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La guerra en la sombra de Emiratos Árabes Unidos contra Sudán

Una de las guerras más brutales se desarrolla en Sudán, en medio del olvido mediático. Es consecuencia de la injerencia de Emiratos Árabes Unidos en la destrucción del país africano, iniciada años atrás, cuando en 2019 fue derrocado Omar Al Bashir, tras meses de protestas orquestadas desde el exterior.

El enfrentamiento entre el ejército, encabezado por el general Abdel Fattah Al Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un poderoso grupo paramilitar comandado por el general Mohamed Hamdan Dagalo, alias “Hemedti”, han sumido al país en el caos. Pero tras la fachada de un enfrentamiento civil, se libra una guerra a través de intermediarios, donde Emiratos Árabes Unidos actúa como la mano oculta que fortalece a uno de los bandos.

Emiratos Árabes Unidos está proporcionando un apoyo militar crucial a las RSF de Hemedti. Las remesas dee armas llegan a través de sofisticadas rutas encubiertas. La principal vía de suministro identificada es Chad, país vecino de Sudán. Desde allí, utilizando aviones de carga, Emiratos Árabes Unidos ha estado enviando armas, drones y otro material bélico a las fuerzas paramilitares.

El apoyo no es casual. Hemedti no es solo un señor de la guerra; es un capitalista con importantes intereses en las minas de oro de Sudán. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos es un centro neurálgico para el tráfico del oro sudanés, gran parte del cual se extrae y comercializa de manera irregular. Al respaldar a Hemedti, Emiratos no solo busca ampliar su influencia política en el Cuerno de África, sino también proteger un flujo de recursos vital para su economía y su posición como centro de comercio de metales preciosos del mundo.

La estrategia emiratí va más allá del apoyo logístico. Los sátrapas financian una sofisticada campaña de intoxicación desde Abu Dabi. Han creado grupos de presión, empresas de relaciones públicas y granjas de bots para lavar la imagen de Hemedti, presentándolo no como el cabecilla de una milicia acusada de numerosos crímenes de guerra, sino como un actor político legítimo y necesario para la estabilidad de la región.

Paralelaente las campañas desacreditan al ejército sudanés y a sus aliados, creando un ecosistema de información que justifica y enmascara la intervención externa. Esta guerra narrativa es tan importante como la que se libra en el terreno, ya que dificulta las presiones internacionales contra el bando respaldado por Emiratos o, en el mejor de los casos crea ese pantano característico de “ni unos ni otros”.

La guerra ha devastado el país y lo ha vuelto a fragmentar. Las RSF controlan vastas regiones, incluida la capital, Jartum. La ONU ha alertado sobre la hambruna que afecta a millones de personas, en lo que es ya la mayor crisis de desplazamiento interno del mundo.

Lejos de la imagen de mediador neutral que quiere proyectar, Emiratos Árabes Unidos aviva las llamas de la guerra, en Sudán lo mismo que en Libia.

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Las empresas europeas devastan las aguas africanas para alimentar la producción de salmones

Las empresas europeas —y otras— están saqueando los recursos pesqueros de África Occidental, especialmente en Senegal y Mauritania, para abastecer la industria del salmón de acuicultura en Europa, principalmente en Noruega. El expolio está provocando graves consecuencias sociales, económicas y ambientales en la región: escasez de alimento, aumento de los precios del pescado, pérdida de empleos en la pesca artesanal y emigración forzada.

Pescadores senegaleses como Momar Cissé o Bassir Dia relatan que sus redes regresan vacías, algo impensable hace una década. La causa principal es la sobrepesca industrial por parte de flotas extranjeras que operan bajo acuerdos bilaterales con gobiernos locales, como el convenio renovado en 2019 entre la Unión Europea y Senegal, que carecía de límites claros sobre las capturas. Aunque este acuerdo expiró en noviembre del año pasado y no fue renovado por el nuevo gobierno senegalés, la presión pesquera continúa en otros países como Mauritania, Guinea-Bissau, Angola y Namibia.

Cada año, unas 500 000 toneladas de peces pequeños —sardinas, sardinelas, anchoas y otros pelágicos— son extraídas de las costas africanas y transformadas en harina y aceite de pescado, destinados en gran parte a alimentar el salmón noruego. Solo en Mauritania, en 2020 se exportaron 127.000 toneladas de harina de pescado, equivalentes a más de 600.000 toneladas de pescado fresco. Esta pesca es la principal fuente de proteína para millones de africanos, pero su desvío hacia la acuicultura europea ha disparado los precios locales. En Mauritania, el kilo de sardinela ha pasado de 0,25 a 1,5 euros en pocos años.

