Dichas empresas están especializadas en reputación en línea y su dueño aparece implicado en la Operación Púnica. El antiguo consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y la antigua consejera autonómica de Educación, Lucía Figar, se encuentran entre los políticos imputados por la presunta contratación irregular de las empresas de relaciones públicas Pedro Llorca.
Los contratos de Pedro Llorca con instituciones públicas motivaron su ingreso en prisión provisional el pasado mes de octubre. No salió de la cárcel de Estremera hasta enero tras abonar una fianza de 50.000 euros. Su tarea consistía en lavar la reputación personal de los miembros de la Casa Real y los políticos. El juez le acusa de haber trabajado de forma irregular para la Comunidad de Madrid, una consejería de la Región de Murcia, la Diputación de León y varios ayuntamientos de diferentes puntos de España.
Luego le pagaban con fondos del erario público mediante facturas falsas. El acusado sostiene que entre los organismos que contrataron sus servicios de imagen y reputación en internet y redes sociales, se encontraba la Casa Real, una institución que, sin embargo, han tratado de que no sea salpicada por el procedimiento.
Sus servicios de imagen y reputación incluían la censura de las opiniones negativas que se publicaban en foros y redes sociales sobre sus máximos dirigentes y también la fabricación de noticias positivas para relegar a posiciones secundarias en los principales buscadores las informaciones críticas sobre ellos.