En 2011 Wikileaks publicó los cables diplomáticos mostrando que Estados Unidos presionaba a varios países del mundo en favor de Monsanto y otras multinacionales de la agroindustria, como DuPont, Syngenta, Bayer y Dow. Debían adoptar políticas a favor de los cultivos transgénicos.
Morgan Williams estaba en el centro de la red de alianzas de las empresas de biotecnología con la política exterior estadounidense y, al mismo tiempo, dirigía el Consejo de Comercio Estados Unidos-Ucrania. También era director de asuntos gubernamentales del fondo de inversión privada SigmaBleyzer, que recaudaba dinero para Ucrania.
Los 16 directivos del Consejo proceden de empresas agroalimentarias estadounidenses, entre ellas representantes de Monsanto, John Deere, DuPont Pioneer, Eli Lilly y Cargill. Entre los veinte asesores principales se encuentran James Greene (antiguo jefe de la Oficina de Enlace OTAN-Ucrania), Ariel Cohen (miembro de la Heritage Foundation, un equipo de análisis de Washington), Leonid Kozachenko (presidente de la Confederación Agraria Ucraniana), seis antiguos embajadores estadounidenses en Ucrania y el antiguo embajador ucraniano en Washington, Oleh Shamshur.
Shamshur es asesor de una filial de Hill & Knowlton, que forma parte del holding londinense WPP, un conglomerado de grandes empresas de relaciones públicas, entre ellas Burson-Marsteller, asesora de Monsanto desde hace tiempo.
A principios de los noventa Hill & Knowlton dirigió la campaña internacional de embustes para justificar la agresión imperialista contra Irak, así como la promoción de la imagen de la OMS al principio de la pandemia.
En marzo de 2014, un mes después del Golpe de Estado en Ucrania, un equipo de especialistas en intoxicación con sede en Kiev, formó el Ukrainian Crisis Media Centre para ayudar a mejorar la imagen de Ucrania y gestionar sus comunicaciones en las cadenas mundiales de comunicación.
El director de la empresa era Myron Wasylyk, miembro de la oficina en Ucrania del Consejo de Comercio de Estados Unidos. En Ucrania la directora es Oksana Monastyrska, que trabaja para Monsanto y para la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.
En mayo de 2013 Monsanto anunció un plan para invertir 140 millones de dólares en una planta de semillas de cereales no transgénicos en Ucrania, y el portavoz de Monsanto en Ucrania, Vitally Fechuk, confirmó que solo trabajarían “con semillas convencionales porque son las únicas permitidas en Ucrania para la producción y la exportación”.
En efecto, los transgénicos estaban prohibidos en Ucrania y las multinacionales presionaban para introducirlos. En noviembre de aquel año seis asociaciones de agricultores ucranianos redactaron un proyecto de ley para legalizarlos. Como dijo el presidente de la Asociación Ucraniana de Cereales, Volodymyr Klymenko, querían introducir las mismas semillas modificadas genéticamente que se estaban cultivando desde hace tiempo en Estados Unidos.
A finales de año el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich, rechazó el acuerdo de asociación con la Unión Europea que iba vinculado a un préstamo de 17.000 millones de dólares del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En su lugar, Yanukovich optó por 15.000 millones de ayuda rusa, junto con un descuento en los precios del gas natural.
A pesar de la prohibición, el artículo 404 del acuerdo con la Unión Europea incluía una cláusula que establecía, entre otras cosas, que ambas partes se comprometían a cooperar para ampliar el uso de la biotecnología.
El rechazo de aquel acuerdo aceleró el Golpe de Estado de 2014 y su triunfo favoreció la concesión del préstamo al nuevo gobierno golpista, a cambio de privatizar la tierra cultivable para vendérsela a las empresas agroindustriales y abrir el país a los cultivos modificados genéticamente.
“Ucrania, y Europa del este en general, figuran entre los mercados de crecimiento más prometedores para el gigante de la maquinaria agrícola Deere, así como para los productores Monsanto y Dupont”, dijo entonces Michael Cox, director de un banco de inversiones.
Estaba previsto que la inversión de Monsanto en Ucrania ascendería a 300 millones de dólares en varios años. Las organizaciones opuestas a los organismos genéticamente modificados no ocultaron entonces su apoyo al Presidente depuesto y… a Rusia, que tembién prohíbe los cultivos transgénicos.
El 13 de diciembre el vicepresidente de Monsanto, Jesús Madrazo, había pronunciado un discurso en la conferencia Estados Unidos-Ucrania en Washington. Para la multinacional era importante “crear un entorno propicio” en Ucrania para “fomentar la innovación y emular el desarrollo continuo de la agricultura”. A su debido tiempo, añadió Maddrazo, “la biotecnología será una herramienta disponible para los agricultores ucranianos”.
Pocos días antes de las declaraciones de Madrazo, Monsanto había lanzado su programa “Cesta de cereales del futuro” para Ucrania, que subvencionaba a los campesinos para que aceptaran los nuevos cultivos transgénicos.
En palabras de Williams, presidente del Consejo de Comercio Estados Unidos-Ucrania, “la agricultura ucraniana podría ser una auténtica mina de oro”. Sin embargo, añadía, “muchos aspectos del clima empresarial [en Ucrania] tenían que cambiar, siendo el principal mantener al gobierno fuera del negocio”.