La industria del salmón, dominada por cuatro gigantes noruegos (MOWI, Salmar, Lerøy y Cermaq), genera más de 11.000 millones de dólares anuales y representa el 71 por cien de las exportaciones pesqueras de Noruega. Sin embargo, su expansión —con planes de triplicar la producción para 2050— depende directamente del saqueo de los océanos africanos. Según la ONG Feedback Global, los criaderos de salmón consumen cerca de 2 millones de toneladas anuales de aceite de pescado, un cuarto de las cuales procede de África Occidental, cantidad suficiente para alimentar a 33 millones de personas.

Además de la explotación legal, existe una pesca ilegal masiva. Muchos barcos europeos navegan bajo banderas africanas para evadir controles, desactivan sus sistemas de localización satelital y pescan en caladeros reservados a la pesca artesanal. También usan redes prohibidas que capturan especies en crecimiento, dañando los ecosistemas marinos. En Senegal, más del 80 por cien del pescado consumido procede de la pesca artesanal, pero esta actividad se ve amenazada por la destrucción de sus medios de vida por los barcos europeos.

Las consecuencias humanas son dramáticas: poblaciones enteras no tienen para comer, mujeres procesadoras de pescado pierden acceso a la materia prima y muchos pescadores arriesgan sus vidas cruzando el Atlántico hacia las islas Canarias en busca de un destino incierto.

Han estallado protestas en varios países africanos: en Gambia, una fábrica de harina de pescado fue atacada en 2021; en Senegal, pescadores han demandado a empresas extranjeras.

Ante este expolio, el nuevo presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, ha prometido revisar todos los acuerdos pesqueros, ampliar la zona exclusiva para pescadores artesanales a 20 kilómetros de la costa y destinar los ingresos del petróleo y gas al fortalecimiento del sector pesquero local.

Mientras la Unión Europea Europa y Noruega proclaman solemnemente políticas de sostenibilidad y seguridad alimentaria, sus prácticas comerciales aumentan el hambre y la pobreza en el Continente Negro. Las nuevas tecnologías de vigilancia marítima y cooperación pesquera podrían ayudar a los países africanos a proteger sus medios de subsistencia.

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El ejército sudanés aniquila a mercenarios ucranianos y colombianos

El ejército sudanés ha aniquilado en la ciudad sudanesa de El Fasher a mercenarios ucranianos y colombianos que combatían junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), según anunció la 6 División de Infantería del ejército.

“Las tropas […] causaron numerosas bajas tras una emboscada cuidadosamente planificada, durante la cual murieron un gran número de extranjeros de Colombia y Ucrania. Habían entrado en ciertas zonas de la ciudad y atacado edificios fuertemente armados. Algunos de ellos eran ingenieros especializados en movimiento y sistemas, mientras que enviaron francotiradores a posicionarse dentro de la ciudad”, señala el comunicado.

Según la División de Infantería del ejército, los rebeldes no pudieron recuperar los cuerpos de los mercenarios.

El periódico colombiano La Silla Vacía publicó previamente una investigación sobre la presencia de mercenarios colombianos en Sudán. Entre los documentos proporcionados al periódico por un antiguo mercenario se encontraba un vídeo grabado en el aeropuerto de Nyala, que mostraba a soldados colombianos desembarcando de un avión.

Tras esta publicación, el primer ministro sudanés instó al pueblo de Colombia y a otros países hispanohablantes a cesar el reclutamiento y el envío de mercenarios para participar en la guerra civil.

A principios del pasado mes de septiembre, el gobierno sudanés presentó formalmente una denuncia ante la ONU, acusando a Emiratos Árabes Unidos de reclutar y financiar a los mercenarios.

A finales de septiembre de este año, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Dmitry Lyublinsky, declaró que Kiev estaba reclutando yihadistas en África y apoyando a organizaciones terroristas en el Sahel.

Ese mismo mes, Mohamed Elmaouloud Ramadane, representante del grupo tuareg Frente de Liberación de Azawad (FLA) que combate en Mali, confirmó que la organización mantenía “buenas relaciones” con Ucrania, Francia y Estados Unidos.

En agosto del año pasado, Mali y Níger rompieron relaciones diplomáticas con el gobierno ucraniano debido a su apoyo a grupos los grupos terroristas que operan en el Sahel. Burkina Faso apoyó la decisión.

