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8 de noviembre de 2017

Paradise Papers: el capitalismo lava más blanco

El informe divulgado el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se basa en el acceso a 13,4 millones de documentos de empresas que operan en paraísos fiscales de todo el mundo.

Así como el informe similar Panamá Papers, revelado en abril del año pasado, estuvo basado en documentos pertenecientes al estudio de abogados Mossack Fonseca, Paradise Papers utilizó datos de Appleby, una firma radicada en Bermudas y dedicada a prestar servicios legales y administrativos para la creación de empresas “off shore”.

En todo el mundo el dinero negro pasa malos momentos. Para maquillar los balances contables, el capital financiero necesita más dinero, dinero fresco, que tiene que ser de color blanco porque el otro ya no le sirve.

Todo forma parte de lo mismo: Papeles de Panamá, legalización de la cocaína y la marihuana, de la prostitución… Los gigantescos capitales acumulados en el paraíso tienen que descender otra vez al lugar del que han surgido: la tierra.

Son como los niños antaño: cuando necesitan unas monedas para comprar caramelos, rompen la hucha de barro y se dan un festín. También sirve de catarsis “democrática” porque el color negro tiene mala prensa. Es sinónimo de corrupción. En las próximas elecciones algun partido blandirá una consigna novedosa, “Estamos contra la corrupción”, en la que se presentarán como tipos infatigables y, además, enemigos jurados de “los ricos”.

En la historia nunca ha habido ningún partido político que en su programa electoral se haya propuesto fomentar la corrupción y desviar el destino de ciertos dineros, a pesar de lo cual la corrupción es una constante en todos los países capitalistas. Hay corrupción porque hay “libertad”: cada cual es libre de hacer lo que quiera, incluso robar, blanquear y malversar.

Es la concepción cristiana de la culpa: repartida entre muchos, la nuestra se hace más pequeña.

En las cortísimas entendederas de la burguesía, que transmiten las cadenas de televisión, parece que la corrupción afecta a “todos”. Hacienda somos “todos” no sólo porque “todos” somos víctimas de los paraísos fiscales sino porque “todos” somos corruptos y si nos dan la más mínima oportunidad nos marchamos sin pagar, tanto de los restaurantes como de la hacienda pública.

Pero los más cortos se indignan, además, porque los corruptos no devuelven el dinero, a pesar de ser condenados en juicio a una pena de cárcel. Uno se puede indignar durante una semana o un mes. Lo que no tiene sentido es que lleve indignado desde hace un siglo y medio, cuando Sartorius, el Conde de San Luis, era Presidente del Gobierno y las carreteras se pagaban dos veces.

7 de noviembre de 2017

El PSOE, ala izquierda del PP

Darío Herchhoren

Si recurrimos a la historia reciente de España, veremos que el PSOE refundado en Suresnes por Felipe González con la anuencia vigilante de Carrero Blanco, siempre fue una pieza fundamental del sistema, al igual que el PP. El sistema europeo de partidos, siempre apostó a la existencia de dos partidos a saber: Uno de derecha (el PP) y otro de «izquierda» (el PSOE); pero controlando a ambos y que el gobierno (no el poder) se fuera turnando entre uno y el otro. A partir de esta afirmación podemos concluir que PP y PSOE son las dos caras de la misma moneda.

En 1982 el PSOE aprovechó las ansias de cambio del pueblo español, con un discurso ultra revolucionario, y ganó con mayoría absoluta las elecciones, ungiendo a un sedicente Felipe González, que gobernó España durante 13 años. Ese gobierno se destacó por el ingreso de España en la UE, lo cual implicó la destrucción de la flota pesquera española, que era una de las mayores del mundo, el cierre de empresas emblemáticas del estado español como Altos Hornos de Vizcaya y Altos Hornos del Mediterráneo, la privatización de Telefónica de España, el fin de Tabacalera, la venta de Seat, y en general la liquidación del estado español como motor económico del país que había sido la política ejercida por el franquismo. Y para remachar el clavo, nos metió en la OTAN.

Todos estos hechos, puestos en práctica por el PSOE, se llevaron a cabo gracias a que el PSOE era la «izquierda», y por ello no tuvo demasiada resistencia a esos emprendimientos. Si esa política hubiera sido puesta en práctica por el PP, hubiera generado graves disturbios callejeros que seguramente producirían muertos y heridos, que era conveniente evitar. Es decir; que el PSOE, hizo la política del PP.

El PSOE, que en tiempos del franquismo prácticamente no existía; fue teledirigido por el CESED, servicio de inteligencia creado por el almirante Luis Carrero Blanco y financiado generosamente por la Fundación Ebert, que era y es el motor económico del Partido Socialdemócrata alemán. Pero esa financiación no era gratis. Había que pagar esa deuda y se hizo entregando Seat a Volkswagen, y mediante la compra de locomotoras Siemens para el AVE Madrid Sevilla. Las relaciones entre el gobierno del PSOE y el gobierno alemán de Willi Brandt eran casi carnales gracias a los buenos oficios del embajador alemán en Madrid, Guido Brunner, que era un conscupio militante del PSD alemán. Otra vez, política de derechas (PP), pero puesta en práctica por el PSOE. Así llegamos al gobierno de Aznar, un mediocre político de raíz franquista al cual el PSOE nunca se opuso en forma frontal, sino que ejerció como «leal oposición» al gobierno de Su Majestad.

Ya estamos en 2016, y Mariano Rajoy Brey, es candidato a repetir como Presidente del Gobierno español. Pero para ello necesita los votos de otros partidos y no le alcanzan los que tiene asegurados con el partido Ciudadanos, la marca «blanca» del PP. Le hace falta que el PSOE se abstenga en el Congreso de Diputados. Entonces, el viejo «aparato» del PSOE, encabezado por el siempre servil (ser vil) Felipe González, y su ladero Alfredo Pérez Rubalcaba, le mueven la silla a Pedro Sánchez, lo descabalgan de la Secretaría General del partido, y el grupo parlamentario se abstiene para que el PP gobierne sin dificultad. Otra vez el PSOE apuntala al PP. No caben dudas, son naipes del mismo palo.

Estamos ahora en 2017, y la situación en Cataluña se le pone fea al gobierno del PP. Amaga con aplicar el Art. 155 de la Constitución Española para disolver al gobierno catalán, y encarcelar a todo bicho viviente. Y otra vez necesita formar un bloque; y no le sirven los mequetrefes de Ciudadanos; y lógicamente; ¿Quien les va a echar una mano? Siempre el PSOE está dispuesto a ayudar en casos de necesidad; y apoya y refuerza al PP en esta nueva cruzada. Otra vez el PP y el PSOE pegados como el culo al calzoncillo. «Et pluribus unum». En castellano «unidad en la pluralidad».

