En mayo el gobierno español aprobó un proyecto de decreto para obligar a las comercializadoras de gas a incluir cuotas crecientes de biometano en sus suministros. El plan es empezar con un 0,5 por cien en 2028 para alcanzar un 6 por cien en 2035.
El biometano puede sustituir al gas convencional y se obtiene del biogás, que es una mezcla de metano (CH4) y CO2. A su vez el biogás procede de la descomposición de los residuos orgánicos, ya sea estiércol, basura o lodos de aguas residuales.
El proyecto advierte que la implantación de las cuotas obligatorias tendrá un impacto económico sobre los sectores consumidores de gas debido a la diferencia de precio entre el biometano y el gas convencional. Por lo tanto, si los precios de la energía ya son elevados, se elevarán aún más si el plan sale adelante.
En España el biogás tiene un cierto interés porque permite aprovechar los residuos orgánicos de su industria agroalimentaria y ganadera. Muchas empresas grandes del sector lácteo, cárnico o de conservas han instalando sus propias plantas de biogás para gestionar sus residuos orgánicos in situ y reducir la factura de la electricidad.
En España hay 146 instalaciones de biogás con una producción energética de 2,74 TWh. De las plantas operativas, 46 están asociadas a vertederos, 34 a estaciones depuradoras de aguas residuales, 13 al sector agropecuario, siete a las fábricas de papel y el resto al sector químico, el alimentario y otros.
Comparado con el resto de Europa, donde hay cerca de 19.000 instalaciones, de las que 725 inyectan biometano a la red gasista, es un sector económico muy pequeño. Lo que está relanzando el sector no son las preocupaciones ambientales sino la Guerra de Ucrania, el intento de boicotear el gas ruso y el aumento de los precios.
España ha pasado de contar con una única planta de biometano operativa en 2021, el vertedero de Valdemingómez, en Madrid, a tener 23 instalaciones a comienzos de este año, de las cuales 21 ya inyectan gas en la red, aunque en cantidades insignificantes.
Movilizaciones contra las fábricas de biogás
La materia prima del biogás son los residuos orgánicos pero, a su vez, también genera residuos al transformarse en biometano. Es un subproducto sólido o semilíquido, el digestato, que puede usarse como fertilizante, lo que teóricamente puede completar el círculo de reciclado si se gestiona correctamente. Pero también puede filtrarse a los ríos, acuíferos o pozos, provocando la eutrofización, es decir, un exceso de nutrientes que mata la vida acuática.
En última instancia, las fábricas de biometano son un anexo de los basureros y las depuradoras, por lo que provocan numerosas movilizaciones vecinales, e incluso vetos municipales y autonómicos por los malos olores, el tráfico, el ruido, la destrucción del paisaje y la devaluación de las viviendas (*).
En Burgos se ha formado la plataforma Stop Biometano Villangómez contra una planta de biogás proyectada a unos 2,5 kilómetros de varios pueblos. En Segovia, el municipio de Cuéllar tramita hasta cuatro expedientes para nuevas plantas de biogás que usarían residuos ganaderos y hortofrutícolas. La inquietud por la cercanía al casco urbano ha impulsado a grupos políticos como Izquierda Unida a promover una plataforma vecinal de oposición.
También se han multiplicado las movilizaciones en Castilla-La Mancha. La plataforma “No al biogás en La Sagra” lleva meses convocando manifestaciones contra una planta de biometano en Villaluenga de la Sagra. Temen filtraciones de digestatos hacia tierras, arroyos y pozos, especialmente tras episodios de lluvias intensas, y alertan de un posible “desastre ambiental”.
La propia consejera de Economía de Castilla-La Mancha ha declarado que, cuando haya un rechazo claro en el ámbito municipal, el gobierno autonómico no impulsará los proyectos de biogás en la región.
Pueden ponerse numerosos ejemplos en diferentes localidades, que van en aumento a medida que cada vez se pretenden construir más fábricar de biogás. Lo más significativo de este fenómeno es que el gobierno central promueve el biogás por razones ambientales y los gobiernos locales se oponen a ellos por parecidas razones ambientales.
El fiasco del biogás en Quebec
En 2019 Quebec se adelantó a España al imponer a las distribuidoras de gas la inyección de una proporción creciente de biometano en las redes convencionales que ya existían. Lo mismo que en España, el plan era progresivo. Pretendía llegar al 1 por cien de biogás en 2020, el 5 por cien en 2025 y el 10 por cien en 2030.
Para fabricar biogás hacen falta docenas de plantas de procesamiento, materia prima suficiente para alimentarlas y costes más reducidos. A través del Plan de Economía Verde, el ayuntamiento de Quebec invirtió cientos de millones de dólares de dinero público para financiar la construcción de plantas de reciclado.
Los planes no se cumplieron. Muchas de las fábricas acumularon importantes retrasos, sobrecostos y fallas técnicas antes de que fueran capaces de producir sus primeros metros cúbicos de gas. Hoy la producción de las plantas de biometano de la provincia canadiense sigue siendo marginal y los costos resultan astronómicos.
El precio del biometano es entre tres y cinco veces mayor que el gas convencional. Como las empresas y los vecinos no pueden pagar facturas tan elevadas, el ayuntamiento intervino para subvencionar una parte del costo por medio de impuestos.
Años después, el gobierno ha arrojado la toalla y ha cambiado de planes. Ha encargado a la Junta de Energía, la institución reguladora, que analice la situación y proponga soluciones. Se espera que entregue sus recomendaciones en enero del año que viene.
(*) https://www.renovablesverdes.com/plantas-de-biogas-en-espana-auge-polemica-y-modelos-en-disputa/