La guerra civil entre el ejército sudanés y los rebeldes de las Fuerzas de Liberación Popular (FAR) se inició en abril de 2023.

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La Alianza de Estados del Sahel refuerza su integración política y económica

Los Estados miembros de la Alianza de Estados del Sahel (AES) han dado un nuevo paso al lanzar un pasaporte biométrico común y prepararse para la implementación de un documento de identidad unificado. El documento de viaje está oficialmente en circulación desde el 29 de enero de este año, mientras que el documento de identidad aún se encuentra en fase regulatoria. Estas iniciativas buscan fortalecer la movilidad ciudadana y consolidar la soberanía regional. Uno de los principales desafíos sigue siendo el reconocimiento internacional de estos documentos, condición esencial para facilitar los viajes.

Diseñado según criterios internacionales, el pasaporte biométrico contiene un chip electrónico. No obstante, los pasaportes antiguos mantienen su validez hasta su vencimiento, lo que permite una transición gradual.

Los titulares del nuevo documento ya han podido viajar, aunque se registraron algunos cuellos de botella durante los primeros meses de uso en algunas oficinas de asuntos exteriores. Desde abril, Francia ha reconocido oficialmente el pasaporte, lo que facilita el acceso a los visados ​​Schengen. Se espera que otros países sigan el ejemplo, aunque el proceso para su plena aceptación sigue siendo desigual.

El documento tiene 34 páginas y una validez de cinco años. Para fortalecer la confianza de los usuarios y países extranjeros, la AES ha enviado ejemplares a las misiones diplomáticas. Es un paso esencial para garantizar un reconocimiento uniforme.

El pasaporte biométrico también se está convirtiendo en una herramienta política, encarnando el deseo de los tres estados de consolidar una identidad compartida. Las instituciones regionales esperan que estas innovaciones sirvan, en última instancia, de referencia para otros países africanos, una dirección ya mencionada en varios discursos oficiales.

Además del pasaporte, la AES está preparando una tarjeta de identidad biométrica común. Se ha revisado un proyecto de decreto para establecer las normas técnicas y las condiciones para su emisión. El objetivo es proporcionar a los ciudadanos de los tres países un documento único, reconocido en los tres países.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de modernización administrativa y seguridad de la identidad. Las especificaciones técnicas se armonizaron durante una reunión celebrada en Bamako en noviembre del año pasado. Su implementación efectiva depende ahora de la adopción de los textos finales y del despliegue de los equipos de registro.

La AES fue creada en septiembre de 2023 por Mali, Burkina Faso y Níger, tras su retirada de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao). Los tres países han firmado un tratado que establece una alianza de defensa y cooperación. El objetivo es doble: reforzar la seguridad frente a los grupos terroristas que operan en el Sahel y consolidar una mayor autonomía política y económica.

Más allá del aspecto militar, la integración se ha ampliado gradualmente para incluir las áreas económicas y sociales, con la perspectiva de una moneda común y documentos de identidad unificados. Esta dirección refleja la voluntad de reforzar su soberanía frente a la antigua dependencia de Francia.

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Maniobra conjunta de Francia y Marruecos para enterrar el referéndum en el Sáhara Occidental

Francia y Marruecos trabajan estrechamente para promover una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para modificar el mandato de la Minurso. Esta coordinación, descrita como “de perfil bajo”, es un paso más en la estrategia marroquí para legitimar su ocupación ilegal y enterrar definitivamente el referéndum de autodeterminación prometido por la ONU al pueblo saharaui.

La coordinación entre París y Rabat se intensifica de cara a la reunión de octubre del Consejo de Seguridad, donde se decidirá la renovación de la Minurso. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean Noel Barrot, mantiene un contacto regular con su homólogo marroquí, Nasser Burita, y prepara un encuentro con Staffan de Mistura, el enviado especial de la ONU para el Sáhara. Esta conexión diplomática responde a la obstinación de Francia por apoyar el plan de autonomía marroquí en detrimento del derecho a la autodeterminación.

Estados Unidos sigue desempeñando un papel clave. El 5 de septiembre el asesor para África de Trump, Massad Boulos, reafirmó que, para Washington, la autonomía bajo soberanía marroquí es la única solución posible para el Sáhara Occidental. Francia, por su parte, se ocupa del aspecto “técnico”, elaborado durante la visita de Macron a Marruecos el año pasado. Se trata de una operación conjunta destinada a maquillar lo que sigue siendo una flagrante violación del derecho a la autodeterminación reconocido por la ONU y el Tribunal Internacional de Justicia.

