Una sentencia de conformidad ratifica la impunidad en la que ha quedado una red de explotación sexual de Vigo, dirigida por el empresario y dueño del narcobuque Simione, Pablo García, que rebaja penas de 47 años a 21 meses. La fiscalía y las defensas confeccionaron un acuerdo hecho a la medida de la red, y que ha sido avalado por la Audiencia Provincial.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha homologado un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas de los acusados por la red de explotación sexual que operaba en chalés de lujo de Vigo y que fue desmantelada en el año 2021. El pacto ha establecido penas de entre nueve y veintiún meses de prisión para los condenados, frente a las peticiones iniciales que, para el principal responsable, alcanzaban los 47 años. Con este acuerdo, las penas quedan por debajo del umbral de los dos años, lo que permite a los imputados evitar el ingreso en prisión.
El acuerdo se sustenta en la aplicación de dos atenuantes —dilaciones indebidas y reparación del daño— y en el efecto reductor de la conformidad. Sin embargo, el análisis del caso revela que esas atenuantes se han aplicado en su versión más favorable para los acusados, hasta el punto que la indemnización pactada, entre mil y nueve mil euros por víctima, supone una suma irrisoria que no supera los estándares habituales, sino que se ha confeccionado como un mero instrumento que habilita la rebaja penal.
18.000 euros en total por explotar a decenas de mujeres
Los condenados consignaron 10.000 euros en la cuenta judicial y se comprometieron a abonar una cantidad total que supera ligeramente los 18.000 euros para las seis víctimas que constan en el procedimiento. No se trata, por tanto, de 18.000 euros por persona, sino de una suma global.
La cifra resulta ridícula si se compara con los parámetros que manejan los tribunales en delitos contra la libertad sexual. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha situado el daño moral en estos casos entre los 15.000 y los 50.000 euros por víctima, en función de la gravedad, la duración y la vulnerabilidad. Otras sentencias por explotación sexual han fijado indemnizaciones de 10.000 o de 15.000 euros para un solo caso de trata y prostitución coactiva.
Frente a esos referentes, los aproximadamente 3.000 euros por persona del caso de Vigo convierte la “reparación” en un simple formalismo para que los acusados no pisen la prisión.
Según la Audiencia de Vigo, el daño ha sido reparado
El Código Penal permite apreciar la atenuante de reparación del daño cuando el infractor repara “parcialmente” el daño y realiza una conducta seria y inequívoca. La jurisprudencia ha admitido la atenuante con consignaciones modestas en casos de menor entidad, y ponderando la capacidad patrimonial de los acusados. El problema es que, en un supuesto de explotación sexual de extrema gravedad, esa misma flexibilidad se ha utilizado para convertir un pago global de 18.000 euros en el título habilitante de una rebaja verdaderamente drástica.
En la práctica, la cantidad se ha fijado para cumplir una función procesal: permitir a los acusados acceder a una atenuante que de otra manera no hubieran podido acceder y, junto con la conformidad, cerrar el acuerdo con penas mínimas.
Dilaciones “muy cualificadas”
El otro pilar del acuerdo son las dilaciones indebidas. Los hechos se sitúan entre 2020 y 2021, y la sentencia de conformidad se dictó en octubre de 2026, un lapso de cinco años. La causa, además, era compleja: afectaba a una red criminal, a múltiples víctimas y a varios delitos graves.
El Tribunal Supremo ha tomado como referencia orientativa los ocho años de duración total para apreciar la llamada dilación indebida “muy cualificada”, y solo admite plazos inferiores en causas no complejas o cuando existen paralizaciones absolutas muy prolongadas, que no es el caso. De hecho, atendiendo a las dificultades de aquella investigación, un enjuiciamiento en 5 años es un lapso temporal muy habitual.
Esta acumulación de interpretaciones ampliamente favorables a los acusados —la atenuante simple de dilaciones en una causa compleja, la aceptación de una reparación global simbólica y el efecto reductor de la conformidad— permite que una red acusada de explotar sexualmente a mujeres inmigrantes en condiciones de extrema vulnerabilidad reciba penas que no implican ingreso en prisión.
Es el enésimo caso aislado de trato judicial favorable al narcotráfico gallego.