Categoría: Unión Europea

El martes tuvo lugar, a puerta cerrada, una audiencia ante la sala de acusación del tribunal de Lieja, en Bélgica, para determinar el tribunal competente para conocer de la causa abierta contra Ursula von der Layen y el director de Pfizer, Albert Bourla, por la negociación de los contratos de compra de vacunas contra el “covid”.

Desde que en abril del año pasado se presentó la querella, la Fiscalía Europea está intentando llevar el caso a un callejón sin salida.

Frédéric Baldan presentó la querella por “usurpación de funciones y títulos”, “destrucción de documentos públicos”, “apropiación ilegal de intereses” y “corrupción”. Desde entonces se le han sumado mil qurellantes de la Unión Europea, incluidos dos Estados miembros: Polonia y Hungría.

Las querellas fueron presentadas ante el juez de instrucción del tribunal de Lieja, Frédéric Frenay. Pero desde junio, la Fiscalía Europea intenta hacerse cargo del caso declarándose competente para darle el carpetazo.

En la primavera el tribunal europeo incluso intentó enterrar el caso, solicitando la inadmisibilidad de que las acusaciones particulares se personaran como parte en el proceso.

Durante la primera audiencia que tuvo lugar el 17 de mayo ante la sala del consejo del tribunal de Lieja, la abogada de Von der Leyen puso a la Presidenta de la Comisión Europea a la altura del Rey de España: no se la puede someter a juicio porque es inmune.

Estos tropezones, típicos de los laberintos judiciales, se deberían haber examinado en una audiencia prevista para el 6 de diciembre ante la Cámara del Consejo, pero fue aplazada en el último momento a petición de la Fiscalía Europea.

Hasta el martes no se pudieron discutir estas obstáculos. Al final de la audiencia, Isabelle Duchateau, fundadora de la asociación belga Notre Bon Droit, una de las asociaciones denunciantes, destacó que la Presidenta de la Unión Europea había intentado nuevamente obtener un aplazamiento, esta vez sin éxito.

Acaba de terminar la presidencia húngara de la Unión Europea y empiezan los castigos. Desde diciembre de 2022, la Unión Europea ha congelado la transferencia de unos 30.000 millones de euros destinada a la recuperación de Hungría. 21.700 millones de euros proceden del fondo de cohesión mientras que 10.400 millones están vinculados al plan de recuperación tras los confinamientos de la pandemia.

Un año después, el Primer Ministro Viktor Orban logró liberar un tercio de esta cantidad, es decir, un poco más de 10.000 millones de euros del Fondo de Cohesión, a cambio de un chanchullo: levantar el veto a la ayuda de la Unión Europea para Ucrania.

La decisión de Bruselas de liberar esta cantidad provocó también la reacción del Parlamento Europeo, que criticó a la Comisión por haber cedido al “chantaje” del Primer Ministro. Interpuso un recurso ante los tribunales europeos para anular la liberación de estos fondos. Pero la Unión Europea mantiene la presión sobre Hungría con los 21.000 millones restantes, incluidos 11.700 millones de los fondos de cohesión y 10.400 millones para la recuperación tras los confinamientos.

La Comisión Europea emitió un comunicado de prensa denunciando un supuesto “incumplimiento del Estado de derecho”, que se refieren a la contratación pública, los procedimientos judiciales, los conflictos de intereses y la lucha contra la corrupción y los fideicomisos públicos.

En cualquier momento Hungría puede adoptar nuevas medidas para demostrar a la Comisión que las medidas adoptadas por el Consejo deben ser adaptadas o levantadas, concluye el comunicado. Pero cada año pasado sin satisfacer a la Unión Europea y su interferencia podría costarle caro a Budapest.

A partir del nuevo año, se retirará definitivamente un tramo de 1.040 millones de euros, tal como lo permite el mecanismo de condicionalidad, un sistema que autoriza a la Comisión Europea a suspender, reducir o restringir el acceso a la financiación europea por parte de un Estado miembro. El Financial Times explica que se trata de los 6.300 millones de euros de fondos congelados a finales de 2022, que representan alrededor de la mitad de los 11.000 millones restantes del Fondo de Cohesión y de los cuales este tramo debía asignarse antes de finales de 2024.

Presiones políticas

A mediados de diciembre el ministro húngaro de Asuntos Europeos, Janos Boka, dijo que era “muy difícil” no interpretar la retirada de fondos como una “presión política”. Budapest tomará medidas para “remediar esta situación discriminatoria”, prometió.

La situación muestra las tensas relaciones entre Hungría y las instituciones europeas, que la presidencia húngara de la Unión Europea no ha aliviado. El mandato de Budapest, que comenzó con las reuniones de Viktor Orban con Putin, Trump y Xi Jinping para discutir la paz en Ucrania, finaliza a finales de diciembre para ceder el cargo a Polonia, ferviente defensora del apoyo a Ucrania.

Los socios europeos de Hungría reconocen avances, como la integración de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen apartir de ayer, la Declaración de Budapest, un decimoquinto paquete de sanciones contra Rusia o incluso un acuerdo en el marco del en el marco del G7 sobre un nuevo préstamo a favor de Ucrania, garantizado por los ingresos futuros de los activos rusos inmovilizados.

