema de cohetes de artillería de largo alcance, y la velocidad con la que el ejército ucraniano está utilizando su munición, algo que hasta ahora no compartía el Pentágono.

Otros documentos tienen columnas que enumeran los horarios de las tropas ucranianas de enero a abril. También incluye un resumen del montaje de 12 brigadas de combate, nueve de las cuales están entrenadas por aliados de Estados Unidos y la OTAN. Los documentos señalan que la velocidad de entrega de los equipos afectaría a la preparación y entrenamiento de las brigadas, ya que se espera que tres estén comprometidas para el 30 de abril.

Por lo tanto, el 28 de febrero los planificadores militares de Estados Unidos y la OTAN consideraban el 30 de abril como la primera fecha en la que la fuerza ucraniana, con equipos de Estados Unidos y la OTAN, estaría lista para lanzar la contraofensiva de primavera con 12 brigadas, conocidas como BDE.

Las brigadas estadounidenses tienen una fuerza de entre 2.000 y 5.000 soldados. Esto significa que la fuerza proyectada de las tropas ofensivas ucranianas podría ser de entre 24.000 y 60.000 efectivos.

Lo que no se aborda en la reunión son los requisitos logísticos para apoyar una ofensiva de este tipo. A medida que las fuerzas ucranianas avancen, es probable que se vean muy enfrentadas a las fuerzas rusas por tierra y aire. Necesitarán reabastecerse de munición y combustible en medio de los combates. También necesitarán una vía para sacar a los heridos del campo de batalla y llevarlos a los hospitales de campaña.

Se trata de tareas que hasta la fecha han sido muy difíciles de llevar a cabo para Ucrania en operaciones de combate.

El calendario del 28 de febrero puede haberse desbaratado. Desde aquella sesión informativa ha corrido mucha agua bajo el puente. Las tropas ucranianas intentan aferrarse a Bajmut y otras zonas del frente del Donbas. Han sufrido bajas y los rusos han lanzado misiles y ataques aéreos contra almacenes de suministros y zonas de concentración de tropas ucranianas. Rusia avanza con paso firme y Ucrania intenta retirar las fuerzas que le quedan de la trituradora de carne de Bajmut.

Es muy probable que la inteligencia rusa tenga topos en las filas de la OTAN que estén proporcionando información más reciente de este tipo a los mandos militares rusos y que tengan una idea bastante clara de a qué fuerza se van a enfrentar y dónde van a atacar.

Según el New York Times (2), uno de los documentos, que Donbass Devushka no publica, da cifras de bajas hasta el 1 de marzo de 2023 de 17.000 muertos rusos y 70.000 ucranianos.

Por fin, tambien hay quien dice que la filtración es un engaño de la propia OTAN, o bien de los rusos, o bien todo lo contrario: los documentos son verosímiles y los ha filtrado la OTAN, o bien Rusia… Todas las combinaciones son posibles.

En estos casos hay que recordar aquella máxima: “No mires lo que te muestran, sino lo que te ocultan”.

(1) https://t.me/DonbassDevushka/52857
(2) https://www.nytimes.com/2023/04/06/us/politics/ukraine-war-plan-russia.html

La Unión Europea regula la censura en las redes sociales

El 16 de noviembre del pasado año entró en vigor la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Según esta ley, las grandes plataformas en línea con más de 45 millones de usuarios activos mensuales, como Twitter, Facebook e Instagram, tienen que eliminar rápidamente de sus plataformas los contenidos ilegales, la incitación al odio y la llamada “desinformación”. De lo contrario, se enfrentarán a multas de hasta el seis por ciento de sus ingresos mundiales anuales. Las plataformas más grandes deberán cumplir la ley antes de este verano, mientras que las más pequeñas estarán obligadas a abordar estos contenidos a partir de 2024.

Las ramificaciones de esta medida son inmensas. La ley no sólo impondrá por primera vez la regulación de los contenidos en internet, sino que se convertirá en una norma mundial, no sólo europea.

En los últimos años la Unión Europea se ha convertido en una reguladora mundial. Puede dictar cómo debe comportarse cualquier empresa del mundo si quiere operar en Europa, el segundo mercado mundial. Como resultado, sus estrictas normas reguladoras a menudo acaban siendo adoptadas en todo el mundo tanto por las empresas como por otros reguladores, en lo que se conoce como el “efecto Bruselas”.

Tomemos como ejemplo el Reglamento de Protección de Datos, una norma sobre la intimidad que entró en vigor en mayo de 2018. Entre otras muchas cosas, exige que las personas den su consentimiento explícito antes de que se puedan procesar sus datos. Desde entonces, esta normativa de la Unión Europea se ha convertido en la norma mundial, y ahora va a ocurrir lo mismo con la Ley de Servicios Digitales.

La aplicación del Reglamento de Protección de Datos por parte de la Unión Europea ha sido algo vacilante. Solo ha generado alrededor de 1.700 millones de euros en multas desde 2018, según The Economist, lo que es muy poco para una industria que genera más de un billón de euros en ingresos anuales.

La Comisión Europea ha creado un organismo interno de vigilancia del sector que contará con más de 100 trabajadores a tiempo completo el año que viene. Además, se espera que los especialistas supervisen también las operaciones de las grandes tecnológicas.

Se trata de lo que Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, califica de “momento histórico de la regulación digital”. Se espera que las grandes plataformas en línea financien ellas mismas esta operación de control, pagando cada año a la Comisión hasta el 0,05 por cien de su facturación anual mundial.

Esto confiere a la Unión Europea un poder extraordinario. La aplicación de la Ley de Servicios Digitales será supervisada por la propia Comisión, no por un regulador independiente. Además, la ley incluye un “mecanismo de gestión de crisis”, añadido el año pasado en una enmienda de última hora. La Comisión argumentó que necesita poder dirigir la respuesta de las plataformas ante ciertas informaciones, como la Guerra de Ucrania.

En una crisis, no es suficiente con la censura que habitualmente imponen las empresas tecnológicas. El control de la información tiene que ser mucho más estricto. En virtud de la nueva ley, la Comisión se ha otorgado a sí misma el poder de determinar si existe tal “crisis”, definida como “un riesgo objetivo de perjuicio grave para la seguridad pública o la salud pública en la Unión”.

Las normas europeas “normalizan” la censura para que nos vayamos acostumbrado a lo peor. Es la consecuencia lógica de las aberraciones que se vienen aireando desde hace unos años: desinformación, posverdad…

Casi nadie quiere a Trump (¿por qué será?)

Trump ha sido el Presidente de Estados Unidos más denostado y más investigado de la historia, lo cual debe tener algún significado político, más allá de que sea un mequetrefe porque eso es bastante común en los inquilinos de la Casa Blanca.