Francia presiona a Marruecos para que realice algunos gestos cosméticos, como la liberación de algunos militantes saharauis encarcelados. La maniobra busca suavizar la imagen internacional de Marruecos y ofrecer contrapartidas simbólicas que faciliten la adopción de una resolución favorable en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, mientras se habla de liberar a los presos políticos, cientos de saharauis siguen encarcelados, torturados o condenados a duras penas en juicios farsa, como los de Gdeim Izik.

Pero la diplomacia francesa no está en condiciones de convencer a Argelia de modificar su posición, ya que las relaciones entre París y Argel están bajo mínimos. Por eso Francia ha delegado en Estados Unidos la tarea de presionar a Argel. Esta constatación demuestra una vez más que las potencias extranjeras actúan como árbitros de un proceso de recolonización que no les pertenece, buscando imponer soluciones contrarias al derecho de los pueblos a la autodeterminación.

El plan de París y Rabat consiste en reemplazar el referéndum por un modelo de autonomía bajo ocupación militar, transformar el mandato de la Minurso en un instrumento para blanquear la soberanía marroquí y relegar al pueblo saharaui al estatuto de “minoría local”.

Frente a ello, el Sáhara Occidental sigue siendo, según la ONU, un territorio no autónomo pendiente de descolonización, y la única vía legítima es el referéndum de autodeterminación.

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Los países del Sahel se niegan a solucionar los problemas de suministro de gas a Europa

Uno de los planes europeos para deshacerse definitivamente del gas ruso era la construcción del gasoducto transahariano, que debía atravesar el territorio de tres países (Argelia, Nigeria y Níger) hacia el norte, hasta llegar al Mediterráneo.

El proyecto, diseñado en 2009 y luego olvidado hasta el inicio de la Guerra de Ucrania, tenía un coste estimado de 13.000 millones de euros, con una capacidad de transportar hasta 30.000 millones de metros cúbicos anuales de gas, lo que equivale al consumo total de España.

El gasoducto se había completado en un 80 por cien. De los más de 4.000 kilómetros, faltaba por tender menos de 800. Sin embargo, Níger se ha opuesto a los planes de la Unión Europea, contando con el apoyo de los otros dos miembros de la Alianza de los Estados del Sahel (Malí y Burkina Faso).

El enfrentamiento de los países del Sahel con los países europeos y, más concretamente, con Francia va en aumento por el apoyo a los yihadistas, que son el brazo ejecutor de la desestabilización de la región.

Lo mismo se puede decir de Argelia, cuyo gobierno mantiene una postura turbia, especialmente hacia Mali.

Además del gas, Níger, el país más pobre del mundo, no solo ha expulsado a los franceses (tanto a militares como a industriales) de su territorio, sino que también les ha privado de la explotación y suministro de uranio.

Níger cuenta con el apoyo de Malí y Burkina Faso, que prometieron apoyo militar en caso de una intervención de los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao). Los tres países abandonaron simultáneamente esta alianza, ya que está orientada a promover los intereses de cooperar de las potencias occidentales.

La Unión Europea ha perdido grandes inversiones y créditos de los mayores bancos del mundo. Las compañías de seguros también están temblando. Es un fracaso por partida doble de la política energética de Bruselas. Primero fracasó con su apoyo a las energías renovables y luego ha vuelto a fracasar con el gas africano.

También es un importante revés para Argelia, que aspiraba a consolidar su posición como centro neurálgico de exportación de gas hacia Europa. Ya perdió el transporte de gas hacia España a través de Marruecos y ahora sufre su segundo revés.

Sobra decir que los países africanos exportan gigantescas cantidades de gas a Europa, a pesar de que en la mayor parte de sus viviendas no hay luz eléctrica.

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Explosivo crecimiento de las transacciones en criptomonedas en África

La llegada de las criptomonedas está cambiando el comercio minorista africano. Cada vez más particulares, negocios y pequeñas empresas las utilizan para sortear la inestabilidad de las monedas locales, evitar la inflación y agilizar las transacciones. En algunas ciudades, pagar con bitcoins es ahora tan corriente como pagar en efectivo. La adopción gradual, impulsada inicialmente por la juventud, se ha convertido en una herramienta de integración económica.

Entre julio de 2024 y junio de 2025, las transacciones de criptomonedas superaron los 200.000 millones de dólares en África subsahariana, un aumento de aproximadamente el 52 por cien en comparación con el año anterior.