Polonia, que cada vez se hace oír más en la escena europea, acaba de asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Esto podría modificar, no de forma positiva para Hungría, la dinámica de las negociaciones.

Rusia podría atacar Finlandia en los próximos años para anexionar nuevos territorios, asegura la publicación finlandesa Italehti, que cita “fuentes de inteligencia”, o sea, a intoxicadores profesionales.

La publicación no duda en inventarse un plan de guerra perfecto: los rusos avanzarán primero al valle del río Kymijoki y consolidarse allí. Después, harán una carrera hacia el norte hasta Puumala para “morder” esa parte del territorio del sur de Finlandia y bloquear Helsinki.

El 44 Cuerpo de Ejército ruso atacará la región de Laponia y el Finnmark noruego para consolidar su presencia en las regiones del norte de Escandinavia y lograr una ventajosa en el marco de la guerra en el Ártico.

Si la publicación respondiera a la realidad, los rusos estarían obligados a cambiar de planes. Pero el verdadero objetivo de estas fantasmadas es convertir en verososímil la existencia de una “amenaza rusa” contra los países europeos y atemorizar a la población.

El origen de este tipo de intoxicaciones no es otro que la OTAN. Son necesarias para justificar el rearme y el aumento de los presupuestos militares.

Sin embargo, Finlandia no necesita este tipo de fantasmadas publicitarias porque, como hemos explicado en otras entradas, su ingreso en la OTAN ya es una declaración de guerra dirigida contra Rusia.

Mientras, la Unión Europea tiene la intención de imponer nuevas sanciones contra la “flota en la sombra” de Rusia y en el Mar Báltico la Armada rusa se prepara para escoltar los mercantes con buques de guerra.

A principios de este mes los asesores de Trump en política exterior informaron a los dirigentes europeos que Estados Unidos tiene la intención de exigir a los miembros de la OTAN que aumenten su gasto en defensa al 5 por cien de su PIB, frente al objetivo actual del 2 por cien, que un tercio de los miembros de la Alianza no han sido capaces de alcanzar.

Los dos principales pilares del éxito económico que han experimentado los países de Europa occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy son los aranceles reducidos que Washington concedió en 1947 a la exportaciones a Estados Unidos desde los países europeos arruinados, así como al acceso al gas barato obtenido por Alemania a través del acuerdo firmado en 1970 con la URSS.

Las ventajas aduaneras concedidas a las exportaciones europeas se materializaron en 1947 en el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), firmado por 23 países, que en 1995 dio origen a la Organización Mundial de Comercio.

Los alemanes lograron un acceso barato al gas firmando un contrato a largo plazo con la URSS en 1970. La asociación tuvo éxito y fue llamada el “acuerdo del siglo” debido a que fue el más importante en la historia de las relaciones económicas ruso-europeas. Con los años Europa se hizo más fuerte económicamente y, al mismo tiempo, el principal competidor de los estadounidenses en los mercados mundiales, algo que inicialmente no se esperaba y que se ha vuelto poco agradable a los ojos de los sucesivos gobiernos estadounidenses.

Ahora Estados Unidos ha decidido que es hora de que el Viejo Continente pague la factura de la abundancia que le proporcionó Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial y lo primero que hace es volar el gasoducto Nord Stream. Lo segundo es sustituir el gas ruso por el suyo propio y ponerle un precio exhorbitante. Lo tercero es cerrar el mercado a las exportaciones europeas a golpe de subidas de aranceles. Los tiempos del GATT se han acabado y con ellos, la OMC toca a su fin, es decir, todo el comercio internacional tal y como fue concebido en 1945.

Europa no está en condiciones de aumentar los gastos militares

El pretexto es la Guerra de Ucrania, aunque muchos años antes, en 2018, Trump ya había sugerido a los miembros de la OTAN que debían duplicar su gasto militar incrementándolo hasta el 4 por cien de su PIB. En un mitin público el 10 de febrero de este año, Trump envió un mensaje claro a Europa: “Si no pagan y Rusia los ataca, no los protegeré. De hecho, alentaría [el ataque]. ¡Tienen que pagar sus facturas!”

Pero Bruselas tiene su propios planes, que no consisten en entregarle el dinero a Estados Unidos sino construir su propia industria de guerra. En cualquier caso, el principal destinatario de las inversiones bélicas europeas no puede ser otro que Estados Unidos. Por ejemplo, entre los principales accionistas de uno de los mayores monopolios europeos de defensa, el alemán Rheinmetall, se encuentran toda una serie de gigantes americanos, como BlackRock, Fidelity Investments, Capital Group, Goldman Sachs, Bank of America…

En consecuencia, las economías europeas van a tratar de resolver los graves problemas de la economía estadounidense… si desean seguir estando protegidas militarmente o, mejor dicho, supervisadas por el cabecilla de la OTAN.

Sin embargo, ese no es el único ni el principal motivo de las exigencias de Trump.

¿Pretende Trump el colapso del sistema político y social de la Unión Europea?

El PIB de la primera potencia económica europea, Alemania, supera los cuatro billones de euros, con un gasto militar de 90.000 millones, lo que supone menos del 2,5 por cien del PIB.

