La represión franquista en la posguerra

Alfonso Yuste Álvarez, JSU
Arcángel Bédmar

Fernán Núñez permaneció en manos republicanas solo una semana tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936. El 25 de julio, una columna militar rebelde llegada desde Córdoba y acaudillada por el comandante Manuel Aguilar-Galindo y Aguilar-Galindo tomó la localidad. El episodio puede leerse en este enlace de mi blog (1). Un mínimo de 53 personas cayeron fusiladas aquel día en la cuneta de la carretera de Córdoba y por lo menos otras 73 serían enviadas a la tumba durante el resto del año en un pueblo que tenía 11.086 habitantes censados. Alrededor de un 15% de la población, tras la entrada de las tropas militares golpistas, huyó para escapar de la represión y se refugió durante los tres años de la contienda en Manzanares (Ciudad Real), Liria (Valencia) y en varios pueblos de la provincia de Jaén. Un buen número de hombres huidos se enroló en la columna Andalucía-Extremadura, de predominio anarquista, creada a mediados de año. En febrero de 1937 se les destinó al sector de Pozoblanco y se integraron en la 88 Brigada Mixta, ya como unidad regular del Ejército republicano.

Durante casi toda la guerra, la Brigada ocupó posiciones en la zona cordobesa de Hinojosa del Duque y Belalcázar. Los fernannusenses alistados en las filas republicanas pagaron un enorme tributo de sangre, ya que al menos 54 de ellos encontraron la muerte en los campos de batalla.

Al desmoronarse los frentes y finalizar la guerra, el 1 de abril de 1939, los soldados republicanos supervivientes y los refugiados emprendieron el camino de regreso desde los pueblos de acogida, los campos de concentración o desde las comisiones clasificadoras de prisioneros y presentados de las distintas provincias. Los que no salieron para el exilio pronto descubrirían que la dictadura, influida por los fascismos triunfantes en Europa, había olvidado el lema de “si no has cometido crímenes no tienes nada que temer” y lo sustituyó por la simple y llana política de la venganza, en acertada definición del historiador Paul Preston. Las condiciones de regreso de los refugiados resultaron lamentables. Volvían hacinados en cualquier medio de locomoción y arrastrando consigo sus pocas pertenencias, en un estado sanitario deplorable.

Por ello, el 17 de abril de 1939 el jefe de la Junta Provincial de Sanidad avisaba a la Junta correspondiente de Fernán Núñez de la amplia incidencia de sarna y de otras dermoparasitosis entre los retornados de la zona republicana, e indicaba que se adoptaran las medidas oportunas de aislamiento y desinfección. De acuerdo con las pormenorizadas fichas individuales de huidos que se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Fernán Núñez, al finalizar la guerra regresaron al pueblo 440 mujeres, 271 hombres, un número indeterminado de niños menores de 16 años y 688 combatientes que habían luchado en las filas republicanas.

Los retornados a Fernán Núñez debían presentarse ante la Guardia Civil, que en un plazo de ocho días elaboraba un breve dossier sobre los antecedentes, conducta y actividades político sociales del evacuado –antes y después del comienzo de la guerra–, en el que se incluían los informes de la Guardia Civil, las manifestaciones de “tres vecinos intachables” y las denuncias y declaraciones de cuantos quisieran comparecer, que en Fernán Núñez fueron bastantes. Si la información final que se obtenía del primer atestado elaborado por la Guardia Civil era desfavorable, se detenía al evacuado. En Fernán Núñez hemos conseguido identificar a casi todos los cautivos porque en el Archivo Histórico se conserva un tomo de páginas con el nombre de los reos, para el que los represores reutilizaron un antiguo libro de registro de las reses sacrificadas en el matadero, prueba de la consideración que les merecían los detenidos. Tras ingresar en prisión, la justicia militar reiniciaba el proceso contra el encausado. El juez instructor requería a la alcaldía, a la Falange y a la Guardia Civil para que volvieran a informar sobre la actuación del prisionero y para que facilitaran nombres y domicilios de “personas de reconocida solvencia” que pudieran ejercer de testigos o denunciantes en el proceso. Se estableció así una verdadera justicia al revés, en la que los que habían permanecido fieles a la legalidad republicana eran acusados de rebeldes y sentenciados por los propios sublevados.