Esta circulación catapulta a la región al tercer puesto a nivel mundial, detrás de Asia-Pacífico y América Latina, dos regiones ya reconocidas por su dinamismo digital. África ya no es simplemente un consumidor de soluciones importadas, sino un campo de pruebas donde las monedas virtuales satisfacen necesidades concretas: enviar dinero a familiares, asegurar los ahorros o realizar transacciones transfronterizas sin depender de los bancos.

Nigeria domina este mercado, con más de 92.000 millones de dólares en transacciones, casi tres veces más que Sudáfrica, su competidor más cercano. Etiopía, Kenia y Ghana le siguen, confirmando una tendencia continental que afecta tanto a las economías más estructuradas como a aquellas en pleno crecimiento.

Entre todas las criptomonedas, el bitcoin se mantiene a la cabeza. En Nigeria representa casi nueve de cada diez compras, mientras que en Sudáfrica, representa aproximadamente tres cuartas partes de los intercambios. Esta preferencia refleja una búsqueda de estabilidad en un entorno económico marcado por la volatilidad de las monedas locales. Para muchos usuarios, el bitcoin no es solo una inversión, sino un refugio frente al dinero fiduciario tradicional.

Los gobiernos africanos están divididos entre la desconfianza y el deseo de aprovechar la situación. Al mismo tiempo, los viejos capitales financieros de siempre ven erosionado su mercado y se plantean alternativas para mantenerse dentro de la corriente.

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Los crímenes cometidos por la policía portuguesa durante la guerra colonial

En junio, el archivista Paulo Tremoceiro y la historiadora Maria José Oliveira hicieron público un descubrimiento realizado en el Archivo Nacional de Torre do Tombo (Lisboa): una docena de cajas con miles de documentos recopilados entre mayo y septiembre de 1974 por una comisión militar que investigaba los crímenes de la PIDE (Policía Internacional de Defensa del Estado) en Mozambique.

El contenido de las cajas fue examinado a fondo por Maria José Oliveira y revelado en una serie de artículos del diario Público (1). Su importancia para comprender la historia del colonialismo portugués en su fase final no puede subestimarse.

La PIDE, la odiada policía política de la metrópoli, no pudo ser rescatada por el general Antonio Spínola (2). Lo intentó, pero tuvo que resignarse a disolverla y encarcelar a sus secuaces, ya que la naciente revolución en Portugal lo empujaba irresistiblemente en esa dirección. La solución de compromiso que encontró fue mantener la PIDE en las colonias, con el pretexto de que aún no se había alcanzado un alto el fuego con los movimientos de liberación y que seguiría siendo necesaria como servicio de inteligencia en el teatro de operaciones.

Esta solución de compromiso contradecía el hecho bien conocido de que la PIDE tenía un pasado aún más violento y criminal en las colonias que en Portugal. Baste recordar el incidente ocurrido entre las delegaciones de Portugal y el FRELIMO (Frente de Liberación de Mozambique) durante la reunión de Lusaka, celebrada los días 5 y 6 de junio de 1974, con Samora Machel (3) y Mario Soares (4) como principales representantes. El FRELIMO presentó la lista de prisioneros portugueses que estaba dispuesto a liberar y solicitó la lista de mozambiqueños en poder de las autoridades portuguesas. Se hizo un silencio gélido, y la delegación portuguesa se vio obligada a admitir que no contaba con prisioneros, ya que la costumbre era matarlos a todos tras su entrega al ejército y tortura a manos de la PIDE.

Sin embargo, la complicidad entre la PIDE y los militares hizo que los capitanes del Movimiento de las Fuerzas Armadas (5) mantuvieran a la antigua policía política en las colonias hasta el fin oficial de la guerra de liberación. Sin embargo, en Mozambique creó una comisión de investigación compuesta por decenas de militares.

¿Qué impulsó al Movimiento en Mozambique a crear una comisión que contradecía el plan de mantener la PIDE? Una hipótesis para explicar esta iniciativa se vincula con el plan político general: Antonio Spínola (2) y Francisco da Costa Gomes (6), que querían obtener un alto el fuego del FRELIMO sin garantías de independencia y ganar tiempo para crear partidos fantasma que luego disputarían el poder al FRELIMO en elecciones amañadas. Pero en Mozambique el Movimiento de las Fuerzas Armadas (5) estaba ansioso por alcanzar un acuerdo genuino e incluso estaba dispuesto a acordar términos de paz a escala local con el FRELIMO.

