El gobierno irlandés prepara un proyecto de ley contra los “discursos de odio” cuyo objetivo real es controlar los mensajes que circulan por las redes sociales.
En 1989 ya se aprobó una ley, que está vigente, sobre el mismo asunto, pero la represión nunca tiene suficiente. Sólo protegía a las minorías étnicas, a los miembros de la población LGTB y a los emigrantes.
Ahora quieren proteger también a los transexuales y los discapacitados (1), es decir, ampliar el radio de acción de la censura sobre internet.
La ministra de Justicia McEntee ha expresado su determinación de criminalizar a todo aquel que “intente dividir nuestras comunidades y propagar el odio”, el nuevo cajón de sastre capaz de justificar cualquier medida.
Irlanda se suma a otros países, como Noruega, que el mes pasado prohibió el “discurso del odio” contra bisexuales y transexuales, introduciendo el concepto en el Código Penal, es decir, criminalizando opiniones con castigos que pueden alcanzar hasta los tres años de cárcel (2).
En Escocia unas declaraciones del ministro de Justicia, Humza Yousaf, ya suscitaron críticas hace unos días cuando dijo que ciertas opiniones contra las personas transgénero podían resultar “ofensivas”, pero no eran delito, salvo que tuvieran como fin “atizar el odio”.
En España estamos mucho más adelantados y Lidia Falcón se sentará en el banquillo por expresar su opinión contra el movimiento “queer”. La furia inquisidora no sólo procede de las fiscalías “ad hoc” que se han creado, sino también de ciertos movimientos sociales que propician la represión política, como la Federación Plataforma Trans.
(1) https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/sharing-hate-speech-on-social-media-to-become-criminal-offence-under-new-plan-1.4438898
(2) https://www.reuters.com/article/us-norway-lgbt-lawmaking-trfn-idUSKBN27Q37L