Al principio, a los detenidos se les internaba en la cárcel municipal. Con posterioridad, se habilitó como prisión un cine céntrico de Fernán Núñez, donde se amontonaron unos doscientos reclusos, algunos de ellos del vecino pueblo de Montemayor. Los militares que custodiaban el local impidieron en dos ocasiones el asalto de los falangistas, quienes pretendían realizar sacas de prisioneros para tomarse la justicia por su mano. Bajo la cobertura de un régimen totalitario en el que los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre el trato a los prisioneros de guerra eran violados, la tortura se convirtió en el método idóneo para castigar y para obtener de los detenidos las confesiones que sus captores querían. Con este objetivo, la Guardia Civil entraba de vez en cuando en la cárcel para apalear y atemorizar a los presos. Nada detenía a los verdugos en su afán de castigar a los internos. Un día, delante de todos los demás reclusos, torturaron a Amor Jiménez García, Pedro Antúnez Luna y Antonio Naranjo Ortega rompiéndoles una silla en la cabeza, a pesar de que los dos últimos eran inválidos. Las palizas, con puños y vergajos, continuaban cuando los reos acudían al cuartel de la Guardia Civil para testificar. Las humillaciones públicas también se aplicaban con frecuencia. En una ocasión sacaron de la cárcel a los concejales de Izquierda Republicana para que con unas pequeñas azadas, que dificultaban su trabajo, limpiaran la hierba que había crecido en el empedrado de la plaza del Ayuntamiento.

El 1 de octubre de 1939 se realizó un masivo traslado en camiones de 146 reclusos –atados con alambres y esposas– a Montilla, lo que supuso un momento generalizado de angustia para los prisioneros y sus allegados, que desconocían el objeto del viaje. Cuando llegaron a Montilla los internaron en las escuelas del convento de San Luis, donde el hacinamiento obligó a que un gran número de ellos tuviera que dormir en el patio, ya que el recinto albergaba un mínimo de 646 internos. Su manutención era costeada por el Ayuntamiento de Fernán Núñez a razón de 1,15 pesetas por preso y día. Los condenados a 30 años de reclusión salieron para la prisión de El Puerto de Santa María (Cádiz) en septiembre de 1940. A mediados del mes siguiente, los demás reclusos llegaron a las cárceles de Córdoba, convertidas en auténticos campos de exterminio en la posguerra, con cifras de defunciones aterradoras. Según el historiador Francisco Moreno Gómez, aparte de los fusilados, en el año 1941 perecieron allí 502 reclusos, unos por tifus y otros por hambre, pues oficialmente la Dirección General de Seguridad no exigía que se administrara una ración diaria superior a las 800 calorías, cuando una persona inactiva necesita al menos 1.200 para sobrevivir. Como consecuencia de la política carcelaria del franquismo, cinco fernannuñenses encontraron la muerte en la cárcel de Córdoba, dos fallecieron en la prisión de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) y en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores de Larache (Maruecos), y otros dos, hermanos, en la cárcel de El Puerto de Santa María.

Como en otros pueblos de la provincia, para atender la instrucción de tantos consejos de guerra se designó juez militar especial de Fernán Núñez a Rafael Moreno Lovera, quien también amplió sus competencias a la vecina localidad de Montemayor. El día 7 de junio de 1939 le sustituyó Vicente Romero Cerrillo, que alternó su trabajo con Ángel Méndez Espejo. Un buen número de fernannuñenses fueron procesados en Montilla, en el Juzgado Militar de Córdoba nº 4 (en el que ejercía de juez militar instructor el capitán de Caballería Antonio Jiménez Jiménez), y en el nº 18 de la misma ciudad (en el que actuaba de capitán juez Cipriano Iglesias Piñeiro). En casi todos los consejos de guerra celebrados contra los fernannuñense en Córdoba intervino de fiscal el abogado Demetrio Carvajal Arrieta, vicepresidente de la Diputación durante la dictadura de Primo de Rivera, y alcalde y jefe local de la Falange en Pozoblanco, tras la toma del pueblo por los franquistas. En 1939 se convirtió en capitán jurídico de la Auditoría de guerra y siempre solicitó condenas muy duras para los procesados. En la posguerra, diez fernannuñenses fueron sentenciados a pena de muerte y fusilados en la localidad, en Montilla, Córdoba y Alicante.

En mi libro “La campiña roja. La represión franquista en Fernán Núñez (1936-1943)”, cuya última edición es de 2009, dedico el capítulo IV entero, titulado “La guerra no ha terminado”, a analizar las múltiples formas de la represión habida en el pueblo durante la posguerra. En el último de sus apartados, “El yugo de la victoria”, se narran de manera pormenorizada algunas de ellas y puede leerse completo en este enlace (2).

A continuación añado también otros enlaces con los nombres de 702 hombres que lucharon en el Ejército republicano, 54 soldados republicanos que murieron en los frentes de guerra, 252 presos en posguerra, 9 reclusos muertos en las cárceles, 10 fusilados en posguerra y 410 personas que sufrieron expedientes de incautación de bienes y de responsabilidades políticas.

(1) http://arcangelbedmar.com/2015/09/20/victimas-mortales-de-la-represion-en-fernan-nunez-durante-la-guerra-civil/
(2) https://arcangelbedmar.files.wordpress.com/2015/11/el-yugo-de-la-victoria.pdf

Fuente: http://arcangelbedmar.com/

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