Un estudio detallado del número de muertes registradas en Nicaragua desde la violenta campaña para destituir al presidente Daniel Ortega y su gobierno sandinista muestra que han sido asesinados al menos tantos partidarios de los sandinistas como miembros de la oposición. El estudio “Monopolizando la muerte” (*) muestra que las ONG locales han contado todas las muertes desde abril, incluyendo los accidentes y asesinatos de los sandinistas, con asesinatos cometidos por las fuerzas pro-gubernativas. Washington lo utilizó para argumentar a favor de sanciones y para intensificar la presión por el cambio de régimen.
El 25 de julio la manipulación del número de muertos fue la pieza central de una arenga de la representante republicana Ileana Ros-Lehtinen ante la Cámara de Representantes. Mientras abogaba por una resolución bipartidista condenando al presidente nicaragüense Daniel Ortega por ordenar la masacre de manifestantes, Ros-Lehtinen dijo: “¡Señor Presidente, cuatrocientos cincuenta! Muchos nicaragüenses han sido asesinados por el régimen de Ortega y sus matones desde abril de este año”.
La imagen de un régimen dictatorial que mata a manifestantes pacíficos indefensos fue diseñada para ejercer presión a favor de un ataque a la economía nicaragüense en forma de sanciones, como la Ley Nica. Su relato fue apoyado por el vicepresidente Mike Pence, quien condenó al gobierno nicaragüense por “más de 350 muertes a manos del régimen”, y por Ken Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, quien también sugirió que Ortega había ordenado personalmente el asesinato de “300 manifestantes contra su régimen corrupto y represivo”.
En las últimas dos semanas he viajado a Nicaragua para entrevistar a docenas de víctimas de la oposición nicaragüense apoyada por Estados Unidos. Me he reunido con policías que han visto a sus colegas muertos a tiros por elementos bien armados cuando se les ordenó permanecer dentro de sus instalaciones, dirigentes sindicales sandinistas cuyas casas han sido quemadas, y ciudadanos comunes que han sido secuestrados en los cortes de carretera y sacados de sus casas para ser golpeados y torturados, a veces con el consentimiento de sacerdotes católicos. Para mí estaba claro que la oposición nicaragüense era todo menos pacífica en su intento de cambiar el régimen.
También está claro que muchos sandinistas han sido asesinados desde que comenzó el caos en abril. Entre las víctimas de la oposición se encuentra Gabriel de Jesús Vado, un policía de Jinotepe que fue secuestrado, arrastrado por un coche y quemado vivo durante un corte de carretera este mes en Monimbo, un distrito de Masaya que la oposición mantivo ocupada violentamente durante semanas.
Un sacerdote católico local, Harvin Padilla, dio su consentimiento verbal para el terrible asesinato y lo grabó en vídeo.
Pero según la lógica empleada por el Congreso y la Casa Blanca, que responsabiliza al gobierno por cada muerte ocurrida entre abril y junio en Nicaragua, el asesinato de Vado y otros 20 miembros de la policía nacional nicaragüense nunca tuvo lugar, lo mismo que la muerte de cualquier persona asesinada por paramilitares de la oposición. Es lo que tienes que creer si culpas al gobierno sandinista de todos los muertos.
La manipulación del número de muertos por parte del Congreso y de las ONG occidentales de poder blando se expone meticulosa y detalladamente en “Monopolizing Death”. El autor de este estudio forense, el investigador independiente nicaragüense Enrique Hendrix, describe una campaña que, en ausencia de una causa justa, utiliza la muerte de cada ciudadano como motivo para manipular las emociones de la población para oponerse al gobierno y al pueblo.
Hendrix me dijo que comenzó su estudio dos semanas después de que las protestas anti-Sandinistas comenzaron. “Todos los medios de comunicación de la oposición comenzaron a afirmar que todas estas muertes estaban ocurriendo [a manos de las fuerzas del gobierno] y yo tenía muchas dudas”, dice. “Así que empecé a investigar las listas de organizaciones de derechos humanos y realmente traté de determinar si el número de muertes estaba compuesto sólo por estudiantes, como informaron los medios de comunicación de la oposición”.
El estudio de Hendrix examina las muertes de las tres principales organizaciones de derechos humanos de Nicaragua. Se trata del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya participación fue solicitada por el Gobierno de Nicaragua el 13 de mayo, y la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH).
Estas son las organizaciones en las que el Congreso de Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones internacionales de “poder blando”, como Human Rights Watch, han confiado para entender la violencia que ha barrido Nicaragua.
Durante mi estancia en Nicaragua me enteré de que miembros de CENIDH y ANPDH participaron activamente en la campaña de remoción del gobierno sandinista. Por ejemplo, tres estudiantes de la Universidad Pública de la UNAN me dijeron que el asesor legal del CENIDH, Gonzalo Carrión, estaba presente con estudiantes y militantes de la oposición cuando tomaron el campus y que fue incluso un espectador de su violencia.
Ramon Avellán, comisario de policía de Masaya, me contó que miembros de la ANPDH aparecieron repetidamente en su comisaría de policía junto a militantes de la oposición para pedirle que se rindiera. Este acto habría resultado en la toma total de la ciudad por la oposición armada, la cual, según Avellan, incluía una fuerte representación de bandas criminales locales.