Hace un día, en Zaragoza, Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, que apoya explícitamente al PP, manifestó en forma hipócrita que los problemas políticos se resuelven mediante actos políticos y no con la Fiscalía, los jueces y las prisiones. ¡Hacía una semana apoyaba la entrada en prisión de los consejeros catalanes! ¡Otra vez más PSOE, PP, la misma mierda es!

31 de octubre de 2017

‘Tenemos que convencer al público de que Oswald es el verdadero asesino de Kennedy’

50 años después, Trump ha desclasificado una parte de los documentos sobre el asesinato de Kennedy que estaban clasificados como secretos. No hay gran cosa que sorprenda, salvo volver a constatar que en el mundo moderno las versiones oficiales son (casi) siempre mentira.

Los documentos abundan en lo más típico de la política de Washington, donde siempre aparecen entremezclados eso que aquí llamamos las cloacas y que allí forman la CIA, el FBI, la mafia y la gusanería cubana, involucrados en toda clase de crímenes políticos en nombre de su “libertad”.

No obstante, algunas notas son ciertamente curiosas porque muestran que la preocupación del FBI no era la investigación de lo ocurrido, porque eso ya lo sabían, sino qué es lo que “el público” debía creer al respecto. ¿De qué había que convencer a los estadounidenses en 1963? Esa es la nueva y más importante tarea de la policía: redactar los comunicados oficiales y notas para la prensa.

Un mensaje dirigido al director, J. Edgar Hoover, el 24 de noviembre, el día en que Jack Ruby asesinó al “asesino oficial”, Lee Harvey Oswald, decía: “Tenemos que convencer al público de que Oswald es el verdadero asesino”.

Otras notas del propio Hoover iban más allá: el verdadero núcleo del asunto era convencer de que Oswald era el único asesino, que no había ninguna conspiración: “Sobre el caso Oswald no hay otra cosa que su muerte”, decía una de esas notas.

Ante la Comisión Warren, el director del FBI fue muy tajante cuando aseguró que no había visto “ni un céntimo de prueba” de ninguna conspiración, algo que repitió posteriormente muchas veces.

La preocupación de Hoover por tapar la conspiración desde el primer momento es muy significativa porque normalmente la policía siempre empieza diciendo que no puede descartar ninguna hipótesis. En el caso de Kennedy sí lo hizo y se esforzaron para que todo el mundo descartara esa hipótesis precisamente, la de la conspiración.

Ese mismo interés de Hoover era compartido por el subdirector de la fiscalía, Nicholas Katzenbach, del que aparecen varias notas tratando de impedir, de todas las maneras posibles, que se difundiera la hipótesis de que el magnicidio era obra de varios autores.

“Habrá elementos de nuestra sociedad que gritarán alto y claro que sus derechos civiles han sido violados, como en efecto ha ocurrido”, admite el fiscal.

50 años después esos derechos civiles siguen violados y lo serán hasta que toda la documentación no sea revelada y el Estado admita lo obvio: que el asesinato fue un “trabajo interior” en el que participaron sus más altas instancias, empezando por el vicepresidente Lyndon B.Johnson.

Serie completa: El asesinato de Kennedy 50 años después

— El club de los hijos de puta (1)
— De la alta sociedad a los bajos fondos (2)
— El escenario del crimen: Dallas (3)
— Operación Paperclip (4)
— La aristocracia del espionaje nazi en Estados Unidos (5)
— La camarilla nazi-zarista de Dallas (6)
— El chivo expiatorio: Lee Harvey Oswald (7)
— La infiltración de Oswald en los medios progresistas (8)
— Todos los hilos conducen al mismo sitio (9)
— El asesinato del asesino (10)
— Epílogo para un crimen perfecto (y 11)

23 de octubre de 2017

Los monopolios famacéuticos provocan una grave epidemia de opio en Estados Unidos

Donald Trump no estaba equivocado. El presidente habló de la influencia de la industria farmacéutica en el Congreso. “Les dan muchísimo dinero a los políticos. No lo sé, Mitch, quizás incluso a ti”, dijo, de pie junto a Mitch McConnell, líder de la mayoría del Senado.

Horas después, su elegido para convertirse en “zar de las drogas”, la persona a cargo de la oficina de control de estas sustancias, Tom Marino, retiraraba su postulación, precisamente por su papel en la aprobación de una ley que limita la capacidad de la DEA de perseguir a las distribuidoras farmacéuticas que alimentan la epidemia de opiáceos en Estados Unidos.

Trump tenía razón en las dos cosas. La industria farmacéutica invierte más que ninguna otra industria en influenciar políticos. En la última década, las empresas farmacéuticas han desembolsado más de 2.100 millones de euros para influenciar y ejercer presión en miembros del Congreso.

Cientos de miles de euros han ido al bolsillo de McConnell, aunque no es el único beneficiado. En Estados Unidos, nueve de cada diez diputados y todos los senadores menos tres han recibido aportes de campaña de empresas farmacéuticas que buscan influenciar la legislación para controlar desde el precio de los medicamentos hasta la forma en que se aprueban nuevas drogas.

El nominado por Trump como zar antidrogas, el diputado Tom Marino, se vio obligado a retirar su postulación después de que se conociera un informe realizado por el Washington Post y el programa 60 Minutos, de la cadena CBS, que remarcaba su papel en la aprobación de una ley que recortaba la capacidad de la DEA de perseguir a las distribuidoras farmacéuticas y las farmacias que venden los analgésicos opioides que constituyen el núcleo de una epidemia que se cobra más de 100 vidas cada día.

La nominación de Marino a encabezar la agencia federal que se supone que tiene que luchar contra la crisis opioide se cayó cuando se supo que había aceptado importantes donaciones de las mismas empresas que iba a tener que controlar.

Los políticos y miembros de grupos de presión (lobbies) del Capitolio reciben cada año cientos de millones de euros por redactar leyes y normativas que permitan que las empresas farmacéuticas obtengan cada vez más beneficios. La industria farmacéutica, que tiene dos cabilderos por cada miembro del Congreso, pagó 128 millones de euros en 2016 por influenciar legislación, según el Centro para una Política Reactiva. El año pasado, las empresas farmacéuticas también contribuyeron directamente con casi 17 millones de euros a distintas campañas políticas. El 60% del dinero llegó a manos republicanas. Paul Ryan, portavoz del Congreso, fue el que más dinero recibió, con un total de donaciones de la industria farmacéutica de 193.224 euros.

Cuando habló de pie junto a McConnell, Trump dio rienda suelta a sus críticas a una industria farmacéutica que “siempre se van de rositas”, cobrando precios más altos en Estados Unidos que en cualquier otro país. Esto es el resultado de una ley de 2003, que en la práctica fue redactada por la propia industria, que impide al gobierno federal pedir presupuestos por la fabricación de drogas y aparatos médicos, un proceso que sí se realiza en otras áreas, como en el gasto de Defensa.

