En 1993 el Banco Mundial creó Transparencia Internacional para denunciar la corrupción del sector público en los países del Tercer Mundo y encubrir los trapos sucios de las grandes potencias occidentales.
La organización está financiada por los grandes monopolios, incluidos los involucrados en corrupción y evasión fiscal a gran escala, como Google, Microsoft y Siemens.
La propia Transparencia Internacional es una organización corrupta. La Radio Pública de Nueva Zelanda ha denunciado que la sucursal local está financiada por los gobiernos respectivos, incluidos los servicios secretos y las centrales de inteligencia.
El director ejecutivo de la sucursal neozelandesa lo reconoció y lo defendió porque las centrales de espionaje, dijo, también “luchan contra la corrupción”, pero su objetivo es desestabilizar a los “gobiernos enemigos” y sustituirlos por otros más amistosos.
En 2013 Transparencia Internacional publicó su primer Índice Anticorrupción en los sectores de defensa de 82 países. Muchos gobiernos subalternos criticaron las conclusiones y la metodología del informe, en el que se formularon 77 “preguntas técnicas” a funcionarios locales y representantes de centros de estudios y universidades.
Como explicó Mark Pyman en respuesta, entonces jefe del programa de defensa y seguridad de Transparencia Internacional en Reino Unido, simplemente no responder a las preguntas era suficiente para otorgar a un país una calificación negativa. Las preguntas iban desde cuestiones frívolas –como si los jefes de defensa de un país “se comprometen públicamente” a luchar contra la corrupción– hasta cuestiones intensivas sobre operaciones y adquisiciones militares.
La organización quería penetrar en los secretos de defensa de ciertos países. Desde entonces el sector de la defensa se ha convertido en una división independiente de Transparencia Internacional, con su propio sitio web, que publica un flujo constante de informes sobre temas de corrupción en el sector.
Los secretos de la OTAN no son accesibles, pero los de los demás países se airean a los cuatros vientos. También pasan por alto el tráfico internacional de armas de los gobiernos y empresas privadas de seguridad de Estados Unidos y Europa.
A mediados de los chenta Reino Unido y Arabia saudí firmaron el acuerdo de Al-Yammah para traficar con armas, que sigue siendo el mayor firmado entre ambos países. El país árabe vendió 600.000 barriles de petróleo y, a cambio, la empresa de armamento BAE Systems firmó contratos por valor de varios miles de millones de libras esterlinas.
Los jerifaltes de ambas partes –así como sus familiares– se beneficiaron del acuerdo e impidieron cualquier investigación al respecto. Pyman escribió al periódico The Guardian en 2006 para echar tierra encima del acuerdo. No se debía “viajar a través de la historia” ya que no era relevante. Mientras tanto, hasta el día de hoy, los sitios web oficiales de muchas embajadas británicas en el extranjero ofrecen consejos a los traficantes de armas para hacer negocios.
Las embajadas proporcionan los contactos locales, la información del mercado e incluso organizan para almuerzos y recepciones comerciales con funcionarios públicos y empresas privadas de defensa. Todo ello, por supuesto, a cambio de una tarifa.
La 77 Brigada de guerra sicológica del ejército británico
El programa de defensa y seguridad de Transparencia Internacional en Reino Unido está vinculado a la 77 Brigada, la división de guerra sicológica del ejército. La edición de invierno de 2017 de Corruption Cable, el boletín trimestral de Transparencia Internacional en Reino Unido, tiene una sección dedicada a ese vínculo, a través del cual miembros de la unidad militar son adscritos regularmente al programa durante un período de tiempo al año.
Los principales componentes de la 77 Brigada comprenden las principales divisiones de operaciones sicológicas y de medios de la inteligencia militar británica. La unidad se ocupa de “utilizar enfrentamientos no letales y palancas no militares para adaptar los comportamientos de las fuerzas opuestas y los adversarios”.
Durante la pandemia esos “adversarios” eran las redes sociales del mundo, cuyos mensajes había que “adaptar” a la propaganda, la manipulación y los subterfugios oficiales.