Primero fue investigado por el FBI porque era un agente encubierto del Kremlin, un asunto que se fue destapando como lo que era: un montaje absurdo del FBI.

El verano del año pasado registraron su casa en Florida y encontraron lo que buscaban: se había llevado documentos secretos al perder la Presidencia en 2020, lo cual es un delito grave. Pero el mismo delito le encontraron a Biden, por lo que tuvieron que tapar ambos asuntos. También debe ser algo frecuente entre los presidentes de Estados Unidos.

Ahora llega el tercer asunto escabroso, que se abre para impedir que se presente a las elecciones presidenciales del año que viene. Hace 15 años mantuvo relaciones con Stormy Daniels, una prostituta y actriz porno.

Para no desatar un escándalo en plenas elecciones presidenciales, a Daniels le pagaron 130.000 dólares y le hicieron firmar un contrato de confidencialidad para que mantuviera la boca cerrada.

El abogado de Trump en aquel momento, Michael Cohen, se encargó de la fontanería, pero luego traicionó a su cliente, se olvidó de su obligación de mantener el secreto profesional y llegó al típico acuerdo con la fiscalía del sistema judicial gringo: acusar a Trump a cambio de una sentencia reducida en su contra.

La acusación es por un delito electoral: Trump pagó a la prostituta con un dinero que estaba destinado a su campaña electoral. Es un fraude y una falsificación de documentos comerciales porque en Estados Unidos las elecciones son así: asuntos comerciales.

Pero el fiscal no lo tiene tan fácil, ni siquiera con el chivato de Cohen de su parte, por dos motivos. El primero es que una parte de los fondos de la campaña electoral procedían del bolsillo de Trump. El segundo es que el dinero no fue a parar directamente a Daniels, sino al abogado en concepto de honorarios profesionales. Fue Cohen quien, a su vez, pagó a Daniels. Se hizo de esa manera porque el abogado así lo aconsejó.

El plan de la fiscalía es condenar a Trump antes de noviembre del año que viene, fecha de las elecciones presidenciales.

Es un caso sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Ni siquiera se atrevieron con Nixon en los años setenta, que también recurrió a los fondos de su campaña electoral para espiar al partido demócrata en el Caso Watergate.

Tampoco lo hicieron con Clinton cuando estalló el Caso de Mónica Lewinski y el entonces Presidente no hizo más que contar mentiras para tratar de sacudirse el asunto de encima.

A Trump le fallan los gabinetes de imagen, y no puede ser ninguna casualidad porque están para lavar la cara de los presidentes de Estados Unidos, incluso la de los más repugnantes.

El especulador inmobiliario se ha convertido en un muñeco de feria. Nadie le quiere, salvo sus hinchas más acérrimos, que han visto en él algo que los demás no ven por ninguna parte.

El Tribunal Penal Internacional persigue a Putin por proteger a los niños de los bombardeos ucranianos

El 17 de marzo el Tribunal Penal Internacional de La Haya emitió una orden de detención contra Putin y la defensora rusa de los derechos del niño Maria Lvova-Belova por “deportar” niños de Ucrania. En pocas palabras, el Tribunal Penal Internacional quiere condenar a ambos por proteger a los niños de los bombardeos del ejército ucraniano.

Es como perseguir a Stalin por acoger a los niños enviados por la II República durante la guerra civil española.

Después de que organizaciones internacionales como la OSCE y la OPAQ se hayan desacreditado definitivamente por su flagrante parcialidad en el caso ucraniano, parece que es el turno del Tribunal Penal Internacional de autosabotearse, acusando a ambos de haber “deportado” niños, y emitiendo una orden de detención en su contra.

El Tribunal Penal Internacional no acusa a Putin de sórdidos crímenes de guerra en Ucrania, como los bombardeos de civiles y las violaciones masivas, no, lo acusa de haber enviado a Rusia a niños que, de lo contrario, habrían permanecido en territorios sometidos regularmente a los bombardeos del ejército ucraniano.

Esta institución nunca ha procesado a Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países occidentales por sus probados crímenes de guerra en Irak, Afganistán, Siria, Libia, etc. Bastó que Estados Unidos sancionara al fiscal del Tribunal Penal Internacional que quería investigar los crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán, para acabar con cualquier deseo de justicia.

Desde 2014 en el Donbas varios cientos de niños han muerto como resultado de los disparos y bombardeos del ejército ucraniano, y varios cientos más han resultado heridos, algunos de gravedad.

El último, Nikita Safronov, de ocho años, murió en Donetsk hace solo seis días, asesinado por un proyectil de 155 mm (estándar de la OTAN) que cayó cerca del taxi que le llevaba a él y a su familia a su fiesta de cumpleaños. Si hubiera sido evacuado como los niños de los orfanatos del Donbas y de las regiones de Jerson y Zaporiya, que fueron enviados a otras partes de Rusia por razones de seguridad, Nikita habría podido celebrar su octavo cumpleaños y más.

Reprochar a Putin y Lvova-Belova que hayan hecho todo lo posible para acoger a niños fuera de la zona de guerra es totalmente despreciable. ¿Acaso el Tribunal Penal Internacional considera que las autoridades rusas deberían haber dejado a estos niños a merced de los bombardeos ucranianos?

Como ha dicho el jefe de Chechenia, Ramzan Kadyrov, para el Tribunal Penal Internacional bombardear y matar niños deliberadamente no está mal si lo hace Ucrania, pero rescatarlos es una deportación.

“Resulta que los habitantes de Donbass, incluidos los niños, debían morir bajo las bombas de las fuerzas armadas ucranianas y que no debían abandonar las zonas peligrosas bajo ningún concepto. Esto no lo digo yo, lo piensa el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Y salvar a los niños del Donbas es calificado por ellos como deportación. Por supuesto, siempre supe y dije que en Occidente todos tenían el rabo entre las piernas por miedo a los vaqueros, pero aquí la noticia no es extraña, sino ridículamente absurda: bombardear niños no es un delito, pero salvarlos es deportación”, escribió en su canal de Telegram.

Estas disparatadas acusaciones de deportación de niños también las hizo Ucrania, cuando niños de zonas recién liberadas, como Marioupol, fueron enviados a Rusia para pasar las vacaciones de verano. Se trataba de una “deportación” de lo más extraña, porque contaba con la aprobación de sus padres, y regresaban encantados con lo que habían visto y experimentado durante esas pocas semanas lejos de la guerra.

Si semejante “deportación” de niños es un delito, el Tribunal Penal Internacional tendrá que explicar en qué artículo del derecho internacional basa su acusación contra Putin y Lvova-Belova.