La única potencia nuclear dentro de la Unión Europea, Francia, tiene un PIB de unos tres billones de euros, y el presupuesto de defensa va a pasar a más de 50.000 millones de euros el año que viene, una cifra inferior al 2 por cien del PIB.

El PIB de España es la mitad de Francia, 1,4 billones, con un gasto militar que no llega a 20.000 millones, lo que en términos porcentuales supone un 1,2 por cien. Desde hace diez años los sucesivos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, prometen que van a llegar al 2 por cien, pero están lejos de alcanzarlo, a pesar de que sistemáticamente siempre gastan mucho más de lo que prespuestan inicialmente.

Aparte de los países bálticos, Polonia y Grecia, que tradicionalmente tienen un gasto de defensa muy elevado, financiado principalmente con dinero europeo, los demás países europeos no pueden acercarse al 5 por cien del PIB sin drásticos recortes prepuestarios en sanidad, educación y servicios sociales. Lo que exige Trump supone el colapso del sistema político y social de la Unión Europea.

A mayor abundancia, si la Guerra de Ucrania acaba, los gobiernos europeos no van a poder justificar el aumento de los gastos militares, ni siquiera con una fuerte campaña de intoxicación acerca de la “amenaza rusa”. Estados Unidos lo sabe, por lo que pregunta sigue en pie: ¿cuál es el objetivo real de la exigencia del 5 por cien?

Europa nunca se sentará en una mesa internacional de negociaciones

Durante décadas a los europeos les han hecho creer que Europa seguía teniendo un cierto protagonismo en el mundo y que ese peso aumentaría a medida que la Unión Europea se fortaleciera. El objetivo de Trump es un golpe de realismo que acaba con esas ilusiones y muestra al Viejo Continente que su papel es subordinado. Ni siquiera va a poder hablar sobre el futuro de Ucrania, que es una cuestión de su máximo interés.

La exclusión de la Unión Europea es tanto política como económica y, desde luego, militar, o sea estratégica. Europa cree que tiene negociar “frente a” Rusia y China, cuando lo que debe hacer es sentarse a su lado frente a Estados Unidos. La única posibilidad del Viejo Continente es volver al gas ruso y cambiar el mercado estadounidense por el chino.

A partir del año que viene el programa de Estados Unidos cuenta con no humillar excesivamente a los europeos, para mantenerlos de su lado. La Unión Europea va a poder ejercer de seguidora y tendrá derecho a estar, pero con la boca cerrado, excepto para aprobar la política estadounidense. Es el estilo “cheerleader”, en el que los mequetrefes de Bruselas y demás capitales europeas han caído en su propio cebo: el de la intoxicación antirrusa, la amenaza militar, el peligro de guerra… En fin, nada que no conociéramos desde las campañas sobre el calentamiento del planeta o la pandemia.

Estados Unidos gana en cualquier caso. Es un negocio redondo. Mantiene sometidos a sus lacayos europeos y les hace pagar las facturas aumentando los aranceles y los gastos militares.

Trump va a disfrutar durante todo su mandato con los maquetrefes europes, que le han criticado burdamente hasta el último minuto. Es cierto que Trump es un bufón, pero sus colegas europeos no le van a la zaga. A nadie le debería extrañar que los “prorrusos” se estén poniendo de moda en Europa oriental.

El comisario europeo de “justicia”, el belga Didier Reynders, ha estado comprando billetes de lotería premiados durante diez años para blanquear dinero negro. No es la primera vez que surge un escándalo de este tipo, que oscurece el perfil impoluto de los comisarios europeos y remarca la responsabilidad de Ursula von der Leyen en el blanqueo de dinero de uno de sus colaboradores más cercanos.

Es un caso parecido al de Carlos Fabra, empresario y presidente de la Diputación de Castellón entre 1995 y 2011 y uno de los viejos cabecillas del Partido Popular. La lotería le tocó en siete ocasiones. Hace diez años le condenaron a cuatro años de cárcel por delitos fiscales y no tuvo empacho en burlarse de todos diciendo que vivía de su jubilación y de la ayuda que le prestaban sus hijos.

La mano derecha de Julián Muñoz en Marbella, Juan Antonio Roca, tuvo mucha más suerte aún: la lotería le tocó 80 veces. Amasó más de 2.400 millones de euros, la cuarta fortuna de España y la obtenida con más rapidez.

En Bruselas ocurre lo mismo. El blanqueo de dinero de la lotería es sólo la punta del iceberg de un político como Reynders, un pilar de la política belga desde hace décadas particularmente corrupto. Desde 2019 las investigaciones le vinculan con las redes de lavado de dinero negro a través de instituciones públicas, belgas y europeas. Algunas de ellas son muestras de la política imperialista de Bélgica en Congo y Libia, así como en los contratos internacional de venta de armas.

Espía y delincuente: una redundancia

El relato es digno de una película. En 2019 Nicolás Ullens, un agente del espionaje, acusó a Reynders de corrupción y lavado de dinero en relación con varios negocios, incluida la construcción de la embajada de Bélgica en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, y la venta de armas.