En este contexto, el Movimiento no podía ignorar el potencial contrarrevolucionario que representaba la PIDE, más que cualquier otra organización. Si bien la jerarquía de la PIDE en Mozambique proclamaba su apoyo al nuevo régimen, se enfrentaba al destino de sus colegas metropolitanos, quienes fueron detenidos por cientos. El argumento pragmático de que los miembros de la PIDE no fueron encarcelados en Mozambique porque aún eran necesarios durante la guerra difícilmente los tranquilizó cuando ya se había anunciado el inicio de las negociaciones con el FRELIMO.

El fin de la PIDE en Mozambique

La PIDE se sintió alentada por los colonos, quienes tramaban golpes de Estado con la perspectiva de una independencia blanca vinculada a Sudáfrica y Rodesia, que entonces aún practicaban el apartheid. La vía golpista hacia la independencia blanca flotaba en el aire, no como una fantasía inofensiva, sino como un plan concreto que se intentó implementar durante el levantamiento frustrado del 7 de septiembre (7).

La PIDE era tan consciente de sus crímenes que había comenzado a quemar todos sus archivos, al menos en las delegaciones de dos ciudades portuarias: Beira e Inhambane. Debió de ser alentada en esto por el alto mando militar, también responsable de las masacres en la provincia de Tete en diciembre de 1972, durante la fase final de la guerra, e igual de interesada que la PIDE en borrar sus sangrientas huellas. Un telegrama secreto del mando del ejército informó a Lisboa en septiembre de la destrucción a gran escala de los archivos de la PIDE, ya que era imposible seleccionar los documentos de forma que “garantizara la conservación de ningún tema comprometedor, ni siquiera los relacionados con las fuerzas armadas”.

Sin embargo, parece que algunos documentos ya habían sido rescatados por la comisión militar de investigación, que también se dedicó a recopilar testimonios de víctimas de la PIDE. Según Maria José Oliveira (1), la eficacia y el alcance de la investigación condujeron a la detención de más de 500 miembros de la PIDE en Mozambique y a la huida de muchos otros a las vecinas Sudáfrica y Rodesia.

Medio siglo de silencio

No se explica cómo pudieron permanecer durante más de medio siglo documentos tan importantes en los archivos. ¿Por qué ninguno de los numerosos militares implicados en la investigación anunció públicamente la existencia del archivo? Una vez más, solo podemos recordar el contexto en el que esto ocurrió.

Si el objetivo de la investigación era dotar al Movimiento de las Fuerzas Armadas (5) de un arma contra la fuerza contrarrevolucionaria más peligrosa de la colonia, perdió su propósito con la derrota del golpe del 7 de septiembre y la huida de un gran número de miembros de la PIDE. A partir de entonces, el Movimiento de Mozambique tuvo otras prioridades. Priorizó su complicidad corporativa con altos funcionarios que buscaban evitar la divulgación de crímenes de guerra, o incluso consideraron el efecto comprometedor que la divulgación de estos documentos podría haber tenido sobre los propios oficiales del Movimiento de las Fuerzas Armadas (5).

En Portugal, incluso antes de la contrarrevolución de 25 de noviembre de 1975, influyentes oficiales del Movimiento como Rodrigo de Sousa e Castro se distinguieron por proteger sistemáticamente a los miembros de la PIDE, lo que posteriormente permitió que varias docenas de ellos escaparan de la prisión de Alcoentre y nunca fueran capturados. Después del 25 de noviembre de 1975, se produjo medio siglo de relativización de los crímenes de la PIDE, que ahora están en gran parte olvidados.

La extrema derecha rehabilita el colonialismo fascista

Una de las peculiaridades de la “extrema derecha” portuguesa, Chega, actualmente el segundo partido con mayor representación en el Parlamento, es que no ha podido entrar en escena con pompa y fanfarria para proclamar su revisionismo histórico. A diferencia de la nostalgia franquista de Vox, su equivalente español, Chega se ha centrado en temas de actualidad, ocupando el espacio de un partido xenófobo y populista, planteando el espectro de la inmigración y explotando demagógicamente fenómenos, síntomas y casos de corrupción.

Pero si Chega prefiere evitar los debates sobre el pasado fascista y colonialista, esto no significa que se abstenga de reaccionar cuando la realidad los hace inevitables. Al contrario, reacciona con virulencia a estos debates y se esfuerza por vincularlos a los temas principales de su agitación y propaganda. Dos casos de los últimos cuatro años ilustran esta estrategia.