El Tribunal tiene que explicar por qué nunca ha acusado a las autoridades de Kiev por deportar fuera del Donbas en 2014 a cientos de niños que o eran discapacitados, o estaban en internados, o en orfanatos por falta de cuidados y cuyos padres no fueron informados del destino. Algunos huyeron de los lugares donde habían sido internados y volvieron caminando al Donbas. Pero muchos simplemente han desaparecido del radar.

Con esta delirante acusación de “deportación” de niños, el Tribunal Penal Internacional acaba de poner otro clavo en el ataúd de las instituciones internacionales. Inútilmente, ya que Rusia no reconoce su jurisdicción, cuyo tratado no ha firmado, lo que significa que no aplicará sus decisiones. Además, Putin goza de la misma inmunidad que cualquier jefe de Estado en ejercicio.

No sólo Rusia no reconoce su jurisdicción, sino que Ucrania, que acusa de la deportación de niños, tampoco la reconoce, ni tampoco los jefes estadounidenses de Kiev.

El Tribunal ha terminado de desacreditarse y autodestruirse al declarar que, a pesar de la emisión de la orden de detención contra Putin, tiene la intención de seguir buscando la cooperación con Rusia sobre la situación en Ucrania. Así que te escupo a la cara, pero seguimos siendo amigos… Realmente esto está llegando a tal nivel de absurdo que ha llegado el momento de revisar el funcionamiento de estas instituciones internacionales pagadas con el dinero de los contribuyentes.

Christelle Neant https://www.donbass-insider.com/fr/2023/03/18/la-cpi-veut-arreter-poutine-pour-avoir-mis-des-enfants-a-labri-loin-des-bombardements-des-fau

Los niños de una escuela de Mariupol que fueron a Rusia durante las vacaciones de verano, cuentan su “deportación” al comienzo del curso escolar:

https://odysee.com/%24/embed/@donbassinsider:b/marioupol-01092022:1

El New York Times tiende una cortina de humo sobre la voladura de los gasoductos

La realidad es dura de digerir cuando se llevan años contando falsedades. Le ocurrió al Washington Post, que ha tardado un mes en informar a sus lectores del reportaje de Hersch imputando a Biden la responsabilidad por la voladura de los gasductos Nord Strem en setiembre del año pasado.

Le ha ocurrido al diario alemán Die Zeit, que inventa explicaciones paralelas (1) para ocultar que un país, como Estados Unidos, está involucrado en un atentado terrorista, otro más.

Finalmente, otro medio convencional, el New York Times, también se involucra en lanzar cortinas de humo: el atentado no sería obra de Estados Unidos, ni de Ucrania, sino de un oscuro “grupo pro-ucraniano” sin conexión con el gobierno de Kiev (2).

Por supuesto, el periódico evita culpar al gobierno ucraniano. Cualquier sugerencia de implicación ucraniana directa o indirecta podría alterar “el apoyo de un público alemán que se ha tragado los altos precios de la energía en nombre de la solidaridad” con Ucrania.

“Cualquier conclusión que culpe a Kiev o a representantes ucranianos podría provocar una reacción violenta en Europa y dificultar que Occidente mantenga un frente unido en apoyo de Ucrania”.

El gobierno de Zelensky se merece el apoyo incondicional del mundo civilizado porque juega el papel víctima de una guerra que pasará a las historias oficiales como una “invasión rusa no provocada”.

Pero cuando un periódico, como New York Times, inventa un fraude de estas dimensiones, tiene que dejar un cabo suelto para cuando se le vea el plumero dentro de un tiempo: sus fuentes, que por cierto son anónimas, no ofrecen conclusiones “firmes”. Es un reportaje lleno de “quizá”, “es posible”, “probable” y otras vías de escape parecidas.

“Los funcionarios estadounidenses se negaron a revelar la naturaleza de la inteligencia, cómo se obtuvo o detalles sobre la fuerza de las pruebas que contenía. Dijeron que no había conclusiones firmes, dejando abierta la posibilidad de que la operación fuera llevada a cabo clandestinamente por una fuerza proxy vinculada al gobierno ucraniano o a sus servicios de seguridad”, afirma.

Es una noticia que no puede ser noticia porque no dice absolutamente nada. Las fuentes dice que los autores “son opositores al presidente ruso Vladimir V. Putin, pero no especifica los miembros del grupo ni quién dirigió o pagó la operación”. Quizá fueron Torrente y su equipo de colaboradores. ¿Por qué no?

“Muy probablemente fueron ciudadanos ucranianos o rusos, o una combinación de ambos”. En ningún caso hay implicados “estadounidenses o británicos”, que están por encima de toda sospecha.

“Probablemente fue un acto patrocinado por un Estado, quizá por la sofisticación con la que los autores colocaron y detonaron los explosivos en el fondo del mar Báltico sin ser detectados”.

Es muy extraño que una operación que el periódico califica como “sofisticada” sea obra de una pandilla de enemigos de Putin de origen desconocido. “Lo más probable es que los explosivos fueran colocados con la ayuda de buceadores experimentados que no parecen trabajar para servicios militares o de inteligencia”, pero que pueden haber “recibido formación gubernamental especializada en el pasado”.

El periódico asegura que los terroristas utilizaron más de 1.000 libras de explosivos de uso militar y que unos 45 barcos fantasma tenían sus transpondedores de seguimiento sin encender o sin funcionar cuando pasaron por la zona, “para enmascarar sus movimientos”.

(1) https://www.zeit.de/politik/ausland/2023-03/nordstream-2-ukraine-anschlag
(2) https://www.nytimes.com/2023/03/07/us/politics/nord-stream-pipeline-sabotage-ukraine.html

Las redes sociales son filiales del FBI y la CIA

Los Archivos de Twitter han destapado una alianza secreta entre las empresas tecnológicas, las centrales de inteligencia y el gobierno. La última vez que el Congreso de Estados Unidos trató de averiguar lo que tramaban los servicios de seguridad del país fue hace casi medio siglo. En 1975, el Comité Church logró tomar una instantánea fugaz, aunque nada completa, de los bajos fondos en los que operan centrales como la CIA, el FBI y la NSA.

Tras el escándalo Watergate, la comisión del Congreso y otras investigaciones relacionadas descubrieron que los servicios de inteligencia del país tenían amplios poderes de vigilancia y estaban implicados en una serie de actos ilegales o inconstitucionales. Subvertían y asesinaban de forma encubierta a dirigentes extranjeros. Habían cooptado a cientos de periodistas y muchos medios de comunicación de todo el mundo para promover noticias falsas. Espiaban y se infiltraban en grupos políticos y de derechos civiles. Manipularon el discurso público para proteger y ampliar su poder de control.

