El primer ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, ha suspendido las negociaciones con la Unión Europea sobre la adhesión del país a la Unión Europea hasta 2028.
Pero en Bruselas toleran muy mal los desplantes y han suspendió la ayuda financiera a las instituciones. La comisaria europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, quiere imponer sanciones a Georgia “por sus acciones contra la oposición y los medios independientes”, pero la Unión Europea no ha llegado a un acuerdo al respecto porque un país, que Kallas no quiso desvelar, ha votado en contra.
Kobakhidze acusó a los dirigentes de la Unión Europea de violar los derechos de los ciudadanos y atacar la libertad de prensa en el país. Según Kobakhidze, los miembros del Parlamento Europeo quien “sembrar caos y malestar” en Georgia y explotar la adhesión a la Unión Europea.
El 26 de octubre de 2024 el Parlamento Europeo aprobó una resolución -casi pontificia- diciendo que las elecciones parlamentarias no habían sido libres ni justas, rechazó los resultados oficiales y exigió nuevas elecciones supervisadas. También pidió sanciones contra dirigentes georgianos.
Kobakhidze acusó a la Unión Europea de usar la integración europea como arma de presión y de faltar al respeto a Georgia. El primer ministro georgiano calificó las discusiones de la Unión Europea sobre la suspensión del régimen de visados de Georgia como un “chantaje” contra el pueblo georgiano.
Dice que el país continuaría su camino hacia la Unión Europea, pero «con dignidad» y sin aceptar subsidios o fondos europeos durante este período, ya que los veía como “limosna” e instrumento de chantaje. El objetivo declarado es fortalecer económicamente Georgia para negociar en mejores condiciones hacia 2030.
La decisión es la culminación de un deterioro de las relaciones desde 2024. Aprobación de una ley sobre agentes extranjeros que ha afectado a las ONG financiadas desde el exterior, lo que provocó que la Unión Europea congelara de facto el proceso de adhesión.