Mañana se cumple un año del levantamiento popular en Chile, la mayor movilización desde la dictadura de Pinochet (1973-1990). Ayer, como todos los viernes, siguieron las protestas con enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros. La “zona cero” se llenó de barricadas. En Peñalolén la policía detuvo a 10 personas que atacaron la comisaría.
Un año después, Chile hace un recuento dramático de sus 30 muertos y miles de heridos. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 460 personas resultaron con traumas oculares, de las que dos quedaron totalmente ciegas. No es nada diferente de una guerra que la pandemia no ha logrado silenciar. Hay más de 4.600 causas abiertas contra la policía, pero sólo 66 carabineros han sido imputados.
Tras cinco meses en el hospital, Paola Martínez se llevó a su sobrino, Mario Acuña, a su casa malherido. Llegó con una traqueostomía y una gastrostomía. “Cuando le vi abrir su ojito por primera vez lloré de alegría, yo siempre tengo fe de que el Mario va a salir adelante, a veces imagino que me llama”, cuenta con un hilo de voz.
Acuña, de 44 años, recibió una brutal paliza el 23 de octubre, cuando asistía a una manifestación en Buin, a las afueras de Santiago.
Su tía recuerda que eran un puñado de vecinos, incluidos niños, los que salieron a la calle a poner velas por las víctimas, pero apareció una patrulla policial y “se enzarzó” con él. Estuvo en coma algo más de un mes. Hoy apenas es capaz de seguir la mirada con los ojos y hacer un poco fuerza con las manos.
No saben el daño exacto que tiene porque nunca llegaron a hacerle una resonancia. Proveniente de una familia muy humilde y sin padres, Acuña era un trabajador informal, que no cotizaba y que, por tanto, no tiene derecho a sanidad pública.
“El gobierno no se ha hecho cargo y el hospital, menos. Me enseñaron a aspirarlo, pero no a limpiarle la traqueo ni la gastro. Fui aprendiendo con las pocas enfermeras que venían al principio”, denuncia.
Sobreviven gracias a la ayuda vecinal y a los fondos que varias organizaciones sociales consiguen recaudar. Todo es donado, desde la cama clínica hasta las sondas por donde le alimentan.
Su caso está bajo investigación, pero hay muy pocos avances a un año de la fatal paliza: “Ya no quiero su ayuda, sólo pido justicia”, clama.
Otro caso es el de Álex Núñez, un electricista de 39 años que no sobrevivió a la paliza que recibió el 20 de octubre en Maipú, otra localidad de la periferia de Santiago de Chile.
Núñez ni siquiera estaba manifestándose. Fue a entregar un equipo en pleno toque de queda cuando le sorprendió un control policial. Antes de perder la consciencia “me dijo que le golpearon como si su cabeza fuera una pelota de fútbol”, indica Natalia Pérez, su expareja y madre de sus tres hijos.
“Hay que encontrarlos y sacarlos de la calle porque esos asesinos siguen trabajando. Sus compañeros que saben lo que pasó son igual de culpables. Si quieren limpiar la institución, deben hablar”, agrega.
El joven es una de las cinco víctimas en las que el Estado chileno reconoció su responsabilidad y se presentó como querellante, pero su causa tampoco progresa.
A Pérez, que no ha recibido “ni las condolencias” por parte del gobierno, le gustaría salir a manifestarse este fin de semana, cuando se cumple un año del estallido social y se espera una multitudinaria concentración, pero cree que lo mejor para sus hijos es irse al campo y desconectar: “Estos tipos no se han dado cuenta del dolor que han provocado”.
Brandon Camus, de 23 años, a veces se siente culpable porque está vivo, conserva el globo ocular y “sólo” ha perdido la vista de su ojo derecho, pero no puede controlar la “rabia” que siente contra los Carabineros. La pintura es lo único que le calma.
Un policía le disparó un balín el 14 de noviembre cuando volvía a casa tras marchar por Valparaíso, a 100 kilómetros de Santiago, y aún se le eriza la piel cuando recuerda el momento en que llegó al hospital. “Era como un recinto de guerra, estaban todos sangrando, con un montón de heridas y perdigones”, apunta el universitario, delante de su mesa de trabajo, llena de rostros heridos y dolientes.
Las imágenes de jóvenes con los ojos ensangrentados tras recibir perdigones y bombas lacrimógenas en la cara dieron la vuelta al mundo y obligaron al gobierno chileno a lanzar un programa de reparación de traumas oculares y a limitar el uso de estas municiones antidisturbios.
Camus, que está a la espera de una nueva operación, no forma parte del programa porque no vive en Santiago y tiene que costearse el tratamiento por su cuenta. “A los manifestantes nos ven como enemigos, como amenazas. Con la revuelta popular quedó en evidencia que Carabineros no funciona, deberían disolverse y crear una nueva institución con otras lógicas”, indica.
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