No hay nada mejor que ser un espía para ser impune y Ullens era ambas cosas al mismo tiempo. Gozaba de gran consideración entre la aristocracia. El año pasado mató a tiros a su suegra, la baronesa Myriam Lechien porque no le dejaba un legado sustancioso en la herencia. La víctima formaba parte de una de las familias más adineradas de Bélgica y, por supuesto, también era eso que llaman una “mecenas del arte” porque el arte es lo mismo que la lotería: una lavadora de dinero negro.

Reynders ha puesto en marcha todas sus artimañas y presiones políticas para absolver a Ullens, que deje de airear trapos sucios y se calle la boca.

Otro caso de corrupción estuvo vinculado a la destrucción de Libia y el asesinato de Gadafi en 2011, cuando Reynders era ministro de Asuntos Exteriores. El gobierno belga pagó cientos de millones de euros a destinatarios desconocidos. Hoy sabemos que Reynders se quedó con una parte de aquellas mordidas, según denunció Ullens, aunque la cantidad no está clara. El dinero procedía de cuentas embargadas pertenecientes a Gadafi.

Aquellos pagos procedentes de cuentas libias en Bruselas también se utilizaron para financiar las entregas de armas. Los medios informaron que la ONU colocó estos fondos libios en varios bancos, incluidos 14.000 millones de dólares en Bélgica, donde fueron embargados.

El atraco de los fondos libios es parecido al de los rusos. A pesar de la prohibición impuesta a los bancos de levantar el embargo de aquellos activos, Bélgica ordenó la transferencia de 1.400 millones de dólares, es decir, el 10 por cien de los intereses generados por la mitad de los fondos depositados en los bancos belgas. En otras palabras, el dinero libio fue saqueado y utilizado para comprar armas y otros fines privados inconfesables.

Alguien que está al frente de la “justicia” europea sabe que embargar fondos públicos es ilegal, al igual que utilizarlos para comprar armas en Libia.

Cocaína saudí en valija diplomática con destino a Francia

En 2012 Reynders realizó una visita privada a Arabia saudí, donde se reunió con el príncipe Najef Bin Fawaz Al Salan. Unos años antes, en 2007, un tribunal francés condenó al príncipe saudí a diez años de prisión por introducir dos toneladas de cocaína en Francia durante un viaje diplomático.

Las revelaciones sobre Reynders causaron conmoción en Bruselas, coincidiendo con el inicio del segundo mandato de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Von der Leyen habló de los tópicos favoritos de los hipócritas europeos: una de sus prioridades es fortalecer ese fantasma que llaman “Estado de Derecho”, de proteger los derechos fundamentales, garantizar la integridad presupuestaria de la Unión Europea…

Nadie mejor que un delincuente como Reynders al frente de la “justicia” europea y nadie mejor que la señora Pfizergate ejerciendo de valedora para echar el telón por encima del latrocinio de los presupuestos europeos.

En Bruselas los chorizos son como los demás. La única diferencia es que Reynders está muy bien inumnizado, como antiguo ministro del gobierno de su país y comisario europeo. En Bélgica el blanqueo de dinero se castiga con hasta cinco años de prisión. Por supuesto, Reynders hizo mucho más que lavar dinero. Robó los fondos de Gadafi, de Libia y, más recientemente, de Rusia.

Pero Von der Leyen y Reyners no son los únicos en Bruselas que se dedican al lavado de dinero y a modificar el escenario de sus delitos para asegurarse la impunidad. En 2015 el primer ministro griego, el olvidado Alexis Tsipras, y la canciller alemana, también olvidada Angela Merkel, se acusaron mutuamente con mensajes de texto comprometedores sobre el rescate a Grecia. El primer ministro holandés Mark Rutte (ahora jefe de la OTAN) guardó secreto con otros cabecillas europeos y envió un mensaje de texto al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ofreciéndole un compromiso que conviniera a todas las partes involucradas. En menos de una hora se llegó a un acuerdo y se salvó el euro. Según documentos confidenciales, el primer ministro griego fue chantajeado por Merkel, Rutte y la mayoría de los demás jerifaltes de la Unión Europea.

Por lo que pueda pasar: borrar los mensajes de texto de los móviles

En mayo de 2022 un periódico holandés informó que, lo mismo que los fiscales españoles, el primer ministro Rutte también tiene la costumbre de borrar periódicamente los mensajes de texto de su teléfono móvil. Sólo transmite a sus colegas algunos mensajes y guarda el resto como si fuera un “archivo en tiempo real”. Sin embargo, sería más exacto hablar de “eliminación en tiempo real”, de borrar las huellas del escenario de un crimen o las huellas dactilares de un arma.

En Países Bajos, al Primer Ministro le apodan “Pinocho” porque miente con frecuencia y continúa haciéndolo. Pero eso sólo se podria saber contrastando lo que habla ante los micrófonos con lo que guarda en la memoria de su móvil.

No hará falta recordar que el móvil que utiliza un cargo público no es personal sino público: pertenece a quien se lo paga.

Como jefa de la Unión Europea, Von der Leyen no ignora los delitos de Reynders. Juntos compran el silencio de los demás y se amenazan mutuamente para obtener fondos públicos o desviar el dinero de los presupuestos públicos con objetivos inconfesables. Volaron a Libia, al Congo y ahora le toca el turno a Rusia.

Además, a Reynders también le exigen que explique la desaparición de valiosas obras de arte africanas procedentes de Libia y del Congo que llegaron a su poder por vías también inconfesables.