En 2021, tras el fallecimiento del coronel Marcelino da Mata, la Asamblea de la República aprobó una moción de condolencias por mayoría de votos de la derecha, la extrema derecha y el Partido Socialista. Era un oficial guineano negro y renegado del ejército portugués, altamente condecorado y conocido por torturar y ejecutar prisioneros, una práctica de la que se jactaba abiertamente, con detalles macabros, cada vez que era entrevistado.

Siendo bien conocidos sus crímenes de guerra, el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista Portugués se opusieron a la moción de condolencias. Dado el escandaloso apoyo del Partido Socialista a esta votación, tres de sus diputados votaron en contra y otros siete se abstuvieron. Ante esta vergüenza, varias voces se alzaron contra este homenaje, entre ellas la del militante antirracista Mamadou Ba, de origen senegalés, pero nacionalizado portugués hace muchos años.

Como era de esperar, entre todas las voces alzadas, Chega eligió a Mamadou Ba como objetivo de su campaña. Chega anunció que presentaría una denuncia en su contra y promovió una campaña en las redes sociales, exigiendo su deportación. Mientras el Partido do Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP), ahora un pequeño grupo demócrata-cristiano, redoblaba sus esfuerzos para exigir un funeral de Estado para Marcelino da Mata, Chega ignoró al “héroe” y se centró en la campaña contra Mamadou Ba.

Tres años después, en 2024, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, en el cargo desde 2016, volvió a desatar la ira de Chega al admitir, durante una cena con corresponsales de prensa extranjeros, que Portugal debía compensar a sus antiguas colonias por las atrocidades cometidas durante la guerra. Aunque aún no se atrevía a elogiar abiertamente el colonialismo, Chega reaccionó con indignación, considerando inaceptable otorgar indemnizaciones a los pueblos coloniales “antes” de que se indemnizara a los colonos que regresaron a Portugal “solo con lo puesto”. En todas las declaraciones de Chega sobre este tema, la rehabilitación del colonialismo fue velada y más o menos implícita, a diferencia del violento ataque contra el presidente, a quien acusó de “traición a Portugal”.

Al igual que en 2021, cuando el Partido Socialista organizó un homenaje a Marcelino da Mata, el gobierno del PSD (Partido Socialdemócrata, que ostenta el cargo de primer ministro junto a su dirigente, Luis Montenegro) se ha distanciado del presidente, su compañero de partido, y se ha apresurado a declarar que no se prevé ninguna indemnización para los pueblos coloniales.

Es muy probable que Chega tenga que guardar silencio una vez más sobre una investigación, como la de Maria José Oliveira, que concierne no tanto al ejército como a la extinta PIDE, que concierne no al presente sino al pasado, y que no está dirigida por un intelectual afrodescendiente como Mamadou Ba ni por un político en el cargo como Rebelo de Sousa, sino por un historiador portugués. Pero así como Trump cobró impulso con el presente y ahora intenta rehabilitar a los generales confederados de la Guerra Civil, un partido portugués de tendencia fascista pronto querrá apropiarse del pasado y proscribir investigaciones ejemplares como ésta.

Antonio Louça https://alencontre.org/europe/portugal/un-pave-dans-la-mare-crimes-commis-par-la-police-portugaise-pendant-la-guerre-coloniale.html

(1) https://www.publico.pt/autor/maria-jose-oliveira
(2) El general Spínola fue Presidente de la República del 15 de mayo al 30 de septiembre de 1974 y gobernador militar de Guinea-Bissau en 1968 y 1972.
(3) Samora Machel fue un destacado dirigente político mozambiqueño, conocido por su papel como primer presidente del país después de la independencia del país en 1975.
(4) Mario Soares fue el dirigente del Partido Socialista que, apoyado por los imperialistas, logró reconducir el gobierno de Portugal tras la Revolución de los Claveles de 1974
(5) El Movimiento de las Fuerzas Armadas es el colectivo de oficiales que encabezó la Revolución de los Claveles en 1974.
(6) Francisco da Costa Gomes fue uno de los siete jefes militares de la Junta de Salvación Nacional establecida en abril de 1974. Fue Presidente de la República desde septiembre de 1974 hasta julio de 1976.
(7) El 7 de septiembre de 1974, un intento desorganizado de Golpe de Estado dio lugar a incursiones de jóvenes colonos en barrios obreros que resultaron en la muerte de cientos de mozambiqueños.