El propio senador Frank Church advirtió de que el poder de los aparatos de inteligencia podría en cualquier momento “volverse contra el pueblo estadounidense, y a ningún estadounidense le quedaría privacidad alguna, tal es la capacidad de vigilarlo todo […] No habría lugar donde esconderse”.

Desde entonces, las posibilidades tecnológicas de invadir la intimidad han aumentado espectacularmente, y el alcance de las agencias de inteligencia, sobre todo después del 11-S, ha avanzado de un modo que Church nunca podría haber previsto.

Por eso, la creación de un nuevo Comité Church hace tiempo que debería haberse producido. Por las más discutibles circunstancias y por los motivos más partidistas, puede que por fin esté a punto de producirse algún tipo de nueva creación.

El mes pasado, una prolongada batalla en el seno del Partido Republicano para elegir a Kevin McCarthy como nuevo presidente de la Cámara de Representantes le obligó a ceder a las exigencias del ala reaccionaria del partido. Entre otras cosas, aceptó crear un comité sobre lo que se ha dado en llamar la “militarización” del gobierno federal. Esta comisión ya ha celebrado su primera reunión. La comisión dijo que su tarea consistiría en examinar “la politización del FBI y del Departamento de Justicia y los ataques a las libertades civiles de los estadounidenses”.

En un discurso ante la Cámara sobre el nuevo comité, el representante republicano Dan Bishop dijo que era hora de acabar con la “podredumbre” en el gobierno federal: “Estamos poniendo al Estado profundo sobre aviso. Vamos a por vosotros”. Los demócratas ya están denunciando el comité como una herramienta de Trump y sus partidarios, diciendo que los más reaccionarios quieren desacreditar a los servicios de seguridad y sugerir prevaricación en el trato hacia el antiguo presidente.

El crecimiento exponencial del control

Pero, aunque es casi seguro que la comisión acabará siendo utilizada para ajustar cuentas políticas, puede que consiga arrojar luz sobre algunos de los aterradores nuevos poderes que los servicios de seguridad han acumulado desde aquel informe de la Comisión Church.

El grado en que esos poderes se han multiplicado debería ser obvio para todos. Los documentos filtrados por Snowden hace una década mostraban la vigilancia ilegal masiva en el país y en el extranjero por parte de la Agencia de Seguridad Nacional. Wikileaks ha publicado expedientes que no sólo revelaban crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán, sino también un enorme programa de piratería informática a escala mundial por parte de la CIA.

En lo que puede ser una señal del poder de las agencias de seguridad para infligir represalias a quienes desafían su poder, tanto Assange como Snowden han sufrido graves consecuencias. Snowden se ha visto obligado a exiliarse en Rusia, uno de los pocos países donde no puede ser extraditado a Estados Unidos y encerrado. Assange ha sido encarcelado mientras las autoridades estadounidenses buscan su extradición, para que pueda desaparecer en una prisión de máxima seguridad para el resto de su vida.

Ahora, en un imprevisto giro de los acontecimientos, un multimillonario ha abierto otra ventana a las manipulaciones encubiertas de los servicios de seguridad, esta vez en relación con las plataformas de medios sociales y el proceso electoral estadounidense. En esta ocasión, los actores principales son el FBI y el Departamento de Seguridad Interior, creado por el gobierno de Bush tras los atentados del 11 de septiembre.

Tras comprar la red social Twitter el año pasado, Elon Musk dio acceso a los archivos de la empresa a un puñado de periodistas independientes. En una serie continua de investigaciones denominadas “Archivos de Twitter”, publicadas como largos hilos en la plataforma, estos periodistas han dado sentido a lo que ocurría bajo los anteriores propietarios de Twitter.

La conclusión es que, tras la elección de Trump, las agencias de seguridad estadounidenses -ayudadas por la presión política, especialmente del Partido Demócrata- se introdujeron agresivamente en los procesos de toma de decisiones de Twitter. Otras grandes plataformas de redes sociales parecen haber llegado a acuerdos similares.

La alianza entre los espías, las empresas tecnológicas y los medios de comunicación

Los Archivos de Twitter sugieren una alianza emergente pero oculta entre los servicios de inteligencia estatales, Silicon Valley y los medios de comunicación tradicionales para manipular la información en Estados Unidos, así como en gran parte del resto del mundo. Los miembros de la alianza justifican mutuamente su intromisión en la política estadounidense -oculta a la vista del público- como una respuesta necesaria frente al rápido ascenso de un nuevo populismo. Trump y sus partidarios habían llegado a dominar el Partido Republicano, y una izquierda populista encabezada por el senador Bernie Sanders había hecho incursiones limitadas en el Partido Demócrata.

Las redes sociales suscitaron especial preocupación entre los servicios de seguridad porque se consideraban el vehículo que había desatado esta ola de descontento popular. Según un informe de The Intercept, un funcionario del FBI señaló el año pasado que “la información subversiva en las redes sociales podría socavar el apoyo al gobierno estadounidense”.

La seguridad del Estado vio en una alianza con el sector privado de las grandes empresas tecnológicas la oportunidad para proteger a la vieja guardia de la política, especialmente en el Partido Demócrata. Figuras como Biden y la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fueron vistos como herramientas fiables, posicionadas para preservar la legitimidad de un capitalismo neoliberal turboalimentado, y las guerras eternas que han sido el alma de los aparatos de inteligencia.

Esta asociación ha sido útil a todas las partes. Silicon Valley ha sido el camino elegido por muchos liberales que creen que el progreso es más factible a través de medios tecnológicos que dependen de la estabilidad social y el consenso político. Lógicamente, el populismo y la polarización que engendra les incomodan.

Tanto los servicios de seguridad como los políticos más centristas de los partidos republicano y demócrata entienden que están en el punto de mira de la política populista por los fracasos de décadas: una creciente polarización de la riqueza entre ricos y pobres, una economía estadounidense que cruje, unos servicios de bienestar social agotados o inexistentes, la capacidad de los ricos para comprar influencia política, la constante pérdida de riqueza y vidas en guerras aparentemente inútiles libradas en tierras lejanas, y unos medios de comunicación que rara vez se ocupan de los ciudadanos de a pie.

En lugar de centrarse en las causas reales de la creciente ira y el sentimiento antisistema, los servicios de seguridad ofrecieron a los políticos y a Silicon Valley un plan más reconfortante: los populistas, tanto de derechas como de izquierdas, no expresaban su frustración por el fracaso del sistema político y económico estadounidense; su objetivo era sembrar el descontento social para favorecer los intereses de Rusia.

Como consta en las actas de una reunión del Departamento de Seguridad Interior celebrada el pasado mes de marzo, el nuevo objetivo era frenar “los datos subversivos utilizados para abrir una brecha entre la población y el gobierno”.