El servicio de inteligencia exterior de Rusia asegura que Moldavia se está preparando para tomar el relevo a Ucrania, es decir, para iniciar otra guerra contra Rusia. Pero es absolutamente inverosímil: si Ucrania no pudo, ¿cómo va a poder un ejército aún más insignificante?

Es cierto que la Guerra de Ucrania no se puede acabar sin tener antes preparado un relevo. También es cierto que ste año el presupuesto militar moldavo aumentó en un récord del 68 por cien: es más de 1.500 millones de lei. Sin embargo, al cambio no llega a 100 millones de dólares.

Como tantos otros minifundios surgidos del derrumbamiento del bloque del este de Europa, Moldavia no tiene otro ejército que la OTAN. El plan de la presidenta moldava, Maia Sandu, es formar una coalición militar para apoderarse de la República Popular de Transnistria, según dicen los rusos.

Sandu ha pedido garantías de apoyo militar y político occidental, pero sabe que abrir un nuevo frente contra Rusia es una misión imposible. También ha llevado a cabo una serie de ejercicios militares en colaboración con la OTAN en la orilla derecha del río Dniéster, para que todos en Transnistria pudieran oir los disparos y se asustaran.

La “coalición militar” de la que habla Sandu no es otra que incorporar a Rumanía a la aventura, pero ahora mismo la situación en Bucarest, en medio de un pucherzo electoral, no lo permite. En los países de Europa oriental esos que califican como “prorrusos” son un problema. Están en todas partes y empiezan a ganar las elecciones, incluido en Rumanía y Moldavia.

Pero hay algo peor: la propia Moldavia, a pesar de su tamaño, es un mosaico político y nacional. No sólo nos referimos a Transnistria, sino también a Gagauzia, una región autónoma cuya presidenta, Evgenia Gutsul, no reconoce a Sandu por el pucherazo electoral que dio en las elecciones de octubre, donde fue derrotada por el candidato “prorruso”.

Sandu no admitió el resultado y dijo que había ganado ella para aferrarse al sillón presidencial. A su vez Gutsul no la reconoce a ella.

Lo mismo que Transnistria, también la región autónoma de Gagauzia está acusada de ser “prorrusa”. Su población es de origen turco y en tiempos de la URSS ya era una república autónoma con un territorio de 1.800 kilómetros cuadrados y una población de poco más de 130.000 habitantes que hablan turco pero son de religión cristiana.

Después de ganar las elecciones, el año pasado los “prorrusos” organizaron una visita de sus colegas turcos de la República de Tartaristán, pero a su Presidente, Rustam Minnijanov, no le permitieron bajar del avión para participar en un congreso de amistad entre los pueblos. Para el gobierno moldavo no se trataba de una fiesta entre los turcos sino de un desembarco de los rusos.

La desconfianza de Sandu y la reacción moldava es lógica. Lo mismo que Transnistria, en 1994 Gagauzia también quiso permanecer en una URSS que ya había desaparecido, por lo que negociaron su autonomía dentro de Moldavia.

La anterior presidenta autonómica, Irina Vlah, fue diputada del Parlamento de Moldavia y se declaró comunista. En 2015 fue elegida en primera vuelta con el 51 por cien de los votos y con un lema inequívoco: “Juntos por Rusia”. En 2019 obtuvo el 91 por cien de los votos para su segundo mandato.

En la Guerra de Ucrania, la población gagauza está del lado de Rusia. En 2014 organizaron un referéndum para decidir su futuro si Moldavia se incorporaba a Rumanía y confirmaron con un 95 por cien de votos que, en tal caso, se integrarán en la Unión Económica Euroasiática.

El año pasado estallaron manifestaciones contra el aumento de los precios y los dirigentes autonómicos preguntaron al Kremlin si podía suministrar gas a la población a precios asequibles.

Estados Unidos y la Unión Europea prestan ayuda a Ucrania a expensas de los activos embargados a Rusia. Hay planes de confiscación pero el depositario, que es Euroclear, un banco privado con sede en Bruselas, se opone a ello. No quiere responsabilizarse de las torpezas de los políticos de Bruselas.

Euroclear es uno de los mayores depositarios y un actor profesional en el mercado de valores. Las relaciones de depósito con depositarios de todo el mundo le permiten ocupar un lugar único en la infraestructura financiera internacional.

Más de 300.000 millones de euros en poder de Moscú fueron depositados en las cuentas de Euroclear. El año pasado ganó 4.400 millones invirtiendo el dinero ruso.

El Departamento de Finanzas de Estados Unidos asignó a Ucrania un préstamo de 20.000 millones de dólares como parte del préstamo general del G7 de 50.000 millones de dólares con cargo al dinero embargado a Rusia.

En Moscú lo llaman robo. El G7 “está robando el dinero de otros, preparando el terreno para apoderarse y gastar todas las reservas soberanas rusas en Occidente”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En Euroclear están preocupados, y no lo ocultan. El depositario no debería ser considerado responsable si la Unión Europea decide confiscar activos a favor de Ucrania, dijo la directora del sistema belga de liquidación y compensación, Valerie Urban, en una entrevista (*).