En cambio, las empresas farmacéuticas pueden cobrar lo que quieran por las drogas que le venden a los programas públicos como Medicare y Medicaid, y al gobierno federal no le queda otra opción que pagar.

A su vez, las empresas farmacéuticas dicen que permitir la entrada de drogas importadas podría poner en peligro la calidad y la seguridad de los medicamentos en Estados Unidos. Pero ese argumento empalideció a la vista de la subida en los precios de los medicamentos. Los intentos de algunos diputados de aprobar leyes que bajarían el precio de los medicamentos recetados o que le permitirían a la población comprarlos en Canadá, donde suelen ser más baratos, han fracasado.

Y mientras la presión de la industria ha logrado leyes a su medida, también ha tenido un papel importantísimo en la epidemia de opioides, cuyas muertes se han cuadruplicado entre 1999 y 2015. La industria farmacéutica ha puesto todos sus recursos en culpar a los millones que se vuelven adictos, en vez de en el hecho de que estos poderosos analgésicos se recetan de manera indiscriminada.

Diputados en lucha contra el abuso farmacológico

Un grupo relativamente pequeño de diputados ha luchado contra la epidemia desde varios años antes de que se convirtiera en una cuestión política, y han luchado por aprobar leyes para controlarla.

Los diputados Hal Rogers y Mary Bono han visto cómo sus esfuerzos por aprobar leyes que controlaban la prescripción de analgésicos han fracasado gracias a la acción conjunta de los fabricantes de medicamentos. En 2010, Rogers y Bono fundaron la Liga Legislativa sobre el Abuso de Prescripción de Medicamentos y durante años propusieron varios proyectos de ley.

Bono, que supo de la epidemia de opioides cuando Chesare, su hijo con el fallecido cantante Sonny Bono, se volvió adicto, afirmó que las empresas que se benefician de la epidemia llevan a cabo una falsa pero efectiva campaña para hacer ver cualquier intento de controlar la prescripción masiva de analgésicos como un intento de privar a millones de personas de su derecho a tener tratamiento legítimo contra el dolor crónico.

“La industria nos lo está poniendo muy difícil. La presión que ejercen es mucha y muy bien organizada”, aseguró. “Claro que la sentimos, a veces indirectamente. No teníamos muchas personas de nuestro lado para ayudarnos”.

Parte de la presión la ejercían grupos financiados por la industria farmacéutica, como el Foro para el Tratamiento del Dolor, que en la última década invirtió 625 millones de euros en presionar a Washington y a las asambleas legislativas de cada estado para evitar que se aprueben leyes que controlen la prescripción de opioides y temas similares.

Uno de los políticos que recibió contribuciones de este grupo fue el senador Orrin Hatch, que se llevó más de 300.000 euros. El senador presentó un proyecto de ley que buscaba desviar un proyecto de Rogers y Bono que proponía un estudio federal sobre el tratamiento contra el dolor. Hatch, que en 2018 se presentará otra vez como candidato a senador aunque había dicho que no lo haría, es el político que más donaciones ha recibido de la industria farmacéutica en lo que va del año, con 176.000 euros.

Bono aseguró que la Asociación Médica Estadounidense jugó un importante papel en parar otra ley, la llamada ley Ryan Creedon, que buscaba obligar a médicos a recibir formación específica sobre los riesgos de los opioides. La Asociación dijo que sería una carga muy grande para los profesionales.

Las farmacéuticas financian campañas electorales

Las empresas farmacéuticas aportaron más de 169.000 euros a la campaña de Jason Chaffetz (que dejó el Congreso recientemente), convirtiéndose en los donantes más importantes de su campaña por la re-elección. Chaffetz, como miembro de la junta del comité de supervisión y reforma gubernamental, lideró los esfuerzos contra los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que buscaban reducir la prescripción de opioides recomendando a los médicos que primero ofrecieran tratamientos alternativos contra el dolor crónico.

La industria sanitaria en completo ejerció presión y tuvo un impacto importante en la redacción de la Ley de Cuidado de Salud Asequible de Barack Obama, conocida como Obamacare.

El presidente del comité que redactó esta ley, el senador Max Baucus, fue en ese momento el político que más donaciones recibió de la industria de la salud, con 1,3 millones de euros destinados a su fundación política durante el año anterior. Baucus logró que el comité votara por dejar fuera de la ley a las aseguradoras públicas, algo que las aseguradoras privadas veían como una amenaza a sus beneficios.

Baucus era conocido dentro de la industria de la salud por sus fines de semana de golf y sus viajes de pesca a su estado natal de Montana, a los que los cabilderos pagaban por asistir. Otros miembros del comité también recibieron cientos de miles de euros, incluido el senador Pat Roberts, quien en un momento intento retener el borrador de la ley argumentando que los cabilderos necesitaban tres días para analizarlo. La mayor parte de la redacción de la ley Obamacare fue realizada por el ex vicepresidente de una gran empresa de seguro médico, Wellpoint.

En su ataque al dinero de las empresas farmacéuticas en la política estadounidense, Trump olvidó mencionar que estas mismas empresas fueron unos de los principales donantes de su investidura, junto con empresas petroleras y tabacaleras. Pfizer, fabricante de Viagra, fue el mayor donante farmacéutico, aportando 844.000 euros.

http://www.eldiario.es/theguardian/industria-farmaceutica-politicos-alimentan-Unidos_0_698881032.html

17 de octubre de 2017

Los incendios forestales los provocan las empresas que cobran por extinguirlos

Daniel Toledo

Parece complicado relacionar los 64 muertos, 200 heridos y 53.000 hectáreas que sucumbieron a causa del incendio de Pedrógão Grande, en junio de 2017, con una serie de reuniones informales convocadas cada año, desde 2001, por un grupo de empresarios españoles en el hotel de carretera El Cruce, en una salida de la Autovía de Andalucía, en Manzanares (Ciudad Real). En realidad parece complicado relacionar las muertes de Pedrógão, y la superficie calcinada por incendios en Portugal y España en lo que va de año —118.000 hectáreas sólo en Portugal—, con otra causa que no sea la ineptitud política, los intereses de empresas locales y de pequeños propietarios de tierras, la plantación descontrolada de eucalipto o los pirómanos. Y sin embargo, los fuegos que arrasan cada año la Península Ibérica se alimentan no sólo de oxígeno y madera, sino sobre todo de corrupción. Los servicios de extinción se han privatizado en las últimas dos décadas, y existe un cártel empresarial que acude a todos los concursos públicos y los gana. El dinero público y los recursos que se debían dedicar a la prevención se desvían casi exclusivamente a la extinción privada. Los bosques, abandonados, son una pira en potencia. El Estado mira hacia otro lado, y permite que la mafia del fuego se enriquezca cada vez más: la Audiencia Nacional cifra en 250 millones de euros la cantidad defraudada durante casi 20 años de concursos amañados.