La ANPDH fue fundada en Miami. Es la base de la oposición de derecha en Nicaragua y en la década de 1980 fue financiada por el National Endowment for Democracy (Fondo Nacional para la Democracia) del gobierno de Estados Unidos para presentar a los contras como víctimas de la brutalidad comunista. Hoy en día, el grupo sigue siendo un arma política contra el movimiento sandinista.
Hendrix encontró que los tres principales grupos autoproclamados de “derechos humanos” en Nicaragua eliminaron los contextos de las muertes que habían registrado para vincular cada muerte no natural que ocurría en todo el país entre el 19 de abril y el 25 de junio con los asesinatos cometidos por las fuerzas progubernativas nicaragüenses.
Observó que en los informes sobre derechos humanos se incluían siete categorías de muertes. Todas las categorías menos una no tenían relación con la violencia gubernamental.
Aquí está:
– Nombres duplicados
– Muertes no relacionadas con las protestas
– Personas asesinadas por la oposición
– Activistas de la oposición, incluyendo aquellos involucrados en acciones violentas
– Espectadores inocentes
– Nombres sin datos significativos para determinar la causa de la muerte
– Muertes omitidas de cada lista
Según Hendrix, los informes de la CENIDH, la CIDH y la ANPDH se han complementado con la muerte de víctimas de accidentes de tráfico, altercados entre pandillas, asesinatos por robo, asesinatos por arma de fuego accidental y, lo que es más absurdo, por suicidio.
El estudio de la CIDH incluye nueve nombres duplicados, mientras que las tres organizaciones reportan 97 muertes no relacionadas con las protestas. Se desconocen las causas de 77 muertes mencionadas en los tres informes.
Mientras la oposición nicaragüense gritaba ante la masacre de estudiantes de genocidio, Hendrix descubrió durante su investigación que de las cerca de 60 muertes entre los antisandinistas en manos de fuerzas progubernativas, sólo 16 ó 17 eran en realidad estudiantes.
Lo que es más chocante es que la investigación forense de Hendrix ha demostrado que la oposición ha matado por lo menos a tantos partidarios y oficiales de policía sandinistas como opositores asesinados por las fuerzas del gobierno. Esta cifra contradice directamente la narración, difundida por Estados Unidos, de un dictador que aniquila a los manifestantes pacíficos.
Sería fácil para cualquiera que conozca la situación que se ha desarrollado en el terreno durante los últimos tres meses entender por qué han sido asesinados tantos sandinistas.
A finales de abril, Ortega ordenó a sus fuerzas policiales que permanecieran en sus instalaciones, como condición para el diálogo nacional que había iniciado con la oposición. La orden significaba que durante unos 55 días, los partidarios sandinistas fueron dejados solos para repeler una sangrienta cruzada nacional por venganza. Incontables ciudadanos han sido golpeados o amenazados con la destrucción de sus propiedades por la oposición por el solo hecho de pertenecer al frente sandinista.
Entre los asesinatos de sandinistas descritos en el informe de Hendrix estaba un bebé de 25 meses de edad, el hijo de Gabriella María Aguirre, quien murió el 13 de junio en Masatepe de broncoaspiración cuando su ambulancia fue detenida en un corte de carretera de la oposición.
Mientras tanto, en ciudades como Masaya y Jinotepe, la policía se encontró asediada, cortada durante semanas sin comida ni medicinas, y terminó en una feroz batalla con los activistas de la oposición que la habían rodeado. La comisaría de policía de Sebaco fue atacada con granadas y armas de fuego.
Las muertes de los miembros de la oposición por accidente o como resultado de la violencia fratricida también fueron descontextualizadas en estos informes y, por lo tanto, no son reconocidas como tales por Washington ni por los organismos jurídicos internacionales. Por ejemplo, el periodista guatemalteco Eduardo Spiegler, que fue aplastado por una decoración de la calle -un “árbol de la vida”- derribado por manifestantes de la oposición mientras cubrían sus actos de vandalismo.
El gobierno nicaragüense ha nombrado su propia comisión de expertos independientes para investigar las muertes que han ocurrido desde abril. Según Hendrix, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se negó a aceptar los datos de la encuesta oficial de Nicaragua, prefiriendo confiar en la encuesta de la ANDPH.
Esto significa que el principal organismo internacional responsable de sacar conclusiones sobre la violencia en Nicaragua dependía en gran medida de una ONG decididamente antisindicalista y que no realizaba un trabajo independiente.
En Washington, mientras tanto, miembros del Congreso como Ros-Lehtinen no sólo se han basado en la distorsionada narrativa de la oposición, sino que han exagerado el número de muertes para promover un ataque más profundo a la economía de Nicaragua.
Hendrix señaló que, dado que las ONG locales de derechos humanos como ANDPH dependen en gran medida de los medios de comunicación de la oposición para hacer balance, “en muchos casos es imposible verificar si están diciendo la verdad”. Se preguntaba si “no nos enfrentaríamos a una manipulación aún mayor que la que conocemos”.
(*) http://tortillaconsal.com/tortilla/node/3718
