“Debido a que no posee los medios técnicos para extraer su oro y porque el Banco Mundial así lo ha decidido, el Estado de Mali solamente es accionista minoritario de las empresas explotadoras que actúan en su territorio”. En un informe publicado ya en 2007, la Federación Internacional de Derechos del Hombre (FIDH) levanta una esquina de la cortina sobre la gestión que las multinacionales hacen del oro maliense. Aun siendo el tercer productor mundial después de África del sur y Ghana, no por ello Mali deja de ser uno de los países mas pobres del mundo.

Esta constatación de la FIDH es confirmada por otros informes elaborados por organizaciones internacionales. Según el ministro maliense de Minas, en 2014 el valor total de las exportaciones de oro alcanzó 863.000 millones de francos CFA, lo que asciende al 70 por ciento de las exportaciones totales de Mali.

Pero ello sólo ha contribuido al presupuesto con 254.300 millones de francos CFA, el 25 por ciento de los ingresos y el 8 por ciento del PIB. Por si ello no bastara, la población residente no cata de ello más que el polvo. La contribución total de las sociedades mineras al desarrollo local es insignificante. En 2014 únicamente 1 millón de francos CFA había sido destinado al conjunto de los pueblos de Kayes, que alberga estas minas.

Esperanzas decepcionadas

“Las esperanzas de las comunidades locales, por lo que concierne la mejora del nivel de vida social y económico (educación, creación de empleos, infraestructuras) no se han cumplido”, indica un político local.

Y Amadu Konaré, operador económico de esta localidad añade: “Francamente, no sabemos lo que la explotación minera ha supuesto para la población de Syama, Furu y el círculo de Kadiolo. La prueba es que la SIMISY (Sociedad Minera de Syama) no ha llegado a asfaltar ni un trayecto de menos de 100 kilómetros, entre la mina y la carretera nacional que une Mali con Costa de Marfil. Durante el invierno, ese eje es impracticable, sin contar con que la población de Furu sufre una grave penuria de agua en la estación seca”.

Ante la reacción de las poblaciones, la SOMYSI recuerda haber dotado al pueblo de Furu de un instituto, una sala de espectáculos, un castillo de agua y aulas. Insuficiente, considera la población, compara con los centenares de miles de millones generados cada año por las minas de la localidad.

Y la ONG británica Alert recuerda en su informe internacional que las “bases de las comunidades se benefician poco de la explotación minera” en la región de Kayes. En el aspecto del empleo, las esperanzas están lejos de ser satisfechas. A falta de empleos bien remunerados en las minas, los jóvenes de las localidades mineras se ven obligados a emigrar, bien a Europa bien a las ciudades.

Un universitario, originario de esta localidad, acusa al gobierno, que no hace nada o prácticamente nada para defender sus intereses ni los de las poblaciones: “No debemos exigir a las sociedad mineras, sino al gobierno y sobre todo a nuestros cargos electos, que no defienden como debieran los intereses comunitarios”.

Por su parte el gobierno explica la situación por la falta de coordinación entre las acciones de las diferentes sociedades mineras que operan en las mismas zonas geográficas. Por eso, dice, cada sociedad minera dispone de un plan de desarrollo comunitario que pone en marcha, sin concertar con las demás. La puesta en funcionamiento de los planes de desarrollo local está dejada a la buena voluntad de las sociedades mineras.

El origen de la paradoja

En el origen de esta paradoja hay un plan diabólico, pensado y ejecutado por el Banco Mundial, en beneficio de las multinacionales. Se sobreentiende que Mali no tenía mas elección que someterse al Programa de Ajuste Estructural. Una orden prescrita a nuestro país por el “médico de Bretton Woods”, el Banco Mundial. Eso era en los años 80.

Para el Banco Mundial, los Estados africanos no son capaces de disponer de una industria minera; es decir, son demasiado pobres para asumir las inversiones necesarias para las capacidades técnicas de las industrias mineras. De golpe, su diagnóstico cae como una cuchilla: exige que nuestros países se doten con de una legislación minera atractiva; beneficiosa para las multinacionales.