Esta es la conclusión a la que se llega si se estudian las investigaciones por corrupción en la adjudicación de contratos públicos de extinción de incendios realizadas en Valencia, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón. En Portugal comienza a haber denuncias de casos similares, con los mismos empresarios que en España, interpuestas por particulares y por trabajadores de empresas públicas y privadas anti incendios. Incluso hay un proceso abierto desde 2015 que mantiene como imputado al exministro de Administración Interna portugués Miguel Macedo. Es un modus operandi que se ha extendido a otros países como Italia, Francia e incluso Chile, pero en todas existe un denominador común: todas llevan la marca España.

En 2001 comenzaron una serie de reuniones periódicas entre los administradores de cuatro grandes empresas españolas de extinción de incendios: Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao. Con el tiempo, a estas se les unirían otras dos, Compañía de Extinción General de Incendios, S.A. —CEGISA—, que incluía el conglomerado de Inaer y ambas, hoy, como filiales del gigante Grupo Habock, y Transportes Aéreos Extremeños, S.L. Estas seis empresas forman lo que la Policía Judicial denomina el “Grupo 6”, de cuyas primeras reuniones saldría un sistema delictivo que atraería a un total de 14 empresas, agrupadas en la Asociación Española de Compañías Aéreas —AECA—, según el sumario que llegó, desde el juzgado de Instrucción 2 de Sagunto, en Valencia, a la Audiencia Nacional en enero de 2017.

En el auto de las diligencias previas elaborado por el juzgado de Sagunto, al que hemos tenido acceso gracias a Armando Cáceres, de Ecologistas en Acción —organización personada como acusación en la causa abierta en Andalucía—, queda “suficientemente acreditada la existencia de una organización, englobada en el conjunto de catorce empresas asociadas en AECA, que […] alteraban el precio de los concursos públicos tanto en relación a aviones de ala fija como de helicópteros, tanto a nivel nacional como autonómico, para o bien dejar desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras cuál iba a ser la adjudicataria […] y causando por ello un importante perjuicio económico para el erario público”.

Las catorce aeronáuticas llevan, presuntamente, casi veinte años vertebrando un sistema de manipulación de un mercado del que no sólo dependen la supervivencia de bosques, parques naturales o reservas, sino también de casas, fincas, propiedades y vidas humanas. El auto del juez Héctor Ignacio Santamaría habla de un desembolso de más de 250 millones de euros en concursos manipulados en menos de 15 años, pagados por las administraciones públicas. Voces dentro del sector hablan de sobrecostes que a veces han incrementados los costes en un 30%, gracias a la colusión de varias empresas que han logrado poner al Estado contra las cuerdas, obligándole a retirar fondos de un lado para pagar los precios abultados de otro.

El Grupo 6 llegó a redactar y firmar un pacto de asociación en el que se acordaba “respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”. Así reza en el documento redactado por la “Asociación”, firmado en una primera reunión en Palma del Río, localidad cordobesa donde se encuentra la sede de la mercantil Faasa, por Miguel A. Tamarit Campuzano —Faasa—, Vicente Huerta Domínguez —Avialsa—, Fernando Espejo Delgado —Trabajos Aéreos Espejo—, y Ángel Martínez Ridao —Trabajos Aéreos Martínez Ridao—, todos ellos imputados.

Los firmantes especificaron las áreas de influencia de cada empresa que el resto debía respetar: Avialsa en Valencia y Cataluña; Martínez Ridao en Mallorca, Castilla la Mancha, Andalucía y Galicia; Espejo en Canarias y Andalucía; Faasa en Castilla y León, y Cegisa —por medio de Inaer— en Portugal. El acuerdo firmado entre los gerentes de las empresas, cuyo acto fue filmado para asegurar su cumplimiento en un futuro, estipulaban el pago de una cuota para adquirir nuevas naves anti incendios, o para compensar a una empresa que hubiera perdido un contrato en una de sus áreas de influencia, ya fuera a manos de otra empresa fuera del cártel o de una perteneciente a éste. Los representantes de las 14 empresas investigadas en la causa iniciada en Valencia se enfrentan a acusaciones de pertenencia a organización criminal, alteración de precios en concursos públicos y delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Diversos cargos públicos se enfrentan a su vez a penas por cohecho, delito de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público y negociación prohibida a funcionario público. Entre ellos se encuentran: el exalcalde de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, del Partido Popular —al que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal le achaca un enriquecimiento ilícito de alrededor de 800.000 € como alcalde de un municipio de 1.500 habitantes—; su mujer, María del Carmen Peiró; el exconcejal del Partido Popular Emilio Máñez; el exsecretario del Partido Popular Valenciano, exconsejero y ex delegado del Gobierno, Serafín Castellano; el ex director general de Interior de Valencia, Pedro Hidalgo; un ex alto cargo de la consejería de Interior de la Generalitat Catalana, Ramón Dinarés Bosque; el ex jefe de contratación del Departamento de Interior de Cataluña, Xavier Palmés Cosido, y el ex jefe de la Sala Central de Bomberos de la Generalitat, Manel Bosch Serch.

Andalucía: el funcionario que tiró de la manta

Los casos investigados en casi todas las autonomías españolas se están unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional, pero para entender el fondo del problema hay que conocer las diferentes fuentes de las que se alimentaba, y se alimenta, el cártel del fuego. El primer caso que vio la luz en los medios de comunicación fue el denunciado en Valencia, en 2014, por un exgerente de Avialsa, Francisco Alandí. La trama se remontaba a 2012. Ese año, 9 meses antes de que Alandí dejara la empresa, éste contrató los servicios de un técnico informático para introducirse en el ordenador de otro gerente de Avialsa, el hoy investigado Vicente Huerta Domínguez. Sabía lo que buscaba, y dos años más tarde Alandí acudiría a la policía con los documentos privados que demostraban que Vicente Huerta había conseguido contratos por valor de 33 millones con el gobierno valenciano y la consejería de Sanidad de forma fraudulenta.

Y si bien en Valencia la primera denuncia surgió del ámbito privado —probablemente fruto de una venganza o de un intento de extorsión a Huerta por parte de Francisco Alandí—, en Andalucía lo hizo desde el ámbito público. El 9 de noviembre de 2015, Jaime González Díaz, funcionario del servicio de contratación de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, denunció una serie de irregularidades en los contratos firmados para el Plan Infoca 2015-2018 —plan de la Junta andaluza para la lucha contra los incendios en parajes naturales—, y ponía así la primera piedra para entender que el cártel del fuego no se había atrincherado únicamente, ni mucho menos, en territorio valenciano.

