El lunes en Viena, Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos presentaron oficialmente un proyecto conjunto para abrir el año que viene el primer centro de internamiento para emigrantes en Ruanda, destinado a trasladar allí a un centenar de personas cuya estancia en Europa haya sido rechazada.
Una delegación ruandesa estuvo presente en la conferencia de prensa, junto al canciller austriaco Christian Stocker y la primera ministra danesa Mette Frederiksen.
El 1 de octubre el Consejo de la Unión Europea adoptó nuevas normas sobre la deportación, que abren, entre otras cosas, la posibilidad de trasladar a emigrantes en situación irregular a centros situados en terceros países.
Otros países también han adoptado medidas del mismo tipo. Italia ha establecido centros para emigrantes en Albania, mientras que Alemania ha reforzado las atribuciones de la policía para facilitar las expulsiones. En Suecia, el gobierno ha aumentado las ayudas financieras destinadas a los extranjeros que acepten regresar voluntariamente a sus países de origen.
En el marco de este proyecto, se prevé que los primeros traslados tengan lugar el año que viene, con cerca de veinte personas por país, probablemente hombres adultos interceptados en la frontera. Se trata de una especie de proyecto piloto de reemigración. No se trataría de centros cerrados. Kigali prefiere denominarlos púdicamente “centros de acogida“ y -según dice- va a ofrecer en ellos formación profesional.
Frederiksen calificó la iniciativa como una señal clara de “recuperación” del control de las fronteras. “Creo que esto supondrá un punto de inflexión que nos permitirá afrontar los considerables desafíos de la migración ilegal”. El portavoz de la Comisión Europea, Markus Lammert, elogió “los esfuerzos realizados y el minucioso trabajo preparatorio”.
El proyecto es objeto de fuertes críticas. Human Rights Watch señala los antecedentes de Ruanda en materia de represión y detenciones arbitrarias. Macron había calificado estos centros de “ineficaces” y contrarios a los valores de la Unión Europea. Reino Unido intentó llevar a cabo una experiencia similar en 2022, pero acabó abandonando el proyecto debido a obstáculos judiciales; por su parte, su sucesor, Andy Burnham, sigue la iniciativa para ver lo que ocurre.
Si el proyecto piloto arroja resultados positivos, los cinco países prevén extenderlo a Uganda y Uzbekistán. Quedan por resolver cuestiones como el destino de las personas que se encuentren allí, el dinero que percibirán los carceleros y los posibles recursos judiciales que podrían bloquear el proyecto.