De esa forma, en 1995, cerca de 35 países africanos reformaron sus leyes sobre la minería. En Mali la reforma tuvo lugar en 1991, porque el todopoderoso Banco Mundial amenazaba con cerrar el grifo. Y lo que tenía que llegar llegó.

El Estado de Mali, depauperado

La brecha estaba abierta, y las multinacionales se precipitaron en ella. Con sus capitales bajo el brazo, invierten fondos en la Bolsa de Toronto destinados a África. Principalmente al sector minero. En Mali tres multinacionales detentan el monopolio del oro: Anglogold Ashanti, Rangold y Iamgold.

Según el informe de investigación de la FIDH la mina de oro de Morila es la ilustración perfecta de la gestión mafiosa de las minas de oro de Mali por parte de las sociedades mineras.

En julio de 2000, explica el informe, Rangold cede el 40 por ciento de sus permisos de explotación a Anglogold. Juntos crean Morila Limited quien, con el Estado, accionista de un 20 por ciento, dará nacimiento a una sociedad fantasma denominada Morila SA. Es ésta la que presenta a Anglogold Ashanti Services Mali SA como operador minero. El 1 por ciento de sus ventas proceden de gastos de gestión. A título de ejemplo, esta sociedad fantoche percibió en 2005 un millón de dólares por gastos de consulta. ¿Por hacer qué exactamente? Por no hacer absolutamente nada.

Otro ejemplo de la gestión mafiosa del oro maliense por parte de las sociedades mineras, según la FIDH: Morila SA, a su vez, sólo se ocupa del mineral extraído. Su extracción está encargada a otra sociedad, SOMADEX. Es una filial del grupo francés Bouygues, y se atribuye la parte del león, por haber invertido en el material de extracción del mineral. He aquí, de forma esquemática, como los fondos generados por el oro se reparten entre las multinacionales y las subcontratas.

Hay que destacar que la mina de oro de Morila está llegando a su agotamiento. Está controlada en un 40 por ciento por Anglogold Ashanti, otro 40 por ciento por Rangold Ressources, y un 20 por ciento por el Estado. En quince años de explotación ha producido más de 6 millones de onzas de oro. Pero no ha reportado, tras esos quince años, mas que unos pobres 2.000 millones de dólares.

El Estado maliense y el mínimo vital

En el curso de una conferencia de prensa organizada la pasada semana, la Organización Internacional Publiquen lo que Pagan, PCQVP en siglas, denuncia la ausencia de ganancia sufrida por el Estado, como consecuencia de las exoneraciones acordadas a las sociedades mineras. “Los contratos mineros revelan, pese a una evolución positiva, numerosos problemas que originan las considerables pérdidas de ganancias para el Estado maliense”.

Entre estos problemas se pueden citar las “numerosas exenciones otorgadas a las sociedades mineras, así como las cláusulas de estabilidad contenidas en los contratos mineros”, lamenta el informe de PCQVP. Y el mismo informe precisa que “hemos comprobado una disminución progresiva de impuestos en beneficio de las sociedades mineras de Mali. La ley minera de 1999 consagra al Tesoro maliense un 35 por ciento de sus beneficios, en lugar del 45 por ciento previsto en 1991. El código de 2012 estipula una transferencia de sólo un 30 por ciento de beneficios al Tesoro”, deplora Nuhun Diakité, coordinador del PCQPV. Los autores del informe denuncian la falta de experiencia de las personas encargadas de negociar esos contratos.

En resumen, veinte años después del boom de explotación aurífera en Mali, la población todavía espera beneficiarse de ello. El Dr. Bubu Cissé, ministro de Minas en el gobierno de Tatam Ly, actualmente ministro de Economía y Finanzas había prometido un “completo inventario de todos los contratos mineros. Si hubiera contratos revisables en función de los intereses de Mali, iniciaremos negociaciones con los socios afectados”.

Tres años después, la promesa no tiene continuidad.

Oumar Babi http://www.mondafrique.com/main-basse-lor-mali/