Después de 12 años trabajando para la Administración y de escuchar decenas de historias sobre corruptelas, “lo más grosero y descarado que la gente se pueda imaginar”, el funcionario público se decidió a acusar a algunos compañeros y, sobre todo, jefes de su departamento. Jaime González accedió a hablar de su situación, de lo que significa enfrentarse a un gigante como la Junta de Andalucía, y sus palabras, su historia, suenan escalofriantes.

González afirma que en Andalucía la corrupción llega hasta las entrañas mismas del funcionariado, y en relación al llamado cártel del fuego asegura que “es la Administración de la Junta de Andalucía la que hace los trucos para que no se detecte el cártel. No es que no hagan nada en contra del cártel o le favorezcan incluso, sino que realiza una serie de actuaciones y omisiones ilegales para ocultar que la colusión se produce, como valorar criterios de solvencia como criterios de adjudicación para que las empresas se lleven algún punto, o no publicar en el perfil del contratante qué empresas se han presentado. En Andalucía no hace falta que se haga un cártel porque ya la Junta les da un cheque en blanco que va contra la más elemental normativa de contratación”.

Cuando acudió al Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, González denunció “irregularidades e indicios de posibles actuaciones delictivas”, lo que llevó a la Policía Judicial a confirmar, en el atestado de noviembre de 2015, que “se vislumbra cómo efectivamente las empresas que licitan en los distintos concursos del Plan Infoca —a la sazón Inaer, Sociedad Aeronáutica Peninsular, Trabajos Espejo, Saeta y Faasa Aviación— parecen responder a un patrón fijo de adjudicación, observándose por tanto indicios de colusión ilícita de empresas, o el equivalente en Derecho Penal: acuerdos para la alteración de concursos públicos”. La Policía Nacional pidió a la Junta la relación de subvenciones e incentivos recibidos por Faasa entre 2003 y 2015, ya que las sospechas apuntaban a que era esta empresa, con sede en Córdoba y al parecer anfitriona de las reuniones celebradas por el Grupo 6, la que encabezaba la trama en Andalucía.

“Yo he intentado buscar”, declara Jaime González, “en qué puede beneficiarse la Administración dando 300 millones de euros a precios corrientes desde 2003 a Faasa y al resto de empresas solo por los medios aéreos del Plan Infoca. Son redes institucionales y formas de actuar, son modus operandi, ellos juegan con el grado de tolerancia de la gente, ven hasta dónde pueden llegar sin que salte el negocio, y luego tiran por ahí”. En efecto, el presupuesto de licitación de los cinco lotes del Infoca era de casi 70 millones de euros, y Faasa acabó por llevarse el premio gordo, el lote número 5, por valor de 43 millones.

González amplía el grado de corrupción a otros ramos de la administración, a todo lo relacionado con los contratos públicos, las subvenciones e incluso los famosos cursos de formación de la Junta. “Desde los sindicatos de bomberos al parecer no ha habido una buena acogida —para presentarse en la causa—, y eso que denuncian habitualmente que la Junta les escatima y les recorta en equipos, en material, en medios materiales y personales. Creo que todo viene motivado porque Juan Espadas, el actual alcalde de Sevilla (PSOE), cuando ejercía como alto cargo de la consejería de Medio Ambiente facilitó a la cúpula de estos sindicatos unas prejubilaciones muy generosas, financiadas por el fondo de reptiles que incumplían la legalidad, y que están siendo investigadas por la Justicia”.

María de los Reyes Flores Canales, la juez de la Audiencia Nacional que aceptó el caso por la “propia complejidad de la causa”, asegura en el auto que “se ha producido un daño patrimonial contra una multiplicidad de sujetos pasivos de las acciones imputadas, pues no sólo se daña el interés económico de cualesquiera otros competidores del sector, sino el funcionamiento de diversas administraciones e instituciones”. Muchas veces, el cártel llegaba a maniobrar para dejar los concursos desiertos, obligando así a las administraciones a elaborar nuevos concursos con mejores condiciones para las empresas. Esto implicaba dejar a los entes públicos sin medios para combatir los fuegos hasta que se redactaban, aprobaban y sacaban a concursos los nuevos contratos.

En diciembre de 2015, declaraba como imputado el jefe de la Mesa de Contratación del Plan Infoca, Antonio Martínez López. En enero de 2016 se enviaba copia de las diligencias al Juzgado de Instrucción de Sagunto, informando de que se estaban realizando investigaciones en Sevilla por un caso similar al investigado en Valencia, y se iniciaba la cadena de imputaciones, detenciones, registros y declaraciones judiciales en relación a la trama andaluza: Miguel Ángel Martínez Ridao y Miguel Ángel Martínez Bonilla, por Saeta; Antonio Miguel Román Guillén, por Sap Aviación; Manuel González Gabaldón, Héctor Tamarit Almagro, Miguel Ángel Tamarit Campuzano y Javier Ortiz Marín, por Faasa, y Fernando Espejo Delgado por Trabajos Aéreos Espejo. Más adelante las investigaciones se extenderían a las 14 empresas incluidas en la trama por la Audiencia Nacional.

Jaime González se enfrenta cada día al acoso de jefes y compañeros en una batalla judicial que se ha extendido a su vida laboral y personal. “Con el sistema que tenemos, establecido, no por los gobiernos autonómicos como te quieren hacer ver, sino por el Congreso de los Diputados y a pesar de la Constitución de 1978, la situación actual es que es mucho más fácil echarme a mí la calle con cualquier falsa excusa, por vana que sea, que echar a un corrupto, haga lo que haga”.

Como afirma Jaime González, a veces su peor enemigo es el pesimismo. “Cuando les acusan a ellos de llevarse, imaginemos, 90 millones de euros que es el importe del contrato de medios aéreos del plan Infoca para 2015-2018, el que está vigente y yo denuncié…, primero, en el juzgado no hay medios para impulsar una clase de acusación de ese tipo en el que hay involucrados tales cantidades y tales volúmenes de documentación; segundo, un abogado de la Junta experto en esos temas les defenderá a tiempo completo y de forma gratuita; tercero, los que se supone que están de tu parte son el juez y el fiscal, Y si el que va a estar de mi parte es el fiscal Moix —Manuel Moix— o De Llera —Emilio De Llera—, mejor que no te ayuden; cuarto, hay un límite temporal a las causas de corrupción que lo puso hace poco el Partido Popular; quinto, muchos están aforados y serán juzgados por jueces que ellos mismos han nombrado; sexto, los delitos del título XIX del código penal, delitos contra la Administración Pública, imponen unos tipos penales altamente inoperantes y poco sistemáticos. La prevaricación es el único delito del código penal que no tiene cárcel, solo inhabilitación, y séptimo, los pueden incluso indultar si todo lo de atrás no ha surtido efecto; de hecho es lo más corriente, me remito al BOE, de donde se extrae que la mayor parte de los indultos se producen por condenas de corrupción”.