El conocimiento adquirido por los oficiales de la 77 Brigada durante su adscripción a Transparencia Internacional –que puede incluir respuestas a las preguntas del Índice Anticorrupción– se explota con fines de guerra sicológica. Una serie de documentos internos la relacionan también con Integrity Initiative, una unidad de propaganda negra de la inteligencia británica.
Entre los documentos aparece un programa financiado por el gobierno británico que expone la corrupción en los Balcanes, que nombra nada menos que a Mark Pyman junto con un brigadier del ejército británico que fundó la sección de defensa de Transparencia Internacional y dos veteranos de la 77 Brigada, incluido su fundador y jefe, Alex Aiken.
Aiken fue el encargado de “establecer la relación estratégica con Transparencia Internacional”, una indicación de la importancia del programa. Euan Grant, responsable de la Iniciativa de Integridad, también fue propuesto para el proyecto.
Otros archivos filtrados indican que Aiken urdió una variedad de planes de largo alcance para “operaciones de información”, exponiendo la corrupción pública y empresarial en Rusia. Uno de los proyectos buscaba obtener información sobre las actividades del crimen organizado ruso de importantes instituciones financieras y luego publicar los resultados a través de varias fuentes, como periódicos o el programa de televisión McMafia.
Una de las fuentes de información ofrecida por Grant fue HSBC, un importante banco británico vinculado a todas las formas de corrupción y malversación imaginables a escala mundial. Sus contactos allí incluían a antiguos espías del MI5 y el MI6.
Los chicos de Brasil manipulan la opinión pública
La corrupción de los gobiernos, las empresas, organizaciones e individuos queda expuesta a través de las “operaciones de información” de las centrales de inteligencia.
En noviembre de 2009 se convocó el cuarto congreso de la Asociación de la Policía Federal de Brasil. Entre los oradores se encontraba el juez Sergio Moro, una celebridad por su papel en la lucha contra una importante operación de lavado de dinero, que encabezó un panel sobre la “lucha contra la corrupción y el crimen organizado”. Abogó por cambios en la ley y una mayor autonomía judicial para facilitar los procesamientos de los delitos de cuello blanco.
También estuvo presente la fiscal estadounidense Karine Moreno-Taxman, que entonces trabajaba en la embajada estadounidense en Brasil. Encabezó una comisión que abogaba por que Brasil mantuviera un sistema informal de colaboración con sus homólogos estadounidenses, evitando las estructuras de cooperación formal descritas en los tratados internacionales.
La fiscal enfatizó la necesidad de manipular la opinión pública en los procesamientos de figuras de alto perfil para despertar el disgusto de los investigados. La sociedad debe sentir que esta persona realmente ha abusado de su trabajo y exigir que sea condenada. Si no puedes derribar a esa persona, no investigues.
Cinco años después, Moro y Moreno-Taxman fueron figuras clave en la Operación Lava Jato, presentada públicamente como una cruzada contra la corrupción, aunque en realidad fue un fraude encabezado por la CIA, el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El objetivo era destruir las empresas más rentables del país e impedir el avance de las fuerzas progresistas.
Durante años, los fiscales de Lava Jato (todos ellos graduados en los programas de formación del FBI y del Departamento de Justicia), así como Moro, que supervisó el plan, fueron elogiados por los periodistas. Moro incluso fue nombrado una de las “100 personas más influyentes” de la revista Time en 2016. En diciembre de ese año, Transparencia Internacional otorgó al equipo de Lava Jato su “Premio Anticorrupción” anual, que “honra a personas y organizaciones destacadas de todo el mundo […] que exponen y combaten la corrupción”.
Ni Time ni Transparencia Internacional reconocieron que, unos meses antes, los medios locales revelaron que Moro había intervenido ilegalmente los teléfonos del equipo de abogados de Lula. Fue una de las muchas tácticas ilegales que utilizaron el juez y los fiscales de Lava Jato.