Esta estrategia alcanzó su cenit con el “Rusiagate”, años de histeria sin pruebas promovida por los servicios de inteligencia y el Partido Demócrata. Su argumento central era que Trump solo pudo derrotar a su rival demócrata Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016 gracias a la connivencia con Moscú y a las operaciones rusas de influencia a través de las redes sociales. Como en el juego del topo, cualquier indicio de mala conducta o criminalidad por parte de los servicios de seguridad, o de fallos sistémicos por parte de la clase política estadounidense, se tachaba ahora de “desinformación rusa”.

En la práctica, las acusaciones de “desinformación rusa” simplemente sirvieron para polarizar aún más la política estadounidense.

Las cuestiones clave planteadas por los Archivos de Twitter -la connivencia de los aparatos de seguridad con las empresas tecnológicas y los medios de comunicación, la intromisión en las elecciones y la manipulación y desviación de la narrativa- han quedado subsumidas y oscurecidas por el partidismo político.

El interés por los Archivos de Twitter se ha limitado en gran medida a la reacción pura y dura. Los demócratas, de forma visceral, han tachado las revelaciones de “tonterías”.

Un clima de miedo

Desde que se apoderó de Twitter, Musk ha pasado de ser el favorito de los liberales por sus coches eléctricos Tesla, a convertirse casi en un paria. En octubre el gobierno de Biden desmintió las informaciones que apuntaban a que estaba estudiando una revisión de seguridad nacional de sus negocios ante la “postura cada vez más favorable a Rusia” de Musk. Su estatus como el hombre más rico del mundo se ha derrumbado rápidamente junto con su reputación.

La ironía es que las mismas agencias de seguridad que azuzaron la histeria del “Rusiagate” se ven ahora expuestas en los Archivos de Twitter como perpetradoras de la misma interferencia de la que acusaban a Moscú.

Durante las elecciones presidenciales de 2016, se dijo que Rusia había confabulado con Trump y le había ayudado utilizando las redes sociales para sembrar la discordia y manipular al electorado estadounidense. Una investigación oficial posterior llevada a cabo por Robert Mueller no pudo confirmar esas acusaciones. En cambio, los Archivos de Twitter indican que no fue Rusia, sino el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la CIA -las mismas agencias que argumentan que Rusia amenazó el orden político en Estados Unidos- los que buscaron agresiva y clandestinamente influir en la opinión pública estadounidense.

Los Archivos de Twitter sugieren que es el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos, mucho más que Rusia, el que representa la verdadera amenaza. El clima de miedo que estas agencias alimentaron en torno a la supuesta “desinformación rusa” no sólo influyó en la opinión pública, sino que dio a la comunidad de inteligencia aún mayor influencia sobre las redes de medios sociales y más licencia para acumular mayores poderes.

Los espías son quienes deciden a quién se permite ser escuchado en las redes sociales -incluso Trump fue vetado mientras era presidente- y qué se puede decir. A menudo, esas decisiones no se toman para prevenir un delito o hacer cumplir las leyes, ni siquiera por el bien público, sino para controlar férreamente el discurso político y marginar las críticas serias al gobierno.

El hecho de que la connivencia entre las plataformas de medios sociales y estas agencias se haya producido en secreto es en sí mismo un indicio de la naturaleza nefasta de lo que ha estado ocurriendo.

Las presiones ocultas

Los Archivos de Twitter abren una ventana a un fenómeno que parece haberse extendido a todas las redes sociales. Tradicionalmente, los liberales han defendido el uso de la censura por parte de las empresas propietarias de las redes sociales, alegando que estas plataformas son empresas privadas que pueden hacer lo que quieran. Se supone que su comportamiento no constituye una violación de las protecciones de la Primera Enmienda a la libertad de expresión.

Sin embargo, los Archivos de Twitter demuestran que las redes han respondido a menudo a presiones ocultas, ya sea directamente del gobierno o a través de sus centrales de inteligencia, a la hora de restringir lo que se puede decir. Como los Archivos han señalado en repetidas ocasiones, Twitter, al igual que otras redes sociales, ha llegado a funcionar menos como una empresa privada y más como “una especie de filial del FBI”.

En 2017, en el punto álgido del pánico del “Rusiagate”, el FBI creó un Grupo de Trabajo de Influencia Extranjera, cuyo número pronto aumentó a 80 policías. Su trabajo ostensible era servir de enlace con las distintas redes para frenar la supuesta injerencia extranjera en las elecciones.

Los ejecutivos de Twitter no tardaron en reunirse y comunicarse regularmente con altos funcionarios del FBI, al tiempo que recibían un sinfín de peticiones de retirada de contenidos para evitar la “desinformación rusa”. Al parecer, la CIA también asistió a las reuniones, bajo la denominación de OGA u “otra agencia gubernamental”. Aunque el grupo de trabajo se ocupaba de la influencia extranjera, al parecer se convirtió en un “conducto para montañas de peticiones de moderación nacionales, de gobiernos estatales e incluso de la policía local”.

Bajo la creciente presión entre bastidores de los servicios de inteligencia, y en público de los políticos, las redes sociales empezaron a elaborar listas negras secretas, con la ayuda de información de los servicios de seguridad, para limitar el alcance de las cuentas o impedir que los temas fueran tendencia. Los efectos eran a menudo difíciles de pasar por alto y, en 2018, Trump declaró que investigaría estas prácticas.

En respuesta, los ejecutivos de Twitter negaron públicamente que practicaran el “bloqueo en la sombra”, un término para cuando las publicaciones o las cuentas se hacen difíciles o imposibles de encontrar. De hecho, Twitter simplemente había inventado una frase diferente para el mismo régimen exacto de supresión de la expresión. Lo llamaron “filtro de visibilidad”.

Esta censura no sólo se utilizó contra cuentas sospechosas de ser bots o contra quienes difundían desinformación evidente. Incluso figuras públicas eminentes que tenían autoridad para hablar sobre un tema eran secretamente señaladas si desafiaban las informaciones clave del gobierno.

El epidemiólogo de Stanford Jay Bhattacharya, por ejemplo, sufrió un “filtro de visibilidad” durante la pandemia, después de que criticara los confinamientos por causar daño a los niños. Fue incluido en una “lista negra de tendencias”.

Otros destacados médicos que cuestionaron la ortodoxia gubernamental también han sido marginados por Twitter, según descubrieron los Archivos, a menudo bajo la presión directa de la Casa Blanca o de los grupos de presión de las empresas de vacunas.

Pero la víctima más destacada del régimen de censura de Twitter fue el propio Trump. Fue vetado el 8 de enero de 2021, a pesar de que, al parecer, el personal acordó entre bastidores que no podían basar tal decisión en ninguna violación directa de sus normas.

