Jhonny Manuel Therán Castel y ‘Mónica’ fueron los primeros. El 13 de noviembre del 2016, mientras el país vivía la tensión política suscitada por la renegociación del acuerdo de paz de Cartagena tras la derrota del plebiscito, fueron asesinados en la vereda El Golfo de Santa Rosa, Bolívar.
Más de tres años han pasado y el asesinato de excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación no cesa. El viernes, en Nariño, ocurrió el asesinato número 215. En Tallambí fue hallado con varios impactos de bala el cuerpo de Clever Cantincuz Díaz.
Estos crímenes han hecho que parte de la sociedad civil, así como de la comunidad internacional, le pidan al Gobierno implementar más garantías. Aunque el Ejecutivo ha anunciado cada acción que emprende, estas han funcionado en unos contextos y en otros no. El desangre no se ha detenido.
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) lleva un registro de estos crímenes, para denunciarlos tanto ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como nacionales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que estudia medidas de protección colectiva para los firmantes del acuerdo que deben responder ante las víctimas.
Este registro difiere del que lleva la Fiscalía General de la Nación. Esa entidad del Estado no cuenta todos los casos. Según fuentes de Farc, esto se debe a que el partido incluye casos de personas asesinadas en Ecuador y otros que ocurrieron antes de que se diera la acreditación por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero después de la firma del acuerdo en Cartagena.
En 13 de los 32 departamentos del país no ha ocurrido ningún asesinato de excombatientes. En los 19 restantes, más Bogotá, es donde se han presentado casi todos estos hechos de violencia contra las personas en proceso de reincorporación. Solo tres ocurrieron fuera del país, en jurisdicción de Ecuador, según el registro del partido Farc.
En contraste, seis departamentos concentran 141 de los casos, que son el 65,5 por ciento del total. Estos son, en orden, Cauca (37), Nariño (26), Antioquia (24), Caquetá (20), Putumayo (17) y Norte de Santander (17). A estos les siguen Meta (16), Valle del Cauca (13) y Chocó (11).
Estas regiones coinciden con las zonas donde el conflicto no ha cesado por diversas causas, pero además, son de particular interés para la JEP. Esa es una de las razones por las que esa jurisdicción inició un proceso para estudiar medidas de protección colectivas.
Por ejemplo, en Cauca y Valle está abierto un caso territorial de la JEP, al igual que en Antioquia, en la región de Urabá. Tanto Antioquia como Norte de Santander y Meta, por su parte, tienen regiones priorizadas en el caso que investiga los ‘falsos positivos’, mientras que en la costa del Pacífico en Nariño está abierto otro caso territorial, y departamentos como Caquetá son de interés en las investigaciones sobre los secuestros de la antigua guerrilla de las Farc.
Por otro lado, como dice el coordinador de derechos humanos del partido Farc, Camilo Fagua, en su mayoría estos departamentos coinciden con las zonas donde se adelantan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y también el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis). Ambas son políticas clave para el futuro de la paz.
El año pasado vio pasar los meses más violentos en crímenes letales contra los exguerrilleros. Julio del 2019, con 12 asesinatos, ha sido en el que más crímenes han ocurrido.
Los registros del partido indican que en 2019 se registró el 37,6 por ciento de los asesinatos, con 81 en total. Después, fue 2018 el año más violento, con el 30,7 por ciento. Ese año fueron asesinadas 66 personas en proceso de reincorporación.
En todo 2017 fueron asesinados 34 excombatientes, el 13,8 por ciento del total. Este año, en apenas seis meses, ya está cerca de esa cifra. Van 32 asesinatos, que representan el 14,8 por ciento. En 2016 fueron dos asesinatos, el 0,93 por ciento.
Aunque los asesinatos son de ocurrencia irregular, puede observarse que aumentan hacia mediados del año y disminuyen hacia finales. Sin embargo, esto no basta para señalar una tendencia. Por otro lado, desde noviembre de 2016 solo en cuatro meses no se han registrado asesinatos: diciembre de 2016 y enero, febrero y marzo de 2017. En todos los demás meses desde entonces al menos un excombatiente ha sido asesinado en el país.
En promedio, en 2016 fueron asesinados 0,03 personas en reincorporación cada semana.
En 2017, fueron 0,65 las víctimas cada semana. En 2018 ese promedio aumenta a 1,26 personas por semana. El año pasado tuvo el promedio más alto, con 1,55 cada semana. Hasta este 3 de julio iban 32 asesinatos en 27 semanas, es decir, un promedio de 1,1 asesinato semanal en 2020.
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/quienes-son-los-excombatientes-de-farc-asesinados-donde-y-cuando-514200
