Ayer Estados Unidos anunció que sancionaba a la fiscal del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, y a todos los que la ayuden en sus tareas. Bensouda es una jurista gambiana de 59 años, que ejerció como ministra de Justicia de su país.
“Cualquier individuo o entidad que continúe ayudando materialmente a la fiscal también está sujeto a sanciones”, dijo Mike Pompeo, secretario de Estado, en una conferencia de prensa.
Como cualquiera que se interpone en su camino, Bensouda se ha convertido en la diana de Estados Unidos porque intenta abrir una investigación sobre los crímenes cometidos por los soldados estadounidenses en Afganistán.
En junio de este año Trump emitió una orden ejecutiva por la que autorizaba la imposición de sanciones a “funcionarios, empleados y agentes, así como a sus familiares directos” que trabajaran en la Tribunal Penal Internacional.
Hasta ahora el Tribunal Penal Internacional se ha dedicado a perseguir a políticos africanos en exclusiva, lo que desató numerosas críticas en el Continente Negro, que lo vieron como un nuevo instrumento colonialista.
Entonces nombraron a Bensouda para el cargo de fiscal y trataron de lavar su imagen con una investigación dirigida contra los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán.
En una entrevista a la cadena France 24, Bensouda dijo que las sanciones estadounidenses contra el Tribunal Penal Internacional constituyen un “ataque sin precedentes” contra la independencia del sistema judicial internacional ya que, generalmente, están reservadas a los terroristas y a señores de la guerra.
De momento no está claro si los jueces del Tribunal también están sancionados.
Una búsqueda en la base de datos SDN, donde constan los países, instituciones, empresas y personas sancionadas por Estados Unidos, muestra que la fiscal gambiana aparece dos veces, una con su nombre completo, Fatou Bom Bensouda, en la categoría de sanciones del ICCP impuestas por la orden ejecutiva de Trump.