La influencia rusa

Las secuelas del Rusiagate llevaron a Twitter a caer más aún en los brazos de los servicios de seguridad. A principios de 2018, un representante republicano, Devin Nunes, presentó un memorando clasificado al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en el que detallaba supuestos abusos del FBI en la vigilancia de una figura relacionada con Trump.

El FBI se habría basado en el llamado dossier Steele, financiado en parte por Clinton y el Partido Demócrata, pero presentado inicialmente por los medios de comunicación como una investigación independiente, dirigida por los servicios de inteligencia, investigación que verificaría la colusión entre el equipo de Trump y Moscú.

La noticia del memorándum provocó una tormenta en las redes sociales entre los partidarios de Trump, alimentando una etiqueta viral: #ReleaseTheMemo. Las acusaciones de Nunes fueron verificadas casi dos años después por una investigación del Departamento de Justicia. Sin embargo, en aquel momento, los políticos demócratas y los medios de comunicación se apresuraron a ridiculizar el memorándum, calificando cualquier petición de publicación como una “operación de influencia rusa”.

Los ánimos se caldearon en las grandes tecnológicas. Las propias investigaciones de Twitter no pudieron identificar ninguna implicación rusa y sugirieron que el hashtag se había hecho tendencia de forma planificada, impulsada por tuiteros muy importantes.

Pero los ejecutivos de Twitter no tenían ganas de pelea. En lugar de enfrentarse al Partido Demócrata -y muy probablemente detrás de él al FBI, preocupado por las revelaciones del memorándum-, Twitter siguió “un patrón servil de no rebatir de forma oficial las afirmaciones sobre Rusia”, señaló Matt Taibbi, uno de los periodistas que trabajaron en los Archivos de Twitter.

Pronto, los principales medios de comunicación culparon a Rusia de cualquier etiqueta embarazosa que se hiciera viral, como #SchumerShutdown, #ParklandShooting y #GunControlNow. A medida que se intensificaba la campaña de acusaciones del Rusiagate, Twitter se vio sometida a una presión cada vez mayor para actuar. En 2017, examinó manualmente unas 2.700 cuentas marcadas como potencialmente sospechosas. La gran mayoría fueron eliminadas. Twitter suspendió 22 de ellas como posibles cuentas rusas, mientras que se descubrió que otras 179 tenían “posibles vínculos” con esas cuentas.

Los políticos demócratas se indignaron y, al parecer, se basaron en fuentes de inteligencia para respaldar su afirmación de que las redes sociales estaban plagadas de bots rusos. Twitter respondió creando un “grupo de trabajo sobre Rusia” para investigar más a fondo, pero de nuevo no encontró pruebas de una campaña de influencia rusa. Lo único que identificó fueron unos cuantos carteles de “lobos solitarios” que gastaban poco dinero en anuncios.

No obstante, Twitter se vio inmerso en una crisis de relaciones públicas, con políticos y medios de comunicación del establishment acusándolo de pasividad. El Congreso amenazó con una legislación draconiana que privaría a Twitter de ingresos publicitarios. La incapacidad de Twitter para encontrar cuentas de influencia rusa provocó una acusación de Politico: “Twitter borró datos potencialmente cruciales para las investigaciones sobre Rusia”. La investigación original de Twitter sobre las 2.700 cuentas alimentó extravagantes afirmaciones en los medios de comunicación de que se había descubierto una “nueva red” de bots rusos.

En medio de esta tormenta de fuego, Twitter cambió repentinamente de táctica, declarando públicamente que eliminaría contenido “a nuestra entera discreción”, pero en realidad era mucho peor que eso. Como informó Taibbi en uno de los Twitter Files, la empresa decidió en privado “retirar” todo lo que “la comunidad de inteligencia de Estados Unidos identificara como una entidad patrocinada por el Estado que realizaba operaciones cibernéticas”.

Twitter se vio cada vez más asediado. Un Archivo de Twitter publicado el mes pasado sostiene que un destacado grupo de presión online llamado Hamilton 68 -con vínculos con los servicios de inteligencia- perpetró “una estafa” sobre la desinformación rusa.

Su página web suscitó interminables titulares en los medios de comunicación estadounidenses tras indicar que había descubierto una campaña de influencia rusa en las redes sociales, en la que estaban implicados cientos de usuarios. Los medios de comunicación publicaron estas afirmaciones como prueba de que las redes sociales estaban invadidas por bots rusos. El personal de Hamilton 68 fue incluso invitado a declarar ante altos cargos políticos del Congreso.

Sin embargo, a pesar de este furor, Hamilton 68 nunca hizo pública la lista de bots que decía haber descubierto. Las investigaciones internas de Twitter revelaron que casi todos los de la lista eran usuarios corrientes.

La Alianza para la Seguridad de la Democracia (ASD), que albergó Hamilton 68 y su sucesor Hamilton 2.0, publicó una “hoja informativa” en respuesta a los Archivos de Twitter en la que negaba las acusaciones y sugería que sus datos habían sido “constantemente malinterpretados o tergiversados” por los medios de comunicación y los legisladores, a pesar de los “amplios esfuerzos por corregir las ideas erróneas en su momento”. La ASD señaló que nunca sugirió que todos los bots fueran rusos, pero que estaba supervisando algunos que podrían haberlo sido.

Cabe destacar que Hamilton 68 estaba dirigido por un antiguo alto cargo del FBI. Los directivos de Twitter no se opusieron públicamente a la avalancha mediática, y se encontraron con una reprimenda cuando intentaron plantear sus preocupaciones en privado a los periodistas.

El ombligo del FBI

Como muestra de lo estrecha que se había hecho la relación entre el FBI y Twitter, Twitter contrató como asesor jurídico a James Baker, antiguo abogado jefe del FBI. Baker había sido una de las figuras centrales en los esfuerzos por pintar una imagen -de nuevo ahora desacreditada- de colusión entre Trump y Moscú. Muchos otros que habían dejado el FBI se fueron directamente a Twitter. Entre ellos, Dawn Burton, ex subjefa de personal del jefe del FBI James Comey, que inició la investigación del Rusiagate. Se convirtió en directora de estrategia de Twitter en 2019.

Existían lazos similares con los servicios de seguridad británicos. Twitter contrató a Gordon MacMillan como su principal asesor editorial sobre Oriente Medio. Era un puesto a tiempo parcial, ya que servía al mismo tiempo en la unidad de guerra psicológica del ejército británico, la 77 Brigada.

En 2020, a medida que se desarrollaba la pandemia, otras agencias gubernamentales vieron su oportunidad de emprender una campaña paralela contra Twitter centrada en los supuestos esfuerzos de China por difundir la desinformación sobre la pandemia. Un brazo de inteligencia del Departamento de Estado, el Global Engagement Center, utilizando datos del gobierno federal, alegó que 250.000 cuentas de Twitter estaban amplificando “propaganda china”, una vez más para sembrar el desorden. Entre esas cuentas figuraban el ejército canadiense y la CNN.

