El 3 de noviembre quebró el Ueno Bank en Paraguay, arrastrando tras de sí al Presidente de la República. Es el último de una cadena corralitos que muestra algunos de los rasgos característicos del capital financiero en Latinoamérica, que alcanzan incluso a los nuevos bancos digitales.
En los últimos tres años, otros dos bancos quebraron en condiciones similares: el Banco Master de Brasil y el Banco Fassil de Bolivia. La más importante de ellas son las conexiones turbias de los financieros con los oligarcas que los protegen de cualquier escrutinio. Cuando el Estado quiere intervenir es demasiado tarde.
Durante años, el Banco Master vendió unos papeles a los que ningún especulador se pudo resistir: certificados de depósito con rendimientos muy por encima de los tipos de interés, que alcanzaban hasta el 140 por ciento. Naturalmente, había una garantía que no podía fallar para atraer a los incautos: los papeles estaban cubiertos por el Fondo Garantidor de Créditos (FGC), una institución pública.
Las advertencias no sirvieron para nada. Casi un millón de especuladores se lanzaron a la piscina creyendo que estaba llena de agua, hasta el 18 de noviembre del año pasado. El Banco Central de Brasil ordenó la liquidación extrajudicial del tinglado. La noche antes de firmar la orden, la policía detuvo al propietario del banco, Daniel Vorcaro, en el aeropuerto cuando intentaba subirse a un avión privado con destino a Malta.
Sólo después de la quiebra la economía dio paso a la policía, que inició la Operación Cumplimiento Cero, que se expandió rápidamente más allá del propio banco. Destapó los vínculos de los chorizos de las finanzas con los políticos, los jueces y las bandas criminales. A principios de este año, otros dos bancos de la red de Vorcaro, Will Bank y Banco Pleno, también fueron liquidados.
Dinero público para tapar los agujeros privados
Pero ya era tarde y el FGC tuvo que hacer lo mismo de siempre: tapar con dinero público los agujeros privados. En total, 57.400 millones de reales brasileños, el mayor pelotazo bancario en la historia brasileña posterior al Plano Real, cuando una nueva moneda tuvo que sustituir al viejo cruzeiro.
Tras la quiebra se destapó lo que era ampliamente comentado entre bastidores: el bufete de abogados de la esposa del presidente del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, había firmado un contrato con el banco por un valor aproximado de 129 millones de reales, con rendimientos mensuales de 3,6 millones durante tres años. El propio juez Moraes redactó el contrato con el banco antes de su firma.
Otro presidente del mismo Tribunal Supremo, Dias Toffoli, nombrado por Lula, también tenía negocios con el chiringuito de Vorcaro y la conclusión es más que obvia: el máximo organismo judicial estaba al servicio del Banco Master a golpe de sobornos, más o menos disimulados.
Un banco boliviano era una organización criminal
El Banco Fassil, uno de los bancos privados más grandes de Bolivia, quebró el 26 de abril de 2023, después de que cuatro cabecillas fueran detenidos. La policía se desplegó en las 185 sucursales en todo el país cuando los clientes se reunían a las puertas exigiendo la devolución de su dinero. El agujero ascendía a 2.700 millones de dólares. Fue el primer cierre de banco en Bolivia en 24 años.
La quiebra tampoco fue un accidente. El regulador financiero de Bolivia, ASFI, había estado denunciando los chanchullos de Fassil desde 2021. Pero no sirvió de nada porque el negocio era redondo. Entre 2018 y 2021 unos 580 millones millones de dólares cayeron en las garras de los buitres agroindustriales de Santa Cruz.
Fassil era otro banco con muy buenos enchufes con los oligarcas políticos de Santa Cruz, que le servía para evitar las inspecciones contables. Con el tiempo los funcionarios de ASFI reconocieron que el gobierno había ignorado las advertencias.
En agosto de 2024 seis cabecillas del tinglado fueron condenados simbólicamente a tres años de prisión por organización criminal. Aproximadamente 1,3 millones de especuladores fueron transferidos a otras nueve instituciones financieras después de la activación de un fondo de “protección de depósitos”, que están diseñados para que los especuladores no pierdan su dinero nunca.
Dos años más tarde, el 60 por ciento de la cartera de préstamos de Fassil sigue bajo la gestión de un banco público, el Banco Unión.