“No podemos estar en una situación en la que se confiscan activos y unos años después llega Rusia y llama a la puerta exigiendo que les devuelvan su dinero, que ya no existe”, explicó.

La posición es clara: el depositario garantiza la seguridad de los fondos confiados, y si no lo hace, tarde o temprano se enfrentará un proceso judicial. Por ello, subrayó Urban, es necesario un procedimiento de “transferencia de compromisos”.

Las reclamaciones deberían presentarse ante la Unión Europea y no ante el propio depositario, lo que minimiza la vulnerabilidad jurídica de Euroclear.

En el banco son conscientes de que las sanciones no son eternas y que algún día se levantarán. Entonces surgirá la cuestión de los responsables del robo de las reservas. Evidentemente, el depositario, que no actúa por voluntad propia sino bajo coacción, no va a reparar el daño causado a Rusia.

La empresa no sólo corre el riesgo de sufrir daños en su reputación, sino también daños financieros.

En su negocio Euroclear se guía por los reglamentos de la Unión Europea. Sin embargo, la pérdida de la reputación de una institución fiable conducirá a pérdidas significativas, y en los años venideros, y la Unión Europea, por supuesto, no compensará nada.

No puede sobrevivir a un golpe así. De acuerdo con las reglas de gestión de riesgos, el intermediario financiero, al presentar una reclamación, está obligado a formar reservas en caso de pérdida, lo que reducirá automáticamente el capital. Teniendo en cuenta el tamaño de los activos, el importe de las demandas superará el tamaño del capital de la empresa, y eso ya es una quiebra.

En Estados Unidos, cuando los periodistas preguntan, ni saben ni contestan. Se lavan las manos porque Estados Unidos no es formalmente responsable de la situación. “Sólo puedo decir una vez más sobre el proyecto ERA [el préstamo a Ucrania por los países del G7 con reembolso de los ingresos de los activos robados a Rusia] que es un precedente histórico único”, dijo el subsecretario de Estado para Gestión y Recursos, Richard Verma.

El intento de transferir los activos soberanos de Rusia a Ucrania está plagado de consecuencias impredecibles. Zelensky acaba de exigir que la Unión Europea le entregue los 300.000 millones congelados, lo cual significa robo, guerra con Rusia y represalias aterradoras.

Los riesgos económicos y legales para la Unión Europea son mucho mayores: la mayoría de los activos congelados están en cuentas europeas. La confiscación socava la confianza de los inversores internacionales en el sistema jurídico europeo y en el euro como moneda de reserva.

China y otros países comenzarán a retirar activos de la Unión Europea, lo que representa una amenaza para la estabilidad económica, ha advirtido el Banco Central Europeo.

La Unión Europea se encuentra en una situación muy difícil. La presión de Estados Unidos se está intensificando y las exigencias de Rusia siempre serán satisfechas. Bruselas tendrá que responder mientras Washington, como siempre, minimiza sus propios riesgos.

(*) https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-10/euroclear-warns-of-liability-risk-in-confiscating-russian-assets

La Fiscalía sigue obstaculizando la investigación del caso Pfizergate. La vista que tuvo lugar el viernes de la semana pasada en el tribunal de Lieja lo volvió a demostrar. Los fiscales han cambiado de bando y se han convertido en los mejores defensores.

Para negociar el contrato de compra de vacunas contra el “covid”, por un precio superior a 35.000 millones de euros, Ursula von der Leyen y el director general de Pfizer, Albert Bourla, intercambiaron una serie de mensajes de texto.

En abril del año pasado Frédéric Baldan acudió al tribunal de Lieja para presentar una querella criminal por “usurpación de funciones y títulos”, “destrucción de documentos públicos”, “apropiación ilegal de intereses y corrupción”. Pero, desde finales de junio del año pasado, contra todo pronóstico, la Fiscalía europea (EPPO) intenta hacerse cargo del caso, aunque a priori no tiene competencia, con el objetivo evidente de enterrar el sumario.

Prueba de ello es que el viernes, cuando se iba a celebrar una audiencia a puerta cerrada ante la sala del consejo del tribunal de Lieja, la sesión se aplazó indefinidamente por una maniobra sorpresiva por parte de la Fiscalía.

Una primera audiencia tuvo lugar el 17 de mayo, aunque no se refería al fondo del caso, sino a los términos del procedimiento. Se plantearon tres preguntas: ¿es la Fiscalía Europea competente para investigar el caso? ¿Está la presidenta de la Comisión Europea protegida por su inmunidad? ¿Cuál es el interés de los demandantes en actuar?

Baldan ya no es el único que está presente en la querella. Con el tiempo se le han unido otros 500 querellantes, incluidos dos Estados miembros de la Unión Europea (Polonia y Hungría), asociaciones, partidos políticos, dos grupos de tripulaciones de vuelo francesas y holandesas y personas de todos los países y profesiones.

La audiencia del 6 de diciembre tenía por objeto aclarar estas tres cuestiones. Pero, en el último momento, es decir durante la audiencia, la Fiscalía europea, mediante acrobacias procesales, vino a explicar que el acto no se podía celebrar y que debía posponerse hasta el 6 de enero.

La Fiscalía empezó a programar recursos para varios meses y aún no lo había hecho, pero declaró en la audiencia que estaban programados para el 6 de enero del año que viene.