Los correos electrónicos entre ejecutivos de Twitter muestran que tenían sus propias opiniones sobre lo que la campaña esperaba conseguir. Los funcionarios del Departamento de Estado querían “colarse” en ese consorcio de agencias, tales como el FBI y el DHS, que estaban autorizadas a retirar contenidos de Twitter.

Es revelador que Twitter se opusiera a la inclusión del Departamento de Estado, y en términos que contrastaban fuertemente con su enfoque del FBI y el DHS. Los ejecutivos consideraban que el Departamento de Estado era más “político” y “trumpista”.

Al final, se sugirió que el FBI serviría de “ombligo” o núcleo a través del cual Silicon Valley mantendría informados a otros organismos gubernamentales. El resultado, según los Twitter Files, fue que Twitter “recibía peticiones de todos los organismos gubernamentales imaginables”, y a menudo en masa. La plataforma casi nunca decía que no a las peticiones de eliminar cuentas acusadas de ser bots rusos.

A medida que Twitter se volvía más dócil y débil, incluso algunos políticos estadounidenses de alto rango trataron de entrar en escena. Adam Schiff, entonces jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, pidió que se bloqueara a un periodista que no le gustaba. Aunque Twitter se mostró reacio a acceder a tales peticiones, “desamplificó” algunas cuentas.

A medida que se acercaban las elecciones de 2020, el flujo de peticiones de servicios de seguridad se convirtió en un diluvio que amenazaba con desbordar a Twitter. Muchas de ellas no estaban relacionadas con la influencia extranjera, el objetivo aparente del grupo de trabajo del FBI. En su lugar, los envíos a menudo parecen haber afectado a cuentas nacionales. Rara vez detallaban infracciones de la ley o amenazas terroristas, presumiblemente el principal ámbito de interés del FBI, sino que se centraban en infracciones mucho menos definidas de las “condiciones de servicio” de Twitter.

A menudo, las cuentas se enfrentaban a la “ejecución digital” no porque lo que se dijera fuera desinformación verificable, sino porque los tuits cruzaban líneas rojas políticas: señalar un problema neonazi en Ucrania, o ser demasiado comprensivos con el dirigente venezolano Maduro o con Putin.

El ordenador portátil del hijo de Biden

Una vez infiltrados en las empresas tecnológicas, los servicios de seguridad habrían utilizado sus poderes para, de forma encubierta, modular convenientemente las discusiones en torno a las elecciones presidenciales de 2020.

Quizás la mayor revelación hasta el momento -que confirma las sospechas de la reacción- es que las redes sociales y las agencias de seguridad del Estado desempeñaron un papel en la supresión de la historia del ordenador portátil del hijo de Biden semanas antes de las elecciones de 2020.

En vísperas de la votación, el grupo de trabajo del FBI preparó el terreno afirmando ante ejecutivos de Silicon Valley que Rusia intentaría “volcar” información hackeada para dañar al candidato demócrata a la presidencia, Biden. Se trataba supuestamente de una repetición de las elecciones de 2016, cuando la publicación de correos electrónicos internos del Partido Demócrata perjudicó a la entonces candidata, Hillary Clinton.

Tras la elección de Trump, gran parte de la narrativa del Rusiagate surgió de las afirmaciones sin pruebas de los servicios de seguridad de que esos correos electrónicos embarazosos, que indicaban corrupción política entre los dirigentes del Partido Demócrata, fueron pirateados por Rusia.

Las pruebas que sugerían una explicación diferente -que los correos electrónicos fueron filtrados por un infiltrado descontento- fueron ampliamente ignoradas. El furor provocado por la historia ocultó el hecho de que los correos electrónicos, y sus revelaciones condenatorias sobre el Partido Demócrata, eran demasiado reales.

Basándose en las advertencias de los servicios de inteligencia, las plataformas de medios sociales se apresuraron a bloquear las informaciones sobre el portátil de Hunter Biden, que sugería relaciones ‘problemáticas’ entre la familia Biden y funcionarios extranjeros en Ucrania. Los responsables de Joe Biden negaron cualquier irregularidad por parte del entonces candidato presidencial, mientras que el propio Hunter se mostró evasivo sobre si el portátil le pertenecía. La historia, destapada por el derechista New York Post, fue declarada inmediatamente una operación de influencia rusa por docenas de ex funcionarios de inteligencia.

Pero en realidad, el FBI sabía casi un año antes de que la historia se hiciera pública que el portátil pertenecía a Hunter Biden, y que la información que contenía no era probablemente falsificada o pirateada. El propietario de una tienda de informática de Delaware al que Hunter Biden había pedido que reparara su portátil había informado al FBI de sus sospechas. La agencia incluso había convocado el dispositivo judicialmente.

Esta cadena de acontecimientos plantea dudas sobre si el FBI decidió adelantarse a los impactos de la historia del portátil, que amenazaba las posibilidades electorales de Joe Biden en 2020, antes de que la prensa de derechas pudiera publicarla. Parece que manipularon a los medios, incluidas las redes sociales, para que asumieran que cualquier historia que perjudicara a Biden antes de las elecciones era desinformación rusa.

Las grandes tecnológicas tenían otras razones en ese momento para creer que la historia era probablemente cierta. El New York Post había realizado las comprobaciones habituales. Otros reporteros no tardaron en confirmar que la información había salido del portátil de Hunter Biden. No obstante, Twitter se apresuró a aceptar la afirmación de que la historia violaba su política contra la publicación de material pirateado, haciéndose eco de la afirmación del FBI de que se trataba de desinformación rusa. Otros, como Mark Zuckerberg en Facebook, también aceptaron las afirmaciones del FBI por confianza, como admitió más tarde.

Las redes sociales tomaron la medida sin precedentes de bloquear los intentos de compartir la historia en sus plataformas, lo que podría haber repercutido en el resultado de las elecciones de 2020, algo visto por gran parte de la derecha republicana como un crimen contra la democracia, y por muchos simpatizantes del Partido Demócrata como una desafortunada necesidad de defender el orden democrático.

La guerra psicológica

La connivencia entre las plataformas de redes sociales y la inteligencia estadounidense en torno al Rusiagate no fue una aberración. Según los citados Archivos, Twitter dio al Pentágono una dispensa especial, en violación de sus propias políticas, para crear cuentas para llevar a cabo “operaciones de influencia psicológica en línea”.

