Diversas declaraciones de los partidos a la izquierda del PSOE y de los sindicatos CCOO y UGT, al igual que la ultraderecha, se han expresado en términos de «defensa nacional» en torno a los sucesos en Ceuta, legitimando la militarización de la frontera, las políticas de control migratorio sin tocar a los intereses económicos españoles que hacen negocios con la dictadura marroquí, a quien incluso le venden armamento.
España le vende armas a Marruecos
El capital español es, sin duda, el del país que más y mejores negocios hace en Marruecos con diferencia. Según datos del Instituto de Comercio Exterior, España es el primer inversor europeo y el tercer inversor extranjero en Marruecos. Grandes compañías como Inditex (Zara), Mercadona o El Corte Inglés son empresas operadoras en territorio marroquí también a través de filiales.
Acciona, Iberdrola, ACS, Cepsa, Gas Natural y Dragados participan en proyectos emblemáticos, como la construcción de plantas solares (Noor) y el desarrollo del hub energético marroquí. También Marruecos es uno de los grandes clientes de la industria armamentística española, lo que supone una contradicción mayúscula: mientras el gobierno habla de «defensa nacional», sus empresas venden armas a su «amenaza» estratégica.
Telefónica (a través de Meditel) y Santander o CaixaBank tienen una presencia destacada en el sector financiero y de telecomunicaciones del país. Antolín (componentes para automóviles) e Inditex son ejemplos también de empresas que han deslocalizado parte de su producción a Marruecos para abaratar costes.
IU y PCE a la cabeza del españolismo
Sin embargo la izquierda parlamentaria ha optado por guardar silencio. Sin señalar a ninguna de estas empresas que hacen negocios a ambos lados de la frontera, formaciones como Izquierda Unida (IU) o el Partido Comunista (PCE) han sido las que más han destacado en cuanto a españolismo se refiere.
IU ha sido una de las más activas en este sentido, con declaraciones de su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, y su coordinador federal, Antonio Maíllo que centran el asunto en términos de «soberanía». Santiago ha acusado a Marruecos de tomar Ceuta «como rehén» mediante un «ataque híbrido organizado» y Antonio Maíllo, por su parte, ha advertido que Marruecos está «subiendo la apuesta» y poniendo «en peligro» la soberanía española.
Comisiones Obreras y UGT piden «sanciones» a Marruecos
UGT ha expresado su «solidaridad con el pueblo de Ceuta y Melilla» y ha reclamado el «restablecimiento del orden, la seguridad y la convivencia».
CCOO ha ido más allá, reclamando no solo recursos para el Gobierno, sino también la adopción de «sanciones económicas y diplomáticas contra Marruecos». Esta petición de sanciones es un ejemplo claro de cómo el conflicto se plantea en términos de confrontación entre Estados. Su secretario general en Ceuta, Ángel Lara, ha calificado también los hechos como «guerra híbrida», comparando el asunto con la incorporación de Crimea a la Federación de Rusia en 2014.
El fascismo, la izquierda parlamentaria y los dos Estados coinciden en un punto: todos conciben la migración como un problema de seguridad, no como un fenómeno humano asociado a las condiciones materiales de la clase obrera en uno u otro país. Todos quieren «gestionar» a las personas, no transformar las condiciones que las empujan a moverse. Y todos, de una u otra manera, utilizan el miedo y la tensión para reforzar el statu quo y las políticas de rearme que se vienen.
Y por supuesto, al gran capital ni tocarlo.