Así lo atestigua, por ejemplo, José Manuel Sánchez Fornet, histórico líder del Sindicato Unificado de Policía, del que ya no forma parte. «Esto es lo habitual en la Policía desde al menos 1980, que es cuando yo entré. Los ascensos a agentes que han vulnerado los derechos civiles de los ciudadanos forman parte de la cotidianidad. El problema es que prácticamente nadie les ha prestado atención hasta ahora», denuncia Sánchez Fornet, que pone como ejemplo el también reciente nombramiento como jefe superior de Policía en Castilla‑La Mancha de Félix Antolín, investigado por un delito contra la integridad moral y otro de lesiones por un presunto caso de acoso a un subordinado.
Son dos casos recientes. Entre todos los policías disponibles, el ministro del Interior ha elegido estos dos para ser ascendidos. Sus razones tendrá, aunque de momento permanecen ocultas. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha dirigido por escrito a Interior, sin éxito. El PSOE también ha solicitado la comparecencia del ministro Zoido.
Sánchez Fornet justifica sus palabras anteriores echando la vista atrás. Pone como ejemplo, entre otros, el caso del guardia civil Manuel Sánchez Corbi, que fue condenado el 7 de noviembre de 1997 por la Audiencia de Vizcaya a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por torturar a Kepa Urra en un descampado, antes de trasladarle detenido al cuartel de La Salve, en Bilbao. Sería indultado en 1999. A pesar de esta condena, Sánchez Corbi continuó su imparable ascenso hasta coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