Twitter ayudó a los militares a crear 52 cuentas falsas en árabe para “amplificar determinados mensajes”. Estas cuentas promovían objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio, incluidos mensajes que atacaban a Irán, apoyaban la guerra liderada por Arabia Saudí en Yemen y afirmaban que los ataques de drones estadounidenses sólo alcanzaban a terroristas.

En mayo de 2020 Twitter detectó docenas de cuentas más que el Pentágono no había revelado y que tuiteaban en ruso y árabe sobre temas como Siria y el Estado Islámico. Según Lee Fang, uno de los periodistas que trabajó en los Archivos de Twitter, “muchos correos electrónicos de todo 2020 muestran que los ejecutivos de alto nivel de Twitter eran muy conscientes de la vasta red [del Departamento de Defensa] de cuentas falsas y propaganda encubierta y no suspendieron las cuentas”.

Otras investigaciones han sacado a la luz una extensa red de propaganda del Pentágono en otras aplicaciones de medios sociales, como Facebook y Telegram.

La indulgencia de Twitter con estas cuentas encubiertas del Pentágono contrasta fuertemente con su gestión de los medios de comunicación y las personas acusadas de estar afiliadas a países considerados por el gobierno estadounidense como Estados enemigos. Entre ellos figuran periodistas y académicos occidentales disidentes que supuestamente colaboran con medios rusos, chinos, iraníes o venezolanos.

Según una investigación del grupo de vigilancia de los medios de comunicación Fair, Twitter sigue ocultando las afiliaciones públicas de las cuentas financiadas por el gobierno de Estados Unidos, incluidas las que promueven sus objetivos propagandísticos en Ucrania y otros lugares. Fair no pudo encontrar ningún ejemplo de cuentas identificadas como “medios de comunicación afiliados a Estados Unidos”, ni ninguna cuenta etiquetada como tal en Gran Bretaña o Canadá.

El grupo concluyó: “Twitter permite a los medios de propaganda estadounidenses mantener la pretensión de independencia en la plataforma, un respaldo tácito al poder en la sombra y a las operaciones de influencia de Estados Unidos […] Twitter está participando activamente en una guerra de información en curso”.

Un espeso manto de secretismo

Después de que los archivos de Twitter empezaran a aparecer en diciembre, el FBI respondió sin abordar la veracidad de los documentos, sino jugando al mismo juego que antes. Acusó a los periodistas implicados de difundir “teorías conspirativas” y “desinformación” destinadas a “desacreditar a la agencia”. Hillary Clinton, la decana del establishment del Partido Demócrata, sigue culpando a la desinformación rusa de los males de su país. La verdad es que tanto los servicios de seguridad como la clase política han invertido demasiado en sus actuales acuerdos secretos con las redes sociales como para aceptar un cambio.

Y no es probable que la presión para hacerlo aumente mientras Estados Unidos siga dando tumbos de crisis en crisis: desde la “guerra contra el terror”, a la presidencia de Trump, a la pandemia, a la invasión rusa de Ucrania. Todas estas crisis -en sus diferentes formas, cabe señalar- son el legado de decisiones políticas tomadas por los mismos actores que ahora rechazan el examen y la investigación.

Estas crisis proporcionan el pretexto no sólo para la inacción, sino para una vigilancia cada vez más estrecha y estricta de los foros públicos digitales por parte del Estado, y no de forma transparente, sino bajo un espeso manto de silencio. Como Church advirtió hace casi medio siglo, la mayor amenaza a la que se enfrenta Estados Unidos es la posibilidad de que sus agencias de seguridad vuelquen sus enormes poderes hacia el interior, contra el público estadounidense.

Ese proceso es exactamente lo que documentan los Archivos de Twitter. Muestran que la comunidad de inteligencia ha llegado a redefinir su función principal -proteger al público estadounidense de amenazas extranjeras- para incluir al propio público estadounidense como parte de esa amenaza.

En 2021, una de las primeras prioridades del gobierno de Biden fue desvelar una Estrategia Nacional para Contrarrestar el Terrorismo Doméstico (National Strategy for Countering Domestic Terrorism). En ella se describía la pérdida de fe en el gobierno y la polarización extrema como “alimentadas por una crisis de desinformación, e información falseada a menudo canalizada a través de plataformas de medios sociales”.

Al parecer, el aumento de la insatisfacción entre la ciudadanía estadounidense no sería culpa de un liderazgo político fracasado o de un Estado profundo arrogante. Por el contrario, esa misma clase dirigente fracasada ve la reacción popular -y el descontento electoral- únicamente en términos interesados, como una prueba de la intromisión extranjera.

En los archivos de Twitter, Musk ha abierto una pequeña ventana para mostrar un poco de lo que ha estado ocurriendo a puerta cerrada. Pero incluso esa ventana volverá a cerrarse muy pronto. Y entonces volverá la oscuridad, a menos que el público exija su derecho a saber más.

Jonathan Cook https://www.middleeasteye.net/big-story/twitter-files-social-networks-subsidiary-fbi-cia-how

En Ucrania ha entrado en funcionamiento un sistema automático de bloqueo de las redes sociales

Desde antes del inicio de la guerra, Ucrania es un país de censura total, donde cualquier opinión que difiera de la línea aprobada por la OTAN es inmediatamente suprimida, tanto si procede de partidos políticos, como de sindicatos o de medios de comunicación y redes sociales.

El 2 de marzo comenzó a funcionar un sistema centralizado de bloqueo automático de sitios y redes sociales. Según la Orden del Centro Nacional de Gestión Operativa y Técnica de Redes de Telecomunicaciones de 30 de enero, todos los proveedores de servicios de internet ucranianos están obligados a implantar un sistema capaz de bloquear automáticamente los sitios alternativos de información.

El control no se limita únicamente a filtrar la información. El programa también podrá recopilar datos sobre los usuarios que visiten los sitios prohibidos.

Cada 15 minutos el sistema envía al proveedor una lista actualizada de sitios a silenciar. Los datos resultantes se transmiten a la policía.

El nuevo sistema es una continuación lógica de la ley de medios de comunicación aprobada anteriormente por el Parlamento, que subordina por completo todos los medios de comunicación de Ucrania al gobierno y excluye hasta el más mínimo atisbo de un punto de vista diferente de las opiniones admitidas oficialmente.

La ley amplió los poderes del Consejo ucraniano de Televisión y Radiodifusión, convirtiéndolo en un auténtico inquisidor con una afición excesiva por los aguardientes.

En febrero de 2021 Zelensky autorizó al Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania a imponer sanciones al diputado de la oposición Taras Kozak, propietario de los tres principales canales de televisión de la oposición al gobierno (112 Ucrania, NewsOne y ZIK).

Dos años antes se había prohibido el periódico Rabochaia Gazeta, el periódico del Partido Comunista de Ucrania.

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