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El gobierno francés saca al ejército a la calle para contener las manifestaciones de mañana

Los medios de intoxicación sólo hablan del vandalismo de los manifestantes en Francia, pero hasta Amnistía Internacional ha denunciado la brutal represión de las protestas. “Estamos alarmados por la represión policial de la escuela secundaria y el movimiento estudiantil”, dijo el 2 de octubre Anne Savinel-Barras, presidenta de Amnistía Internacional Francia.

Desde el inicio de la movilización de la escuela secundaria el 21 de septiembre, Amnistía Internacional ha estado alertando sobre los métodos utilizados por la policía contra los estudiantes. La organización denuncia en particular el lanzamiento de pelotas de goma, granadas, gases lacrimógenos y detenciones masivas.

Según cifras del Ministerio del Interior, más de 5.000 personas fueron detenidas hasta el 2 de octubre, de los que un 86 por cien eran menores de edad. Las lesiones graves han aumentado. El 8 de octubre, Amnistía pidió una prohibición definitiva de las granadas de aturdimiento, cuyo uso acababa de suspenderse después de que un joven perdiera su mano en Lens.

Pero el ministro de Interior, Laurent Nuñez, volvió a autorizar las granadas en la víspera de la manifestación del 17 de octubre.

En Francia y otros países occidentales el manual represivo de la policía se basa en los cercos, el uso significativo de granadas y las pelotas de goma. El objetivo es intervenir directamente contra las multitudes. Esa estrategia ha contribuido a unir a los manifestantes en su oposición a la policía, en lugar de impedir los enfrentamientos. Una paradoja aún más preocupante porque el propio gobierno francés reconocen su fracaso. “Hemos fracasado incuestionablemente este fin de semana”, dijo Gerald Darmanin, el ministro de Justicia.

El manual de intervención se ha prolongado en los tribunales, donde las comparecencias inmediatas se han multiplicado después del 17 de octubre, con sentencias que llegan hasta la cárcel, a veces pronunciadas contra acusados que carecen de antecedentes penales. No son emigrantes; son trabajadores, estudiantes, empleados públicos, chalecos amarillos y jóvenes: los perfiles de los detenidos no tienen nada que ver con los que dicen Trump y ciertos medios que transmiten consignas fascistas y xenófobas.

Los abogados franceses denuncian una “represión histórica”, acusando a Darmanin de presionar a los jueces buscando “sanciones ejemplares”, es decir, cárcel y condenas draconianas.

Como ya anunciamos, mañana están previstas nuevas manifestaciones. El gobierno también planea recurrir al ejército y a unidades especializadas de la policía. Es la Operación Centinela, un estado de guerra permanente.

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