Incluso existe otra causa paralela por las presiones y amenazas recibidas por González, admitida por la juez Flores Canales por acoso laboral. “En cuanto a la gente que está de mi lado”, asegura, “en mi causa se han personado tres entes: Ecologistas en Acción, CGT y Podemos. Los que no me van a apoyar son los que hayan pillado algo de los 300 millones de euros desde 2003 —yo tengo pruebas de que el contrato del INFOCA se realizaba desde 1994 al menos— a precios corrientes —sin actualizar— que estas empresas consiguieron solo por los amaños de los medios aéreos del Plan Infoca —sin añadir otro tipo de contratos ni otro tipo de ayudas como fondos de formación—. En Sevilla los contratos siguientes —2018 en adelante— los están planificando para que sigan igual”.

Empresas investigadas por prender fuego a los bosques:

1. AVIALSA, T-35, siendo el beneficiario el socio único, VICENTE HUERTA DOMÍNGUEZ, si bien, siendo partícipe en el mismo, FRANCISCO ANTONIO ALANDI ESCRG
2. FUMIGACIÓN AÉREA ANDALUZA, S.A., (FAASA), representando a la misma, MANUEL GONZÁLEZ GABALDÓN, HECTOR TAMARIT ALMAGRO, MIGUEL ÁNGEL TAMARIT CAMPUZANO y, JAVIER ORTIZ MARTÍN
3. COMPAÑÍA DE EXTINCIÓN GENERAL DE INCENDIOS, S.A., (CEGISA), que del mismo modo incluía a las siguientes; INAER AVIONES ANFIBIOS, S.A., INAER HELICOPTEROS, S.A., HELICSA HELICOPTEROS, S.A. y TRANSPORTES AÉREOS DEL SUR, S.A., representando a la misma, RUBEN MARIANO GARCÍA PASCUAL y JAIME ARQUE GINERNAU
4. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ RIDAO, no solo como empresario individual, sino del mismo modo respecto de MARTÍNEZ RIDAO AVIACIÓN, S.L., y SERVICIOS AÉREOS EUROPEO Y TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS, S.L., en adelante (SAETA), representadas por aquél, y por MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BONILLA
5. TRABAJOS AÉREOS ESPEJO, S.L., representada por FERNANDO ESPEJO DELGADO
6. TRABAJOS AÉREOS EXTREMEÑOS, S.L., compareciendo en representación de la misma, SANTIAGO EDUARDO GARCIA CID, en lo que se refiere a la llamada “Asociación” o “Grupo 6”, si bien, también gira en torno de las siguientes empresas, en cuanto a servicios de que le son accesorios
7. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPAÑÍAS AÉREAS, (AECA), representada por Dámaso Castejón Amenedo
8. HELICÓPTEROS SANITARIOS, S.A. representada por María José Cañete Sánchez
9. COYOTAIR, S.A. representada por Francisco Lucas Muelas
10. SKY HELICÓPTEROS, representada por Josep Teno Pujol
11. HELICÓPTEROS DEL MARE NOSTRUM, S.A., representada por José María Montalt Saurí
12. TAF HELICOPTERS, S.L., representada por Josep Carol Quintán
13. HISPÁNICA DE AVIACIÓN, S.A. representada por Francisco Julián Ríos Campuzano
14. SOCIEDAD AERONÁUTICA PENINSULAR, (SAP AVIACIÓN SA), representada por Antonio Miguel Román Guillén

http://ctxt.es/es/20170906/Politica/14827/ctxt-incendios-corrupcin-portugal-Avialsa-Faasa.htm

26 de junio de 2017

Crónica de las cloacas: de la Casa Real a ‘El País’ pasando por el espionaje

Ayuso, medio espía y medio periodista

El comisario Villarejo es uno de los personajes más desconocidos de la vida política. Sus relaciones con políticos, periodistas y jueces y sus contactos con el aparato del Estado le han convertido en una figura clave para entender la historia reciente de España. Desde los medios, Javier Ayuso, director El País, denunció durante el reportaje un apagón informativo sobre la figura de Villarejo. Sin embargo, el que fuera ex director de comunicación de la Casa Real, ha negado que la campaña para desprestigiar al comisario desde El País tenga nada que ver con su relación con el Rey del Mérito. Ayuso no dudó en apuntar a los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta como dos de los apoyos más fieles del comisario Villarejo en los medios.

Desde que Javier Ayuso abandonase la dirección de comunicación de la Casa Real y pasase a la dirección adjunta de El País, el periodista se ha convertido en uno de los mayores defensores de la desgastada imagen pública del Rey del Mérito, incluso en sus horas más bajas durante el juicio del Caso Noos. Al mismo tiempo, desde el medio que dirige, comenzaron a destaparse informaciones sobre la vida del comisario Villarejo, figura clave dentro de la policía.

“Durante muchos años [Villarejo] ha tejido una red de apoyos mutuos con periodistas, editores, con policías, jueces, fiscales, ex policías que trabajan de jefes de seguridad de importantes empresas y esa importante red le ha servido para salvarse de muchas cosas. De hecho, cuando yo publiqué que él tenía 12 sociedades vivas con un capital social de 16 millones de euros; y cuando publiqué que tenía una sociedad en un paraíso fiscal y cuando publiqué todos sus movimientos de cuentas, el entonces ministro del Interior me dijo que iba a abrir una investigación que desde mi punto de vista se cerró en falso”, así presentaba lo que Javier Ayuso denomina “apagón informativo” sobre Villarejo en los medios de comunicación. Ayuso también relacionó el entorno del director de Informativos de la Sexta y Antonio García Fereras con el comisario Villarejo.

El enfrentamiento entre Ayuso y Villarejo es público y notorio. El segundo no duda en asegurar que el ex director de comunicación del BBVA y la Casa Real es, en realidad, “un espía del CNI”, algo que Ayuso niega. “Él dice que soy un espía del CNI, nunca he tenido ningún vínculo con el CNI”.

Ayuso -afín al Rey del Mérito-, negó que las informaciones sobre la figura del comisario Villarejo estuviesen relacionadas con la campaña para desprestigiar al rey dimisionario y que podría tener detrás al mismo Villarejo. “En absoluto, cuando fui director de comunicación de la Casa Real ni conocía a este señor. Lo que publiqué no tiene nada que ver con la Casa Real”, aseguraba Ayuso.