El aplazamiento fue aceptado, pero al final, las cuestiones de forma (interés en actuar, inmunidad y jurisdicción) se tratarán ante la sala de acusación del Tribunal de Apelación de Lieja el 6 de enero, mientras que la audiencia ante la sala del consejo se pospondrá hasta una fecha indeterminada.

Alrededor de 200 de los 500 denunciantes estuvieron presentes en la audiencia del viernes y la sala estaba llena, aunque era la más espaciosa. Sin embargo, el presidente de la cámara autorizó la constitución de nuevos partidos querellantes. Como consecuecia de ello, ahora hay mil querellantes. Como todo el mundo tiene derecho a asistir al juicio, puede haber un grave problema de espacio.

Estarán todos, excepto Ursula von der Leyen y Albert Bourla. Tampoco estuvo el juez de instrucción Frederic Frenay, algo nunca visto hasta ahora. Debía presentar un informe, pero dijo que la Fiscalía Europea le había obstaculizado la continuación de la investigación a partir del 19 de julio, fecha en la que Ursula von der Leyen fue reelegida presidenta de la Comisión Europea.

La jefa de la Fiscalía Europea, la rumana Laura Kovesi, no piensa en otra cosa que en proteger a Von der Leyen. Según Baldan, la reelección de Von der Leyen sólo fue posible por la protección de la Fiscalía Europea, que nunca notificó oficialmente a la Comisión Europea que estaba investigando a su Presidenta.

Pero se logró una pequeña conquista: los 200 qurellantes finalmente pudieron acceder al sumario de la investigación, algo que ni siquiera los eurodiputados habían logrado. El sumario demuestra que las autoridades europeas actuaban en connivencia con Pfizer y engañaron a la población. Le presentaron un producto diciendo que era seguro, eficaz y que le permitiría proteger a otros consumiéndolo, pero era un engaño y las autoridades de Bruselas lo sabían desde el principio, especialmente Von der Leyen.

Los imperialistas han arrojado la toalla en Ucrania, donde el ejército ruso ha demostrado una amplia superioridad sobre la OTAN. Ahora se trata de saber si Rusia es capaz de apretar igual en los demás frentes que tiene abiertos, empezando por el Sahel, siguiendo por Siria y acabando en Georgia.

¿Será capaz Rusia de sostenerse en todos esos frentes?

El Cáucaso es la segunda frontera donde Rusia no puede hacer concesiones. Los imperialistas han fracasado por la buenas, las elecciones, y lo están intentando por las malas, la desestabilización en la calle. La Unión Europea se ha pasado abiertamente al golpismo, financiando manifestaciones violentas, que han acabado en una grave crisis social.

Occidente tiene la intención de derrocar al gobierno legítimo del país y establecer a la OTAN en el Cáucaso, como ocurrió en 2014 en Ucrania. Tbilisi parece cada vez más el escenario de una guerra civil. Los manifestantes atacan a la policía e intentan destruir los edificios públicos para protestar contra las políticas del partido “Sueño Georgiano”, que ganó las elecciones parlamentarias e implementó una serie de reformas políticas.

A “Sueño Georgiano” le acusan de ser “prorruso” porque no entra en los cánones que quiere imponer la Unión Europea. Especialmente el nuevo gobierno ha impuesto restricciones a las ONG extranjeras, ha congelado las negociaciones de adhesión a la Unión Europea hasta 2028 y no se ha sumado a las sanciones contra Rusia

El año pasado titulamos una entrada “La OTAN reserva a Ucrania el mismo destino que a Georgia” y ahora hay que darle la vuelta a aquello, con la misma conclusión porque ambos países comparten frontera con Rusia y son una plataforma ideal para la OTAN y la Unión Europea, que han elegido la vía golpista para salirse con la suya.

Georgia les interesa porque, además de su carácter fronterizo, ha estado en guerra con Rusia en el pasado. En noviembre de 2003 el país vivió una de las primeras “revoluciones de colores”, la de las rosas. Tras el golpe, llegó al gobierno Mijail Saakashvili, que en 2008 entró en guerra con Rusia en Osetia del Sur, que fue ocupada por el ejército ruso, lo mismo que Abjasia, dos regiones que quieren independizarse de Georgia. Luego a Saakashvili le nombraron gobernador de Odesa, es decir, que pasó de ocupar un cargo público en Georgia a otro en Ucrania.

El año pasado la OTAN presionó a Tbilisi para que volviera a la guerra en Abjasia y Osetia del Sur para “reconquistarlas”, lo que abriría otro frente para Rusia que aliviaría la guerra en Ucrania.

A pesar de las presiones occidentales, el verano del año pasado el Parlamento georgiano evitó involucrarse en una aventura militar que debía coincidir con la contraofensiva ucraniana. Los grupos de presión imperialistas que apoyan a la oposición política georgiana no se lo han perdonado.

La importancia estratégica de Georgia se ha fortalecido después de que Occidente haya triunfado en Armenia. Era la otra baza que debían jugar en el Cáucaso.

Ahora las calles se han llenado de manifestantes que trabajan para servicios de inteligencia occidentales. Las banderas y los símbolos de Ucrania y la OTAN son corrientes en las movilizaciones, lo mismo que los cantos de himnos nazis y canciones ucranianas.

