Las empresas tecnológicas son el nuevo crimen organizado. Acaparan más delitos y multas que cualquier otro tipo de empresas, incluidas las farmacéuticas. Han sido sancionadas en muchos países por prácticas ilegales e incluso delictivas. Sin embargo, las multas son tan reducidas que merece la pena seguir con las mismas prácticas porque son muy rentables.
En los últimos años, casi todos los servicios de Google (Youtube, Gmail, Android) han sido objeto de sanciones en Europa. En mayo la Agencia Española de Protección de Datos le impuso la multa más alta hasta la fecha por dos infracciones muy graves por ceder datos a terceros sin legitimación y por no respetar la voluntad de los usuarios de que sus datos dejen de ser públicos.
En julio Dinamarca prohibió todos los servicios de Google en las escuelas públicas de un municipio y potencialmente para el resto del país.
En 2019 la Cnil, la Agencia francesa de Protección de Datos, le impuso una multa de 50 millones de euros por no proporcionar a los usuarios de Android información suficiente sobre el uso de sus datos personales.
Lo mismo ocurrió en 2021, cuando la Cnil multó a Google con 150 millones de euros por las “cookies” publicitarias. Ese mismo año, el servicio Android también fue denunciado ante la Cnil por el seguimiento de los internautas con fines publicitarios a través del sistema operativo, que equipa el 80 por cien del mercado de móviles.
La Autoridad Francesa de la Competencia multó a Google con 150 millones de euros por abuso de su posición dominante en el mercado de la publicidad de búsqueda, una multa confirmada en abril de este año.
La asociación de defensa de la intimidad de los internautas Noyb (None of your business, No te concierne) ha conseguido en dos ocasiones, en 2015 y de nuevo en 2020, la anulación del acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos para la transferencia de datos europeos a través del Atlántico.
Ahora una nueva demanda de Noyb acusa a Google de enviar correos electrónicos con publicidad ilegal a través de su buzón de Gmail, sin obtener previamente el consentimiento de los usuarios. Esta práctica comercial se considera “spam” (correo no deseado). El spam es un correo electrónico comercial enviado sin consentimiento, y es ilegal.
“Mientras que Gmail filtra con éxito la mayoría de los mensajes de ‘spam’ externos en una carpeta separada, los anuncios no solicitados enviados por Google se envían directamente a la bandeja de entrada del usuario. Esto da la impresión de que el usuario se ha suscrito a estos correos electrónicos o servicios, cuando en realidad no se ha obtenido ningún consentimiento”, dice un comunicado de Noyb.
Una directiva europea sobre intimidad electrónica prohíbe a las empresas enviar publicidad no solicitada por vía electrónica, que es lo que ha hecho Google aprovechándose de su control sobre Gmail. Simplemente Google es publicidad comercial.