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El capital financiero francés pierde terreno en los países africanos

Los Estados africanos ya no consideran a Francia como su principal fuente de financiación. El franco CFA, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Bpifrance, los bancos franceses y sus socios institucionales, pierden terreno.

El proceso comienza con la moneda. El franco CFA ya no es un tabú, pero tampoco un tótem. Mientras los canales se secan, han surgido alternativas, como los pagos transfronterizos en eNaira, una moneda digital emitida por Nigeria,

Benín ha adoptado parcialmente del yuan digital para ciertas transacciones portuarias en Camerún, y hay proyectos de monedas estables respaldadas por oro en el marco de iniciativas privadas o panafricanas.

Estos canales aún son embrionarios, pero reflejan la misma dinámica: los Estados buscan alejarse de su dependencia exclusiva del franco CFA.

La tendencia continúa en el sistema bancario. Si bien la presencia histórica de filiales francesas —Société Générale, BNP Paribas y Crédit Agricole— dominó el África francófona, en los últimos cinco años se observa una desconexión sistemática, que incluye una reducción de actividades, la venta de filiales y una reorientación hacia los mercados europeos y de alta rentabilidad.

Esta retirada bancaria crea una paradoja: mientras París insta a sus empresas a invertir más en África, las herramientas bancarias para apoyar este movimiento son cada vez más escasas. Las empresas francesas tienen dificultades para abrir líneas de crédito, asegurar sus flujos o estructurar financiación local competitiva. Recurren cada vez más a intermediarios marroquíes o panafricanos, en particular a los grandes bancos de África Occidental, Nigeria y África Austral.

El auge de grupos como Ecobank, UBA, Afreximbank y los bancos marroquíes (Attijariwafa, BOA) ya no es un fenómeno marginal. Estos capitales ofrecen financiación en moneda local o de terceros (dólar, yuan, dírham), con enfoques de mutualización de riesgos, plazos más cortos y, en ocasiones, enfoques más pragmáticos.

La reorganización no solo margina a las instituciones francesas, sino que redefine el centro de gravedad de la financiación africana, que ahora es mucho más diversa.

La pérdida de terreno del capital financiero francés también se observa en las instituciones. La AFD, antaño un canal necesario para cualquier proyecto en África, tiene ahora importantes competidores, como el Banco Exim de China, el Banco Islámico de Desarrollo o los fondos soberanos del Golfo.

En el ámbito industrial, el banco público Bpifrance tiene dificultades para seguir el ritmo de una competencia cada vez más agresiva. Coreanos, turcos e indios ofrecen paquetes integrales: financiación, transferencia de tecnología, formación y producción local.

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Marruecos saquea los recursos del Sahara Occidental con la complicidad de empresas europeas

En una entrevista concedida al diario alemán “Young Welt”, Zawir, miembro del Observatorio para la vigilancia de los recursos del Sahara Occidental, denuncia la ocupación marroquí, que califica de “saqueo organizado” de las riquezas saharauis bajo el pretexto de energía verde, subrayando que constituyen una violación flagrante del derecho internacional.

Marruecos planea producir alrededor de 20 gigavatios de energía solar y eólica en las tierras saharauis ocupadas, un proyecto ilegal en el que participan empresas europeas.

Como informamos, en octubre del año pasado, el Tribunal de Justicia Europeo emitió tres sentencias históricas confirmando que el Sahara Occidental no pertenece a Marruecos y que su inclusión en cualquier acuerdo comercial con Rabat representa una violación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

A pesar de ello, la Unión Europea se burla de la resolución judicial con la fórmula del “consentimiento presunto”.

Lo mismo ocurre con el etiquetado de productos, donde tomates y pescado procedentes del Sahara Occidental se venden en los mercados europeos con la denominación de origen “Marruecos”, lo que vueve a demostrar el desprecio europeos por las decisiones judiciales. Este fraude ha llevado al sindicato de agricultores españoles a presentar demandas contra las tiendas que han participado en la difusión del fraude.

Zawir acusa a las instituciones que otorgan etiquetas de calidad de haberse convertido en una herramienta para blanquear la ocupación marroquí del Sáhara, certificando a las empresas que operan en el país ocupado como cómplices en la ocultación del saqueo y la violación del derecho internacional.

Cualquier negociación o acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos sobre el Sahara Occidental es inválido e ilegal a menos que el Frente Polisario, único representante legítimo del pueblo saharaui, esté involucrado, advirtiendo que ignorarlo significa perpetuar la ocupación y legalizar el expolio.