La cabecilla principal de los golpistas es la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, antigua embajadora de Francia en Tbilisi, que obtuvo la nacionalidad georgiana en 2003, después de la Revolución de las Rosas. Ahora Zurabishvili, lo mismo que la oposición venezolana, se niega a reconocer los resultados de las elecciones, que fueron un jarro de fría para Bruselas.

“Sueño Georgiano” obtuvo más de la mitad de los sufragios. El movimiento fue fundado en 2012 por Bidzina Ivanishvili y es partidario de la adhesión de su país a la Unión Europea.

Sin embargo, la oposición la acusa de sabotear la incorporación y de hacerle el juego a Moscú. En particular, desde la adopción en mayo pasado de una ley que exige que las ONG y los medios de comunicación que reciban más del 14 por cien de sus fondos de “benefactores exteriores” se declaren como lo que son: agentes extranjeros. La Unión Europea subsidia a varios de estos Caballos de Troya para promover los “valores europeos”.

Las represalias de Bruselas no tardaron en llegar: el pasado mes de junio el Consejo Europeo suspendió el estatus de país candidato, otorgado seis meses antes a Georgia.

El Parlamento Europeo quiere acabar con uno de los grandes tabúes de China: el principio de que sólo hay un país. Los últimos aranceles no le parecen suficientes a Bruselas, las visitas de los eurodiputados a Taiwán tampoco y ha dado un paso más hacia el abismo.

Hace un mes aprobó por amplia mayoría (432 votos a favor, 60 en contra y 71 abstenciones) una resolución que replantea la incorporación de la República Popular a la ONU, excluyendo de la misma a Taiwán. Es la Resolución 2758 de 25 de octubre de 1971, a la que quiere dar una interpretación jurídica típica de picapleitos: como el texto de la Resolución no menciona a Taiwán, ambos países pueden coexistir en los organismos internacionales (*).

Bajo el nombre de “República de China”, Taiwán ocupó hasta 1971 su plaza en la ONU, incluido el Consejo de Seguridad. Para indicar el final de aquella “República de China”, la Resolución 2758 de la ONU sólo mencionaba a los “representantes de Chiang Kai-shek”, el dirigente de Taipei en aquel momento. Como consecuencia de ello, desde entonces Taiwán ya no tiene derecho de representación en la ONU y sus organismos.

El Parlamento Europeo ahora quiere explotar el hecho de que la Resolución 2758 no utiliza la palabra “Taiwán“ para afirmar que la Asamblea General de la ONU no ha hecho ninguna declaración sobre el estatuto de la isla dentro de la ONU.

Se trata de eternizar la existencia de “dos Chinas”, algo que Pekín ha declarado de todas las formas posibles que no va a admitir nunca. Por decirlo de una manera clara: es una declaración de guerra de la Unión Europea contra China. Como en el caso de Rusia, nadie debería lamentar luego las represalias que adopte el gobierno de Pekín.

El replanteamiento europeo es obra de los miembros de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), un grupo de presión presente en tres docenas de estados que no oculta su posición antichina. Ya ha promovido resoluciones similares en otras cámaras legislativas.

El Parlamento Europeo dice sobre Taiwán lo que nunca se atrevería a decir sobre Catalunya: que Taiwán es un socio clave con el que se debería cooperar más estrechamente en el futuro, manteniendo intercambios más intensos, en particular a nivel político. La colaboración debe alcanzar a la ciencia, la educación, la cultura y el deporte, a través de nuevas asociaciones entre ciudades y regiones, acompañada de una “cooperación técnica estructural” con los bomberos y la policía taiwaneses.

Además, la Comisión Europea debería iniciar inmediatamente negociaciones sobre un acuerdo bilateral de inversiones. Pero, sobre todo, se trata de comprometerse a la admisión de Taiwán en los organismos especializados de la ONU como la OMS, el IPCC o en asociaciones intergubernamentales, como Interpol.

Naturalmente los parlamentarios europeos son fieles caniches de Estados Unidos. El año pasado la Cámara de Representantes ya lanzó un ataque contra la Resolución 2758 y luego adoptó una ley de “solidaridad internacional con Taiwán” que, al igual que la resolución del Parlamento Europeo, afirmaba que la resolución 2758 no hacía ninguna referencia a la representación de Taiwán ante la ONU y sus organismos.

Es un movimiento coordinado contra China. El Senado australiano aprobó una resolución idéntica el 21 de agosto y la Cámara Alta siguió los pasos el 12 de septiembre.

La IPAC se fundó en junio de 2020 por iniciativa, entre otros, del político verde alemán Reinhard Bütikofer. Reúne a 250 diputados de unos cuarenta parlamentos que se confabulan periódicamente para ejecutar nuevas agresiones contra China. Eso permite aprobar simultáneamente resoluciones contra Pekín en varios parlamentos y dar así la impresión de que existe un amplio descontento internacional con la República Popular.

En una reunión en Taipei a finales de julio, IPAC adoptó un modelo para reinterpretar la Resolución 2758 de la ONU afirmando que no se opone a la incorporación de Taiwán a las organizaciones internacionales.

(*) https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9737