Por el contrario, Javier Ayuso denunció un “apagón informativo” en los medios de comunicación sobre la figura del comisario Villarejo y señaló a dos periodistas clave como dos de sus más cercanos colaboradores en su red de contactos. En concreto, Ayuso apuntó con el dedo a Eduardo Inda (Ok Diario) y Esteban Urreiztieta (El Mundo)

En la red de las cloacas del Estado, Ayuso ha sido desde hace años uno de los defensores a capa y espada de la figura del Rey del Mérito y su entorno. Tras su salida de la Casa Real pocas semanas después de la dimisión, Ayuso se recolocó en la dirección adjunta del diario El País, donde ha seguido defendiendo al Rey del Mérito a capa y espada, aún en los momentos más difíciles.

Pero la relación entre la Casa Real y Javier Ayuso es anterior a su etapa como director de comunicación de la institución. Como director de comunicación de BBVA, Ayuso tuvo que lidiar con los tiburones más fuertes y parece que no siempre sus modos de proceder en la gestión de la reputación del banco que representaba fueron los más adecuados.

Durante las investigaciones del caso Ausbanc, Ayuso aseguró que el BBVA abonaba anualmente 260.000 euros a Ausbanc en concepto de publicidad, que en realidad escondían el pago del silencio de las publicaciones de la seudoasociación. Durante la declaración, Ayuso aseguró al juez que el pago de estas cantidades pretendían frenar la campaña de desprestigio a la entidad y, en especial, al presidente, Francisco González.

Pero parece que el uso del dinero para conseguir de manera rápida sus objetivos fue una constante de Ayuso en su etapa como director de comunicación de BBVA. Así lo atestiguan los pagos que desde el departamento que dirigía se realizaron al instituto Nóos. Según publicaba El Mundo, en el año 2005 Ayuso encargó a Noos un “informe global sobre la estrategia de patrocinios del Grupo BBVA”, por el que el banco desembolsó 116.000 euros. Estos favores, según diversas fuentes, ayudaron a que una vez se produjo su salida del BBVA, terminase como director de comunicación de la Casa Real. Ahora, sigue defendiendo al Rey del Mérito desde las páginas de El País y enfrentandose a figuras clave, como la del comisario Villarejo.

http://prnoticias.com/prensa/prensa-pr/20163598-version-villarejo-javier-ayuso-el-espia-del-cni-que-paso-de-la-casa-real-a-dirigir-el-pais

Más información:
— El director de ‘El País’ es un soplón del CNI
— El Ministerio del Interior sigue siendo una cloaca
— El comisario Villarejo desata una guerra interna dentro de la policía
— Villarejo forma parte de un dispositivo secreto dirigido contra el independentismo catalán
— A la burguesía catalana la tratan como si fueran terroristas
— Villarejo: un comisario de policía pluriempleado y millonario

22 de junio de 2017

El fútbol se ha convertido en el refugio del capitalismo especulativo

Ayer se produjo un hecho insólito: los notarios hablaron abiertamente sobre el lavado de dinero en el mundo del fútbol del que ellos siempre han sido testigos y protagonistas directos.

Lo expuso Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado, quien compareció en una rueda de prensa convocada con motivo del quinto aniversario de la base de datos que han creado los notarios sobre los titulares reales de las empresas.

La Base de Datos del Titular Real (BDTR) permite conocer quien mangonea una empresa, con independencia de quiénes figuren como socios.

En la comparecencia Galindo estuvo acompañado por el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sánchiz, quien destacó que dicha Base de Datos es un “instrumento muy eficaz” para que los jueces y policías puedan combatir el blanqueo de dinero y las prácticas de corrupción.

Galindo aseguró que el fútbol es un sector económico en el que “se mueven ingentes cantidades de dinero, además, muchas veces, con carácter transnacional”.

Actualmente, la BDTR tiene identificados los titulares reales de 2.229.372 sociedades y organizaciones, de las que 1.678.681 son sociedades limitadas, 68.937 son sociedades anónimas y 35.607 figuran como asociaciones, fundaciones, partidos o sindicatos.

Galindo explicó que, desde la creación de esta base de datos en 2012, los notarios han atendido 105.347 solicitudes de información por blanqueo de dinero o terrorismo, así como 100.375 solicitudes relacionadas con cuestiones fiscales.

En 2009 el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), un organismo internacional del que forma parte España, creó un grupo de trabajo sólo para el análisis de la criminalidad en el negocio del fútbol, publicando un informe demoledor al respecto:

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20through%20the%20Football%20Sector.pdf

http://www.uaf.cl/asuntos/descargar.aspx?arid=951

En las facultades de economía ya se estudia el fútbol como industria, siempre relacionada con el crimen organizado, el blanqueo de dinero, el tráfico de personas, la corrupción, las apuestas amañadas, las drogas, la evasión fiscal y delitos de todo tipo:

Blanqueo de capitales en el mundo del fútbol:
http://www.prevencionblanqueo.com/wp-content/uploads/2012/04/pbc-en-el-futbol.pdf

Hablar contra el fútbol no da votos; los resta. Por eso cuando los partidos políticos y los tertulianos se lamentan de la corrupción y el blanqueo de dinero, nadie menciona al fútbol, el refugio moderno del crimen organizado.

5 de junio de 2017

Ande yo caliente y ríase la gente

Dimite Moix, Fiscal Anticorrupción por su offshore en Panamá con lo cual
se demuestra, una vez más, la fortaleza del Estado de Derecho que el pueblo
español se ha dado a sí mismo, igual que la democracia que disfrutamos: el
que la hace la paga, señores.

¿Se le abrirá expediente disciplinario a Moix, como exige la ordenanza
reglamentaria de la carrera fiscal?

Pues no, volverá a la Sala del Tribunal
Supremo cobrando, además, un sueldo que sobrepasa al de Mariano lo que
demuestra, una vez más, por si hacía falta, la generosidad y longanimidad y
nulo rencor vengativo y justiciero de la democracia española que asombra al
mundo mundial y entero y que no nos merecemos.

Seguiremos informando.

Arrivederci.

13 de mayo de 2017

Alí Babá y ‘lo público’

Bianchi

Siempre que oigo la expresión «lo público» me llevo la mano a mi menguada cartera, como Goebbels decía que se llevaba la zarpa a la cartuchera cuando oía la palabra «cultura». Y cuando oyes que un mangui de estos; González el último, chorimanga «dinero público», es decir, y se oye decir, «del Estado», o sea, se añade, «nuestro», me entra la risa cuando, se supone, debía llorar.