En Brasil Transparencia Internacional ignoró las ilegalidades y, en cambio, brindó a la Operación una cobertura completa. Siguiendo las instrucciones de Moreno-Taxman, los fiscales de Lava Jato hicieron todo lo posible para demonizar a Lula. En conferencias de prensa periódicas, presentaron ridículos PowerPoints que lo presentaban en el epicentro de una gran y laberíntica conspiración de corrupción regional e internacional a través de la cual Lula estaba íntimamente implicado en todos los delitos graves imaginables.
En julio de 2017 Transparencia Internacional acogió con satisfacción la condena por corrupción de Lula, calificándola de “una señal significativa de que el Estado de derecho funciona en Brasil y de que no hay impunidad, ni siquiera para los poderosos”. Añadió que los fiscales y jueces involucrados en la investigación estaban “enfrentando ataques de todos lados […] prueba de que la corrupción no discrimina entre ideologías o partidos políticos”.
Un regalo de la CIA para Brasil
Desde junio de 2019 era evidente que Lava Jato tenía un carácter fraudulento, por sus vínculos con los servicios de inteligencia estadounidenses. Un fiscal dijo que el encarcelamiento de Lula, que sentó las bases para la victoria de Bolsonaro, fue un “regalo de la CIA”. Rápidamente Transparencia Internacional emitió un comunicado diciendo que estaba “siguiendo de cerca la información”.
En lugar de condenar la forma en que Lava Jato utilizó la corrupción con fines políticos, Transparencia Internacional la elogió. Reconoció que los fiscales debían explicar “las supuestas irregularidades y violaciones de los principios de igualdad de armas e imparcialidad” y consideró que “una investigación rigurosa sobre la violación de las comunicaciones privadas” era “igualmente crucial”.
Transparencia Internacional temía que revelaciones posteriores implicaran directamente a la organización en las maquinaciones de Lava Jato, y así fue. Comunicaciones pirateadas muestran que el director de Transparencia Internacional en Brasil, Bruno Brandao, estaba relacionado con el fiscal principal de Lava Jato, Delton Dallagnol, y era miembro de varios grupos de mensajería en los que participaban varios contactos.
Brandao ayudó personalmente a producir una lista de candidatos respaldados por Transparencia Internacional en Brasil en las elecciones de 2018 que compartían abiertamente la política de Lava Jato, así como una clasificación de políticos basada en sus problemas legales y supuestos compromisos a favor de la democracia.
Brandao ha tratado de distanciarse de Lava Jato, diciendo que él y Transparencia Internacional simplemente cometieron un error “al creer que los cabecillas de Lava Jato tenían credenciales democráticas”.
En abril del año pasado el Tribunal de Cuentas y la fiscalía brasileña intentaron abrir una investigación contra Transparencia Internacional Brasil por colaborar ilegalmente con los fiscales. La organización podría haberse beneficiado económicamente de esta relación y es posible que Brandao –y por extensión, Transparencia Internacional en Brasil– hayan estado involucrados todo el tiempo en la manipulación.
En 2016 hizo decenas de apariciones en medios de comunicación nacionales e internacionales, negando que estuviera en marcha un golpe de estado después de que Dilma Rousseff fuera destituida ilegalmente por falsas acusaciones de corrupción.
Inmediatamente después de dejar el cargo, Brasilia comenzó a subastar sus reservas de petróleo en alta mar a compradores extranjeros. Dos de los mayores beneficiarios han sido Shell y ExxonMobil, ambos donantes de Transparencia Internacional.
Es sólo un ejemplo de la destrucción económica de Lava Jato, que creó un clima en el que incluso vagas insinuaciones de irregularidad podrían dañar a grandes empresas, e incluso a industrias enteras. Paralizó la construcción, mientras se perdieron millones de empleos e ingresos fiscales, lo que provocó que el PIB del país se contrajera al menos un 3,6 por cien. Para la CIA, que quería reducir a Brasil a su estatus empobrecido, autoritario y fácilmente explotable de la Guerra Fría, ese era precisamente el problema.
Kit Klarenberg https://mintpressnews.fr/transparency-international-covert-agenda-pawn-western-intelligence/285630/
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