España ha pasado de ser un país de emigrantes a convertirse en uno de inmigrantes. A principios de los noventa apenas había unos centenares de miles de trabajadores inmigrantes; hoy son 5,7 millones. El rápido incremento del tamaño de la mano de obra inmigrante se ha convertido en el caldo de cultivo perfecto para el fascismo y la xenofobia.
Los fascistas dicen que los trabajadores (a los que llaman “extranjeros”) perciben del llamado “Estado del Bienestar” más de lo que aportan. Dicen también que hacen un uso abusivo de los servicios sanitarios, farmacéuticos, educativos o de vivienda. Sin embargo, en 2011 un estudio sobre Inmigración y Estado de bienestar en España, de la Obra Social de La Caixa constató que, a pesar de la crisis económica, la propaganda fascista es mentira, como no podía ser de otra forma. El estudio fue elaborado por Francisco Javier Moreno, del Instituto de Políticas Públicas del CSIC, y por María Bruquetas, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Amsterdam.
Según los investigadores, el balance, incluso en tiempos de crisis, es contundente: los trabajadores inmigrantes residentes en España aportan al llamado “Estado del Bienestar” mucho más de lo que reciben. Aunque los autores del informe no lo cuantifican, subrayan que los obreros inmigrantes aportan hasta tres veces más de lo que reciben: “Los argumentos de sobreutilización y abuso del sistema de protección social por parte de la población están injustificados. Los inmigrantes reciben menos del Estado de lo que aportan a la Hacienda pública”, sentencian los autores. El balance se ha mantenido incluso en los peores momentos de la crisis. Los autores no lo cuantifican pero subrayan que la fuerza de trabajo inmigrante inyecta a las cuentas públicas “dos o tres veces más” de lo que percibe en forma de prestaciones sociales de todo tipo.
Los datos oficiales sobre la aportación de los trabajadores inmigrantes a las arcas públicas han quedado obsoletos. La última cuantificación de los aportes y los gastos de los trabajadores inmigrantes es anterior de la crisis. La Oficina Económica del Gobierno presentó en 2006 un amplio estudio sobre la contribución económica de la fuerza de trabajo inmigrante. Las cifras no podían ser más favorables. Los trabajadores inmigrantes fueron los autores directos de la mitad del crecimiento del PIB español entre 2000 y 2005 (con un 3,6 por ciento de crecimiento medio anual) y su aportación a las arcas del Estado fue altamente positiva: absorbieron el 5,4 por ciento del gasto público, 18.600 millones, y aportaron el 6,6 por ciento de los ingresos totales, con 23.400 millones. El saldo neto de su contribución fue de casi 4.800 millones (la mitad del superávit de entonces del conjunto del sector público). Según el informe del gobierno no había, además, posibilidad alguna de que esa posición cambiara.
Actualmente las aportaciones de los trabajadores inmigrantes siguen siendo superiores a los costes que generan para las arcas públicas. El saldo de casi 5.000 millones que recogía el informe del gobierno de 2006 es lo suficientemente cuantioso como para que se mantenga incluso en tiempos de recesión. Por su parte, el informe de La Caixa constató que algunos de los factores que hacían que la contribución de la fuerza de trabajo inmigrante fuera positiva aún se mantienen.
La inmensa mayoría de la mano de obra inmigrante que han venido son jóvenes en edad de trabajar, y el número de personas dependientes (niños y ancianos) es muy bajo.
Según el estudio, incluso en tiempos de crisis y a pesar del paro, el porcentaje de trabajadores inmigrantes entre los afiliados a la Seguridad Social ha permanecido prácticamente estable, en el entorno del 10 por ciento, con 1,8 millones de trabajadores inmigrantes que pagan sus cotizaciones al sistema público.
Con sus cotizaciones los trabajadores inmigrantes han contribuido a elevar la proporción a 2,5 cotizantes por cada pensionista, y con ello han retrasado en casi cinco años la previsible entrada en déficit del sistema español de pensiones, de 2023 a 2028.
Los datos desmontan los estereotipos que trata de inculcar la propaganda fascista: no consumen más servicios sanitarios, copan menos gasto social que su peso demográfico y aplazan el déficit del sistema público de pensiones.
Lejos de abusar de los servicios sanitarios, los trabajadores inmigrantes hacen un uso muy inferior al que por su peso demográfico le correspondería: los extranjeros consultan un 7 por ciento menos al médico de cabecera que los españoles, y un 16,5 por ciento menos al médico especialista, según datos de la Encuesta Nacional de Salud.
En paralelo, tan sólo el 6,8 por ciento del total de las inversiones de los servicios sociales se dirigen a inmigrantes. Y de éstas, el 60 por ciento tiene por objeto informarles de sus derechos o derivarles a otras instituciones.
Los trabajadores inmigrantes sólo concentran el 11,2 por ciento de los receptores de rentas mínimas de inserción, por lo que el rango de cobertura es considerablemente inferior al que proporcionalmente le correspondería dado que los trabajadores inmigrantes están entre los más explotados de la clase obrera.
La presencia de la inmigración ha supuesto un revulsivo para la incorporación de la mujer española al mercado laboral. La concentración de mujeres inmigrantes en las labores domésticas y en el cuidado de niños y mayores ha facilitado la compatibilización de la vida laboral y familiar de las trabajadoras españolas, con el consiguiente impulso en términos laborales y fiscales para la economía española.
En enero del año pasado se publicaron más datos que desmienten el bulo xenófobo de que los trabajadores inmigrantes saturan el sistema público de salud, y que por tanto elevan el gasto sanitario y bloquean las consultas.
Mientras el 57,7 por ciento de la población española ha acudido al menos una vez al médico en el último año, sólo lo ha hecho el 12,7 por ciento de los trabajadores inmigrantes.
El 52,3 por ciento los españoles padecen enfermedades crónicas, frente a sólo el 27,5 por ciento los trabajadores inmigrantes.
El gasto farmacéutico por paciente es de 374 euros por cada español y sólo de 73,7 euros por cada extranjero.
El gasto público de la sanidad empleado en los trabajadores inmigrantes es sólo un 6,5 por ciento.
Menos del 1 por ciento de los beneficiarios de pensiones en España son extranjeros, y más de la mitad de éstos son ciudadanos de la Unión Europea.
Sin embargo, la propaganda fascista le ha dado la vuelta a la realidad, creando un rechazo irracional hacia los obreros inmigrantes. Según el informe Evolución del racismo y la xenofobia en España, elaborado por iniciativa del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) a partir de encuestas del CIS, el 37 por ciento de los españoles se mostraba en 2009 reacio a los trabajadores inmigrantes, frente a un 33 por ciento de tolerantes y un 30 por ciento de ambivalentes ante el fenómeno.
Una vez más el fascismo está ganando la batalla propagandística. La mentira se impone sobre la realidad.