Yo ni soy del Estado ni formo parte de él ni aún en el caso de que quisiera serlo. No quiero tener nada que ver con un Estado fascista. Ocurre, no me engaño, que el Estado sí quiere tener que ver conmigo y, para hacerme la pelota, me llama «ciudadano» y hasta, siguiendo la fraseología de telefilm norteamericano -o estadounidense, porque «norteamericano» también son los Estados Unidos de México (que así se llaman en rigor) y Canadá- me llaman, digo, «contribuyente». Y como tal «ciudadano» y «contribuyente» se me quiere «identificar» con ese Estado, quieren que lo haga mío y hasta que lo defienda en plan «patriota». Ciertamente, resulta de todo punto imposible llevar una vida eremita o ermitaña a lo Thoreau y su «Walden» y/o la «desobediencia civil» refugiado en un bosque idílico: somos «animales sociales», nos guste o no, y al margen de caracteres y temperamentos. Pero de ahí a que me sienta concernido por determinado Estado hay distancias y tierras por medio.

Porque -conviene repetir estas cosas- el Estado, que se acuerda de mí en la declaración de la renta, no está por encima ni de mí ni de ninguna clase social. El Estado es de clase, sirve a una clase que no es la que yo defiendo, la proletaria; bien al contrario, el Estado burgués defiende a una clase: la burguesía. De ahí que los chorizos burgueses de guante blanco, esos que «jamás han robado una gallina», que eso queda para los desharrapados, roban con la sensación de impunidad ¡porque-piensan-que-el-Estado-es-suyo!, y, por tanto, «lo público» es suyo, y si pueden evadir impuestos o defraudar a Hacienda o a la Seguridad Social en paraísos fiscales u «offshores», lo harán a la mínima ocasión que se les presente.

Por supuesto, si la cosa se desmadra y los escándalos financieros, lo mismo de partidos políticos que de personas físicas, alcanzan cotas inquietantes, sacrificarán a elementos de su propia clase social como carnaza para el «vulgo», para el pueblo, de cara a la galería, que se dice. Esa es la función de la «pena del telediario» donde vemos mil veces a Rato entrar en un auto policial o que nos cuenten los días -ya no, que empacha, y puede ser contraproducente- que lleva Ignacio González en la trena y qué compra en el economato y demás zarandajas para entretenernos como si fuera un espectáculo porno-rosa.

La cárcel no está pensada para ellos, y lo saben, por descontado. Y si alguno lleva dos años y pico, como Granados, es por ver que se «ablande» y «cante» algo que llevarse a la boca la «justicia», como hizo Bárcenas, no «cantar» precisamente, sino callar y pactar su silencio.De devolver guita, nada, «rien de rien». En China, suelo repetir, los empalan y empapelan.

O el último show -este sí, pornográfico- al que asistimos estos días relativo al Fiscal Anticorrupción. Su papel es poner piedras en las ruedas de los procesos, enturbiar, mentir y, sobre todo, tapar las miserias de un régimen que llaman «del 78» los modernos, y yo me empeño, antiguo que soy, en llamar «del 39».

Arrivederci.

5 de mayo de 2017

La cloaca máxima

Darío Herchhoren

La antigua Roma, era la capital del Imperio Romano, y dicho imperio era lo más parecido a un estado moderno de la actualidad. Para asombro de los contemporáneos, hay que decir que en la antigua Roma había bancos, compañías de seguros y empresas de navegación, y había ciertos servicios de saneamiento y agua corriente en muchas de las casas.

Además, había una cloaca que se llamaba máxima, que consistía en un canal subterráneo, adonde confluían las aguas con los detritus de las casas. Esa cloaca llevaba esas aguas hasta el puerto de Ostia, cercano a Roma y vertía en el Mediterráneo. De esa manera, las aguas subterráneas no se contaminaban y servían para beber y para el riego y limpieza.

Seguramente esa cloaca despediría un olor nauseabundo, y ello ocurre al día de hoy en las grandes ciudades, que recogen las aguas sucias de los domicilios y las desaguan en lugares seguros.

Esto de la cloaca máxima me lleva inevitablemente a compararla con la situación política a la que asistimos estupefactos en España ante tanto detritus y basura, pero no en las cloacas sino a la intemperie. Y ello afecta no solo al PP (partido podrido), sino que también toca a otros, aunque en menor medida. El PSOE tuvo a Filesa, a Malesa y a Time Export, que servía para financiar al propio partido y a algunos de sus dirigentes.

El saqueo de Caja Madrid hoy Bankia, mediante las famosas «tarjetas black» y de las cuales se beneficiaron también los representantes de los sindicatos. En efecto; los dirigentes de CCOO y UGT, utilizaron las tarjetas, igual que los representantes de la banca. Es decir que no hubo diferencias entre ellos y Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

Todo esto, nos lleva a hacer una reflexión sobre la salud democrática de España, sin entrar en la legitimidad del propio sistema. Estamos ante hechos que nos llevan a considerar, que es el propio sistema el que está descompuesto; y que los llamados a la moralización que cada día hacen los propios corruptos, son en realidad un brindis al sol, que solo sirven para entretener a la parroquia y es patético ver a personajes como Rajoy, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y otros que han convivido con el saqueo, haciendo llamados a la limpieza moralizadora.

La detención y encarcelamiento de Ignacio González y su troupe, son la punta del iceberg que solo sirve para tapar al resto. Esperanza Aguirre debería estar en prisión, no solo por estos últimos escándalos, sino por el «tamayazo», por los hospitales públicos (que pagó el estado) para entregarlos a las empresas de sus amigos que los administran en su beneficio. Es decir que el estado es «dueño» del edificio hospitalario, pero la gestión del mismo está en manos de empresas privadas que se benefician de ello sin poner un céntimo.

La gestión del ex consejero de justicia e interior del gobierno de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, actualmente en prisión llama la atención por su impunidad durante años. Creó una trama de coimas donde abrevaban una serie de alcaldes que a cambio de gordas limosnas recalificaban terrenos que de la noche a la mañana pasaban de ser rústicos a ser urbanos y aptos para construir viviendas.

Recordemos también a Francisco Camps en Valencia, a Jaume Matas en Baleares, a Rita Barberá alcaldesa de Valencia, todos ellos jaleados por Rajoy, que llegó a decir «Rita eres estratosférica». Dijo de Paco Camps y de Jaume Matas, que quería hacer en España lo mismo que ellos en Valencia y en Baleares. Y lo hizo. Robó como ellos.

Quiero recordar a Carlos Fabra, el tuerto, el que ganaba siempre la lotería con lo cual blanqueaba el dinero irregular, comprando billetes premiados. Solo le faltaba la pata de palo para ser un pirata perfecto. La lista es interminable, y seguramente se alargará mas, porque los que están prisión comenzarán a hablar para salir de ella y lograr una condena menor. Y ¿qué pasará con Bárcenas?

Se trata de una bomba de tiempo, y sobre todo de que tipo de pactos hay entre el propio Bárcenas y el PP y la fiscalía. Ya lo veremos.

La cloaca máxima deberá trabajar a pleno rendimiento; hay mucha pestilencia para desaguar.