Esta vez no le podrán echar la culpa a Trump, ni a la “extrema derecha”; el año pasado el gobierno laborista británico emprendió una campaña de hostigamiento contra los emigrantes, con más de 23.500 redadas, más de 60 diarias, la mayor parte de las veces sin autorización judicial.
Alrededor del 79 por cien de las redadas se llevaron a cabo sin una orden judicial, requisito legal indispensable para realizar detenciones, acceder a un inmueble o buscar pruebas documentales.
Para justificar las redadas, la policía recurrió al “consentimiento informado”, un mecanismo mediante el cual un obtienen una supuesta “aprobación verbal” de la persona afectada.
Los policías de emigración visten uniformes similares a los de los demás cuerpos represivos, lo que resulta “intimidatorio”. Muchas personas desconocen que tienen derecho a denegar el acceso a los policías si no presentan una orden judicial u otra base legal que los autorice.
Las policía recurre a todo tipo de artimañas legales. En 2.082 redadas se ampararon en la Ley de Licencias para acceder a locales, una normativa que se aplica a establecimientos que venden alcohol o sirven comida y bebida fuera del horario habitual.
Del total de redadas realizadas el año pasado, el 36 por cien tuvo como objetivo domicilios particulares; el 15 por cien, restaurantes, locales de comida para llevar y cafeterías; el 13 por cien, redes de transporte (incluyendo paradas de repartidores); y el 11 por cien, tiendas de alimentación, bebidas y tabaco.
Asimismo, se llevaron a cabo cuatro redadas en centros educativos.
La policía prestó apoyo en una de cada cinco redadas contra los emigrantes.
Expediciones indiscriminadas de caza humana
De las 36.535 personas con las que los policías tuvieron contacto, fueron detenidas 4.432, apenas un 12 por cien, por lo que se trata de auténticas expediciones indiscriminadas de caza humana.
Griff Ferris, portavoz del JCWI, una organización de ayuda a los emigrantes, afirmó que los datos demuestran que “el ICE británico, al igual que su homólogo estadounidense, está llevando a cabo una campaña de miedo y terror contra las comunidades migrantes, sometiéndolas a sospechas racistas y a la creación de perfiles discriminatorios, además de invadir sus hogares y lugares de trabajo”.
“Se podría describir al servicio de control migratorio como una agencia que actúa al margen de las normas, si no fuera porque opera exactamente tal y como pretende el Estado; de hecho, se le han otorgado facultades y recursos para llevar a cabo una campaña de terror contra las comunidades migrantes”, añadió Ferris.
“Esta intención de sembrar el miedo en dichos colectivos queda patente en el hecho de que la gran mayoría de las personas afectadas por las redadas —casi el 90 por cien— no llegan a ser detenidas”.
La población se organiza contra las redadas policiales
En todo el país, la población se está organizando a través de la “Red contra las Redadas” (Anti-Raids Network) para hacer frente a la represión policial. Difunden información sobre los derechos de los emigrantes en diversos idiomas, organizan actos informativos en los barrios, se articulan en los centros de trabajo, graban y cuestionan a los policías durante las redadas, se concentran en los lugares donde ocurren e impiden físicamente el paso de los vehículos policiales destinados a las detenciones.
La semana pasada trascendió que el Ministerio de Interior se prepara para desplegar tecnología de reconocimiento facial en espacios públicos con fines de “control migratorio general”, lo que incluye infracciones que no son delito.
Desde las elecciones que ganó el partido laborista, la policía ha intensificado el control migratorio, que ha alcanzado el nivel más alto en la historia de Reino Unido. “Eso se ha traducido en un aumento del 122 por cien en las detenciones por trabajo irregular y un incremento del 111 por cien en el número de redadas”, reconoce un comunicado oficial del Ministerio de Interior.